Arzu y morales unen fuerzas o el pacto de corruptos se consolida

Texto: Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa/ Coautor: Alberto Pradilla, 14 01 18, Plaza Pública

La elección de Álvaro Arzú Escobar como presidente de la Junta Directiva del Congreso marca tendencia sobre cuál será la evolución política de Guatemala. El alcalde de la capital, Álvaro Arzú Irigoyen, señalado por la CICIG y el MP, logra colocar a su hijo como una de las principales figuras institucionales. Al mismo tiempo, el presidente, Jimmy Morales, presenta un triunfalista balance de 2017, en el que obvia todo lo relacionado a la grave crisis que sufrió el país. En la calle, en medio de medidas de seguridad extremas, decenas de personas protestan contra lo que consideran un nuevo “pacto de corruptos”.

Todo se alineó el sábado cuando el novato político Álvaro Arzú Escobar, logró que 91 diputados lo eligieran en planilla única como el nuevo presidente del Congreso. El hijo del alcalde capitalino y expresidente de la República (1996-2000), Álvaro Arzú Irigoyen, logró la más importante posición dentro de la Junta Directiva del Legislativo, a pesar de ser el único representante del Partido Unionista, dirigido y fundado por su padre. La elección ha sido bautizada desde sectores críticos como el segundo “pacto de corruptos” después del acuerdo para cambiar el Código Penal que provocó las protestas de septiembre del año pasado. Con la dirección del Congreso en el bolsillo, el presidente Jimmy Morales Cabrera se presentaba el domingo ante el pleno, confiado, para hacer un balance positivo de su gobierno durante 2017.

La elección del hijo de Arzú Irigoyen, quien en octubre pasado fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público del supuesto delito de financiamiento electoral ilícito, genera sospechas. En especial, la de que esconda una maniobra para intentar limitar el trabajo de estas instituciones y evitar que continúe la investigación penal en su contra.

Las labores para lograr los 91 votos a favor de la planilla encabezada por Arzú Escobar (92 con el suyo) fueron parecidas a las que se realizaron en septiembre del año pasado cuando se rubricó el primer “pacto de corruptos”. Según varios diputados de la oposición, fue Felipe Alejos, jefe de la bancada del partido Todos, formación aliada de FCN-Nación, quien se encargó del cabildeo. “Alejos fue el responsable de negociar con cada bancada y obtener los votos necesarios para la elección de su amigo”, aseguró una de estas fuentes. Arzú y Alejos compartieron aula en el Colegio Americano y se graduaron juntos del bachillerato en 2002. El dirigente de Todos, sin embargo, negó los señalamientos. “Fue un apoyo institucional, yo le hablé a los 14 diputados de Todos y esos son los votos que dimos”, aseguró sonriente.

Un dato inapelable: todos los integrantes de la Junta Directiva que fueron electos participaron en el pacto de corruptos de septiembre. La diferencia ahora fue que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winaq tomaron distancia y votaron en contra.

Una paradoja: en el año en el que Guatemala ha sufrido una de sus peores crisis políticas de su historia reciente, su presidente acude tranquilo ante los diputados para presentar un balance triunfalista y con inexactitudes. Además, las convocatorias de protesta, que en 2017 lograron hacer recular a los diputados, esta vez apenas pudieron reunir a unas decenas de personas.

Arzú Escobar, los valores y el relativismo

La sesión extraordinaria arrancaba con la resaca de la víspera, la elección de Arzú Escobar, y entre medidas de seguridad extremas. Participaron 89 diputados de 157. En realidad, el Congreso está compuesto por 158, pero el sábado por la mañana fue capturado Julio Juárez Ramírez, diputado del FCN-Nación a quien la CICIG y el MP vincula con el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, y todavía no ha sido sustituido.

Previo a la presentación del informe presidencial, la nueva Junta Directiva del Congreso fue juramentada para dirigir el Parlamento durante los próximos doce meses: Álvaro Enrique Arzú Escobar (Unionista) como presidente, Felipe Alejos Lorenzana (Todos) primer vicepresidente, Javier Alfonso Hernández Ovalle (FCN) segundo vicepresidente, Mayra Alejandra Carrillo de León (MR) tercer vicepresidente, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (FCN) primer secretario, Karla Andrea Martínez Hernández (AC) segundo secretario, Juan Ramón Lau Quan (Todos) tercer secretario, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez (UCN) cuarto secretario y Eliza Leonora Cu (MR) quinta secretaria.

Estuardo Ernesto Galdámez a pesar de no pertenecer al pueblo Ixil (Nebaj) lució el traje ceremonial de esta comunidad (saco rojo y sombrero). Al ser preguntado el porqué de su vestimenta, dijo que él era originario de ese departamento (Quiché) y que lo portaba para enviar un mensaje a esta comunidad. “Aunque no soy ixil, me siento como uno de ellos”, afirmó sonriente. Galdamez, quien fue parte de la Guardia Presidencial del Ejército en la época del expresidente Arzú Irigoyen, fue electo legislador de Quiché por el desaparecido Partido Patriota y en 2016 se unió a las filas del partido oficial.

El diputado Óscar Chinchilla, presidente saliente del Legislativo, en su discurso reconoció que le tocó presidir el Congreso durante una de las peores crisis de la historia del país, pero no ahondó en ello.

En su primer discurso como presidente del Legislativo, Arzú Escobar, quien a sus 32 años se convierte en el presidente más joven de la historia del Congreso, habló de valores y buenas costumbres. Sin referirse a nadie con nombre y apellido, criticó el “relativismo político” de pretender destruir los valores y las buenas costumbres. “Cuáles son los valores que ese relativismo político ha querido destruir. Nada más y nada menos  que la autoridad, responsabilidad, el respeto y las buenas costumbres. Quieren imponernos el reino de la anarquía, la irresponsabilidad, el descaro y la vulgaridad. Sin autoridad no hay justicia, sin responsabilidad no hay confianza, sin respeto no hay dignidad, y sin las buenas costumbres perdemos el sentido de lo bello, lo noble y el valor de la tradición”, dijo Arzú Escobar.

Además, frente su madre, Patricia Escobar de Arzú, quien sonriente lo escuchaba desde el palco, dejo entrever una línea contundente de lo que pretenderá sea su relación con las fuerzas sociales y diplomáticas: “Como órgano constitucional del Estado, vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a grupos organizados. Eso sí, no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión”.

El sábado, después de ser electo, Arzú Escobar se comprometió a buscar la unidad con las bancadas que no votaron por él. Además, negó que su padre haya participado en la negociación para que fuera electo presidente del Congreso. “Mi padre está demasiado ocupado siendo alcalde de la ciudad como para venir a meterse aquí.Obviamente cuento con el apoyo moral de él, pero las decisiones que yo tome en este Congreso van a ser responsabilidad absolutamente mías”, indicó.

Para Morales 2017 fue un año de éxitos

Aunque el tema principal de conversación era la elección de la Junta Directiva del Congreso, la sesión del domingo tenía como objetivo que el presidente Jimmy Morales presentase su balance de su segundo año de gobierno. Durante una hora, el mandatario aseguró que había recibido el país en condiciones deplorables; acto seguido enumeró una serie de logros y avances que, según su versión, se dieron en todas las áreas. Señaló que su gabinete había logrado “ordenar las finanzas del Estado, la recaudación fiscal y el gasto público, el sistema de salud y educación, el modelo de seguridad y los programas sociales”. En sus palabras, 2017 fue un año llenó hitos y éxitos.

Apenas se quejó del Congreso. “Aunque no nos aprobaron el presupuesto (de Gastos del Estado para 2018), vamos hacer las transferencias en educación que sean necesarias para garantizar que los niños reciban la refacción escolar y cuenten con los 180 días de clases”, indicó.

No se refirió a la crisis política, a su fallido intento por deshacerse del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a los señalamientos de financiamiento electoral ilícito que pesan en su contra por parte del MP, al sobresueldo de Q50 mil mensuales que se descubrió cobraba en el Ejército o del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que en marzo pasado cobró la vida de 42 niñas. Pero se declaró paladín de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Prueba de ello, afirmó, fue haberle trasladado “puntualmente” la totalidad de los fondos asignados a todas las entidades del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, y que estos no fueron condicionados por nada a cambio. “Una justicia, que no es imparcial, erosiona los valores democráticos de una sociedad, vulnerando la institucionalidad y el Estado de Derecho” añadió.

También señaló que hicieron los aportes a las municipalidades y consejos de desarrollo “puntuales” y sin “politización”.

En dos ocasiones de su discurso, el mandatario envió mensajes a sus opositores: “Tanto ustedes como diputados, como este servidor y presidente de la República, poseemos una gran responsabilidad con la democracia y la transparencia (…) A los diputados de la oposición, que yo sé que me están viendo en la televisión les pido que se opongan a todo, menos al desarrollo”. Además, agregó, “El mundo entero está harto de lo políticamente correcto. Simplemente hay que hacer, lo que se debe de hacer (…) Los poderes legítimos republicanos se eligen en las urnas y lo elige el pueblo, y ese poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas”. Esa última frase, y su disposición de trasladar la embajada de Guatemala en Israel del Tel Aviv a Jerusalén, le valieron vivas y aplausos por parte de una buena cantidad de diputados.

Un Congreso blindado

Mientras Jimmy Morales presentaba su informe ante un Congreso cuya dirección fue renovada con sus afines, decenas de personas protestaban en el exterior. La movilización supone la antítesis de aquellas jornadas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2017 en las que una multitud obligó a recular a los diputados y renunciar al llamado “pacto de corruptos”. En este caso, los papeles se habían invertido. En la sede parlamentaria, los electos sesionaban sin traba alguna. En el exterior los concentrados eran pocos y sus consignas ni siquiera llegaban hasta los políticos: la Policía Nacional Civil (PNC) estableció un retén de seguridad que obligó a los inconformes a permanecer a dos cuadras del Congreso. Entre la columna del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y los convocados por grupos urbanos como La Batucada del Pueblo o Justicia Ya, alrededor de 300 personas se concentraron en el cruce entre la octava avenida y la 11 calle de la zona 1.

Por la mañana, a las 10:00, a la misma hora que estaba previsto que comenzase el acto institucional, una veintena de personas se concentraba junto a la municipalidad. El lugar tiene su simbolismo, teniendo en cuenta que el presidente del Congreso es Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde y expresidente. La marcha estaba convocada por Codeca y tenía previsto llegar hasta el Parlamento. Antes de que comenzase, un detalle: un hombre a bordo de una moto negra, que no llegó a quitarse el caso, se personó ante el carro que iba a acompañar a la marcha para preguntar “contra quién iban”. Se identificó como empleado de la municipalidad. Al no obtener respuesta, marchó nuevamente en la moto, sin descubrir su rostro y haciendo con la mano la “V” de la victoria.

“Estamos en contra de la corrupción. Solo por haber elegido al hijo del alcalde, corrupto y nefasto, nos da la pauta de que se están organizando mejor. No estamos de acuerdo con este sistema ni con estos políticos corruptos”. Gilder Guzmán, de Codeca metropolitana, ponía especial atención en la impunidad que rodea al Congreso. Reconocía, no obstante, que la asistencia a la caminata no era la deseada. Esa misma sensación se extendería también en las inmediaciones del Congreso, donde en ese mismo instante, apenas unas decenas de personas lanzaban las primeras consignas ante la llegada de los diputados.

Hace apenas cuatro meses, la plaza rugió tres exigencias claras: la renuncia de Morales, la marcha de los 107 electos que trataron de aprobar los cambios en el Código Penal en septiembre y la redacción de una nueva Ley Electoral. Ninguno de los objetivos se logró. La plaza revivió tras las grandes marchas de 2015, miles de personas tomaron la calle y los diputados llegaron a pasar once horas encerrados por decenas de ciudadanos indignados. Sin embargo, los consensos de mínimos surgidos de aquellas protestas han resultado inalcanzables.

Guzmán reconoce que los movimientos sociales tienen su parte de responsabilidad. Especialmente, cuando se trata de llegar a acuerdos amplios. Además de la eterna división entre los manifestantes, el representante de Codeca apunta también otras dos razones: “el importante papel de los medios” y la falta de cultura política.

A pesar de considerar que el terreno de juego es adverso, Codeca trabaja junto a otros colectivos para poner en marcha un instrumento político, bautizado ya como Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Según Guzmán, los requisitos, que se resumen en las 22 mil firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral, podrían estar cumplimentados este mismo mes. Codeca tiene mayor presencia en el interior que en la capital. Además de la marcha del domingo, el lunes estaban convocadas protestas a nivel departamental para denunciar la corrupción.

Buscando la tecla que mueve a un ciudadano

La marcha recorrió la Sexta Avenida sin lograr que los paseantes se sumasen a la protesta. Es posible que quienes aprovechaban el domingo para caminar o hacer compras sí que hubiesen estado en la Plaza Central el 20 de septiembre, o hubiesen rodeado el Congreso el día en el que se conmemoraba la independencia nacional. El domingo, mientras Morales, Arzú y sus aliados se hacían fuertes en el Congreso, apenas 40 personas clamaban contra la corrupción a través de la principal avenida peatonal de la capital.

¿Qué lleva a la gente a movilizarse y tomar partido? es una de las grandes interrogantes que tratan de resolver disciplinas como la Ciencia Política, la Sociología o el Marketing. Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata. Hasta el momento, la lógica decía que los excesos de los gobernantes, como la declaración de “non grato” al comisionado Iván Velásquez o el “pacto de corruptos” eran los detonantes para que un acto pase de estar nutrido por los habituales a ser una demostración masiva. La víspera de la rendición de cuentas de Jimmy Morales, Álvaro Arzú Escobar, se había convertido en presidente del Congreso. Según Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, no resulta difícil pensar que uno de sus objetivos puede ser poner fin al mandato de la CICIG. A pesar de ello, el riesgo no ha sido percibido como tal por la ciudadanía. No, al menos, lo suficiente como para salir a la calle.

Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata.

“Nos conformamos fácil”, reflexiona Eva Morales, del Bloque Feminista. En su opinión, las protestas de septiembre se contentaron con el paso atrás de los diputados certificado el 15 de septiembre, cuando renunciaron a los cambios en el Código Penal que facilitaban la impunidad en los casos de financiamiento ilegal y permitían eludir la prisión pagando una multa a los condenados a menos de diez años de cárcel. “Ya no se volvió a tocar el tema”, lamenta. Además, recuerda que Álvaro Arzú, el alcalde, tiene un importante apoyo en la capital.

“Tienen miedo de que pase lo de septiembre, por eso han instalado los retenes de policía”, dice Alejandro Pineda, junto a los miembros de la batucada, mientras mantenía las consignas frente a una barrera de policías. Lo cierto es que el despliegue de seguridad fue inaudito. En ocho cuadras a la redonda del Congreso, miembros de la PNC, Guardia Presidencial del Ejército, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y del cuerpo especial de los Kaibiles no permitieron la libre locomoción de las personas ni de vehículos. Las personas acreditadas para la sesión tenían que pasar tres puntos de revisión. Al ingresar al hemiciclo se limitó la movilización en diversas áreas para garantizar que el presidente Morales y los invitados al acto no pudieran ser entrevistados por los periodistas. En el exterior, los retenes impedían el paso. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas vivió en carne propia este exceso de dispositivo. “Es una seguridad desmedida, como si estuviéramos en guerra y no en tiempos de paz. No era necesario cerrar tantas calles y encontrarse a los kaibiles en el centro de la ciudad por la presentación de un informe”, aseguró.

Afirmó que no cuentan con un protocolo escrito sobre las armas que se deben de utilizarse en una protesta, pero es “sentido común” el que no se utilizó al tener a tantos policías y miembros del Ejército resguardando a los diputados y al mandatario. El bloqueo policial se mantendría hasta pasadas las 14:00 horas, cuando los diputados habían abandonado el hemiciclo. Ya no había peligro de quedarse atrapados como ocurrió el 15 de septiembre y como los manifestantes se encargaron de recordarles mediante el cántico: “esos diputados, que ayer fueron comprados, están bien agüevados de quedarse encerrados”.

Regresando al otro lado de la barrera policial, al lugar preferente de la batucada, nos encontramos con el debate existencial sobre el porqué del éxito o el fracaso de una movilización. Alejandro Pineda recordaba que en 2015, cuando dimitieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hubo cinco meses de protestas continuadas. “Fue una seguidilla de eventos. Cuando son esporádicas es más difícil”, asumía. En su opinión, como en la de Guzmán, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la ausencia de asistentes a la protesta. Reconoce que hay asuntos, como la corrupción, que han sido asumidos dentro del sentido común de parte del establishment. Sin embargo, denuncia que otras cuestiones, como el papel de los proyectos extractivos, se sacan de la agenda o son directamente promocionados.

El representante de la batucada también hacía mención a las divisiones existentes entre los movimientos. Un ejemplo: qué posición adoptar ante la propuesta de modificar la ley electoral. Según Pineda, conviven tres planteamientos. Los partidarios de la reforma, quienes abogan por la “refundación del Estado” y aquellos que consideran que, en estas condiciones, resulta imposible presentarse a elecciones.

La movilización social no es una ciencia exacta. Una calle vacía puede ser el anticipo de grandes protestas. El ambiente en la octava avenida era, sin embargo, de decepción. “Claro que existe un sentimiento derrotista. No hubo efecto de la elección de la nueva dirección del Congreso”, se lamentaba Pamela Saravia, integrante de la Batucada del Pueblo. Junto a ella, Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, trataba de eludir el tono pesimista, aunque reconociendo que el contexto no es favorable. “Pueden iniciar una agenda regresiva. Incluso revocar el mandato de la CICIG. Esto muestra una alianza entre la muni, el Congreso y el Ejecutivo”, lamentaba. En su opinión, la próxima batalla se librará en la elección del Fiscal General que sustituya a Thelma Aldana, en caso de que esta no aspire a repetir. El proceso se alargará hasta mayo.

Tras horas de consignas y algún discurso desde la megafonía de un camión llegó el momento del cierre. La sesión había concluido y algunos de los manifestantes trataron de romper el bloqueo policial. No pasó de unos empujones y un poco de gas lacrimógeno. En ese momento, el grueso de los manifestantes abandonó el cruce que se había convertido en campo base. Entre los que se quedaron se encontraba Marta Colaj, quien instaba a los agentes a ponerse “del lado del pueblo”. “Ellos son pueblo también, mire los rostros, desnutridos, hasta asustados”, explicaba, ante una barrera formada por tres filas de agentes. “Esto es una burla”, protestaba Colaj, en referencia a la elección de Arzú Escobar. “Es el hijo del criollo, de quien privatizó tantas cosas en Guatemala”, aseguró.

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Minera San Rafael suspende laboralmente a 250 colaboradores a consecuencia de la suspensión de operaciones

Por Redacción,

Como una “difícil decisión” calificaron las autoridades de la Minera San Rafael la suspensión laboral de 250 trabajadores a consecuencia de los 195 días de freno de operaciones de la mina. 

Según informaron autoridades de la Minera San Rafael por medio de un comunicado, la empresa ha continuado con el cumplimiento de sus obligaciones, pero despúes de más de 190 días de no estar operando, aunado a la falta de certeza jurídica, les obligó a tomar la difícil decisión de liquidar a más de 200 colaboradores

Por siete meses que lleva la suspensión temporal, Minera San Rafael continuó haciendo efectivo el pago del 100% de salarios de la plantilla así como también las prestaciones como el pago de Bono 14 y Aguinaldo.

De acuerdo con Andrés Dávila, gerente de comunicación de la empresa, “haber llegado a esta situación, es lamentable. No obstante, al no saber cuánto tiempo más pueda durar esta situación, nos hemos visto obligados a tomar esta difícil decisión. Estamos esperanzados que se tenga una resolución pronto para evitar aún más liquidaciones debido a que la empresa está teniendo dificultades para mantener sus costos”.

Dávila también agradeció a todos los colaboradores de la empresa y agregó que, al reiniciar operaciones, esperan volver a recontratar a sus empleados. “Agradecemos su trabajo, compromiso y lealtad para con la empresa, especialmente durante estos últimos meses y esperamos que pronto podamos recuperar a nuestra valiosa fuerza”, resaltó Dávila.

El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, afirmó que no tenían conocimiento de la decisión de liquidar personal, pero en su momento comentaron que la suspensión de la mina llevaría a condicionantes complicadas.

“La mina tiene siete meses más o menos de suspensión y derivado de las condicionantes es que toman esta decisión”, explicó Chang. 

El funcionario aseguró que se ha reunido con los representantes de la mina, quienes han expresado su preocupación por la situación.

Minera San Rafael realizó los siguientes procedimientos:

  • Los colaboradores recibirán el pago de todas sus prestaciones.
  • Los fondos están garantizados, por lo que se les recomienda no apresurarse para realizar sus trámites  bancarios.
  • Han informado respecto a esta situación a distintas organizaciones y autoridades pertinentes como el Ministerio de Trabajo.
  • Los colaboradores podrán volver a aplicar a procesos de selección, una vez reinicien las operaciones de la empresa.

http://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-suspende-laboralmente-a-250-colaboradores-a-consecuencia-de-la-suspension-de-operaciones

Minera San Rafael espera retomar operación

Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida la semana pasada, Minera San Rafael se prepara para reasumir sus operaciones. Minera asegura mantener diálogo con las comunidades para poder acatar el fallo de la CSJ.

El fallo de la CSJ, según explicó a Prensa Libre el abogado Carlos Luna, revoca el amparo que impedía que la mina continuara trabajando, por lo que San Rafael está en disposición de hacerlo.

Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.

“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.

Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.

Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.

La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.

El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.

“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.

Antecedentes

En julio pasado,  la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.

Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.

Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Por Redacción / Guatemala

http://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-podra-volver-a-operar-por-resolucion-de-la-csj

Consulta de Oxec no fue convocada por el MEM

Por Rosa María Bolaños y Eduardo SAM, 23 de Agosto de 2017, Prensa Libre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) advirtió que surgió una consulta a pueblos indígenas paralela por el caso de las hidroeléctricas Oxec convocada para el domingo 27 de agosto.

Esta se realizaría en el municipio de Santa María Cahabon pero no ha sido convocada por el MEM, agregó ese ente.

Varios vecinos de dicho municipio anunciaron la consulta para definir si están a favor o  no de dichos proyectos y que lo que debe regir es el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo el MEM argumentó que ese ministerio tiene la obligación de efectuar la consulta en las 11 comunidades del área de influencia a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, para cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) explicó ese ente en un comunicado.

Ésta debe efectuarse según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ninguna de las partes vinculadas puede realizar este proceso de manera unilateral, se agregó, sin embargo ese ente no especifica quien o qué agrupación organizó tal consulta.

Pronunciamiento

El MEM hizo los siguientes pronunciamientos

  • La consulta paralela carece de sustento legal. De desinforma y pone en riesgo los avances en la preparación del proceso de consulta con base a la sentencia de la CC.
  • El proceso debe ser definido por los representantes titulares y suplentes de instituciones gubernamentales, comunidades y la empresa, según lo establecido en la sentencia del máximo órgano constitucional.
  • El Gobierno de Guatemala, a través del MEM es el encargado de realizar la Consulta, basado en el Convenio 169 de la OIT y lo establecido en la sentencia de la CC.
  • “El proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OIT, no es una votación de un SI o un NO, sino un diálogo de buena fe para lograr acuerdos entre todas las partes vinculadas”.
  • “En el proceso ordenado por la CC, es importante el diálogo sincero, centrándose en conocer las preocupaciones de las 11 comunidades del área de influencia de los proyectos”.

Es una “consulta de buena fe”, refieren dirigente comunitario

Bernardo Caal, dirigente campesino, confirmó que este domingo 27 de agosto, a partir de las ocho de la mañana, se realizará la consulta de “Buena Fe” en 195 comunidades de Cahabón, para que, den a conocer si están de acuerdo con la utilización del río Oxec por las Hidroeléctricas Oxec I y II.

En la consulta participarán todos los pobladores, incluyendo niños y jóvenes, que sean pobladores reconocidos por los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, dio a conocer Caal, no limitándose a los que tienen DPI, refirió.

“Esta consulta será la libre expresión de las comunidades, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, no puede impedir la libre expresión, el problema es que, como se tocan intereses personales, ya que, el MEM ha dado licencias de forma anómala a algunas empresas, salen a asustar con un comunicado que anda circulando”, explicó Caal.

Además, dijo que, quienes le van a dar validez a la consulta son las autoridades ancestrales de los pueblos originarios de Guatemala, “ya se realizaron más de 80 consultas a nivel nacional, ahora nos toca a nosotros decir si estamos de acuerdo o no que se afecten los intereses de nuestra comunidad, en los ríos Cahabón y Oxec”, indicó.

Caal también puso en duda el actuar de la Corte de Constitucionalidad con la sentencia emitida, comentado que, “da la orden de hacer una consulta pero existe duda si es solo a once comunidades o a todas las de Cahabón, de ser solo a las once agrava más la situación”, expresó.

“También, creemos que la sentencia es inconstitucional, porque menciona que si nos oponemos a la consulta del MEM perdemos el derecho de expresarnos. La CIDH que acaba de visitarnos recalcó que si no hay reglamento para realizar la consulta comunitaria no es problema de las comunidades, sino que, del gobierno”

“Y debieron de suspender las actividades a las hidroeléctricas, porque luego de reconocer que hubo violación de los derechos de las comunidades q’eqchies de Cahabón, le da a la empresa un año más para seguir violando nuestros derechos y hacer la consulta”, agregó el dirigente campesino que aseguró que el domingo se realizará una fiesta cívica.

Al tener los resultados de la consulta de “Buena Fe” se considerara que es la expresión del pueblo y los enviaran a la OIT y CIDH, aseguró

Este martes, en conferencia de prensa, las organizaciones la Asamblea Social y Popular y el Consejo de Autoridades de la Consulta de Cahabón apoyaron e invitaron a respaldar y participar activamente en la Consulta de Buena Fe de las comunidades Q’eqchi’ de Cahabón sobre los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II que se realizará el próximo domingo 27 de agosto en todas las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, se agregó.

http://www.prensalibre.com/economia/mem-advierte-que-surgio-consulta-paralela-por-el-caso-oxec-convocada-para-el-domingo

Juzgar los crimenes del conflicto armado o morir en el intento

Emiliano Castro Sáenz, 18 08 17, Plaza Publica

Los procesos emblemáticos de justicia transicional en Guatemala están detenidos o han sufrido retrasos considerables. Las hojas del calendario vuelan sin piedad en un cúmulo de acciones judiciales nutridas por todas las partes. Mientras, el sistema no encuentra cómo aliviar las torres de procesos con los que carga.

Un dictador anciano y enfermo, postrado en cama, acusado de genocidio y asesinato. Un kaibil al que se acusa de participar en una masacre que arrasó una comunidad entera de campesinos. Ocho militares responsables de un destacamento en el que fueron sepultadas decenas de personas en fosas clandestinas. Cinco miembros de la Inteligencia Militar señalados de desaparecer a un menor y detenido, violado y torturado a la hermana de este.

Son algunos de los casos, relacionados con el conflicto armado, que en 2017 se mueven en la torre de tribunales: Dos Erres (genocidio y masacre); Zona Militar 21, conocida actualmente como Creompaz; y Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Theissen.

Casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado, que están varados en los juzgados de mayor riesgo y tribunales de sentencia, en la antesala a la confrontación de la verdad, de la justicia y de la historia.

Todos presentan retrasos en sus ejecuciones judiciales, ya sea por recursos de los defensores de los acusados y de los fiscales y querellantes, por amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) o por impasses en los tribunales. Los cuatro tribunales de sentencia de mayor riesgo son presididos o están integrados por jueces que ya conocieron procesos contra algunos de los imputados o incluso resolvieron en los mismos casos que ahora tienen protagonistas distintos, como Dos Erres.

La justicia transicional en 2017 se ha topado con un común denominador: una administración de justicia errática y deficiente para todas las partes involucradas en los procesos.

1. La comunidad que desapareció del mapa

El proceso contra el expresidente de facto Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio en los casos ixiles y del poblado de Dos Erres, se encuentra en el limbo. Los entes de investigación y de la administración de justicia del país han sido testigos de cómo ha mutado el nonagenario, desde diciembre de 2011 cuando se presentó al Ministerio Público a conocer las investigaciones en su contra. En casi siete años, pasó de entregar la curul que ocupaba en el Congreso, ser condenado y absuelto con buen estado de salud, a tener enfermeras 24 horas al día en casa por su estado avanzado de demencia senil.

Ríos Montt está acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad de 1,761 personas del triángulo ixil y tiene otro juicio pendiente también por genocidio, deberes de humanidad y alternativa de asesinato, por la masacre de 201 personas en el parcelamiento de las Dos Erres.

En marzo de este año, la juez contralora de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, envió a juicio al exdictador, pero el caso aún tiene un recurso pendiente. Sobre este recurso, la auxiliatura del juzgado se negó a detallar información ­–una práctica constante en cada uno de los procesos que lleva–.

“La justicia tardía evitó que Ríos Montt fuera juzgado de forma ordinaria, como cualquier persona y con ello evitó la cárcel”, apunta el director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Édgar Pérez Archila.

Por la masacre de Dos Erres, donde ya han sido condenados cuatro kaibiles entre 2011 y 2013, también está pendiente de ir a juicio el conductor de la Escuela Kaibil, Santos López Alonso, a quien el MP le imputa cargos de asesinato, incumplimiento de deberes de humanidad, así como el secuestro y alteración de la identidad de un menor.

A diferencia de los demás procesos que se han movido este año, el de Santos López no ha presentado mayores trabas mediante acciones legales de acusadores y defensores. Pero hay un impasse desde el 2 de junio, cuando fue decretada la apertura a juicio y se ofrecieron las pruebas, pues no está listo el tribunal de sentencia. El que le correspondería sería el de Mayor Riesgo grupo A, presidido por Yassmin Barrios, quien ya conoció y dictó sentencia contra otros kaibiles. Mientras los tribunales de sentencia B, C y D, cuyos presidentes son Jeanette Valdés, Pablo Xitumul y Sara Yoc Yoc, también conocieron procesos de la misma masacre. Quedará esperar que resolución toma la CSJ sobre a dónde trasladar los casos.

2. La zona militar de la muerte

Hasta hace cinco años, a 15 minutos del parque central de Cobán, Alta Verapaz, dentro de las instalaciones de Creompaz, la antigua Zona Militar 21, el Ejército escondía 565 cuerpos de víctimas de diferentes masacres ocurridas entre 1981 y 1988. Eran niños, ancianos, mujeres y hombres, muchos de ellos atados de pies y manos, vendados de ojos y amordazados.

Tras el destape mediático del caso, previo a que el presidente Jimmy Morales fuera investido en enero de 2016, ha habido un cúmulo de acciones legales de fiscales, querellantes, defensores y hasta de la propia juzgadora, también Claudette Domínguez, que han puesto en riesgo el futuro del proceso.

Están acusados los militares Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar. Mientras que se encuentran prófugos nueve oficiales más, encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

La auxiliatura del juzgado A de Mayor Riesgo, presidido por Domínguez, tampoco ofrece información sobre las acciones que detienen el proceso debido a que el expediente se encuentra bajo reserva, y se limita a indicar que “existen cinco amparos de ambas partes” contra la apertura a juicio.

Uno de ellos es el que presentó el abogado Moisés Galindo para que su cliente, el coronel Carlos Augusto Garavito Morán, fuera desligado del proceso por ser una persona de la tercera edad. El amparo fue rechazado el 10 de agosto pasado.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos observó, durante su estancia en el país, un “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados”.

Existe también un amparo para incluir los planes militares y manuales de guerra contrasubversiva, que fueron ignorados por la jueza ya que los consideró secreto militar. También un amparo que pide la inclusión como querellante de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi).

De confirmarse la apertura a juicio, al igual que en el caso Dos Erres, la conformación del tribunal de sentencia correría el riesgo de ser impugnado, debido a que la presidenta del mismo, Yassmin Barrios, ya conoció el proceso que desencadenó el descubrimiento de las fosas: la masacre del Plan de Sánchez, ocurrida en julio de 1982 y por la cual en marzo de 2012 condenó a 7,710 años de prisión a cuatro expatrulleros de autodefensa civil y a un comisionado militar.

3. La ausencia interminable

El caso por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la detención, violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe, estuvo detenido por un error casi absurdo: el juez Victor Hugo Herrera se equivocó y confundió a la madre, Emma Theissen Álvarez, con su hija Emma Molina Theissen. Este error logró que la madre no fuera aceptaba como querellante. Hasta el pasado 25 de julio, cuando se celebró una audiencia pendiente desde marzo, se resolvió su inclusión.

Este caso tiene además tres amparos sin resolver. Uno de ellos fue planteado por los tres sindicados, Manuel Antonio Callejas, Hugo Ramiro Saldaña y Benedicto Lucas García, contra el auto de apertura a juicio.

Ni pronta ni expedita

En cada nivel de la Torre de Tribunales, en las áreas de descanso de las escaleras o incluso dentro de cada oficina, se encuentran impresos tres afiches institucionales del Organismo Judicial: la misión, la visión y los principios. Estos hablan de que se debe “garantizar el debido proceso”, ser un organismo con “credibilidad y aprobación social”, que vele por “la tramitación oportuna”, bajo principios de “transparencia, integridad, eficiencia, eficacia y efectividad”.

Pero los tres casos del conflicto armado, sin contar los expedientes de la corrupción destapada en 2015, coinciden en los retrasos, las dudas y las deficiencias en resoluciones, trámites y apelaciones.

El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad y juez de Sentencia Penal de Amatitlán, Jorge Haroldo Vásquez Flores, no duda en asegurar que “el sistema actual está colapsado”. Explica que es común encontrar juicios con más de 10, 20, 30 o 40 personas y, se han visto decenas (o hasta un centenar) de abogados defensores. “Si una misma persona tiene cinco, seis o siete procedimientos en su contra, toma mucho más tiempo”. Al juez Vásquez le preocupa “el abuso o uso inadecuado de los medios de impugnación y del amparo”. Ahí es donde confluyen los tropiezos judiciales, lo que queda en evidencia en los procesos del conflicto armado.

“En casos de justicia transicional vemos que se limita el actuar por la complejidad de las acusaciones y los amparos que presentan los sujetos procesales, además del proceso de investigación de casos que tienen 30 o 40 años”, apunta el juzgador.

Una solución es la reforma al Código Procesal Penal, “mejorar los procedimientos para que sea adecuada a este tipo de procesos. Podríamos poner a un juez de cuatro o cinco procesos máximo. Si existe una cantidad de casos limitada, podría haber más celeridad”, dice.

La clave, añade, es que los temas de mayor riesgo “no deben pasar solo por cuatro jueces contralores o tribunales de sentencia, sino por el hecho de que debería de existir algún juez que conozca determinados procesos sin que se acumulen otros”.

Los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas, señalados de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Plaza Pública intentó entrevistar a la presidenta de la Cámara Penal, la magistrada Delia Dávila, sobre los planes para promover las providencias y acelerar el acceso a la justicia. Pero pese a las múltiples insistencias en su despacho y vía telefónica, no contestó.

El abogado Moisés Galindo indica que buena parte de la problemática es la prueba, en la etapa intermedia. “Cuando van a mandar a juicio, todo el mundo lo que necesita es esa arma para defenderse o para que no haya duda de que la tesis de sindicación es la correcta. Pero los jueces actúan de forma discrecional y la única forma de que una prueba sea aceptada es por medio del amparo. Y en Guatemala los amparos son muy tardados”.

Según Galindo, no importa cómo empieza o se desarrolla el proceso, sino la clave son las pruebas con las que se contarán para defender o acusar durante el debate. “Al final de cuentas, un amparo ante la CC puede finalizar con el proceso”, afirma. “Pero ya no hay justicia pronta y expedita”, considera.

Lo que se constató la primera semana de agosto, durante la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión observó durante su estancia en el país un “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados”. También recibió información sobre “dificultades en el acceso de información del Ministerio de Defensa”, así como la “falta de una acción de la Policía Nacional Civil en hacer efectivas órdenes de captura dictadas por jueces desde hace varios años”.

La CIDH, en un comunicado que publicó el 4 de agosto, le recuerda al Estado de Guatemala “su obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Es responsabilidad del Estado adoptar las medidas administrativas o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que puedan contribuir a la denegación de justicia e impunidad u obstaculicen los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables”.

Al respecto, emitió recomendaciones en diversos temas, entre los que destacan “redoblar esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y garantizar investigaciones prontas, serias e imparciales en dichos casos”.

Édgar Pérez añade que el propio Organismo Judicial en sus estatutos “indica que debe velar por la justicia sea pronta, cumplida y bien administrada”. La propia Constitución, en su artículo 207, “habla de justicia pronta y cumplida. Y la CSJ, insiste, “manda que haya credibilidad y confianza en el proceso. Todo ese marco trata de impedir el uso abusivo que enreda los casos”.

Con todo escrito, con las recomendaciones internacionales explícitas, con la legislación establecida, los procesos deberían tener celeridad. Al contrario, las resmas de documentos se apilan y las víctimas se vuelven blanco del sistema judicial. El círculo de impunidad sigue vigente.

https://plazapublica.com.gt/content/juzgar-los-crimenes-del-conflicto-armado-o-morir-en-el-intento

“Demostraré que la PDH no está para defender delincuentes”

Por: Pavel Gerardo Vega, 20.08.2017. El Periódico

El abogado y político quetzalteco, Jordán Rodas, asume hoy como nuevo procurador de Derechos Humanos. En esta conversación explica que seguirá la coordinación con la CICIG y el MP a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, destaca que trabajará de forma independiente sin ataduras con ningún sector.

El PDH anterior, Jorge de León Duque, tenía una alianza con la CICIG y con el MP, una alianza anticorrupción y antimpunidad.

¿Cuál será su papel con esta alianza y cómo va interpretar estos movimientos políticos también?

Yo estoy convencido de que el trabajo que ha hecho la fiscal del MP Thelma Aldana conjuntamente con la CICIG al mando del comisionado Iván Velásquez ha sido de gran utilidad a los guatemaltecos en la lucha contra la corrupción. Es más, estoy convencido y agradecido con todo eso porque la Comisión no nos cuesta un centavo a los guatemaltecos. Eso es muy importante porque a veces manejamos una doble moral de soberanía y si queremos ser soberanos paguemos impuestos, pero si no pues agradecer este tipo de acompañamiento como lo hace la CICIG porque hoy Guatemala es distinta a la de antes de abril 2015. Y eso lo tenemos que apoyar, reconocer y sobre todo exhortar a que sigan acompañándonos en este proceso en contra de ese cuerpo de la corrupción a todo nivel.

¿Mantendrá esa alianza, entonces? 

Sí. No tendría razón alguna para desvincularme de esa alianza tan importante como es CICIG-MP. Es una ecuación tan simple de comprender: A más corrupción, menos recursos públicos para que el Estado cumpla su fin que es el bien común. Si tenemos eso bien claro, tenemos que apoyar y duplicar el apoyo que sea necesario.

La imagen del procurador en la sociedad es que defiende solo a los privados de libertad,¿Es la PDH una defensora de delincuentes?

No, estoy convencido de que de la PDH es una institución con un gran potencial constitucional y legal, con un noble fin como es defender a cualquier ser humano sobre cualquier cosa, sin diferencia alguna. Donde el procurador esté muy cercano a la población trabajadora y honrada, donde todos tengan igualdad, independientemente de su ideología, su pensamiento sexual, de su condición, oficio. Hay que defender a todos. Es un gran reto buscar unidad, no caer en la trampa de cualquier ideología. Sí tengo una agenda propia, pues con mi trabajo demostraré que no es ni está para servir delincuentes. Yo estoy consciente de mi rol como un comisionado del Congreso por mandato constitucional, pero jamás sometido a ningún poder fáctico ni real. Yo soy Procurador independiente.

¿Cuál es su agenda?

La primera acción que tengo que retomar es el tema de ser un magistrado de conciencia comprometido con todos los guatemaltecos, con todos los problemas de la cotidianidad. A mí me preocupa mucho, lo he dicho, los problemas que día a día lloran sangre, como la desnutrición crónica, la falta de salud y la de educación. Llora sangre el trato que damos a los migrantes, que todos los miramos como cifras frías, como remesas, como indicadores económicos, pero nunca nos damos cuenta de la familia desintegrada. No nos preocupamos de dar un acompañamiento a la reinserción cuando vienen miles, todos los años son apartados. Ese tipo de problemas realmente son los que quiero acompañar, estructurar para que el Estado realmente cumpla su fin. Entonces el procurador debe velar porque el sector público cumpla su fin. Tiene que ser garante, llevar las documentaciones, las condenas y si el espacio lo amerita, también pedir las remociones de los funcionarios públicos que no estén cumpliendo su meta.

¿Usted va a llevar a un nuevo equipo? 

Sí, yo llevo a mi nuevo equipo. Voy por etapas. No puedo ser irresponsable e ir con una tijera podadora y quitar al personal a diestra y siniestra. Estoy convencido que la mayor riqueza de cada institución es el recurso humano, el recurso humano tiene que ser dignificado, apoyado y sobre todo que sienta en su procurador una persona que da el ejemplo de entrega. También voy a marcar la pauta que nos tenemos que meter hacia a los departamentos. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos se dan en los 339 municipios fuera de la capital. Tenemos que concentrar la atención y los recursos sobre todo para ser garantes en los derechos humanos. Yo quisiera que el Procurador de Derechos Humanos fuera un referente para el Estado porque tenemos que ser un Estado independiente y no darle la espalda a la mayoría de la población de Guatemala que es indígena. Yo por eso designo como Procuradora Adjunta 1 a una profesional maya kaqchikel oriunda de Sololá. He hecho equilibrio entre personas del interior del país y personas de la capital, personas ladinas y personas indígenas. Todas con el común denominador de capacidad y honestidad.

¿Cuáles son los temas prioritarios en su administración? 

La desnutrición crónica para mí es el número uno. Segundo es la salud. El tercero, la educación. Sobre todo, la educación de derechos humanos para dejar de alimentar esa visión que se tiene de que se defiende a delincuentes. Usted hablaba de ir más a las comunidades.

¿Cuál es su perspectiva sobre la conflictividad por la defensa del territorio y los recursos naturales? 

Yo valoro la inversión que hace el sector privado porque genera empleo, pero también es importante revisar los modelos de negocio que están hoy vigentes en el país. Es necesario revisar los modelos de negocio porque necesitamos también que las comunidades donde extraen los recursos se vea reflejada con un sustancial mejoramiento en su calidad de vida. Yo veo inconcebible, una gran paradoja en la cual a la par de un proyecto hidroeléctrico la gente no tenga energía eléctrica, no tenga luz. Entonces con eso muchas veces es porque la energía no la puede vender, porque la ley general de electrificación no lo permite. Pues habrá que exhortar al Congreso de la República para que modifique esta ley, para que las condiciones de las personas de las comunidades, vean que se puede tener una vida más digna.

¿Cree usted que el gobierno de Jimmy Morales ha respetado los derechos humanos, por ejemplo en el caso de las niñas del Hogar Seguro?

Evidentemente los resultados que ahí se dieron fueron lamentables. Han sido errores históricos los que se han cometido y prueba de ello es lo que pasó lamentablemente ahí. Por eso, tenemos que aprender de ese tipo de errores tan duros para como sociedad, como Estado tener una capacidad de que esto no se vuelva a repetir. Mi papel será uno más preventivo que reactivo.

¿Cómo describiría el tipo de PDH que será en estos cinco años? 

Voy a ser un PDH muy cercano a la población, muy sensible a problemas cotidianos, que escucha mucho, que dialoga, que busca crear puentes entre los distintos sectores, que no va a estar parcializado con nadie, que va a luchar siempre por el bienestar común y que va a ser enérgico contra las violaciones de los derechos humanos.

¿Cree usted que la PDH tiene esos alcances ahora?

Yo lo que veo es que tiene la capacidad legal para hacerlo y yo lo voy a hacer. No pretendo ocupar el cargo por fines políticos.

¿Es necesaria una reforma en la legislación de la Procuraduría? 

Yo creo que no. El marco legal está claro. Se podría debatir eso, pero no debe ser excusa para trabajar.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/08/20/demostrare-que-la-pdh-no-esta-para-defender-delincuentes/

Creompaz, el secreto militar y un caso que no avanza

Emiliano Castro Sáenz, Plaza Publica, 11 08 17

El golpe judicial que el MP asestó en enero de 2016 a parte de la cúpula militar de los años 80 parecía ser un nocaut. Pero con el paso del tiempo, todo indica que no será tan fuerte como se pensaba. Se redujo el número de acusados, nueve de ellos están prófugos; de las 152 víctimas que planteó el MP, el juzgado solo aceptó 29 y rechazó varios documentos militares como evidencia. Sin fecha para continuar un proceso que se ha llenado de trabas y amparos, el emblemático caso de desaparición forzada aún lucha por recobrar las fuerzas desde una trinchera mucho más modesta.

Lo que hallaron bajo la tierra fue un verdadero infierno: 565 cuerpos distribuidos en 84 fosas. Estaban atados de pies y manos, amordazados y con vendas en los ojos. El sitio que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz) fue un cementerio clandestino durante siete años, de 1981 a 1988.

La escena dantesca dio pie a que se llevara un proceso penal particular en el que están sindicados de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad, ocho militares que dirigieron y operaron en la referida Zona Militar, entre ellos Benedicto Lucas, hermano del expresidente Romeo Lucas. Para el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) Héctor Reyes, este proceso vuelve a situar a Guatemala en “el mapa de la justicia”. “Es el primer caso de Latinoamérica en que se encuentra tal magnitud de restos de víctimas en una zona militar” asegura.

El caso inició en el juzgado dirigido por Claudette Domínguez, pero desde junio del año pasado fue trasladado al Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual preside Yassmin Barrios, aún falta una audiencia de ofrecimiento de prueba previo a comenzar con el debate oral y público.

Para entonces ya había indicios de que el caso judicial no sería tan contundente como se presentó unos días antes del cambio de mando presidencial, el 11 de enero de 2016, pues la jueza Domínguez había reducido la cifra de sindicados por sobreseimientos, faltas de mérito o clausuras provisionales, y también era evidente la disminución de hechos por los cuales se le perseguía al alto mando y oficiales destacados en Cobán durante los años 80.

De 152 víctimas que planteó el Ministerio Público (MP) en un inicio, la jueza sólo aceptó 29. Tampoco tomó en cuenta a las víctimas de violencia sexual. Domínguez le espetó a la fiscalía que no había imputado a las víctimas desde un inicio, lo que los investigadores contradicen pues argumentan que conforme avanzó la investigación, más víctimas fueron identificadas.

Además en enero retiró el arraigo que apenas un mes antes había decretado contra el exdiputado Édgar Justino Ovalle Maldonado, uno de los señalados en el proceso (era oficial de operaciones en 1983 en la zona militar), lo que derivó en una posterior fuga del militar fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y el Frente de Convergencia Nacional, el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.

En un año y medio, el MP ha presentado una serie de amparos y casaciones por las inconformidades que han derivado del caso y la defensa ha provocado que no se admitan los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83, así como el Manual de Guerra Contrasubversiva –la jueza los consideró secretos militares–, además de evitar la presencia de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi) como querellante del proceso.

A la espera de desentrañarse el caso y de que continúe la audiencia de ofrecimiento de pruebas que quedó pendiente, son ocho los militares que fueron enviados a juicio: Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

Trabas, quejas y secretos

Que en Creompaz se enterraban a los desaparecidos fue algo que se conoció desde 2000, cuando víctimas del conflicto lo contaron en la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), pero fue hasta 2012 que se tomaron acciones para verificarlo. Durante una de las audiencias por la masacre de Plan de Sánchez, ocurrida el 18 de julio de 1982, varios testigos le indicaron a la juez Yassmin Barrios que en la Zona Militar No. 21, donde hoy funciona Creompaz, solían enterrar a las víctimas.

La juez Barrios pidió entonces al Ministerio Público (MP) que fuera a Creompaz, en la finca Chicoyogüito a cinco kilómetros de Cobán, Alta Verapaz, a investigar si era verdad lo que se decía a voces. Con la guía de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) lograron determinar no solo la existencia de osamentas enterradas, también que funcionó como fosa común durante muchos años.

Los investigadores han exhumado 565 osamentas, de estas 150 han sido identificadas mediante ADN como víctimas del conflicto armado interno. Desapariciones masivas como la de las comunidades de Pambach y Río Negro, Alta Verapaz, en 1982, fueron halladas en estas fosas.

Durante sus resoluciones, la jueza Claudette Domínguez ha insistido en que el MP no ha acusado de manera correcta a los militares sindicados, ya que ha elevado el número de víctimas identificadas, además critica que el MP agregó el delito de violación sexual que no estaba incluido cuando se les ligó a proceso. De ahí que hayan salido libres algunos o se hayan caído varios de los hechos. Además, hay nueve prófugos encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

Antes las acciones de la juez el MP presentó un recurso de actividad procesal defectuosa,”la jueza dijo que el MP no había imputado a las víctimas de desaparición y violencia sexual y sí se hizo, solo que cambiaron de estatus al ser identificados mediante ADN por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) porque la investigación ha seguido su curso”, explica la fiscal Elena Sut Ren, quien sustituyó en julio del año pasado a Hilda Pineda, quien ahora dirige la Fiscalía de Derechos Humanos.

Sut Ren apunta que la juez Domínguez tampoco tendría que haber conocido la apelación de la defensa de impedir la participación de Codevi como querellante, pues “se trata de un proceso penal y, sin embargo, lo conoció y dio con lugar. Entonces pedimos el amparo y desde junio del año pasado sigue pendiente”.

La auxiliar fiscal del caso, Elena Mijangos, añade que “no queremos que se pronuncie a favor de un sentido u otro, sino que emita una resolución. Este proceso detenido no solo afecta a víctimas, sino también genera incertidumbre a los acusados”.

Hasta ahora, indica Mijangos, “no hay certeza de por qué víctimas se les juzgará a los ocho imputados”.

El abogado de CALDH, Héctor Reyes, quien representa a la comunidad de Plan de Sánchez como querellante en el caso, no encuentra viabilidad en el proceso debido a las decisiones de la juez, a quien no recusarán para no atrasar el proceso. “Sentimos que nos mata el caso la juzgadora. Nuestro mejor escenario es poder demostrar la participación de los acusados en lo sucedido y que existe ese patrón de desaparición forzada. Pero conforme ha resuelto la juzgadora, las víctimas quedan en indefensión. Solo podremos avanzar cuando se pronuncie la CC”, afirma Reyes.

Sobre esta y las demás inconformidades de fiscales y defensores fue consultada la juez Claudette Domínguez dentro de su despacho. Sin embargo, indicó que no daría entrevistas. “Soy respetuosa de los procesos y no voy a responder para evitar ser parcial de uno u otro lado”, se limitó a decir.

El secreto militar

Otra decisión de la discordia es que la juez Domínguez haya obviado los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el Manual de Guerra Contrasubversiva por considerarlos “secreto militar”.

Domínguez se ampara en el artículo 30 de la Constitución Política, que habla de la “publicidad de los actos administrativos”. Este indica que todos los actos de la administración son públicos. “Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

A lo que se suma el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual indica que se considera información reservada “la relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional”.

Pero el artículo siguiente de la misma ley indica que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”.

Durante el caso de genocidio que se llevó a cabo entre 2012 y 2013, hubo un intento similar de la defensa del general José Efraín Ríos Montt por impedir el uso de estos planes, sin embargo le fue denegada.

Édgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y representante en el caso de la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) recuerda que entre 2006 y 2009 llevaron a la CC la solicitud para poder desclasificar los planes y así poder utilizarlos. La resolución fue aprobatoria. El exmagistrado Napoleón Gutiérrez dictó en aquella oportunidad que “no se puede restringir el uso ni alegar secreto militar cuando de derechos humanos y delitos de lesa humanidad se trate”. Además, la CC indicó que el secreto militar debía invocarse únicamente cuando de soberanía a elementos del Estado se trate.

“Esos planes decían explícitamente que se debía aniquilar al enemigo, el cual también llega a fuerzas y comités clandestisos, hasta los grupos de apoyo o simpatizantes locales”, apunta Pérez y enfatiza que la paz ya está firmada, por lo tanto “no haría sentido mantener ocultos estos planes que se usaban en la guerra contrasubversiva”.

Finalmente, explica el abogado de Famdegua, los acusados “quieren encubrir algo que se sabe que está al margen de la ley y por eso buscan que no se utilicen estos documentos en los juicios o que no se publiquen”.

Pero el general retirado Julio Arnoldo Balconi Turcios, exministro de la Defensa Nacional (1996-1997) lo observa desde otra arista. El secreto militar, puntualiza, se refiere a toda la actividad que realiza el Ejército en el territorio nacional para mantener la seguridad y la defensa de la nación. “Como no define cuáles son los asuntos militares, son todos. Los jueces deben tener cuidado de aplicar la ley como corresponde. No se deben usar los planes por asunto militar confidencial”, indica.

Según Balconi Turcios, “la legislación constitucional priva todo lo demás; lo que dice el artículo 30 está encima de cualquier otro artículo de la legislación ordinaria, como la Ley de Acceso a la Información”.

Pero lo cierto es que los planes han sido la punta de lanza del Ministerio Público en otros procesos.

“Estos planes operativos del Ejército han sido utilizados en los casos de las Dos Erres, Plan de Sánchez, Choatalum, genocidio ixil. Y encima ahora hay más planes que fueron secuestrados por el juez Miguel Ángel Gálvez en 2016. ¿Cómo vamos a demostrar la estructura de mando si no nos permite usar la ley constitutiva del Ejército?”, se pregunta el abogado Héctor Reyes.

Gálvez desclasificó el 31 de marzo del año pasado los planes de campaña: Firmeza 83, Reencuentro Institucional 84, Estabilidad 85, Consolidación 86, Fortaleza 87, Unidad 88, Institución 89 y Avance 90. Mientras que en 2008 ya habían sido sujetos del mismo proceso los planes de campaña Sofía y Victoria 82. Según indicó el juzgador: podrían ser utilizados en investigaciones en curso y casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

Jorge Lucas Cerna, abogado defensor e hijo del general Benedicto Lucas, se queja de que querellantes y fiscales suban al internet los planes y los acusa de que, por ello, “las maras están mejor organizadas, porque ahora conocen el plan de organización del Ejército”. Además asegura que “los planes no fueron elaborados por Benedicto porque él salió en marzo de 1982 de la estructura de mando. El MP oculta esas verdades”.

 “Ya está escrita la condena”

“Barrios ya mostró su preferencia hacia cierto grupo y su aberración a militares. Esa sentencia está escrita y es condenatoria”, afirma categórico el abogado defensor Jorge Lucas Serna. Pese a que el caso ha disminuido en tamaño y a su padre se le imputaron tres desapariciones en lugar de 12, Lucas Cerna se encuentra inconforme. El jefe del Estado Mayor del Ejército de 1978 a 1982, será juzgado de cualquier forma.

Al jurista le gusta explayarse en sus intervenciones e insistir en la conspiración de la que asegura es objeto su cliente; su padre. “Hay vicios que vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se extendió en sus facultades. No puede decirle a nuestro Estado que se sancione a los culpables, ni tampoco es correcto que se use de manera retroactiva el delito de desaparición forzada, el cual entró en vigor en 1996 en nuestro país”, argumenta el abogado defensor.

Lucas Cerna añade que también la CC ha emitido “resoluciones violatorias a derechos humanos por cuestiones ideológicas”.

Querellantes y fiscales no pierden la fe en conseguir condenas, aunque no ocultan su inconformidad por la disminución de víctimas y hechos que la juez mandó a juicio. Aunque no sea el mismo tamaño, el caso tiene la misma magnitud histórica, explica el jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado del MP, Érick de León. “Las 565 osamentas, las 84 fosas, todo eso es real. Todo se encuentra en una de las zonas militares más importantes del conflicto armado. Que haya dejado únicamente 29 víctimas, como una muestra, no significa que deja de ser importante el caso”, describe De León.

Mientras que la fiscal Elena Sut, insiste en que “se logró demostrar las perforaciones, cortes, amarres, orificios causados por proyectiles de arma de fuego, todo. Es de resaltar que una de las fosas está a tan solo 300 metros de la comandancia”.En el proceso el MP ha logrado desbaratar la teoría de la defensa que aseguraba que las víctimas eran en realidad personas enterradas en cementerio o víctimas del terremoto de 1976. “Cuando tiembla nadie comienza a amarrarse de pies y manos o taparse los ojos”, añade irónica Sut Ren.

El caso sobrevive en la incertidumbre. Ni siquiera la resolución de las salas de apelaciones o la CC definirán el rumbo impreciso de este caso que se ha dormido en una telaraña de resoluciones, acciones y tropiezos de todos sus actores.

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