Creompaz, el secreto militar y un caso que no avanza

Emiliano Castro Sáenz, Plaza Publica, 11 08 17

El golpe judicial que el MP asestó en enero de 2016 a parte de la cúpula militar de los años 80 parecía ser un nocaut. Pero con el paso del tiempo, todo indica que no será tan fuerte como se pensaba. Se redujo el número de acusados, nueve de ellos están prófugos; de las 152 víctimas que planteó el MP, el juzgado solo aceptó 29 y rechazó varios documentos militares como evidencia. Sin fecha para continuar un proceso que se ha llenado de trabas y amparos, el emblemático caso de desaparición forzada aún lucha por recobrar las fuerzas desde una trinchera mucho más modesta.

Lo que hallaron bajo la tierra fue un verdadero infierno: 565 cuerpos distribuidos en 84 fosas. Estaban atados de pies y manos, amordazados y con vendas en los ojos. El sitio que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz) fue un cementerio clandestino durante siete años, de 1981 a 1988.

La escena dantesca dio pie a que se llevara un proceso penal particular en el que están sindicados de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad, ocho militares que dirigieron y operaron en la referida Zona Militar, entre ellos Benedicto Lucas, hermano del expresidente Romeo Lucas. Para el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) Héctor Reyes, este proceso vuelve a situar a Guatemala en “el mapa de la justicia”. “Es el primer caso de Latinoamérica en que se encuentra tal magnitud de restos de víctimas en una zona militar” asegura.

El caso inició en el juzgado dirigido por Claudette Domínguez, pero desde junio del año pasado fue trasladado al Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual preside Yassmin Barrios, aún falta una audiencia de ofrecimiento de prueba previo a comenzar con el debate oral y público.

Para entonces ya había indicios de que el caso judicial no sería tan contundente como se presentó unos días antes del cambio de mando presidencial, el 11 de enero de 2016, pues la jueza Domínguez había reducido la cifra de sindicados por sobreseimientos, faltas de mérito o clausuras provisionales, y también era evidente la disminución de hechos por los cuales se le perseguía al alto mando y oficiales destacados en Cobán durante los años 80.

De 152 víctimas que planteó el Ministerio Público (MP) en un inicio, la jueza sólo aceptó 29. Tampoco tomó en cuenta a las víctimas de violencia sexual. Domínguez le espetó a la fiscalía que no había imputado a las víctimas desde un inicio, lo que los investigadores contradicen pues argumentan que conforme avanzó la investigación, más víctimas fueron identificadas.

Además en enero retiró el arraigo que apenas un mes antes había decretado contra el exdiputado Édgar Justino Ovalle Maldonado, uno de los señalados en el proceso (era oficial de operaciones en 1983 en la zona militar), lo que derivó en una posterior fuga del militar fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y el Frente de Convergencia Nacional, el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.

En un año y medio, el MP ha presentado una serie de amparos y casaciones por las inconformidades que han derivado del caso y la defensa ha provocado que no se admitan los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83, así como el Manual de Guerra Contrasubversiva –la jueza los consideró secretos militares–, además de evitar la presencia de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi) como querellante del proceso.

A la espera de desentrañarse el caso y de que continúe la audiencia de ofrecimiento de pruebas que quedó pendiente, son ocho los militares que fueron enviados a juicio: Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

Trabas, quejas y secretos

Que en Creompaz se enterraban a los desaparecidos fue algo que se conoció desde 2000, cuando víctimas del conflicto lo contaron en la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), pero fue hasta 2012 que se tomaron acciones para verificarlo. Durante una de las audiencias por la masacre de Plan de Sánchez, ocurrida el 18 de julio de 1982, varios testigos le indicaron a la juez Yassmin Barrios que en la Zona Militar No. 21, donde hoy funciona Creompaz, solían enterrar a las víctimas.

La juez Barrios pidió entonces al Ministerio Público (MP) que fuera a Creompaz, en la finca Chicoyogüito a cinco kilómetros de Cobán, Alta Verapaz, a investigar si era verdad lo que se decía a voces. Con la guía de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) lograron determinar no solo la existencia de osamentas enterradas, también que funcionó como fosa común durante muchos años.

Los investigadores han exhumado 565 osamentas, de estas 150 han sido identificadas mediante ADN como víctimas del conflicto armado interno. Desapariciones masivas como la de las comunidades de Pambach y Río Negro, Alta Verapaz, en 1982, fueron halladas en estas fosas.

Durante sus resoluciones, la jueza Claudette Domínguez ha insistido en que el MP no ha acusado de manera correcta a los militares sindicados, ya que ha elevado el número de víctimas identificadas, además critica que el MP agregó el delito de violación sexual que no estaba incluido cuando se les ligó a proceso. De ahí que hayan salido libres algunos o se hayan caído varios de los hechos. Además, hay nueve prófugos encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

Antes las acciones de la juez el MP presentó un recurso de actividad procesal defectuosa,”la jueza dijo que el MP no había imputado a las víctimas de desaparición y violencia sexual y sí se hizo, solo que cambiaron de estatus al ser identificados mediante ADN por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) porque la investigación ha seguido su curso”, explica la fiscal Elena Sut Ren, quien sustituyó en julio del año pasado a Hilda Pineda, quien ahora dirige la Fiscalía de Derechos Humanos.

Sut Ren apunta que la juez Domínguez tampoco tendría que haber conocido la apelación de la defensa de impedir la participación de Codevi como querellante, pues “se trata de un proceso penal y, sin embargo, lo conoció y dio con lugar. Entonces pedimos el amparo y desde junio del año pasado sigue pendiente”.

La auxiliar fiscal del caso, Elena Mijangos, añade que “no queremos que se pronuncie a favor de un sentido u otro, sino que emita una resolución. Este proceso detenido no solo afecta a víctimas, sino también genera incertidumbre a los acusados”.

Hasta ahora, indica Mijangos, “no hay certeza de por qué víctimas se les juzgará a los ocho imputados”.

El abogado de CALDH, Héctor Reyes, quien representa a la comunidad de Plan de Sánchez como querellante en el caso, no encuentra viabilidad en el proceso debido a las decisiones de la juez, a quien no recusarán para no atrasar el proceso. “Sentimos que nos mata el caso la juzgadora. Nuestro mejor escenario es poder demostrar la participación de los acusados en lo sucedido y que existe ese patrón de desaparición forzada. Pero conforme ha resuelto la juzgadora, las víctimas quedan en indefensión. Solo podremos avanzar cuando se pronuncie la CC”, afirma Reyes.

Sobre esta y las demás inconformidades de fiscales y defensores fue consultada la juez Claudette Domínguez dentro de su despacho. Sin embargo, indicó que no daría entrevistas. “Soy respetuosa de los procesos y no voy a responder para evitar ser parcial de uno u otro lado”, se limitó a decir.

El secreto militar

Otra decisión de la discordia es que la juez Domínguez haya obviado los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el Manual de Guerra Contrasubversiva por considerarlos “secreto militar”.

Domínguez se ampara en el artículo 30 de la Constitución Política, que habla de la “publicidad de los actos administrativos”. Este indica que todos los actos de la administración son públicos. “Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

A lo que se suma el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual indica que se considera información reservada “la relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional”.

Pero el artículo siguiente de la misma ley indica que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”.

Durante el caso de genocidio que se llevó a cabo entre 2012 y 2013, hubo un intento similar de la defensa del general José Efraín Ríos Montt por impedir el uso de estos planes, sin embargo le fue denegada.

Édgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y representante en el caso de la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) recuerda que entre 2006 y 2009 llevaron a la CC la solicitud para poder desclasificar los planes y así poder utilizarlos. La resolución fue aprobatoria. El exmagistrado Napoleón Gutiérrez dictó en aquella oportunidad que “no se puede restringir el uso ni alegar secreto militar cuando de derechos humanos y delitos de lesa humanidad se trate”. Además, la CC indicó que el secreto militar debía invocarse únicamente cuando de soberanía a elementos del Estado se trate.

“Esos planes decían explícitamente que se debía aniquilar al enemigo, el cual también llega a fuerzas y comités clandestisos, hasta los grupos de apoyo o simpatizantes locales”, apunta Pérez y enfatiza que la paz ya está firmada, por lo tanto “no haría sentido mantener ocultos estos planes que se usaban en la guerra contrasubversiva”.

Finalmente, explica el abogado de Famdegua, los acusados “quieren encubrir algo que se sabe que está al margen de la ley y por eso buscan que no se utilicen estos documentos en los juicios o que no se publiquen”.

Pero el general retirado Julio Arnoldo Balconi Turcios, exministro de la Defensa Nacional (1996-1997) lo observa desde otra arista. El secreto militar, puntualiza, se refiere a toda la actividad que realiza el Ejército en el territorio nacional para mantener la seguridad y la defensa de la nación. “Como no define cuáles son los asuntos militares, son todos. Los jueces deben tener cuidado de aplicar la ley como corresponde. No se deben usar los planes por asunto militar confidencial”, indica.

Según Balconi Turcios, “la legislación constitucional priva todo lo demás; lo que dice el artículo 30 está encima de cualquier otro artículo de la legislación ordinaria, como la Ley de Acceso a la Información”.

Pero lo cierto es que los planes han sido la punta de lanza del Ministerio Público en otros procesos.

“Estos planes operativos del Ejército han sido utilizados en los casos de las Dos Erres, Plan de Sánchez, Choatalum, genocidio ixil. Y encima ahora hay más planes que fueron secuestrados por el juez Miguel Ángel Gálvez en 2016. ¿Cómo vamos a demostrar la estructura de mando si no nos permite usar la ley constitutiva del Ejército?”, se pregunta el abogado Héctor Reyes.

Gálvez desclasificó el 31 de marzo del año pasado los planes de campaña: Firmeza 83, Reencuentro Institucional 84, Estabilidad 85, Consolidación 86, Fortaleza 87, Unidad 88, Institución 89 y Avance 90. Mientras que en 2008 ya habían sido sujetos del mismo proceso los planes de campaña Sofía y Victoria 82. Según indicó el juzgador: podrían ser utilizados en investigaciones en curso y casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

Jorge Lucas Cerna, abogado defensor e hijo del general Benedicto Lucas, se queja de que querellantes y fiscales suban al internet los planes y los acusa de que, por ello, “las maras están mejor organizadas, porque ahora conocen el plan de organización del Ejército”. Además asegura que “los planes no fueron elaborados por Benedicto porque él salió en marzo de 1982 de la estructura de mando. El MP oculta esas verdades”.

 “Ya está escrita la condena”

“Barrios ya mostró su preferencia hacia cierto grupo y su aberración a militares. Esa sentencia está escrita y es condenatoria”, afirma categórico el abogado defensor Jorge Lucas Serna. Pese a que el caso ha disminuido en tamaño y a su padre se le imputaron tres desapariciones en lugar de 12, Lucas Cerna se encuentra inconforme. El jefe del Estado Mayor del Ejército de 1978 a 1982, será juzgado de cualquier forma.

Al jurista le gusta explayarse en sus intervenciones e insistir en la conspiración de la que asegura es objeto su cliente; su padre. “Hay vicios que vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se extendió en sus facultades. No puede decirle a nuestro Estado que se sancione a los culpables, ni tampoco es correcto que se use de manera retroactiva el delito de desaparición forzada, el cual entró en vigor en 1996 en nuestro país”, argumenta el abogado defensor.

Lucas Cerna añade que también la CC ha emitido “resoluciones violatorias a derechos humanos por cuestiones ideológicas”.

Querellantes y fiscales no pierden la fe en conseguir condenas, aunque no ocultan su inconformidad por la disminución de víctimas y hechos que la juez mandó a juicio. Aunque no sea el mismo tamaño, el caso tiene la misma magnitud histórica, explica el jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado del MP, Érick de León. “Las 565 osamentas, las 84 fosas, todo eso es real. Todo se encuentra en una de las zonas militares más importantes del conflicto armado. Que haya dejado únicamente 29 víctimas, como una muestra, no significa que deja de ser importante el caso”, describe De León.

Mientras que la fiscal Elena Sut, insiste en que “se logró demostrar las perforaciones, cortes, amarres, orificios causados por proyectiles de arma de fuego, todo. Es de resaltar que una de las fosas está a tan solo 300 metros de la comandancia”.En el proceso el MP ha logrado desbaratar la teoría de la defensa que aseguraba que las víctimas eran en realidad personas enterradas en cementerio o víctimas del terremoto de 1976. “Cuando tiembla nadie comienza a amarrarse de pies y manos o taparse los ojos”, añade irónica Sut Ren.

El caso sobrevive en la incertidumbre. Ni siquiera la resolución de las salas de apelaciones o la CC definirán el rumbo impreciso de este caso que se ha dormido en una telaraña de resoluciones, acciones y tropiezos de todos sus actores.

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Habilitan circuitos de transmisión eléctrica

Por U. Gamarro y C. Paredes, Prensa Libre, 5 de Agosto de 2017

 

Entra en funcionamiento línea de electricidad Proyecto Anillo Pacífico Sur, que recibirá los despachos de energía de ingenios azucareros.
 

“Es una súper carretera de transmisión eléctrica”, afirmó Mauricio Acevedo, gerente general de Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), empresa filial del Grupo Energía de Bogotá, que desarrolla el Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión (PET) de energía en Guatemala.

Con la integración de la APS, los ingenios azucareros que generan energía cuentan con la capacidad de las líneas para hacer los despachos.

Obra

Acevedo explicó que el APS es una infraestructura que soportará la producción de energía del sector azucarero.

La infraestructura consiste en 92 kilómetros de líneas de transmisión, así como cuatro nuevas subestaciones y la ampliación de una, así como dos reconfiguraciones, todas ubicadas en Escuintla.

La APS estará formada por las subestaciones La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón.

“Son obras puestas a disposición de Guatemala fortaleciendo el Sistema Interconectado Nacional y un orgullo poner esta súper carretera por donde se transporte la energía”, afirmó el ejecutivo.

El PET es un proyecto que se hace realidad cada día con el apoyo de las autoridades y las distintas comunidades locales, agregó Acevedo.

Energización

Además de la APS, también se habilitó la energización de línea de transmisión Covadonga-Uspantán, Quiché, por lo que se logra el primer cierre hidráulico.

Esa infraestructura consiste en 43 kilómetros, 99 torres de transmisión y ampliación de dos subestaciones de 230 kilovatios.

La cobertura será para los municipios de Nebaj, Sas Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

“Son obras importantes para la modernización de la transmisión y los esfuerzos para complementar el PET”, señaló Ástrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, propietaria de sus filiales Trecsa y EEBIS.

La ejecutiva, destacó la importancia del capital colombiano, invertido en la infraestructura de transmisión en Guatemala.

Álvarez, además resaltó la importancia de que el Gobierno publicara hace algunos días una guía de consultas comunitarias, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Importancia

Melvin Quijivix, consultor independiente en temas energéticos, destacó la importancia de estas obras de infraestructura.

Subrayó que aunque hay atraso en el PET, los proyectos habilitados ayer mejorarán los sistemas de transmisión.

“Son redes que se necesitaban ponerlas a funcionar, sobre todo para concluir el circuito del sur, por el despacho que hacen los ingenios azucareros”, afirmó.

Afirmó que los ingenios aportan 12% de la producción de energía al sistema cada año.

A la actividad asistió el presidente Jimmy Morales y el ministro de Energía, Luis Chang Navarro.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/habilitan-circuitos-de-transmision-electrica

Ramón Cadena: Se está criminalizando a defensores de derechos humanos

POR DENIS AGUILAR, La Hora, 10.08.2017

El abogado Ramón Cadena dijo que los defensores de derechos humanos en Guatemala están siendo objeto de criminalización de parte del Estado y de empresas transnacionales, cuando estos se manifiestan en defensa de la tierra y los recursos naturales.

“A los defensores de los derechos humanos se les está criminalizando por su forma de pensar, porque los defensores están defendiendo sus recursos naturales”, dijo Cadena quien agregó que son perseguidos por el Ministerio Público (MP) señalándolos de la comisión de algún delito.

Por ello Cadena, resaltó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a esa problemática, ya que considera que es una voz autorizada para denunciar esos hechos.

El abogado hizo referencia a los casos ocurridos en Huehuetenango en 2016, específicamente a la detención arbitraria de Rigoberto Juárez, líder comunitario de ese departamento.

También mencionó el caso del activista Abelino Chub Caal, quien guardaba prisión preventiva en Izabal, pero que luego fue trasladado al preventivo de la zona 18 en la capital.

¿QUÉ DICE EL MP?

La Hora se comunicó con el Ministerio Público para obtener la postura sobre lo dicho por Cadena. Julia Barrera, portavoz de esa institución, refirió la consulta de este vespertino a la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Hilda Pineda, quien aseguró que en ningún momento se ha criminalizado a los activistas, ya que la fiscalía investiga objetivamente los casos denunciados.

Además, mencionó que las detenciones de las personas mencionas y otros activistas se han realizado en el marco de la ley y que los requerimientos han sido sustentados con pruebas ante un juez competente. Sobre el caso de Chub Caal, Pineda dijo que no tenía información, ya que el caso le corresponde a la Fiscalía Distrital de Izabal.

http://lahora.gt/ramon-cadena-se-esta-criminalizando-defensores-derechos-humanos/

Luis Arreaga confirmado como embajador en Guatemala

POR KIMBERLY LÓPEZ, La Hora, 03.08.2017

Luis Arreaga será oficialmente el nuevo embajador de los Estados Unidos en Guatemala, luego de que el senado estadounidense lo confirmara como representante de ese Gobierno para el país, según la cuenta oficial de American Foreign Service Association.

Arreaga, de raíces guatemaltecas, fue nominado por el presidente Donald Trump para suceder a Todd Robinson cuando deje la misión diplomática en octubre.

El nuevo Embajador nació y se crió en Guatemala, antes de migrar a los Estados Unidos, se lee en una biografía del diplomático disponible en el sitio web del Departamento De Estado.

Según la descripción del Departamento de Estado en 2013 fue nombrado Subsecretario Adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, entidad responsable de los programas relacionados a la lucha contra las drogas y organizaciones delictivas en el hemisferio occidental.

Entre 2010 y 2013 fue embajador de los Estados Unidos en la República de Islandia, así como jefe Adjunto de la Misión de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

También ha sido Cónsul en Vancouver, Canadá, entre otras misiones diplomáticas en países como España, Perú, El Salvador y Honduras.

De forma pública, Arreaga ha manifestado su afinidad y respaldo al trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la lucha contra la corrupción en el país emprendida por esa institución y el Ministerio Público.

http://lahora.gt/luis-arreaga-confirmado-embajador-guatemala/

Líder comunitario Bernardo Caal queda ligado a proceso en Cobán

18 de Julio de 2017, Prensa Libre, Por Eduardo Sam

El dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, de 45 años, se presentó voluntariamente este martes al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, para resolver su situación jurídica, pues es acusado de no presentarse a trabajar como maestro durante 20 meses, en el 2012 y 2013.

Luego de escuchar a los fiscales del Ministerio Público (MP) y abogados defensores, el juez Ricardo Isaías Caal resolvió ligar a proceso al dirigente campesino con arresto domiciliar, fianza de Q25 mil y orden de arraigo.

El juez indicó que el MP tiene tres meses para realizar las investigaciones sobre las acusaciones.

Al percatarse de que Caal se presentaba al juzgado, un grupo de campesinos se conglomeró frente a los tribunales para esperar la resolución.

“Me entregué al sistema de justicia como un buen líder comunitario y del magisterio. Vine a entregar mis argumentos, porque dicen que estafé al Estado y eso no fue así, tengo pruebas”, comentó Caal.

Al detallar que tiene medidas de coerción, arraigo y debe presentarse a firmar el libro de actas en tribunales, Caal, dijo: “Es una persecución política por estar reclamando los derechos de los pueblos indígenas con base en el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucionalidad, pero seguiré en la lucha”.

Bernardo Caal Xol, líder comunitario: “Seguiré dando la cara hasta que el MP agoté las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, que estoy seguro que no fue así”.

El líder comunitario comentó que la denuncia la presentó el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy Reye.

“Consiguió la orden de captura cuando la Corte Suprema de Justicia amparó al pueblo q’eqchi’ y suspendió los proyectos hidroeléctricos que afectan el río Cahabón. Fui desprestigiado con campos pagados de varios millones de quetzales, que pretendieron deslegitimarme y hacerme pedazos ante la población”, expresó.

“Seguiré dando la cara hasta que el MP agote las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, porque estoy seguro que no fue así”, aseguró.

Caal, quien recibirá la revocación de detención en su contra luego de pagar los Q25 mil de fianza, también hizo sindicaciones contra exfuncionarios: “Los oligarcas dicen que soy un estafador, exijo que se entregue el exministro Érick Archila, quien firmó las licencias para las hidroeléctricas y que capturen a Alejandro Sinibaldi, ellos si son grandes ladrones en Guatemala”.

Antecedentes

Caal Xol era maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. La denuncia señala que él no fue a laborar entre enero del 2012 y agosto del 2013.

Pese a su ausencia durante 20 meses y sin presentar excusa, Caal Xol cobró Q104 mil 512.76. El Mineduc lo destituyó en agosto del 2013.

Caal es un dirigente sindical que ha organizado bloqueos en carreteras y manifestaciones en Alta Verapaz contra las hidroeléctricas.

También mantiene un problema con el sindicalista Joviel Acevedo por el control del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

CIDH conoció realidad de comunidades, hogares de protección y cárceles

1 de Agosto de 2017, Prensa Libre, Por Roni Pocón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó verificaciones en hogares de protección del Estado, comunidades rurales y cárceles.

En tercer día de actividades en Guatemala, los comisionados de la CIDH se desplazaron a diferentes departamentos para conocer diferentes denuncias sociales.

En las comunidades

Otra comitiva viajó en helicóptero a Petén para conocer la situación de una comunidad desalojada en Laguna Larga, en un punto fronterizo entre Guatemala y México.

El comisionado de migrantes y refugiados, Álvaro Botero, encabezó la misión que se desplazó a San Andrés Petén, donde permanecen 110 familias quienes permanecieron por más de cinco años en la zona de Laguna Larga, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y quienes fueron desalojados el mes pasado, por habitar en parte de la reserva de la Biosfera Maya.

La CIDH conocerá sus demandas para buscar una solución a sus requerimientos de tierra, puesto que son originarios de Quiché y Alta Verapaz, pero permanecieron por varios años en la zona limítrofe entre Guatemala y México.

Otros comisionados viajaron a Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde sostuvieron reuniones con comunidades, organizaciones de la sociedad civil y autoridades ancestrales.

Al punto de encuentro llegaron decenas de personas para respaldar las peticiones de las comunidades y pidieron las garantías de derechos naturales,  además denunciaron los supuestos daños causados por la industria extractiva.

Los líderes comunitarios denunciaron que la industria agrícola también ha causado daños contaminando el agua.

Las comunidades cuestionaron el supuesto desarrollo que llevan las industrias, una lideresa dijo: “Las comunidades que viven al margen de la hidroeléctrica no tienen servicio de energía eléctrica”.

Las mujeres denunciaron que la violencia, pobreza, discriminación y el racismo son los problemas que más los aquejan, en especial a las mujeres.

Hogares

Esmeralda Troiti, relatora de la niñez, visitó hogares de protección de niños y adolescentes, donde pudo conocer cómo son atendidos estos menores, la CIDH no especificó qué centros visitó.

En cárceles

Los comisionados Sofía Galvano y James Cavallaro realizaron un recorrido por las carceletas en la Torre de Tribunales, donde conversaron con los guardias del Organismo Judicial y del Sistema Penitenciario, además de revisar los libros de registros.

Los comisionados cuestionaron sobre las condiciones de higiene y posteriormente visitaron la cárcel para mujeres Santa Teresa, donde escucharon las quejas de las privadas de libertad, una de ellas dijo: “Podemos estar presas pero no para tanto maltrato, parecemos ganado para dormir”, denunciaron.

También visitaron la centro de cumplimiento de condena conocido como Pavón donde los reclusos se quejaron por no tener acceso a servicios médicos y medicinas.

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