Gerente general del INDE fue citado al Congreso para responder sobre anomalías en Proyecto Xalalá

Por Radio K’astajib’al / Colaboración Radio Caminante

Los diputados Amílcar Pop y Carlos Mejía, acompañados de representantes de las comunidades que se verían afectadas por el proyecto hidroeléctrico Xalalá, citaron al Congreso de la República al gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Marinus Boer, para explicar sobre el contrato a la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A. para realizar estudios técnicos y de factibilidad de la hidroeléctrica por más de US$4 millones sin licitar, como lo indica la Ley de Contrataciones. Para esto se solicitó que a la brevedad entreguen el estudio comparativo que los llevó a contratar a esta empresa.

El gerente general, quien se hacía acompañar de otros tres trabajadores, explicó la necesidad urgente de llevar a cabo el Proyecto Xalalá, como algo que se tiene previsto desde los años setenta, y tras el fracaso del proyecto Chulac se debían agotar las posibilidades. Sin embargo, la falta de oferentes y los cambios de gobierno no han permitido concretarlo.

Marinus Boer, Gerente del INDE

Otra de las cuestionantes fue sobre el retraso en la entrega de las actas del consejo donde se resolvió la contratación de urgencia. Esto significa incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, lo que incurre en delito por ser esta una entidad del Estado. En respuesta, Boer indicó que las actas después de realizada la sesión son revisadas y consensuadas por el consejo para posteriormente firmarlas, lo cual según el diputado Pop es un trámite innecesario y anómalo, pues las actas deben ser firmadas en el acto y no posteriormente.

Los representantes de las comunidades q´eqchi´ de los municipios de Ixcán, Uspantán y Cobán también denunciaron cómo representantes del INDE han llegado a las comunidades a realizar actividades deportivas y fiestas para confundir y manipular a la gente, para que posteriormente avale la construcción de la represa. Ante esto no hubo ningún pronunciamiento para aclarar el cuestionamiento.

Al final de la interpelación quedaron más dudas y contradicciones en las respuestas, como lo expresó uno de los representantes de la delegación. Lo que queda claro es que no están dispuestos a permitir siquiera este estudio, pues conocen los impactos ambientales y sociales que acarrean estos megaproyectos, como el caso de Chixoy donde comunidades fueron masacradas para llevar a cabo la construcción del embalse, finalizó.

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