Impunidad por ríos desviados

El desvío de ríos para fines de riego de cultivos o pastizales, para uso en agroindustria y para el aprovechamiento en fincas particulares es una práctica que se ha extendido y que merma el caudal constante de los ríos del país, aunque esta práctica, efectuada con total impunidad hasta ahora, suele observarse con mayor frecuencia en la Costa Sur, opinan ecologistas y líderes campesinos consultados.

La ausencia de una ley de aguas y una norma de ordenamiento territorial causa que el robo de caudales sea cada vez más frecuente y ocurra con absoluta impunidad, a pesar de que la usurpación de aguas es un delito tipificado en el Código Penal y se sanciona con prisión de uno a cinco años, además de multas de Q1 mil a Q5 mil.

La impunidad en este sentido es tal que en el Organismo Judicial ingresaron 76 casos del 2012 al 2013 y se reportaron nueve sentencias absolutorias y ninguna condenatoria.

Según datos del Ministerio Público (MP), del 2012 a la fecha se presentaron 174 denuncias por este ilícito y se formularon 10 acusaciones, pero apenas se consiguieron dos condenas este año.

Ríos deficitarios

Es difícil establecer a ciencia cierta los puntos de desvío, debido a la falta de control de parte de las autoridades responsables de velar por la conservación y el aprovechamiento del vital líquido, pero un efecto directo —y evidencia de la práctica ilegal— es la baja de los caudales de los afluentes, que afecta a las comunidades.

De acuerdo con el boletín hidrológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), los ríos Achiguate, en Siquinalá, Escuintla, y el Polochic, en Panzós, Alta Verapaz, están en nivel de déficit, no solo por la baja en las lluvias, sino por el desvío de los caudales.

El primero tiene un nivel de 0.44 metros, cuando el límite inferior debería ser de 0.50. El segundo tiene 0.78 metros y el nivel mínimo aceptable es de 1.17 metros.

Eddy Sánchez, director del Insivumeh, dijo que los ríos que presentan baja en sus niveles tienen déficit incluso antes del inicio del verano. Afirmó que es posible deducir que los niveles deficitarios se relacionen con desvíos.

“No puedo confirmar si el déficit es causado por desvíos para riego, pero esa es una actividad común en la Costa Sur”, refirió, y explicó que uno de los problemas implícitos en el desvío de ríos es que se “compromete el agua para el consumo de las poblaciones”.

Denuncias

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, indicó que el desvío de ríos es una constante. Aseguró que ríos como Pacaya, en Coatepeque, Quetzaltenango; Naranjo, que nace en San Marcos, pasa por Retalhuleu y llega al Pacífico; Coyolate, que atraviesa Suchitepéquez y Escuintla, y el Polochic, en Alta Verapaz, son desviados para riego por empresas privadas y personas individuales, a menudo allegadas a diputados o alcaldes, sin que nadie más haga algo al respecto.

A pesar de que la Ley Reguladora de Áreas de Reserva del Estado estipula que los 200 metros a los lados de ríos son objeto de régimen especial, los canales de riego se multiplican sin control.

Pascual explicó que los desvíos también se hacen mediante presas de contención o bombas de succión para llevar el agua de los ríos incluso a piscinas privadas, aunque la mayoría de estas aguas son usadas en riego en plantaciones de palma, caña y banano. “En Suchitepéquez nos genera problemas todos los años, pero lamentablemente los terratenientes tienen muchas influencias y no se conoce. Mientras esto ocurre, las poblaciones se quedan sin agua para sus pequeños cultivos”, dijo.

En Escuintla

Habitantes de comunidades de Escuintla, que viven en la parte baja de los ríos María Linda, Guacalate, Achiguate, Coyolate y Madre Vieja, se quejan porque finqueros desvían parte del caudal. Al ocurrir esto varias veces a lo largo del río, la cantidad de líquido merma.

Óscar Galindo, un vecino de la comunidad Botón Blanco, en Puerto San José, aseguró que el río Achiguate baja su caudal en el verano porque varias fincas cañeras se apoderan del recurso hídrico.

En Nueva Concepción, Escuintla, el río Coyolate es desviado para regar cañaverales, cultivos de maíz y crianza de tilapias.

Paradójicamente, cuando llega el invierno, el efecto es contraproducente, ya que las cunetas agravan los desbordamientos, que a menudo causan inundaciones en poblados y sembradíos.

Lewis Logan, gobernador de Escuintla, rechazó tal práctica, pues considera que el agua de los ríos puede ser aprovechada para cultivos, pero es inaceptable que se haga sin control ni monitoreo.

Anarquía

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, refirió que “hay una anarquía alrededor de la ejecución de los recursos hídricos, incluidos los caudales de los principales ríos. Esto deviene en principio por la ausencia de varias leyes; la primera, de ordenamiento territorial, la cual es básica y no existe, y la segunda, referente a una ley general de aguas, que regule los derechos de aprovechamiento, incluidos los económicos”.

El activista dijo que existe incapacidad de todas las agencias del Gobierno para hacer cumplir la ley.

“No hay voluntad política, el Ministerio —de Ambiente y Recursos Naturales— tiene las herramientas para combatir este problema pero no ha querido hacerlo”, expuso.

Según Melini, otro hecho derivado de los desvíos es que se vierten aguas contaminadas con fertilizantes o plaguicidas en los cauces, pese a que comunidades río abajo usan el agua para lavar, bañarse o cocinar.

Sin respuesta

Prensa Libre intentó por dos semanas obtener un criterio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero los requerimientos por escrito y telefónicos no tuvieron respuesta.

Esa cartera es la responsable de velar por la protección del vital líquido, mediante la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas (URHC), adscrita a la Dirección General de Gestión Ambiental. También maneja la Oficina de Áreas de Reserva Territorial del Estado.

La URHC fue creada en abril del 2005, mediante el Acuerdo Ministerial 239-2005, y entre sus atribuciones está revisar y evaluar los sistemas de aguas servidas o contaminadas en general, realizar el monitoreo, vigilancia y control de personas individuales y jurídicas que descarguen aguas residuales, realizar inspecciones, vigilancia y monitoreo de campo para los casos de aprovechamiento, promover el uso integral y manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas e investigar y dictaminar sobre los niveles de contaminación hídrica en ríos, lagos y mares, entre otras atribuciones. Pese a que en el papel hay sujetos obligados a velar por la conservación de los recursos hídricos, los desvíos persisten ante la mirada indiferente de las autoridades.

Cuencas hidrográficas

Guatemala tiene 38 ríos principales distribuidos en tres vertientes:  la del Pacífico, que cuenta con 18, caracterizados por ser cortos y de curso rápido; la del Atlántico, que tiene 10,  los    cuales    desembocan en el Golfo de Honduras y son extensos, profundos y propios para la navegación, y   la vertiente  del Golfo de México, que tiene mayor área geográfica, con 50 mil 730 kilómetros cuadrados, el equivalente al 47 por ciento del territorio nacional.

Esta última tiene también diez ríos y es la más caudalosa. En el 2006 se contabilizaron 45 mil 668 millones de metros cúbicos, lo que representó el 49 por ciento del total de agua de los ríos, según un informe del Sistema de Información Ambiental, del Ministerio de Ambiente.

De acuerdo con el Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012, elaborado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar,  al menos 14 ríos principales presentan altos porcentajes de contaminantes físicos, materia orgánica, microorganismos, contaminantes tóxicos y materiales cancerígenos, lo que implica riesgos importantes, debido a que las aguas de esos cuerpos hídricos son utilizadas para el consumo humano.

Según el estudio, “gran parte de la contaminación de los cuerpos acuíferos en el país proviene de las aguas residuales de los centros urbanos”.

La marcada disminución de caudales se debe a la baja en lluvias y a los desvíos.

38  ríos hay en el país, divididos en tres vertientes.

14 ríos presentan altos niveles de contaminación.

2 sentencias condenatorias por  usurpación de aguas hubo desde  2012.

18 ríos hay en la vertiente del Pacífico.

Usurpación de aguas

“Quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere, total o parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas…”

Delitos ambientales

Del 2012 a la fecha han ingresado en el Ministerio Público 300 casos por contaminación, 29 por contaminación industrial y 93 por explotación ilegal de recursos naturales. En ese lapso se han tramitado  nueve sentencias condenatorias por esos tipos penales.

POR JUAN MANUEL CASTILLO ZAMORA
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