Thelma Aldana asume como nueva Fiscal General y Jefa del MP

La jurista, quien dirigirá el Ministerio Público (MP) en los siguientes cuatro años, reiteró la política criminal como bandera de su gestión. 

Thelma Aldana al momento de tomar juramento como nueva Fiscal General, a su lado Gustavo Martínez, Secretario General. (Presidencia)

 

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Thelma Esperanza Aldana Hernández, fue juramentada ayer como Fiscal General y Jefa del MP, en sustitución de Claudia Paz y Paz.

 

Aldana afirmó que llega al cargo con intenciones de mejorar los resultados obtenidos durante la administración de su antecesora, que el viernes fue despedida a la salida del MP por organizaciones sociales, con una alfombra de pino y gritos de “Claudia Paz y Paz, fiscal de la dignidad”.

 

En un acto protocolario en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, Aldana asumió el cargo a las 11:30 horas, en un día, según el presidente de la República, Otto Pérez Molina: “importantísimo para la institucionalidad del país”.

 

La ceremonia fue encabezada por Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, los acompañaban en la mesa presidencial Aldana, Paz y Paz, José Arturo Sierra, presidente del Organismo Judicial y Roberto Molina Barreto, su homólogo de la Corte de Constitucionalidad.

 

Pérez Molina reiteró los motivos para decidirse por Aldana Hernández, se basaron en la experiencia de la jurista, y aseguró que fue electa en un proceso transparente. Además afirmó que no hubo injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la Comisión Postuladora, ello, para desvirtuar rumores que declaraban a la exmagistrada como la futura Fiscal General, antes de iniciado el proceso.

 

En su discurso, Aldana Hernández confirmó su propuesta de una política criminal del Estado para combatir la delincuencia, aunque no profundizó en los aspectos que desarrollará y aseguró que llevará a cabo su labor “con transparencia”.

 

Asimismo, hizo referencia a las decisiones de Paz y Paz mientras ocupó el cargo, “que merecen todo mi apoyo”, y comentó que apreciará el acompañamiento de la comunidad internacional y de la CICIG, las universidades, el sector privado y la sociedad civil.

 

Luego de la ceremonia, y en el camino de regreso a su lugar en la mesa presidencial, Aldana se detuvo solo una vez, para abrazar acaloradamente a la vicepresidenta Baldetti, que la recibió con una sonrisa.

 

La administración que llega

 

La nueva Jefa del MP aseguró que existen muchas prioridades en la institución: revisar el modelo de gestión penal para que los fiscales litiguen apropiadamente en los tribunales, impulsar la cobertura geográfica a nivel nacional, capacitar al personal, mejorar el método de investigación especial, y por último, atender los casos.

 

Al igual que comentó en las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, en la semana que transcurrió desde que fue nombrada por Pérez Molina, Aldana consideró que debe estudiar los expedientes para proporcionar información sobre el avance de los casos que atenderá en su período.

 

Sobre el proceso abierto por genocidio, la Fiscal General volvió a repetir el discurso ya memorizado: “Tengo conocimiento del caso a raíz de lo que he visto y escuchado en los medios de comunicación. Lo revisaré y plantearé la postura del Ministerio Público”.

 

Preguntada sobre el tiempo que tardará en revisarlo, Aldana demandó “paciencia”. “El expediente está planteado ante los órganos jurisdiccionales y sería inapropiado opinar. Solo quiero que el país logre una paz firme y duradera”, aseguró.

 

Los asistentes al acto

A la ceremonia llegaron ayer magistrados de la CSJ y del TSE, rectores, alcaldes, gobernadores, jueces y personalidades como Iván Velásquez, comisionado de la CICIG; el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar y el de Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el expresidente Marco Vinicio Cerezo y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling.

 

Casos relevantes
El Ministerio Público (MP) investiga una serie de casos de relevancia nacional pendientes de juicio. Por ejemplo, destacan aquellos contra jefes ediles, presuntos asesinos y narcontraficantes. También otros que involucran crímenes contra mujeres.

 

 

Eduardo Villatoro Cano fue capturado en México en octubre de 2013, lo sindican de matar a ocho policías.

 

 

Roberto Barreda es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza.

 

 

Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, fue detenido y acusado de  lavado de dinero.

 

 

El exmilitar retirado, Efraín Ríos Montt debe regresar a tribunales en enero de 2015 por el delito de genocidio.

 

Las incógnitas del equipo que rodeará a Aldana

La Fiscal General solo ha confirmado a cuatro de las “seis o siete” personas que afirmó desempeñarán cargos de confianza en el MP. Estos son sus perfiles:

 

JOSÉ AQUILES LINARES MORALES
Secretario de Asuntos Internacionales

Magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fue asesor de la Vocalía VII del Organismo Judicial, Cámara Civil. Primer Viceministro de Trabajo y Previsión Social y exmiembro del Tribunal de Honor del CANG.

 

ROTTMAN PÉREZ
Secretario de Política Criminal
Subdirector de Defensorías del Procurador de Derechos Humanos (PDH), anteriormente trabajó en la Fundación Sobrevivientes y como abogado y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

CARLOS RUIZ PRADO

Secretario General

Ruiz Prado fue director de presupuesto del Organismo Judicial y Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

 

Carmen Quintela

 

http://elperiodico.com.gt/es/20140518/pais/247606/

 

OFELIA DEL CARMEN GONZÁLEZ JÁCOME

Secretaria Privada

Fue asesora de la Vocalía VII de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Thelma Aldana. En la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial.

Casos pendientes de investigar en el Ministerio Público

 

En distintas agencias del Ministerio Público (MP) destacan algunas investigaciones abiertas en Fiscalías como la de Delitos Contra la Vida, Lavado de Dinero y Narcotráfico, Derechos Humanos y Contra la Corrupción que involucran a alcaldes, actuales ministros y a presuntos asesinos de policías.

Asimismo están pendientes pesquisas para esclarecer la desaparición de Cristina Siekavizza y la muerte de la abogada penalista, Lea de León.

 

Entre los casos de corrupción se puede mencionar el del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, separado del partido oficial, quien junto a su colega de San José del Golfo, Fidelino Palencia, están acusados de prestarse dinero entre sí de manera irregular.

 

Así como una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y 11 funcionarios de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), quienes están señalados de haber incurrido en anomalías al no licitar un contrato, de Q44 millones, que se adjudicó a una empresa brasileña para realizar dos estudios de factibilidad relacionados a la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

 

Otro caso de Alto Impacto es la desaparición de Cristina Siekavizza, ocurrida el 7 de julio de 2011, en el cual, los acusadores solicitaron que se juzgue en un tribunal de femicidio.

 

Además está abierta una causa penal contra Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien junto a 17 personas, está sindicado de asesinar a ocho policías en la Subestación de Salcajá, Quetzaltenango y de realizar secuestros y sicariatos en Huehuetenango.

 

Por la muerte de la abogada penalista Lea de León se encuentra detenido Jairo Hernández, quien enfrentará juicio. Sin embargo, no se ha encontrado al autor intelectual del crimen.

 

Las de narcotráfico y lavado

 

En el MP quedan pendientes investigaciones contra cabecillas de estructuras de narcotráfico y lavado de dinero.

 

Por ejemplo, la abierta contra Jairo Orellana capturado, el 15 de mayo, en un operativo en Zacapa donde murieron dos personas. Investigaciones estadounidenses lo colocan como uno de los principales narcotraficantes del país, por lo que lo solicitan para que sea juzgado en ese país.

 

Así como el proceso para extinguir diez fincas, ubicadas en San Marcos, a Juan Ortiz Chamalé, requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína y otro que busca confiscar al expresidente, Alfonso Portillo, €2 millones 833 mil y varios inmuebles de su propiedad.

 

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, además anunció que este organismo internacional y el MP tendrían que investigar el financiamiento de las campañas políticas con miras a la próxima contienda electoral y el contrabando que existe en las aduanas.

 

Otro proceso relevante es el que el MP sigue contra Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, que se encuentra estancado luego de que más de 50 magistrados de las Salas de Apelaciones no han querido resolver sobre una posible amnistía que pretenden los abogados defensores.

 

El MP deberá decidir entre continuar con este caso o plegarse a los defensores y optar por un “perdón judicial”. El Tribunal B de Mayor Riesgo fijó para el 5 de enero del próximo año el reinicio del juicio, aunque según los defensores el proceso debe regresarse a noviembre de 2011 por errores de procedimiento.

 

Otto Pérez Molina fue mencionado en el juicio contra Ríos Montt como supuesto perpetrador de torturas durante esa época.

 

El otro caso destacado vincula al exdirigente policial, Pedro García Arredondo, acusado de dirigir y planear la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980 donde murieron 37 personas, entre campesinos y trabajadores españoles de esa sede diplomática.

 

Más procesos
Estos también son casos relevantes en el MP:

 

1) El de la diputada de Lider, Julia Maldonado, acusada de malversar Q3.9 millones cuando fue directora de Conjuve en el gobierno pasado.

 

2) Contra Gustavo Herrera, supuesto negociador del gobierno, quien tiene tres procesos abiertos por lavado de dinero en el IGSS.

 

3) Por la construcción de Hidroeléctricas en San Marcos, Huehuetenango y San José del Golfo. En este proceso ha habido capturas de líderes comunitarios.

 

4) El relacionado con Alberto Rotondo, ex jefe de seguridad de la Mina San Rafael, quien es sindicado de ordenarle a sus subalternos que dispararan contra pobladores descontentos con el proyecto.

 

5) La extinción de bienes del supuesto narcotraficante Mauro Salomón, quien está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos.

 

Clausurados
>Abogados defensores de Pedro García Arredondo esperan que se aplique una amnistía a este caso y otros relacionados con el conflicto armado y que estos sean clausurados. García Arredondo fue condenado a 70 años por la desaparición de Edgar Enrique Sáenz Calito.

 

Álvaro Montenegro  

 

http://elperiodico.com.gt/es/20140518/pais/247606/

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