Afectados por hidroeléctrica Chixoy piden plan de reparación

Afectados por la construcción del embalse de la Hidroeléctrica Chixoy, construida a principios de la década de 1980, manifestaron ayer frente a la Casa Presidencial para denunciar “la falta de voluntad del Gobierno” para firmar el acuerdo que dé vida al plan de reparaciones consensuado con la administración anterior en el 2010.

“Manifestamos nuestro rechazo y repudio porque el Gobierno ha dilatado el proceso y el presidente aún no firma el acuerdo gubernativo”, afirmó Juan de Dios García, representante de las comunidades entre Quiché, Alta y Baja Verapaz.

Descarta resarcir

El presidente Otto Pérez Molina descartó el pago de resarcimiento a las víctimas al afirmar que eso “tiene que ser autorizado por el Congreso”.

“Darles el dinero a ellos no lo puedo disponer yo, porque podría dar, entonces, a cualquiera que yo dispusiera que hay que resarcirlo”, afirmó en la Casa Presidencial, después de juramentar a cinco gobernadores.

Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, indicó que se propondrá a los afectados incluir la construcción de infraestructura para sus comunidades mediante un acuerdo gubernativo y se redactaría una iniciativa de ley que debería aprobar el Congreso, para el pago de resarcimiento a las víctimas.

Sin embargo, los pobladores rechazan cualquier medida que no sea el cumplimiento del plan de reparaciones del 2010 y revelaron que incluso hay conversaciones con países cooperantes para que, al igual que EE. UU., limiten la ayuda a Guatemala hasta que se cumpla el compromiso.

Prensa Libre dio a conocer en enero último que EE. UU. condicionó la ayuda a Guatemala este año, a cambio de que se indemnice a las víctimas de la represa.

Caso polémico

Q1 mil 200 millones costaría resarcimiento.

La construcción de la Hidroeléctrica Chixoy perjudicó  a 33 comunidades.

11 mil 833 pobladores fueron afectados.

Para construir el proyecto habrían sido ejecutadas unas 434 personas.

Los sobrevivientes se mantienen en medio de la pobreza.

A finales de enero, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que establece que ese país no podrá votar a favor de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para Guatemala, sino muestra progresos en los procesos de adopciones y el resarcimiento de cerca de 6 mil familiasdamnificadas con la construcción de la hidroeléctrica.

POR SERGIO MORALES
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