“Creo que el Presidente tiene el respaldo de una parte del sector privado que necesita que siga ahí”

El excanciller y coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Edgar Gutiérrez, se mostró contrario a la posibilidad de ampliar el período presidencial, e indicó que no se necesita generar incertidumbre en la población. Asegura que si a la par de una reforma de este tipo no hay otros avances, los funcionarios en el poder estarán administrando una crisis.

¿Es ahora el momento de hacer una reforma constitucional para prolongar el mandato presidencial?

 

– La Constitución merece una actualización, pero esta reforma no implica tocar ni los derechos humanos ni la forma de gobierno. Queda un gran continente para fortalecer el Estado y procurar que tenga más autoridad, así que no debe tocarse el mandato presidencial. En este momento no necesitamos mover estas arenas que pueden generar incertidumbre y ser una señal negativa para la democracia.

 

¿Qué base le da a la idea de prolongar el mandato?

 

– Yo no entiendo el sustento legal. En 2012 el Presidente llamó a un grupo de ciudadanos, incluyéndome, para discutir una propuesta de reforma de la Constitución, y en algún momento se habló de este tema. Todos concluimos que no era posible.

 

¿Quiénes fueron los que se reunieron?

 

– Éramos tres personas de afuera: el exvicepresidente Eduardo Stein, Mario Fuentes Destarac y yo. Además, un diputado oficialista, Oliverio García Rodas, el actual canciller, el secretario de la Paz y el entonces ministro de Finanzas.

 

¿Y quién sugirió el tema?

 

– En alguna reunión salió el tema. Se discutió, y ahí recuerdo que el que fue tajante fue Oliverio García Rodas. Dijo: “Eso no se puede. Si se pretende esto se cae en un delito y ya no se está reformando, sino que se está rompiendo la Constitución”.

 

¿De parte del Gobierno se mostraron a favor de la propuesta?

 

– Todos contemplaban la posibilidad, pero no pasó. Nunca se puso en la propuesta, se desechó y se le explicó al Presidente.

 

¿Y por qué salió de nuevo el tema, esta vez?

 

– (Se encoge de hombros). Eso si no lo sé.

 

Varios han asegurado que es una cortina de humo …

 

– Yo no veo cortina de humo. El Presidente se convenció o le convencieron de que era factible y necesario hacerlo. No solo legalmente, sino también políticamente. No sé si al día de hoy sigue creyéndolo, tal vez ya no.

 

¿Qué intereses podría haber detrás de esta idea?

 

– Además del Presidente, los diputados se ahorran una campaña inmediata, tienen dos años más de gestión, sacando leyes a la medida de los intereses de cada sector. Los alcaldes mayor obra y de manejo presupuestario. Y los magistrados, cinco años más.

 

¿Qué otros países han aplicado reformas de este tipo? ¿y cuál es la experiencia que se ha tenido?

 

– He visto reformas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero van contra el statu quo. Es la primera vez que se crea para mantenerlo. Es muy extraño porque justamente la sociedad pide un cambio: no está de acuerdo con un Congreso que vende leyes, quiere un Gobierno más activo en seguridad, programas sociales. Si tienes una reforma basada en el statu quo no vas a tener masas apoyándote. Hacerla de espaldas a la sociedad no tiene sentido.

 

¿En qué beneficiaría esta reforma a otras instituciones, como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia?

 

– Desde el punto de estabilidad de las instituciones, ayuda, pero si a la par de esto uno no promueve carrera, no mejora el servicio civil y no se fortalece financieramente al Estado, tienes a cientos de funcionarios administrando crisis.

 

¿Qué aliados tiene el Gobierno para llevar a cabo esto?

 

– Los aliados potenciales se le están desgranando. De los alcaldes no hemos escuchado. El CACIF salió diciendo que estaba en contra aunque luego se vio que había divisiones. Si tomamos estos primeros movimientos como un primer referéndum con las elites para pasar a un segundo referéndum con las masas, el Gobierno está perdiendo.

 

En una columna en este diario afirmó usted que el proyecto debería contar con financistas privados para resultar viable. ¿A qué atribuye este financiamiento?

 

– En el Congreso no pasa un decreto si no les dan plata a los diputados. Yo tengo la hipótesis de que el Presidente tiene respaldo de una parte del sector privado que necesita que siga ahí para que sus inversiones cristalicen. Creo que son principalmente inversiones en el área energética, explotación de recursos naturales.

 

¿Y ellos sí podrían actuar como financistas?

 

– Exacto.

 

¿La reforma podría aprobarse?

 

– Tendrían que ser 105 votos del Congreso para una consulta popular, y tendría que ser este año. Los juristas dicen que si llegase a haber una reforma del período presidencial, esta no es retroactiva, sino que se aplicaría para el próximo presidente.

 

CARMEN QUINTELA

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140609/pais/248866/

 

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