Marcha campesina pide que se realice consulta popular

Los manifestantes caminaron ayer desde El Trébol hacia el Centro Histórico para hacer sus peticiones.

La empresa cementera negó que se estén dañando los recursos naturales donde se construye la obra.

Miles de pobladores kaqchikeles de las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez caminaron del Trébol a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para rechazar la construcción de una cementera y de un anillo regional que se encuentra en construcción. Los manifestantes iniciaron la marcha el lunes a las cuatro de la mañana.

 

Isaías Boror, líder de los campesinos, aseguró que los terrenos donde pasará la carretera “están siendo despojados ilegalmente a sus propietarios por la empresa Cementos Progreso, que será la única beneficiada con la obra”.

 

El grupo originario de San Juan Sacatepéquez interpuso un amparo contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, para que la Corte Suprema de Justicia lo obligue a realizar una consulta comunitaria en la que los pobladores voten si desean o no que se construya la carretera. Ellos aseguran que tienen tres años de solicitarle lo mismo a esa instancia.

 

Daniel Pascual, acompañante de la caminata y dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), aseguró que intentaron desacreditar la manifestación echando a andar rumores sobre su posible connotación violenta, “pero se demostró que fue pacífica”. También recordó que una relatora de Pueblos Indígenas de la ONU estableció que la cementera no debía instaurarse.

Responden 

Cementos Progreso emitió un comunicado en el que se pronunció sobre los señalamientos vertidos por los manifestantes: “Para la construcción del tramo del Anillo Regional que pasará por San Juan Sacatepéquez se han comprado los terrenos a sus legítimos propietarios sin que medie un “despojo ilegal” como malintencionadamente se señala. Quienes irracionalmente se oponen a este proyecto del Gobierno pretenden dejar incomunicados a cerca de 600 mil”.

Además detallaron que “actualmente trabajan en el proyecto 1,200 personas, de las cuales 750 son vecinos de las comunidades. Entre muchas otras actividades, con el programa Capacitación en Progreso hemos formado técnicamente a 3 mil 500 personas”.

La cementera agregó que “son totalmente infundados los temores que se pretenden sembrar respecto a que acabaremos con las fuentes de agua. Al contrario, desde nuestra llegada en 2007, hemos rescatado las cuencas hídricas al haber sembrado junto con la comunidad 2.5 millones de árboles y contamos con un vivero con capacidad de producir anualmente 500 mil árboles”.

Los manifestantes también entregaron en el Ministerio Público un memorial a la fiscal general, Thelma Aldana, para que se detenga la criminalización de la protesta contra la cementera, ya que se han abierto 47 procesos penales contra los dirigentes comunitarios y van 62 personas detenidas.

Álvaro Montenegro

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140618/pais/249430/

 

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