Cementos Progreso mantendrá diálogo con comunidades

La empresa aclaró que en el área no existe expropiación y contaminación de la zona. 

Cementos Progreso salió al paso de las críticas vertidas contra el proyecto San Gabriel, ubicado en San Juan Sacatepéquez. La cementera manifestó su interés por mantener el diálogo con las comunidades para evitar enfrentamientos en la zona.

 

De acuerdo con la empresa el acercamiento con las comunidades ha sido por medio del Sistema Nacional del Diálogo y se ha invitado a unos 4,300 vecinos a conocer la Planta de San Miguel en Sanarate para conocer el proceso de elaboración del cemento.

 

La firma respondió así a la marcha que realizaron el pasado lunes las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, en rechazo a la construcción de una fábrica de cementos y un anillo regional.

 

El gerente general de la empresa, José Raúl González, explicó que la solicitud de una consulta popular debe ser resuelta por las autoridades. “No tenemos una opinión al respecto, porque eso depende del Gobierno”, manifestó.

 

En cuanto a los señalamientos de expropiación, González manifestó que las aproximadamente cien hectáreas de tierra fueron compradas a propietarios particulares, y que de ellas solo un siete por ciento será destinado a la operación industrial, por lo que el resto es bosque.

 

Agregó que “el proceso de fabricación de cemento es por la vía seca. No utiliza agua en la producción. Se utilizará para el consumo humano y para el enfriamiento del equipo”, por lo que “no existe contaminación en el recurso hídrico” y cumple con un plan de reforestación, a la fecha se han sembrado 2.5 millones de árboles.

 

El gerente de la cementera aclaró que el tramo carretero es parte de un anillo regional de 419.5 kilómetros, y que la empresa donará un tramo de 14.5 kilómetros, la cual será de uso público.

 

El líder campesino, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, sostuvo que la empresa cementera no es quien debe decir si se están realizando despojos y expropiaciones, sino el Ministerio de Comunicaciones. Además, Pascual sostiene que el Congreso no ha establecido que la carretera sea de interés nacional, porque a su juicio solo beneficia a la empresa.

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