Familias desalojadas reclaman reubicación digna

Sin las condiciones mínimas para vivir, sin electricidad, agua, sistema de alcantarillas y letrinas fueron reubicadas, el 5 de agosto último, en la finca Sactelá, Cobán, Alta Verapaz, 110 familias que fueron desalojadas del Valle del Polochic en marzo del 2011, denunciaron ayer organizaciones sociales.

La alegría de tener por fin una porción de terreno propio para vivir se desvaneció incluso antes de llegar a la aldea ese día, ya que debido a la lluvia el camino de acceso estaba intransitable y los campesinos tuvieron que caminar en medio del lodo con todas sus pertenencias.

Al llegar el panorama  fue desalentador y hasta hoy las familias permanecen en condiciones no aptas para vivir, según las denuncias.

“Se exige a las instituciones que vayan a apoyar a la gente allá y no los dejen sin nada. El agua es urgente, la gente se puede enfermar, y ancianos o niños se podrían morir”, expuso Johana Van Strien, de la organización Oxfam.

Afirmó que  las familias han tenido que ir por agua al río Sactelá y algunas personas se han enfermado de diarrea, por lo que  piden la presencia de una brigada del Ministerio de Salud y solucionar la falta de agua potable en la comunidad.

Hacen trabajos

Miguel Cardona, director de Investigación de la Secretaría de Asuntos Agrarios, aseguró que las autoridades trabajan para dotar de agua potable cuando antes a las familias y que el sistema de distribución estará listo en tres o cuatro meses.

Refirió que se les dio vivienda temporal por un monto de Q541 mil, mientras que las letrinas están en construcción.

EXIGENCIA

Grupos piden tierras

Treinta y dos organizaciones de ocho países de Latinoamérica exigieron ayer, a través de una carta dirigida a los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y de Guatemala, Otto Pérez Molina, la restitución de tierras quitadas a   campesinos.

En Guatemala aún están pendientes de ser reubicadas 629 familias desalojadas  de una finca privada del Valle del Polochic en la cual trabajaron por décadas. El resarcimiento fue ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

POR SERGIO MORALES /
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