Aunque el Congreso aún no recibe el proyecto de ley para regular el uso y contenido de las redes sociales, las opiniones han comenzado a dividirse y la oposición política adelanta su rechazo a un supuesto intento oficialista por controlar los mensajes digitales
Se prevé que la iniciativa para el control de contenidos ingrese por medio de enmiendas a la iniciativa 4054, que dispone aprobar la ley contra el cibercrimen. Este proyecto fue presentado en el 2009 por el entonces diputado Mariano Rayo y José Alejandro Arévalo.
En los 66 artículos del proyecto figuran varios que crean los delitos de difamación especial cometida a través de medios electrónicos, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de cinco mil veces el salario mínimo vigente.
Otros delitos propuestos hace cinco años y en los cuales se adecuarían los nuevos es la injuria pública, cometida a través de medios informáticos; los crímenes y delitos que atenten contra los intereses fundamentales y seguridad de la Nación, así como terrorismo a través de medios electrónicos.
Según el subjefe del bloque oficialista, José Fernández, cuando llegue la iniciativa al Congreso, el Partido Patriota (PP) la hará propia para intentar incluirla en una próxima agenda de trabajo para su aprobación inmediata “y garantizar la integridad de los guatemaltecos”.
Para bancadas de oposición, la propuesta no es urgente y, en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), descarta los votos a favor de esta nueva normativa.
El respaldo político a una iniciativa que restrinja contenidos multimedia también fue rechazado por la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), porque de acuerdo con el diputado Leonardo Camey, coarta la libertad de expresión.
Fines políticos
El intento de regular contenidos de redes sociales es visto como necesario en países de Europa y Sudamérica que ya tienen han legislado, pero en el país la intención podría obedecer a fines políticos, según la opinión de expertos en redes sociales y tecnología.
Juan Carlos Guzmán, del Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, explicó que, además de protegerse los partidos políticos con la pretendida legislación, se estarían vulnerando libertades individuales.
“El crear regulaciones al tema del internet sería vulnerar la democratización del medio, y lo que se busca es proteger al partido político de cualquier mensaje que se vuelva viral y de alguna manera afecte en su imagen, y eso no tiene fines nobles, sino políticos”, expuso Guzmán.
Según Sergio Morataya, experto en redes sociales, las campañas negras desde las redes sociales son un hecho que ya preocupa a todos los partidos políticos, y de ahí surge la necesidad de que se regulen los contenidos que bajo el anonimato vulneran la privacidad y seguridad de las personas, en particular menores de edad.
La vicepresidenta Roxana Baldetti señaló anoche en un comunicado la necesidad de regular la aplicación Secret “debido a que fomenta la difusión de pornografía infantil, violencia sexual y psicológica, el rumor y el desprestigio” en el país.
Exhortó a padres de familia a apoyar la regulación y a los diputados a que presenten una iniciativa que castigue los cibercrímenes.