Mínimo uso de ley contra corrupción

Han pasado 20 meses desde que el Congreso de la República aprobó el decreto 31-2012, que le dio vida a la Ley contra la Corrupción, pero a los tribunales han llegado solo tres casos basados en las nuevas figuras legales planteadas en dicha norma, a pesar de que la cantidad de denuncias de posibles actos anómalos abundan.

CIUDAD DE GUATEMALA- Entre las causas de la poca aplicación están que recién han comenzado las auditorías de la Contraloría General de Cuentas que cubren el período posterior a la aprobación, y la poca experiencia de fiscales y jueces en la aplicación de los nuevos delitos tipificados.

La Ley contra la Corrupción, que contempla ocho nuevos delitos y aumentó las sentencias para otros, fue una luz de esperanza para muchos que pedían una herramienta jurídica específica para seguir a funcionarios corruptos.

Después de 10 años, varios intentos fallidos y muchos cambios en la propuesta inicial, la norma fue aprobada en octubre del 2012 por 120
diputados y nueve votos en contra. Treinta días después entró en vigencia.

La normativa, en la que se hicieron reformas al Código Penal, incluye los delitos de nombramientos ilegales, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, testaferrato, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, entre otros en los que podrían incurrir los funcionarios o empleados públicos.

Más de año y medio después, al Organismo Judicial han llegado solo tres casos —uno de ellos fue desestimado— por los delitos que se crearon con la Ley, entre ellos enriquecimiento ilícito y testaferrato, aunque actualmente en el Ministerio Público (MP) hay casi cien denuncias.

En los registros judiciales sí aparecen casos ingresados por delitos que ya existían pero cuyas posibles penas fueron aumentadas, como en el cohecho activo o peculado.

Hay denuncias

Según datos proporcionados por la oficina de prensa del MP, de enero del 2013 a la primera semana de agosto último habían ingresado 93 denuncias por los nuevos delitos que contempla el decreto 31-2012: incumplimiento del deber de presentar la declaración jurada, falsedad en declaración jurada patrimonial, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y obstaculización a la acción penal. Este último es el más denunciado, con 36 casos. Le siguen el tráfico de influencias, con 23, y enriquecimiento ilícito, con 13. El que menos se ha denunciado en el MP es el testaferrato —registrar bienes o recursos a nombre de otra persona, con el fin de ocultarlos—, con solo dos.

Recién nombrado

Alexander Villeda es el nuevo fiscal contra la Corrupción, por decisión de la fiscal general, Thelma Aldana, y lleva una semana en su nuevo puesto. Anteriormente era fiscal de Celitos contra el Ambiente.

Villeda explicó que las 93 denuncias fueron presentadas en todo el país y que a ellos solo les han llegado 10 de delitos que contempla la nueva normativa.

“Puede que estén con fiscales de los departamentos y sean ellos quienes los estén llevando en fiscalías comunes, o puede ser que estén vinculadas a otros delitos como secuestro, por ejemplo, y sea la Fiscalía del Crimen Organizado que lo lleve”, afirmó Villeda.

Añadió que les están dando prioridad a los expedientes que tienen asignados.

“Nosotros tenemos en investigación nueve casos. Uno era por tráfico de influencias, pero ya se resolvió que no procedía”, indicó el fiscal.

Este último caso es uno que se inició contra el diputado Carlos Enrique López, de Quiché, a quien se acusaba de que, aprovechando su posición, influyó en el Juzgado de Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché para que amparara en forma provisional al alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, con el fin de evitar que se repitiera la elección municipal.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del diputado y negó el trámite del antejuicio solicitado.

Villeda refirió que tres investigaciones —incluida la efectuada contra López— fueron presentadas en un juzgado y aún así el porcentaje es bajo.

“Tres de 10 han llegado. Es el 30 por ciento. Sí se puede decir que es bajo, pero para eso vine y por eso me nombraron, y creo que podré aumentar esa cifra”, aseguró el fiscal.

Los otros dos casos que ya se conocen en un juzgado es una denuncia contra un exalcalde de Quiché, por falsedad en declaración jurada patrimonial, y el otro, por testaferrato, por sobrevaloración en compras de un ministerio, soportadas con cotizaciones falsas.

El fiscal dijo que espera que en estos casos se logre una sentencia favorable a la lucha contra la corrupción.

Debilidad

El diputado Amílcar Pop comentó que presentó una denuncia en el MP por enriquecimiento ilícito y que si este no puede demostrar ese delito es porque hay debilidad institucional o falta de capacitación de los fiscales para efectuar pesquisas de este tipo.

“La ausencia de expedientes en la persecución penal demuestra falta de capacitación, aunque es cierto que tienen dificultades, por el secreto bancario, pero eso no justifica el pobre avance en las investigaciones”, opina Pop.

Añadió que existen algunos grupos en el MP y en el OJ cooptados por redes de corrupción.

NI UNA SENTENCIA

La Contraloría General de Cuentas ha presentado en los últimos cuatro años, en el Ministerio Público, denuncias por irregularidades en el manejo de Q5 mil 280 millones.

Según datos que el MP proporcionó a la Comisión de Apoyo al Sector Justicia del Congreso, la Contraloría ha presentado 489 denuncias en 12 años pero no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria. Además, solo 36 casos han llegado a la fase intermedia en las fiscalías contra la Corrupción y Delitos Administrativos.

Omar Ricardo Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho y capacitador de jueces en la Ley contra la Corrupción, considera que al Ministerio Público le faltan “recursos logísticos y académicos” que puedan entender la corrupción desde adentro de las instituciones.

“La Fiscalía contra la Corrupción debería tener expertos en administración pública, porque las redes de corrupción son complejas; personas que hayan estado dentro del Estado para saber cómo los corruptos burlan el sistema”, indicó Barrios.

COMENTARIOS

“Tenemos en investigación nueve casos. Uno era por tráfico de influencias”, Alexander Villeda,   fiscal contra la Corrupción.

“La ausencia de expedientes en la persecución penal demuestra falta de capacitación”.Amílcar pop, diputado.

Reporte de bienes -Declaración jurada-

El  delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada se comete al no presentar la declaración 60 días después de haber tomado posesión. La multa depende del tiempo de atraso.

Cómplices -Testaferrato-

El delito de testaferrato lo comete la persona individual o jurídica que colabore en la comisión de delitos de la Ley contra la Corrupción.  La pena es de cinco a 10 años de prisión y una multa   de hasta Q500 mil.

Datos incompletos o distorsionados -Falsedad de declaración-

El delito de falsedad de declaración jurada lo comete el funcionario o servidor público  que  miente en la declaración en la Contraloría. La pena es de dos a seis años de prisión y multa de Q25 mil a Q200 mil.

Uso ilícito de potestades -Tráfico de influencias-

Lo comete la persona que por sí misma o intermediaria influya en funcionario o empleado público por su jerarquía, amistad o cualquier motivo, para lograr un fin.

La pena es de dos a seis años de cárcel.

Saqueo del erario -Enriquecimiento ilícito-

El delito de enriquecimiento ilícito lo comete el funcionario o exfuncionario, hasta después de cinco años de haber obtenido el beneficio patrimonial. La sanción es de cinco a 10 años y multa de hasta Q500 mil.

Intermediación al asignar obras -Cobro de comisiones-

Cobro ilegal de comisiones lo comete la persona que gestione, solicite o reciba de manera indirecta  una comisión para obtener una obra pública.  La pena es de cinco a 10 años de cárcel y una multa de hasta Q500 mil.

Beneficiados ilegalmente -Particulares-

Enriquecimiento ilícito de particulares lo comete quien sin ser funcionario administre bienes públicos y obtenga beneficios. La sanción es de cuatro a ocho  años de prisión y multa de hasta Q500 mil.

Bloqueo a investigación -Obstaculización-

El delito de obstaculización a la acción penal lo comete  quien evite proporcionar medios de prueba a los órganos de justicia. La pena es de
tres a seis años de prisión, además de inhabilitación especial.

DATO

93 Denuncias basadas en la nueva Ley contra la Corrupción ha recibido el MP.

10 Casos se encuentran en la Fiscalía contra la Corrupción, de los 93 presentados.

POR LUIS ÁNGEL SAS
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