Amplían estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez

Cinco garantías constitucionales continúan restringidas en la zona de conflictividad social de San Juan Sacatepéquez, al haberse prorrogado por 15 días  el estado de Prevención, según dio a conocer ayer el presidente Otto Pérez Molina.

Entretanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)  afirma que las deudas, rencillas, grupos paramilitares, comercialización de terrenos, pobreza extrema y proyectos privados en ejecución son algunas de las causas de los conflictos sociales, que son una “bomba de tiempo” en al menos nueve comunidades sanjuaneras —Las Trojes 1, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, Lo de Ramos, Guamuches, El Pilar 1 y 2 y Cruz Blanca—.
La Iglesia Católica también se mostró preocupada por la conflictividad social en esa región.

La desinformación es la que ha contribuido a que exista “aberración” a cualquier proyecto que impacte en el desarrollo de al menos nueve comunidades sanjuaneras.

El Gobierno decidió prorrogar  por 15 días más el estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez,  en donde el 19 de septiembre pasado ocurrió un enfrentamiento en la comunidad Los Pajoques, que dejó ocho personas muertas, por considerar que “no hay condiciones” para levantar la medida para retirar parte de la fuerza pública, dijo Pérez Molina.

Anarquía

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, refirió en entrevista con Prensa Libre  que en el análisis que ha hecho la institución se logró determinar que en 1999 se inició el conflicto social, no solo en las comunidades de San Juan Sacatepéquez, sino en otras del país, con la creación de las juntas locales de seguridad, las cuales han cometido abusos de toda índole contra los pobladores.

“Al delegar esa facultad se generó una anarquía para que los grupos se pusieran capuchas y   se declararan como autoridad en ese lugar; allí empieza el desastre”, afirmó.

De León Duque detalló que a partir de entonces surgieron acusaciones entre dos grupos, en donde se menciona el nombre de un militar —Hugo Tulio Búcaro— que entrena a las personas y que forma un grupo paralelo.

Militar denunciado

En el caso de Búcaro, este matutino tuvo acceso a una denuncia en su contra que fue presentada el 27 de junio del 2008, en la PDH, la cual fue cerrada debido a que el accionante no se presentó a una audiencia a la fiscalía del municipio.

El denunciante señala haber sido amenazado de muerte por el coronel Búcaro, quien les dijo a los pobladores que la cementera iba a destruir las comunidades, que se iban a secar los árboles y que los niños quedarían calvos; y que atemorizó a las comunidades porque a él la empresa no le compró su propiedad, se lee en la denuncia.

En el mismo expediente aparecen denunciados Amílcar Pop —presidente de la Asociación de Abogados Mayas  en ese entonces—, la abogada Carmela Curul Chajón —de la entonces Comisión Presidencial para los Derechos Humanos—, Mario Samper, Juan Zet y Oswaldo Car García, todos opositores al proyecto de la cementera, dice el denunciante.

Deudas a jornaleros

El procurador agregó que otra causa  es la deuda que los productores de flores adquirieron con sus jornaleros, debido a que se vieron afectados por el incendio en La Terminal, zona 4, ya que desapareció el punto de distribución de sus productos, lo cual les causó pérdidas.

Esto agravó la situación en las comunidades, debido a que los productores se descapitalizaron y los jornaleros se vieron obligados a   trabajar en la cementera porque sus patronos no les pagaban.

Los jornaleros fueron tachados de “traidores” e intimidados para que desistieran de continuar trabajando con esa empresa.

El lunes recién pasado se intentó obtener la versión del presidente de la Asociación de Floricultores Sanjuaneros,  Celestino Turuy, pero se informó que  se comunicaría con Prensa Libre, lo cual no hizo.

Venta de terrenos

Ante la descapitalización, algunos productores vieron como alternativa vender sus terrenos para la construcción del Anillo Regional.

Esta medida generó más rencillas entre los jornaleros y sus patronos, porque aquellos les  recriminaban  que también eran “traidores” al haber vendido  terrenos para el derecho de vía de la carretera.

En la mayoría de los casos, para evitar ser señalados, los dueños de las propiedades triangularon la venta, a fin de  que la última persona en adquirir el bien fuera quien lo vendiera   a la cementera.

Miguel Ángel Cabrera, viceministro de Comunicaciones, precisó que la cementera es la que adquirió los derechos de vía y que estos serán donados al Estado cuando se termine la carretera.

Se intentó obtener la versión de la empresa cementera, pero la gerente de Comunicación, María Olga Rosales de Valdés, indicó que Eduardo Aguirre, gerente de Relaciones Institucionales, se comunicaría con Prensa Libre, pero tampoco lo hizo.

Proyectos

A esta mezcla de fenómenos sociales en esas localidades se suma  el proyecto de la cementera, el cual “genera  algunas dudas”, según De León.
Esta situación agudizó los señalamientos entre los grupos que están a favor y los que están  en contra de su instalación.

Lo que  agravó la conflictividad fue el proyecto del Anillo Regional, pues  dividió aún más a la población.

“Esta división, en este marco de la anarquía espantosa como consecuencia de estos grupos que han actuado ilegalmente, se convirtió en un caldo de cultivo para enfrentarse, en donde unos dicen que los que se ponen las capuchas son algunos líderes, y otros, que es el crimen organizado; otros, que es un grupo que fue entrenado por militares. En fin, hay sendas acusaciones de todos los grupos”, aseveró el procurador.

Añadió que también es  causa del conflicto    que el Gobierno no haya informado adecuadamente sobre la construcción de la carretera.

Otro proyecto que aparece es la implementación del Instituto de la Flor, con el propósito de tecnificar la producción de flores, pero   no ha sido ejecutado.

Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, indicó que el Gobierno sabe que la  cementera tiene contemplada la ejecución de un proyecto para el mejoramiento del cultivo de las flores, con la finalidad de aumentar los ingresos de los productores.

Masacre ligada a líderes

Balcárcel  dijo que 60 días antes de los hechos registrados el viernes 19 de septiembre, donde murieron ocho personas, fue asesinada una persona que había vendido una parte de su terreno, y al momento del ataque le robaron el dinero que había recibido por la propiedad.

Afirmó que esa masacre   está relacionada con los líderes que exigieron la lista  de las personas que habían vendido sus terrenos para el derecho de vía para la construcción de la carretera, a quienes califican de “traidores”

Balcárcel detalló que  los pobladores están amenazados por líderes comunitarios, y por ello tienen que buscar la forma de trabajar en la cementera sin ser descubiertos.

En cuanto al Anillo Regional, indicó   que el Gobierno ha  dado información amplia de dónde pasará.

Gobernación

Se reduce contingente

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que después de los dos estados de Prevención se reducirá el contingente, pero se garantizará la presencia de la fuerza pública en el área para que no vuelva a ocurrir otra situación lamentable.

“Hemos tenido acercamientos con la gente, tenemos solicitudes para estar permanentemente en el área como fuerza pública, pero ahora el comisionado del Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, establecerá las bases para retomar el diálogo en el lugar y desarrollar un proceso de estabilización”, explicó el ministro.

Agregó que de 36 órdenes de captura se han ejecutado seis, porque al revelarse los nombres con la orden de aprehensión, “obviamente no se van a quedar esperando”, refirió López Bonilla.

Esas declaraciones las brindó después de haberse reunido con el nuncio apostólico, Nicolás Henry Marie Denis Thevenin, y la comisión permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, quienes manifestaron preocupación por la conflictividad en general y el caso de San Juan Sacatepéquez.-Geovanni Contreras.

Derechos suspendidos

Celebración de reuniones al aire libre

Manifestaciones y todo tipo de espectáculos

También prohíbe el derecho de huelga o paro de servicios públicos, y protestas que  afecten la libre locomoción.

Se suspende  el derecho a portar armas de fuego u objetos cortantes.

Estacionar vehículos en zonas donde se afecte el funcionamiento de servicios públicos.

Cifras

900 Empleados de la cementera  son acosados por  opositores al proyecto.

8 Muertos hubo el 19 de septiembre pasado, en Los  Pajoques.

1999 Surgen conflictos debido a la creación de las juntas locales de seguridad.

5 Mil familias sostienen su economía con la producción de flores.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ / GUATEMALA
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