Sociedad civil vigila las actuaciones de la CC

Lugo de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara los recursos de revocatoria contra la suspensión de la toma de posesión de los magistrados electos para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, diversas organizaciones civiles se han mostrado complacidas, por lo que consideran un pequeño triunfo en la lucha por la independencia judicial. Hellen Mack, del Movimiento ProJusticia, aseguró que se mantienen atentos a las próximas resoluciones que debe tomar la CC y explicó la importancia de la auditoría ciudadana. 

POR CLAUDIA PALACIOS

Hellen Mack, del Movimiento Pro Justicia, se expresó complacida de la posición que ha tomado la Corte de Constitucionalidad frente a las presiones que ha tenido por parte de varios sectores. Según la activista, la resolución de la CC en la que se rechazan las acciones que buscaban revocar la suspensión del cambio de magistratura, se vio motivada por la situación de evidentes violaciones a la Constitución durante el reciente proceso de elección de magistrados.

Mack dijo que en un primer momento las decisiones de la Corte fueron tibias y ambiguas, pero “por todo lo mismo que veníamos denunciando desde un primer momento y la cobertura que la prensa dio y aparte las denuncias en redes sociales, cuando ya eligen la lista de los magistrados, esa violación a la Constitución se concretizó (…) a los magistrados no se les eligió por idoneidad sino por intereses políticos”, acotó.

También destacó el papel importante de la auditoría ciudadana en los procesos de elección de funcionarios públicos. “En una democracia el poder de los funcionarios públicos es dado por el pueblo mismo, ya que el salario de los funcionarios proviene de nuestros impuestos y por lo tanto hay una obligación del Estado de rendir cuentas (…) como ciudadanos tenemos el derecho de exigir los derechos consagrados en la Constitución. La auditoría social se convierte en importante por eso, por la delegación que hemos puesto en los funcionarios. El funcionario debe recordar que está en función del pueblo y no de sus intereses personales”, explicó.

De acuerdo con Mack, la CC tiene la obligación de rescatar los derechos constitucionales que se violaron en el proceso de selección de magistrados y los amparos interpuestos por las organizaciones civiles y personas particulares son la sistematización de todas las denuncias hechas.

NIEGA INTERESES POLÍTICOS
En un reciente comunicado la togada Claudia Escobar, quien renunció a su cargo como magistrada electa a Sala de Apelaciones y denunció los vicios que se dieron en el proceso de selección de funcionarios, aclaró que no pertenece a ninguna organización política y que por tanto, su renuncia y posterior pronunciamiento están fundamentados en el derecho y motivada por su deseo de contribuir a la independencia judicial y en consecuencia a la confianza en la justicia.

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