Cicig investiga a la administración pública

Pese a estar en su último año en el país, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no se detendrá y continúa la investigación de entre 20 a 25 casos, en particular, sobre la corrupción generalizada en la administración pública.

Las pesquisas se extenderán al financiamiento del narcotráfico a partidos políticos, el contrabando y la  corrupción en el sistema de justicia.

En un discurso de alrededor de una hora, Iván Velásquez, jefe de la Cicig, presentó en la sede del Ministerio Público (MP) su primer informe anual y séptimo de esa entidad, en el cual destacó que una investigación consiste en  identificar actos de corrupción en la cosa pública, enfocada a detectar vínculos con estructuras criminales y denunciarlos.

El comisionado afirmó que se han identificado prácticas aparentemente  de corrupción mediante la malversación de fondos públicos, contrataciones administrativas irregulares y las circunstancias que la podrían favorecer.

De igual forma, las pesquisas se dirigen a la adjudicación de contratos millonarios a partir de la retribución de favores.

Hay mecanismos que permiten desconocer contratos con sus antecesores con el único fin de beneficiar a amigos del funcionario con las compras en el Estado.

De igual forma, la Cicig indaga sobre nombramientos de asesores y otro tipo de personal que podría considerarse su grupo de corrupción.
Velásquez explicó que esas pesquisas forman parte de siete investigaciones en las que trabajan. Sin embargo, no mencionó nombres ni alguna institución específica.

Financiamiento

En relación con el financiamiento de partidos políticos hay dos investigaciones y se analiza el resultado de los procesos de elección popular en el 2007 y  2011, específicamente en zonas geográficas donde operan organizaciones del narcotráfico.

Explicó que se han reforzado con entrevistas a pobladores que han aportado elementos para determinar nexos con los grupos.

“Surge información sobre presunta financiación ilícita y relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal”, expuso el jefe de la Cicig.

A la actividad, en el MP, en el Barrio Gerona, también asistieron los presidentes de los tres organismos del Estado: del Ejecutivo, Otto Pérez Molina;  del Legislativo, Arístides Crespo, y del Judicial, Érick Álvarez; la fiscal general, Thelma Aldana, así como delegados del cuerpo diplomático.

Sistema de justicia

El retardo malicioso para evitar el avance de los procesos penales, el uso abusivo de amparos y que algunos operadores de justicia se prestan para evitar una justicia pronta y cumplida se convierten en aspectos sobre la posible existencia de corrupción en el sistema judicial, refirió Velásquez.

La Cicig también adelanta al menos seis investigaciones para determinar la posible relación entre funcionarios  y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia, a través del poder económico o político.

Velásquez indicó que también preparan los antejuicios contra  Gisela Reynoso, jueza cuarta Penal, y Adrián Rodríguez, juez séptimo Penal, quienes podrían ser investigados por enriquecimiento sospechoso.

Pérez Molina, en su discurso, dijo que el informe presentado por el jefe de la Cicig era por demás explícito y completo.

También se mostró satisfecho por el proceso de traspaso de capacidades de la Cicig a entidades de seguridad, justicia y de investigación civil, que permitirán pesquisas con alta capacidad técnica.

Por su parte, Aldana explicó: “Hoy que la Comisión presenta su informe anual de labores, agradezco a la comunidad internacional por el acompañamiento y apoyo que brinda al MP, por medio de la Cicig, para  desarticular ciertas bandas criminales y mejorar el funcionamiento del ente investigador”.

Propuesta

Medirán la impunidad

Una de las propuestas que trabaja la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es construir un sistema de medición de la impunidad en el país.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, el objetivo de este sistema es que sea un instrumento útil para las instituciones del sector justicia.

“Será un aporte esencial también para el desarrollo de la política criminal de Estado, que ha sido uno de los pilares de la Fiscal General que impulsa en su gestión”, expresó Velásquez.

Expuso que la impunidad en la capital es inferior a la que se presenta en la provincia.

Igual forma podría darse para los delitos contra la vida que sean menores en relación con otro tipo ilícitos que se cometen.

Velásquez dijo que en este momento no se puede dar un porcentaje en concreto en relación con estimaciones de cómo se encuentra la impunidad a escala nacional.

Uno de esos factores es que las distintas agencias que luchan en favor de la justicia tienen variaciones en números de en qué nivel se encuentra la impunidad.

En el 2012, la entonces fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, afirmó que la impunidad se había reducido del 93 al 70 por ciento.

Sin embargo, expertos han señalado que es difícil obtener una medición exacta sobre ese flagelo en Guatemala, debido a que hay deficiencia estadística en las instancias del sector justicia.

Dato

70 por ciento  sería el número en que está la  impunidad en el país.

Comisionado

Crimen organizado

“El contrabando, junto con la defraudación aduanera, se percibe como uno de los grandes fenómenos de la criminalidad organizada en el país. Sus efectos sobrepasan la disminución de recaudación de recursos, y las redes de corrupción intentan amenazar la legitimidad del Estado”, expuso Iván Velásquez, jefe de la Cicig, en su presentación del séptimo informe de ese órgano.

Fiscal General

Aprovechar el apoyo

“Las entidades de justicia, como parte de la institucionalidad del Estado, tenemos la gran responsabilidad de aprovechar de manera respetuosa el apoyo que la comunidad internacional nos brinda, para consolidar nuestras instituciones, y para que en el  futuro puedan llevar a cabo su función con plena independencia y autonomía para desarticular bandas del crimen organizado”, dijo la fiscal Thelma Aldana.

Presidente

Sin descartar prórroga

El presidente Otto Pérez Molina mencionó que no descarta si el próximo año solicitarán una prórroga de dos años para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala siga en el país.

“Seguimos en la discusión con otros sectores”, dijo.

Insistió en que se debe analizar y evaluar que  las diferentes instituciones puedan investigar cada caso de alto impacto.

Cinco fenómenos criminales en la mira

Contrabando

La investigación que permitirá identificar estructuras criminales.

Se percibe  como uno de los grandes fenómenos del crimen organizado en el país.

Se hallan paso ilegal de contenedores, alteración de las características de la documentación, mercancía —peso y aranceles aplicables, entre otros— que permite un cálculo del IVA mucho menor del debido; simular la reexportación de bienes, amparándose en el régimen de maquila; concesiones de servicios portuarios con beneficiarios extranjeros y sus socios locales; combinación de mercancías con químicos y productos farmacéuticos para el ingreso de sustancias ilícitas.

Corrupción

La corrupción administrativa es alarmante en el país.

Malversación de  fondos a través de contratación administrativa irregular.

La Contraloría  General de Cuentas tiene disminuida capacidad y mecanismos de control.

Posibilidad de  reelección indefinida de alcaldes, generada mayoritariamente por el cambio de partido político.

Otorgamiento del  antejuicio a un alto número de funcionarios.

Falta de  control ciudadano a la gestión del empleado público.

Financiamiento

En ausencia de la transparencia se produce un efecto nocivo sobre la legalidad y legitimidad de las instituciones políticas del país.

Surge información  sobre presunta financiación ilícita y/o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal, y en consecuencia, la Cicig desarrolla dos investigaciones que permitirán recaudar la prueba que lleve a estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito de campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales, para poner de manifiesto esa relación político-criminal.

Judicial

Se desarrolla una línea de investigación que permitirá coadyuvar a la transparencia del sistema de justicia.

La Cicig  adelanta al menos seis investigaciones que determinarán la posible relación entre funcionarios y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia, a través del poder económico o político.

La investigación  procura verificar parámetros de legalidad, así como evidenciar la posible existencia de redes criminales que puedan estar asociadas a la  corrupción judicial.

Narcotráfico

Este flagelo  ha sido asumido como un delito precedente al lavado de activos.

En relación  con la temática sobre narcotráfico y lavado se desarrollan  al menos siete casos de investigación.

La legislación  del país  define como lavado de dinero u otros activos a aquella actividad ilícita que permite incorporar en el sistema financiero nacional o internacional recursos financieros o económicos originados en actividades delictivas.

El narcotráfico  ha sido asumido como un delito precedente al lavado. Las investigaciones  asumen el  tráfico de drogas como una fuente de activos para el lavado.

Los casos

Otras investigaciones que la Cicig tiene en marcha.

Trabaja en  los informes por pesquisas sobre trata de personas con fines de explotación sexual, violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad.

El contrabando,  junto con la defraudación aduanera, se percibe como uno de los grandes fenómenos de la criminalidad organizada en el país porque sus efectos sobrepasan la disminución de recaudación de recursos y las redes de corrupción intentan amenazar la legitimidad del Estado.

Antejuicios  promovidos contra el magistrado de Sala Érick Gustavo Santiago de León, por soborno en un proceso civil y el del  diputado Gudy Rivera, quien habría presionado a la magistrada de la Sala Quinta Civil Claudia Escobar para que fallara a favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

POR HUGO ALVARADO
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