Demanda campesina no consigue respaldo en el Congreso

Pese a las manifestaciones y a los bloqueos en el país, que ayer cumplieron dos días, las peticiones de las organizaciones indígenas y campesinas parecieran no tener eco en el Congreso, lo cual tampoco es secreto para los inconformes, al señalar que al menos buscan visibilizar el poco interés de los partidos políticos en resolver las demandas sociales.

Desde el martes recién pasado, dirigentes de organizaciones sociales intentaron hablar con los jefes de bloques, pero varios de estos se mostraron renuentes e incluso abandonaron el Salón del Pueblo cuando los líderes ingresaron. La posiciones son diversas, pero la mayoría coincide en que no hay consensos para apoyar algunas de las demandas, como la ley de desarrollo rural integral.

Emmanuel Seidner, subjefe de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), indicó que no tienen una posición oficial respecto de las peticiones campesinas, pero defendió algunas de las leyes que los grupos solicitan que se deroguen, como la de Túmulos y la de Electrificación, al afirmar que son importantes para el desarrollo del país.

Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada (Líder), recordó que en septiembre último ese bloque propuso aprobar la ley de desarrollo rural integral de urgencia nacional, “pero el Partido Patriota (PP) no quiso y sacó a sus diputados”.

Sin embargo, el legislador no mencionó que Líder no votó a favor de pasar la iniciativa en primera lectura, como se acordó en septiembre en la instancia de jefes de bloques.

Roberto Alejos, de la bancada Todos, consideró que el problema es el incumplimiento de los acuerdos alcanzados.

“En septiembre se firmó un documento donde se comprometieron los bloques a pasar en primera lectura la ley de desarrollo rural y la instauración de mesas de trabajo para analizar los otros temas, porque algunos problemas habían sido resueltos en otras instancias”, detalló Alejos.

Arístides Crespo, presidente del Congreso, afirmó que la decisión es de los jefes de bloques y no de la Directiva, y lamentó que esos grupos sociales estén acostumbrados a impulsar todo bajo presiones.

Sin apoyo

Leocadio Juracán, dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino, expresó: “Sabemos que las bancadas menores son las que nos están apoyando. Nos preocupa la posición del Líder y del PP, que no están atendiendo a la población. Tienen un doble discurso, pero sabemos que al final no nos están apoyando. Ellos solo responden a intereses sectoriales y no a los de la población, porque su ambición es enriquecerse a costillas del país”.

Juracán dijo que cuentan con el  apoyo de Winaq, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Encuentro por Guatemala y algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sin embargo, Orlando Blanco, jefe de la UNE, comentó: “Nos parece que los bloqueos son un elemento más de la crisis de ingobernabilidad del PP. Como bloque tenemos que analizar las demandas, porque son muchas y diversas”.

Agregó: “Siempre hemos estado de acuerdo en que se empodere el desarrollo rural, pero la iniciativa, como está, requiere cambios y consensos. Mientras eso no se logre, es arriesgado impulsar ese tipo de propuestas porque solo vendrían a polarizar más”.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Hermann Girón, expuso que no es lógico que los diputados trabajen presionados por paros carreteros.

Desalojados

Aunque Villate vaticinó que los campesinos pasarían las fiestas de fin de año frente al Congreso, en espera de soluciones, ayer por la tarde estos se retiraron de la 9a. avenida y 10a. calle, para evitar enfrentamientos, como ocurrió en la provincia.

Histórica petición

Según el  portal del Congreso, la iniciativa de ley de desarrollo rural integral ingresó a ese organismo en mayo de 2005.

En marzo  del 2012, una marcha campesina   salió de Cobán, Alta Verapaz, hacia la capital, para pedir la aprobación de una política de desarrollo rural integral.

En noviembre  del año pasado,  organizaciones campesinas e indígenas marcharon para solicitar la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, la nacionalización de la energía eléctrica y la derogatoria del acuerdo gubernativo que declara de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Trasporte de Energía Eléctrica.

En septiembre  de este año, los jefes de bloques se comprometieron con los campesinos a aprobar en primera lectura la iniciativa de ley de desarrollo rural y a instalar mesas de diálogo para el resto de temas, pero no se cumplió.

Estado de las peticiones

Regulación de Túmulos

La Ley, aprobada este año  con el nombre de Circulación por Carreteras Libre de Cualquier Tipo de Obstáculos, autoriza al Ministerio de Comunicaciones para que retire  talanqueras, garitas, túmulos, toneles o cualquier otro tipo de obstáculo sobre la cinta asfáltica y terracería de las carreteras que dificulte o impida la libre circulación de vehículos.

Normativa de Telecomunicaciones

Estableció arbitrio de Q0.70 anuales por metro para las municipalidades  por el uso de bienes e instalación de infraestructura en áreas de dominio público. Con anterioridad, estos cobros los establecían los alcaldes, de acuerdo a sus necesidad. Ello generó que se presentaran varios amparos, muchos de  los cuales fueron otorgados temporalmente por la CC.

De Desarrollo Rural Integral

La propuesta fue presentada en el 2005  y en varias oportunidades  se han instalado  mesas de diálogo. En el 2012 hubo mesas técnicas en conjunto con empresarios, que se repitieron en 2013 y permitieron dar dictamen favorable en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Empresarios la rechazan, con el argumento de que hay expropiación de tierras.

Iniciativa de Inversión y empleo

Desde que fue presentada por el Ejecutivo, no ha obtenido el apoyo de los bloques en el pleno. Plantea reformas a la Ley de Maquilas que permiten a estas gozar de exoneración de impuestos, con el argumento de que atraen inversión. También legaliza la contratación por tiempo parcial, lo que ha sido fuertemente rechazado por los sectores sindicalistas.

POR JESSICA GRAMAJO
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