Piden una nueva elección de magistrados

Organizaciones civiles y la CICIG demandan a la CC que anule la elección de la Corte Suprema y jueces de Segunda Instancia. Pero ese es apenas uno de tres escenarios posibles.

FOTO:ELPERIÓDICO > ALEX CRUZLos magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Gloria Porras, Roberto Molina Barreto (presidente de la CC), Héctor Hugo Pérez y Mauro Chacón.

La elección de magistrados de las cortes de justicia retrata las fallas en las instituciones, la corrupción en la selección de funcionarios y la apatía de la población, dice el constitucionalista Gabriel Orellana. La imagen se comenzó a calcar en 2009, cuando el Congreso aprobó una Ley de Comisiones de Postulación casuística, mal redactada y poco efectiva en la práctica, agrega.
Desde la vigencia de las Comisiones, ni un solo proceso se ha celebrado de forma expedita sino que han sido objeto de una lluvia de amparos ante diversas instancias, como la reciente designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Desde la convocatoria se presentaron 95 acciones legales, entre estas un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) está por resolver en definitiva y que podría modificar el panorama.
La acción fue presentada por organizaciones sociales que denuncian una serie de vicios que terminaron en el Congreso con la elección de magistrados, con base en un listado consensuado por dos partidos políticos.
Ese es uno de los argumentos que los amparistas –Fundación Myrna Mack, Centro para la Defensa de la Constitución y Acción Ciudadana– esgrimieron ayer en la vista pública celebrada en la CC. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también se pronunció como tercer interesado, al igual que el grupo de magistrados de salas electos.

 

Desde temprano, funcionarios, abogados, activistas, periodistas e integrantes de varios sectores acudieron a la sala de la CC.

Desde temprano, funcionarios, abogados, activistas, periodistas e integrantes de varios sectores acudieron a la sala de la CC.

Los jueces de Segunda Instancia electos fueron representados por el abogado y conductor de radio Mario David García, que reclamó que es inconstitucional que los magistrados de la CSJ y de Apelaciones continúen en sus cargos, pero no sustentó la legitimidad de la elección de sus clientes.
Después de la vista, la CC tiene un plazo legal de cinco días para resolver en definitiva el amparo.
La CC está ante un asunto delicado, pero del que ya hay jurisprudencia similar, indica el constitucionalista Carlos Luna Villacorta. El experto se refiere a la situación que asumió la magistratura anterior en 2010, cuando ordenó repetir la elección de Fiscal General. “Estos son los momentos en que la Corte entra para garantizar que no haya violación de derechos ni de norma”, enfatiza.
En aquella ocasión, la CC retrotrajo el proceso hasta la convocatoria de los aspirantes. Para algunos observadores y constitucionalistas, la Corte debiera hacer lo mismo que en 2010. Pero esa es una de tres posibles escenas que podría propiciar el fallo definitivo de la CC.

 

Los argumentos

 

Los abogados ponentes. Los magistrados escucharon a los profesionales que presentaron la acción que la CC está por resolver.

 

La representante de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, fue la primera en presentar sus argumentos.

La representante de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, fue la primera en presentar sus argumentos.

 

Alejandro Balsells, del Cedecon, durante su intervención.

Alejandro Balsells, del Cedecon, durante su intervención.

 

David Gaitán, de Acción Ciudadana, fue el tercero en señalar que el proceso tiene varios vicios.

David Gaitán, de Acción Ciudadana, fue el tercero en señalar que el proceso tiene varios vicios.

 

El abogado de la CICIG, Christian Ulate Durán.

El abogado de la CICIG, Christian Ulate Durán.

Los momentos de la Corte
La Corte de Constitucionalidad ha dictado cuatro de cinco fallos de impacto este año. Luego de la vista pública celebrada ayer, el alto tribunal analiza si otorga o no el amparo definitivo a las organizaciones sociales que piden la anulación del proceso de elección y selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

La sentencia por genocidio Mayo 2013
>El tribunal anuló la sentencia condenatoria por genocidio y deberes contra la humanidad que un Tribunal de Alto Riesgo dictó contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt.

 

La salida de la Fiscal General Enero-Feberero 2014
>La CC resolvió que el periodo de funciones de la fiscal general Claudia Paz y Paz vencía en mayo y no en diciembre.

 

No a la Ley de Telecomunicaciones Junio 2014
>Luego de una lluvia de amparos, declaró inconstitucionales seis artículos de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad.

 

El dinero oculto en la Ley Monsanto  Septiembre 2014
>Declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Obtención de Especies Vegetales, que pretendía una ampliación presupuestaria de Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones.

 

La Contralora debe dejar cargo Octubre 2014
>La CC le dio 24 horas a la titular de la Contraloría General de Cuentas Nora Segura para que abandonara el cargo, porque el periodo para el que fue electa había terminado el 13 de octubre.

 

 

La Corte de Constitucionalidad anula el proceso y ordena una nueva convocatoria

 

Las organizaciones que denunciaron vicios en el proceso de selección y elección de magistrados piden que la Corte de Constitucionalidad regrese el proceso hasta la convocatoria de los aspirantes.
Un nuevo proceso supone una inversión de tiempo, que valdrá la pena si se definen las reglas para evitar los vicios que surgieron durante el proceso pasado señala el constitucionalista Gabriel Orellana.
El director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Edgar Gutiérrez, recuerda que la CC tiene la facultad de definir algunos criterios para que la postuladora se ajuste a lo que manda la Constitución y la Carrera Judicial.
Además, Gutiérrez considera sano que los actuales comisionados se abstengan de participar en un nuevo proceso de selección.
Carlos Luna Villacorta, exintegrante de la CC, no ve un rompimiento o gran ajuste en la jurisprudencia si la Corte anula el proceso porque ya hay, lo hizo en 2010, cuando ordenó una nueva elección de Fiscal General.
En alguna medida el sacrificio sería para los funcionarios que resultaran electos de un nuevo proceso, porque no ejercerían durante un periodo completo de cinco años.
Un nuevo proceso abriría la oportunidad para integrar los principios de la Ley de la Carrera Judicial en la elección de los magistrados de salas, de acuerdo con la jueza Patricia Gámez.

 

17 Por ciento de los magistrados de Salas de Apelaciones electos tienen experiencia judicial. El resto son abogados litigantes.

 

El proceso regresa a la votación en el Congreso de la República

 

La Corte de Constitucionalidad podría retrotraer el proceso de selección y elección de magistrados al 25 de septiembre, cuando el Legislativo eligió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bajo este escenario, la anomalía persistiría, según dos constitucionalistas.
Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), sostiene que las nóminas de candidatos que llegaron al Congreso son nulas, porque incluyen a abogados que no llenan los requisitos para ocupar una magistratura y fueron producto de un procedimiento viciado.
Además, las listas que produjo la Comisión de Postulación resultaron de una calificación arbitraria y que dejó en desventaja a los jueces, de acuerdo con el planteamiento que expuso David Gaitán, de Acción Ciudadana, durante la vista pública celebrada ayer ante el pleno de la CC.
Gaitán describió ante los magistrados que un aspirante con 31 años de experiencia en el Organismo Judicial obtuvo 20 puntos menos que un abogado con 15 años de ejercicio profesional en el ámbito público y privado.
También citó un acta que recoge la discusión que los postuladores tuvieron para elaborar la nómina de elegibles a Salas de Apelaciones. En esa reunión, del 16 de septiembre, el comisionado Mynor Franco (magistrado de la CSJ) sugirió que se tomara en cuenta a los candidatos que obtuvieron más de 40 puntos, ya que por negligencia o descuido o lo que se quiera, hubo postulantes con experiencia que fueron mal calificados.

 

“Como dijo un cínico diputado, ellos van a votar igual, quizás harán algún cambio cosmético, pero nada más”.
Gabriel Orellana.

 

Se revoca el amparo y se refrenda el proceso

 

Los entrevistados consideran que es poco probable más no imposible que, después de un paréntesis de más de un mes, la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional que dejó en suspenso la toma de posesión de los funcionarios electos.
El Congreso tendría la vía libre para juramentar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y estos a los titulares y suplentes de las Salas de Apelaciones. Los funcionarios asumirían un periodo de funciones recortado y no de cinco años exactos, ya que deberían entregar el cargo el 13 de octubre de 2019, como lo manda la Constitución, señalan dos constitucionalistas.
Ayer la Asociación de Abogados de Tribunales, creada hace seis meses, demandó que los funcionarios electos tomen posesión para que se respete el orden constitucional.
Pero la asunción de magistrados electos mediante un proceso en el que se evidenció el tráfico de influencias, rompería el orden constitucional e institucional, expone David Gaitán, representante de Acción Ciudadana.
Gaitán se refiere a la causa penal que el Ministerio Público formuló contra el abogado del Partido Patriota Vernon González Portillo. La jueza Claudia Escobar denunció que el procurador del PP y el diputado Gudy Rivera ejercieron presión para que resolviera un amparo favorable a la vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de su reelección como magistrada de sala.

 

“La justicia quedaría en manos de personas cuya independencia, imparcialidad y objetividad está en duda, por la forma en que fueron electos”.
David Gaitán, de Acción Ciudadana.

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