CC tiene hasta el lunes para resolver el amparo por elección de Cortes

Luego de la exposición de las tres organizaciones amparistas y de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene un plazo legal de cinco días para redirigir el rumbo de la elección de magistrados. 

La arbitrariedad en las ternas
La analista sostuvo que los postuladores no unificaron criterios para evaluar a los aspirantes a magistrados de Salas de Apelaciones, lo que se evidencia en la inclusión de René Charchal Ramos en la nómina de postulantes. Se le asignaron seis puntos por una maestría que no está aprobada por la Contraloría General de Cuentas, y diez por cargos en la administración pública que no quedaron acreditados.
Además, la terna seis aplicó diferentes criterios para evaluar a dos postulantes: Por ejemplo, a Ingmaín García –que acreditó 15 años de ejercicio profesional y carece de experiencia en el Organismo Judicial– le otorgó 53 puntos, mientras que le asignó 45 puntos a Estuardo Palacios, con 11 años de ejercicio y ocho años de carrera en el Organismo Judicial, quien además cursó dos maestrías y un doctorado.
También señaló que de los 33 comisionados, 17 fueron electos como magistrados titulares de Salas de Apelaciones y uno como suplente.

 

Helen Mack, Fundación Myrna Mack.

 

El Congreso discutió la honorabilidad de los aspirantes en 43 segundos
El integrante del Cedecon señaló que, según el informe de la sesión del 25 de septiembre –que el Congreso presentó a la CC antes de proceder a la elección de los magistrados–, se discutió sobre la honorabilidad de los candidatos, pero la discusión no fue más que una intervención del diputado oficialista Juan José Porras, en la que señala que ya todos los aspirantes cumplen con la capacidad e idoneidad para ser electos.
En 43 segundos, Porras argumentó que “después de haber tenido conocimiento de este listado, nosotros consideramos como bancada y como diputados, que los magistrados propuestos pueden cumplir los requisitos de honorabilidad y capacidad”.
Además, el Cedecon denunció que la nómina de aspirantes a Salas de Apelaciones es nula, porque incluye a candidatos que no reúnen los requisitos de elegibilidad. Esto porque se evidencia que en algunos expedientes de los aspirantes se computó erróneamente los años de judicatura como ejercicio de la profesión de abogado y notario.

 

Alejandro Balsells, Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

 

La elección no privilegió la experiencia judicial
Acción Ciudadana estudió los expedientes de los magistrados y comparó las calificaciones que obtuvieron los aspirantes y si fueron o no electos. En diez casos encontraron que jueces con experiencia obtuvieron menos calificación que otros de sus colegas.
Dos casos ejemplifican el planteamiento de Acción Ciudadana: un aspirante que acreditó 30 años de ejercicio profesional y 20 de experiencia en la judicatura obtuvo 80 puntos, pero no fue electo como magistrado. En contraparte, el Congreso eligió a una abogada con cinco años de ejercicio profesional, sin experiencia en la administración de justicia y que se ha desempeñado como Gerente General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y  como Asesora de la Comisión de Deportes del Congreso.
Además, Gaitán expuso que un acta de la postuladora de Salas de Apelaciones recoge una discusión que surgió entre los comisionados por la baja calificación que se les otorgó a los jueces, contra el Artículo 22 de la Ley de la Carrera Judicial. Esa norma establece que los magistrados que se postulen para ser reelectos gozarán de una puntuación especial.

 

David Gaitán, Acción Ciudadana.

 

Las Comisiones no cumplieron la orden de la CC
En la sentencia del Expediente 2143-2014, del 13 de junio de 2014, la CC dio tres instrucciones a las Comisiones de Postulación que fueron incumplidas, pues ordenó a los comisionados que hicieran una investigación para averiguar si los candidatos cumplían con los requisitos para aspirar a las magistraturas, pero en ninguna de las actas consta que se haya realizado ese ejercicio, según la CICIG.
La CC también señaló que era necesario entrevistar a los candidatos, pero “no se le puede llamar entrevista a los cinco minutos que la postuladora le dio a cada aspirante para que expusiera sus ideas, sin hacerle una sola pregunta”, expuso Ulate ante el pleno de magistrados.
Según el abogado, los comisionados debieron motivar de manera pública y razonada por qué se elige o no a uno u otro candidato, lo que no se hizo en el proceso de la Comisión.
Asimismo, señaló puntuaciones arbitrarias: a un profesional con 20 años de colegiado le asignaron 50 puntos, mientras que a otro con 20 años y 11 meses le otorgaron 35, explicó.

 

Christian Ulate, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

18
Miembros de las Comisiones de Postulación también fueron electos. Nueve eran delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el resto acudió en representación de magistrados de Salas de Apelaciones.
55
Puntos obtuvo uno de los aspirantes en el rubro que calificó sus años de ejercicio profesional, esto pese a que la nota máxima a la que podía aspirar era de 50.

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