Brunori: “Nunca se respetó la Carrera Judicial y es un tema importante que se debe levantar”

En entrevista concedida a La Hora, Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–, en Guatemala, hace un llamado para discutir las reformas necesarias de sistema de Justicia, fortalecer la institucionalidad pública y el gasto social en beneficio de la población más vulnerable del país y tomar cartas en el asunto con respecto a las denuncias de las condiciones en las que viven los pacientes del Hospital Psiquiátrico Federico Mora.

Asimismo, Brunori expresa su preocupación por los crecientes niveles de inseguridad en Guatemala y pide al Estado adoptar medidas firmes para combatir ese flagelo, tomando en cuenta que se avecina el año electoral y es obligación del Estado garantizar elecciones generales libres de violencia, amenazas, presiones o coacciones indebidas.

¿Cuál es su análisis sobre la situación de derechos humanos en Guatemala?

Estamos aún en la fase de redacción del informe que será presentado por el Alto Comisionado a inicios del próximo año en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Es decir que algunas de las informaciones que tenemos son todavía parciales en el sentido que no terminamos el año con todas las estadísticas. Desde luego uno de los temas fuertes del informe será la situación de la lucha contra la impunidad en donde se han tenido avances importantes como el desmantelamiento de varias estructuras del crimen organizado o de una estructura legal como el Sistema Penitenciario.

Por otro lado vemos que el tema de las Comisiones de Postulación para la designación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia ha suscitado una serie de amparos e incertidumbre sobre el proceso independientemente de las personas que han resultado nombradas, y que el proceso en sí no ha estado acorde a los estándares internacionales y es un elemento de preocupación.

En materia de seguridad tenemos entendido que el año cerrará con una baja de muertes violentas, sin embargo, vemos un incremento de femicidios. El tema de la inseguridad sigue siendo un reto para el país y quizá con el tiempo vaya mejorando, pero indudablemente aún faltan políticas de prevención efectivas que logren bajar los índices con mucha más determinación.

En materia de reparación podemos mencionar el caso Chixoy, que para nosotros ha sido un caso emblemático de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado por la construcción de la hidroeléctrica del mismo nombre. Para ello el Estado firmó hace poco una política de reparación que confiamos que se pueda implementar porque sienta un precedente importante para el país.

Tenemos también una crisis en el sistema de salud pública que para algunos no tiene precedente que evidentemente tiene que ver con el mal uso de los fondos.

Entonces la preocupación es que el Estado de Derecho se vaya debilitando aún más y por eso es que la Oficina insiste en la necesidad de una reforma al sector justicia para que el estado de Derecho se garantice y para que exista una real independencia de los poderes del Estado. De lo contrario con lo que sucedió con la renuncia de la magistrada Claudia Escobar y otros que han denunciado, en su momento, las presiones externas, la independencia de la justicia estará siempre en duda.

¿Entonces cree que este es el momento idóneo para proponer y aprobar reformas al sector justicia?

No soy experto en política, pero nunca hay un momento adecuado o siempre lo hay, es decir, siempre se dice que el primer año de gobierno es donde se pueden hacer las reformas de cualquier tipo pero sabemos que la propuesta del Presidente en materia de reformas constitucionales no logró despegar; y por el otro lado siempre se dice que el último año no es bueno para estos procesos de cambio, pero espero que esta vez las predicciones estén equivocadas y se pueda hacer.

Pero no se trata solo de una reforma legal sino de una reforma profunda en el sentido de que actualmente no existe una Carrera Judicial establecida como tal para el acceso a las magistraturas de las altas Cortes; y hay otras leyes que se pueden aprobar en el Congreso para darle una mayor independencia y certeza jurídica al sistema de justicia guatemalteco.

En ese sentido, creemos que ahora es el momento para pensar y efectuar todas las reformas que sean necesarias en el sistema de justicia y no esperar hasta los próximos cinco años. No sé si se va a lograr o no, pero es una oportunidad para que desde el Congreso de la República se discuta este tema.

Ojalá el próximo año se puedan fortalecer los procesos de reforma necesarias por lo menos para garantizar que el sistema de justicia no vuelva a atravesar por señalamientos a los cuales ha estado sometido en el último proceso de Comisiones de Postulación.

Organizaciones sociales y activistas denunciaron en su momento que no se respetó la Ley de Carrera Judicial en el proceso de elección de jueces y magistrados de las altas Cortes del país. ¿Comparte esta postura?

Quiero aclarar que ya se les dio posesión a los magistrados y entonces la autoridad se respeta. Insisto en que este no es un problema de personas sino de procesos.

Dicho esto, nunca se respetó la Carrera Judicial y es un tema importante que se debe levantar, discutir y reformar en el sentido de que es necesaria una verdadera Carrera de este tipo.

El problema es que, por ejemplo, ahora un juez sabe que llega, pero no sabe a qué ni a dónde va a llegar, situación que es un poco contraria a la experiencia de otros países donde hay jueces y magistrados en su cargo de por vida bajo un marco de estándares internacionales y de independencia judicial.

Pero tener a magistrados de la Corte Suprema de Justicia únicamente cinco años y encima con la rotación de mando que se da en la elección del presidente de la CSJ que por cierto provocó desgastes enormes en la pasada magistratura, es un daño para el sistema de justicia porque está perdiendo credibilidad.

Entonces el hecho de que en cada proceso de postulación se presenten infinidad de amparos quiere decir que la confianza en los procesos no hay y definitivamente algo se tiene que reformar.

En otro tema, ¿de qué forma podría apoyar la OACNUDH para mejorar las condiciones y el trato que se les brinda a los pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental, Federico Mora?

Ha habido varios pronunciamientos sobre el tema del Hospital de Salud Mental Federico Mora. En lo específico, la Oficina no es una agencia de implementación de proyectos y más brinda asistencia técnica al Estado para que se cumpla con las medidas cautelares dictadas en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, por supuesto, que estamos dispuestos a contribuir para que todo lo que se pueda hacer sea en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

En particular, podría darse que las personas que están ahí recluidas no necesariamente todas deberían estar encerradas sino se debe apostar por un sistema de salud de atención y prevención o por la vía domiciliar.

Pero sí, por todo tipo de experiencia y conocimiento que tiene el Sistema de Naciones Unidas no solo a través de nuestra Oficina sino de otras agencias, en la medida que se nos pida lo vamos a aportar. No obstante, hasta ahora el Ministerio de Salud no ha pedido nuestra colaboración.

Lo que urge en este momento es restituirles sus derechos y su dignidad a los pacientes del Hospital Federico Mora que no han sido respetados, porque son seres humanos y hay que tratarlos como tal.

En un contexto de derechos humanos la reclusión entre cuatro paredes no es un modelo ideal de atención y hay experiencias internacionales que recomiendan un modelo abierto de atención a las personas como portadoras de derecho en donde el modelo no sea el encierro sino un modelo de atención integral.

Tomando en cuenta los resultados en materia de seguridad ciudadana en los últimos años ¿Podría decirse que falló la “Mano Dura” ofrecida por los candidatos a la Presidencia por el Partido Patriota en campaña política?

Lo que no ha hecho el Gobierno es aplicar la Mano Dura que era un lema de campaña, pero que no hubo ya estando en el poder, al menos de lo que se entiende como Mano Dura, es decir, ejecuciones extrajudiciales, limpieza social y no se ha visto ese fenómeno porque esa política nos sirve.

Lo que sí ha hecho el Gobierno del Partido Patriota es impulsar una política de prevención, pero hay que meterle más fuerza y recursos. Evidentemente los resultados son inferiores a lo que se podía esperar porque las estadísticas de la violencia aún son muy altas precisamente por no haber implementado una política de Mano Dura y sin una política de prevención eficaz.

Además, el uso del Ejército para apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil para brindar seguridad no va a mostrar nunca los resultados que se podrían esperar porque los primeros carecen de preparación en materia de derechos humanos para propiciar la misma.

Encima, nos preocupa que el próximo año que es eminentemente electoral, se torne un reto para las autoridades en ese sentido por lo que implica en el país la política partidista.

¿Guatemala es un Estado Fallido?

No soy experto en definir cuándo un Estado sí cuándo no podría considerarse fallido. Lo que le puedo decir es que comparto la preocupación del G4 cuando dicen que hay que fortalecer en el Estado una cultura democrática y una cultura de paz, la participación ciudadana y la institucionalidad del Estado porque de lo contrario, si pueden haber problemas en el futuro.

Es por eso que la Oficina ha emitido algunas recomendaciones en ese sentido como las reformas a la justicia porque no puede haber Estado de Derecho sin independencia judicial.

Guatemala aún tiene retos grandes enfrente en muchos aspectos y se ha visto que cuando hay voluntad, se han mostrado avances en la agenda de los derechos Humanos como la reparación a las víctimas de la hidroeléctrica Chixoy, el Caso Ríos Montt y las familias desalojadas del Valle del Polochic.

Lo que si hay es un Estado débil que no responde a las necesidades de los portadores de derechos, es decir, el hecho de que no haya una distribución más equitativa de los recursos es un gran problema y encima el Estado nunca tiene los suficientes fondos porque no los recauda tampoco.

El que las personas asistan a un centro de salud o a un hospital y no encuentre medicinas es reflejo de un Estado débil que no responde a las necesidades de la población. Hay un Estado que necesita fortalecerse porque hay una institucionalidad pública bastante frágil que en algunos casos funciona bien y en otros, no responde con eficiencia. También debe prevalecer siempre el interés público sobre el interés privado.

La transparencia y la cuentadancia son fundamentales para el buen uso de los recursos y para un Estado democrático. La corrupción ocurre no solo en Guatemala sino en muchos otros países de la región y por eso es importante desde una perspectiva de derechos humanos, el libre acceso a la información y la auditoría social por parte de los ciudadanos y la prensa nacional.

En una escala del 1 al 10, ¿Qué niveles, en su opinión, ha alcanzado el cumplimiento de los derechos humanos en el país?

Es difícil siempre dar un ranking porque hay que sustentarlo. En términos generales le puedo decir es que el 10 es la meta a la cual todos los países desearían llegar, pero hay que procurar más alejarse del 1. Guatemala ha avanzado porque en la época del conflicto armado se daban violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que actualmente no existen y que ya no son políticas de Estado. Entonces, podría decirse que estamos en camino hacia el 10 pero nos falta mucho para distanciarnos del 1.

“Tenemos también una crisis en el sistema de salud pública que para algunos no tiene precedente que evidentemente tiene que ver con el mal uso de los fondos”.

“El problema es que, por ejemplo, ahora un juez sabe que llega, pero no sabe a qué ni a dónde va a llegar, situación que es un poco contraria a la experiencia de otros países donde hay jueces y magistrados en su cargo de por vida bajo un marco de estándares internacionales y de independencia judicial”.

“Lo que urge en este momento es restituirles sus derechos y su dignidad a los pacientes del Hospital Federico Mora que no han sido respetados, porque son seres humanos y hay que tratarlos como tal”.

“El uso del Ejército para apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil para brindar seguridad no va a mostrar nunca los resultados que se podrían esperar porque los primeros carecen de preparación en materia de derechos humanos para propiciar la misma”.

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