Recusación contra jueza frena juicio por genocidio contra Ríos Montt

El militar fue obligado a presentarse a la audiencia en la que empezaría el proceso en su contra.

El Tribunal B de Mayor Riesgo accedió a que su presidenta se apartara del juicio que enfrentan los militares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, debido a una tesis de maestría que realizó sobre genocidio. La decisión fue dada a conocer en una audiencia marcada por varios incidentes.
La acción legal contra la jueza Jeannette Valdés Rodas fue promovida por la defensa de Ríos Montt la semana pasada, derivada de una tesis que elaboró en 2004, titulada Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio, con la que consiguió la Maestría en Derecho Penal otorgada por la Universidad de San Carlos.
Valdés Rodas se pronunció contra la recusación, afirmó que el documento tiene un fin académico y no judicial, en el cual no externa opinión sobre el caso del ex Jefe de Estado. Recalcó que en ninguna parte del texto responsabiliza al acusado de ese delito.

 

Zury Ríos,  hija del militar, lo acompañó durante el traslado.

Zury Ríos, hija del militar, lo acompañó durante el traslado.

Además, señaló que la recusación no se interpuso en la etapa correspondiente, ya que se hizo después de “haber realizado varias audiencias del caso en el que he dictado resoluciones”.
El Ministerio Público y los querellantes adhesivos igualmente se opusieron a la recusación. Asimismo, solicitaron que los abogados de Ríos Montt fueran sancionados, porque consideraron que la acción legal tenía como objetivo atrasar el proceso, la cual tildaron de “maliciosa”.
Sin embargo, las vocales del tribunal Sara Yoc y María Castellanos estimaron conveniente que la jueza dejará de conocer el expediente judicial, por lo que ahora será la Sala de Mayor Riesgo la que deberá nombrar a un juez suplente. Hasta que eso suceda, el juicio por genocidio no se reanudará.

 

Pancartas y presencia de famliares  de las víctimas se observaron desde muy temprano en la Torre de Tribunales.

Pancartas y presencia de famliares de las víctimas se observaron desde muy temprano en la Torre de Tribunales.

El ausente
Al comienzo de la audiencia programada desde noviembre 2013, en la que se declararía abierto el debate en contra de ambos militares, Ríos Montt no se presentó debido a dolores en la espalda provocados por hernias que padece, según determinaron su médicos.
No obstante, la judicatura rechazó la justificación y ordenó que en menos de un hora fuera conducido por agentes de la Policía Nacional Civil, desde su casa hacia la sala del tribunal.
En ese momento, la defensa del militar intentó revocar la decisión, aseguró que se vulneraba la salud de su patrocinado, de acuerdo con los informes médicos. Sin embargo, las juezas volvieron a declarar sin lugar la intervención, afirmaron que se velaría por los cuidados necesarios al momento del traslado.
Ríos Montt llegó a la Torre de Tribunales en una ambulancia privada, en la que lo acompañaba su hija Zury Ríos Sosa y otras personas. El ex Jefe de Estado fue trasladado hasta el piso 15 en una camilla y cubierto totalmente por una sábana. Después fue ingresado a la oficina de la judicatura, hasta que se reanudó la audiencia.

 

Al medio día el militar ingresó en una camilla y tapado con una sábana.

Al medio día el militar ingresó en una camilla y tapado con una sábana.

Otro amparo rechazado
La Cámara de Amparos y Antejuicios declaró sin lugar el amparo promovido por la defensa de Ríos Montt, el cual buscaba revocar el fallo de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que confirmó al Tribunal B de Mayor Riesgo como organismo jurisdiccional contralor del juicio por genocidio.
La acción legal fue presentada a principios de diciembre pasado, mes en que también se planteó la recusación contra la jueza Valdés y la magistrada Edith Pérez, quien debería fundamentar por qué se negó la amnistía para Ríos Montt, la cual ha permanecido estancada por más de un año, debido a que al menos 60 jueces se han inhibido de resolverlo.
Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983, fue condenado a 80 años de prisión en un primer juicio en mayo de 2013, pero la máxima instancia judicial del país anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio por errores procesales.
El militar se encuentra en arresto domiciliario por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles en el norte del país durante su régimen de facto, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

 

Pide respetar decisión
El presidente Otto Pérez pidió respeto a las decisiones judiciales e instó a la comunidad internacional a no ejercer presiones durante el juicio.
“Si se va a sentar un embajador a una sala en donde se lleva (a cabo) una audiencia, esa es una presión indirecta contra el juez”, afirmó.“Dejemos que los jueces, que las cortes hagan su trabajo”, insistió el gobernante, a la vez que instó a las partes a “no estar litigando por los medios de comunicación”.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s