Una estrategia de deslegitimación de la protesta se esconde tras acciones legales

En los últimos 7 años, la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) ha registrado más de 400 denuncias judiciales contra activistas, periodistas y líderes comunitarios. De acuerdo con la organización, la criminalización es una estrategia de deslegitimación de la protesta social, cuyo uso por parte de las autoridades se ha incrementado en los últimos años.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar pasaron cinco días en las carceletas de Torre de Tribunales antes de ser liberados por el juez de instancia penal de Santa Eulalia, Otto Felipe Vásquez, quien decidió ligarlos a proceso por el delito de detenciones ilegales.

Los sindicados fueron señalados por el Ministerio Público (MP) por presuntamente participar, junto a otros pobladores, en la destrucción de las instalaciones de la finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia, Huehuetenango, donde supuestamente también fueron retenidos trabajadores de dicho lugar.

Pese a que fueron beneficiados con arresto domiciliario, ni Juárez y Baltazar lograron poner un pie fuera de la Torre de Tribunales. A minutos de finalizada la audiencia en su contra, el mismo juez que decidió liberarlos en el primer caso, giró otra orden de captura en su contra, esta vez por los delitos de plagio, secuestro, coacción e instigación a delinquir. El ente investigador también los señala como líderes del bloqueo de la ruta hacia Santa Eulalia en enero de 2014, donde pobladores manifestaron su rechazo por la detención de tres líderes comunitarios.

Juárez y Baltazar pertenecen al gobierno plurinacional, un grupo organizado de pobladores que se opone a los proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango. Juan Castro, abogado defensor de ambos sindicados, indicó que hasta ese día tuvieron conocimiento de que existen 11 denuncias penales contra Rigoberto Juárez.

PERSECUCIÓN PENAL EN MEDIO DE LA CONFLICTIVIDAD
El norte de Huehuetenango, al igual que otros 81 puntos en Guatemala, según la cartografía realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, es foco de conflictividad social, provocada por la falta de acuerdos en los diálogos por la instalación de megaproyectos privados en territorios poblados.

Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), explicó que la conflictividad social surge por la falta de comunicación y consulta con las comunidades, por parte de las empresas y el Estado de Guatemala. “Diferentes comunidades ya han manifestado a través de consultas comunitarias su rechazo al modelo extractivo que se quiere imponer en las territorialidades y sin embargo, las licencias para su funcionamiento siguen siendo otorgadas. Realmente consideramos que es un problema que debería solucionarse en mesas de diálogo, pero un dialogo transparente, un diálogo donde todas las partes puedan verse favorecidas, que el Estado de Guatemala juegue un papel que beneficie a la población en general, no solo hacia un sector”, señala.

En ese marco, señala Vivar, se han iniciado persecuciones penales contra líderes y lideresas comunitarios, periodistas de medios alternativos y
defensores de derechos humanos que han dado como resultado la captura de varios de ellos y que están basadas en hechos construidos e improbables.

Los datos más recientes de Udefegua, señalan que de enero del 2009 a septiembre de 2014, se registraron 344 denuncias judiciales contra defensores de derechos humanos. La tendencia es el incremento, de 2009 a 2012, el número de denuncias se triplicó, pasando de 23 a 86. En 2013 hubo una reducción, con 67 casos, pero en 2014 la tendencia se mantuvo con 72 denuncias registradas.

Claudia Samayoa, de Udefegua, señaló que actualmente solo una quinta parte de dichos expedientes permanece en proceso, ya que la mayoría fueron cerrados por los juzgados y tribunales, luego de comprobarse que los señalamientos eran espurios.

LA COMPLICIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Periodistas arrestados por grabar un video, activistas señalados de coacción, líderes de movimientos encarcelados, los contextos de cada caso de criminalización son variados, señala Samayoa, pero tienen un elemento en común, se utiliza la persecución penal como un mecanismo para deslegitimar los movimientos sociales.

“Es criminalización porque todos estos casos, son cargos falsos, por diversa razón, ya sea porque el defensor no estaba en el lugar de los hechos cuando se cometieron, porque se tipifican delitos que no pasaron o son hechos que se le achacan al liderazgo, cuando fueron los subalternos quienes participaron”, señala la activista.

De acuerdo con Samayoa, el proceso de criminalización comienza con una acusación falsa o mal investigada por un fiscal. “La gran mayoría de fiscales toman una denuncia levantada por escrito a un gerente o dueño de una empresa y abren a proceso sin mediar una investigación previa”, explica.

A esto se sigue el rol del juez contralor, que acepta una orden de captura sin que existan medios de prueba suficientes. “Hemos visto que cuando avanzan los procesos y se levanta la voz contra las irregularidades, el juez cambia su actitud contra acusados o la fiscalía cambia de fiscal”, asegura Samayoa.

En la mayoría de ocasiones, atrás de la denuncia, hay un particular, indica la entrevistada. “En la mayor parte de casos hablamos de gerentes que presentan a trabajadores como testigos, o personas que representan intereses políticos o finqueros”, dice.

Dentro los delitos usualmente imputados a los defensores y defensoras están asociación ilícita, conspiración, terrorismo, instigación a delinquir, actividades contra la seguridad interior de la nación, delitos contra la vida, integridad y libertad de la personas como asesinato, plagio o secuestro, detención ilegal, etc. La mayoría de ellos no cuenta con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Sobre estas aseveraciones, Josué Baquiax, presidente del Organismo Judicial, indicó que las resoluciones de jueces y magistrados se basan en el marco legal existente y las pruebas presentadas por las partes involucradas. “Si existen dudas sobre una resolución, el marco legal permite las herramientas para impugnar dicho fallo y revisar la actuación del juez”, dijo.

Julia Barrera, vocera del MP, aseguró que la reciente creación de una Fiscalía de Asuntos Internos obedece a la necesidad de investigar con mayor profundidad este tipo de denuncias contra fiscales. “La Fiscal es consciente de la necesidad de investigar la corrupción dentro de la institución”, indicó.

DEFENSA DEL TERRITORIO
Todos los entrevistados coinciden en que los defensores y defensoras más afectados por la criminalización, son aquellos que se posicionan en contra de proyectos extractivos.

Rafael Maldonado, del Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social en Guatemala (CALAS), señaló que existen más de 110 defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados por su oposición a empresas extractivas.

De acuerdo con el abogado, el gobierno del Partido Patriota ha mantenido una estrategia de constante criminalización de las luchas sociales y detención de líderes sociales que se oponen a la instalación de proyectos de empresas extractivas en sus comunidades. “Esta situación ha provocado una ruptura del tejido social en algunas localidades y toda una serie de arbitrariedades en el sector justicia contra estas personas”, señaló.

Maldonado destacó como ejemplo el reciente proceso contra cuatro líderes comunitarios de la resistencia pacífica La Puya, en el municipio de San Pedro Ayampuc, quienes fueron absueltos en abril de este año por el Tribunal Octavo de Sentencia. En la sentencia, el juez a cargo dejó establecido que elementos del Ministerio Público de la fiscalía municipal de Palencia habrían inventado evidencias para inculpar a los pobladores.

La sentencia absolutoria emitida por el tribunal el pasado 27 de febrero, ordena al MP investigar la probable falsificación de dos actas presentadas por los fiscales del caso, como evidencia de que los cuatro sindicados eran responsables de amenazar y retener ilegalmente a tres trabajadores del proyecto minero El Tambor.

Maldonado aseguró que la sentencia y orden del juez serán utilizados como un antecedente para la presentación de una denuncia contra la fiscalía municipal de Palencia, encargada de la investigación del caso. CALAS también presentará dos acciones legales en contra de operadores de justicia y fiscales del Ministerio Público que supuestamente han participado en esta práctica contra dirigentes y pobladores.

“Tenemos 110 casos documentados, empezando con aquellos que desde 2012 llevó a cabo Minera San Rafael y el MP hasta el último presentado en contra de defensores de La Puya. Los otros dos casos son de San Rafael Las Flores y Mataquescuintla donde los denunciados son agentes de la Policía Nacional Civil por la criminalización y fabricación de casos en contra de defensores”, afirmó el letrado.

Maldonado denunció que dentro del fenómeno de la criminalización, se aprecia también que existe un cuadro persistente de denegación de justicia para las y los defensores de derechos humanos, en el que destaca la celeridad con que algunos de los procesos penales iniciados en contra de dichas personas son gestionados por un lado; y por el otro, la falta de respuesta efectiva ante las quejas presentadas por comunidades, pueblos indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y en relación con actos atentatorios de sus derechos.

La Sala Mixta de Apelaciones de Santa Rosa decidió resolver a favor de Minera San Rafael la apelación que la empresa presentó en contra del fallo del Juez de Primera Instancia el 13 de abril, al considerar que la decisión de enviar a prisión preventiva a un colaborador de la compañía era improcedente. El fallo de la Sala revirtió la decisión del juez y ordenó la libertad del colaborador de Minera San Rafael, quien salió hoy de prisión.

“La Sala de Apelaciones revirtió un fallo que nunca se tuvo que haber dado porque no se ha probado que la compañía haya incurrido en algún delito”, dijo Tom Fudge, Gerente de País de la empresa minera. En el año 2012, antes que Minera San Rafael iniciara operaciones, se presentó una denuncia en contra de la empresa.

Sin embargo, estas acusaciones no han sido probadas por el Ministerio Público. La empresa minera, por su parte, ha presentado todas las pruebas respaldas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Laboratorio Nacional de Salud, quienes han reconocido que Minera San Rafael ha cumplido con el 100% de las muestras que se han hecho de sus descargas de agua.

CASOS DE IMPACTO

XALALÁ
El proyecto hidroeléctrico Xalalá ha generado conflictividad en varias comunidades de Cobán, Alta Verapaz; Ixcán y la Zona Reina del Quiché, donde la población ha tomado acciones en defensa del territorio y los recursos naturales. En agosto de 2014, durante un desalojo ejecutado en contra de los pobladores de la comunidad 9 de Febrero, en oposición al proyecto Santa Rita, tres pobladores resultaron muertos, hubo decenas de heridos y se capturó de forma irregular a 47 personas.

LA PUYA
La Puya está situada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Ahí, el gobierno concedió en noviembre de 2011 un permiso para la explotación de oro y plata, contra los deseos de la población. Por ello, las comunidades afectadas han montado una resistencia pacífica que mantiene en suspenso la explotación de la mina, a través del bloqueo de su entrada. En 2012, Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes, fueron condenados a nueve años de prisión conmutables a razón de Q10.00 diarios por la comisión de detenciones ilegales, en concurso real con coacciones y amenazas. En enero del 2014, cinco líderes comunitarios fueron detenidos y privados de libertad por presuntamente retener ilegalmente a trabajadores de la empresa minera en 2013. Un año después, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal absolvió a los sindicados por falta de evidencias y ordenó investigar a fiscales del Ministerio Público por presuntamente fabricar evidencias en el caso.

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
Desde noviembre de 2007, los pobladores de San Juan Sacatepéquez iniciaron acciones de protesta en contra de la instalación de una empresa cementera, como producto de las cuales el gobierno decretó, en junio de 2008, de un Estado de Prevención. Durante este periodo se detuvo y envió a prisión preventiva a 43 personas del municipio por reuniones, manifestaciones ilícitas, resistencia con agravación específica y desorden público. Además, se privó de libertad a ocho alcaldes indígenas, se registraron más de 75 comunitarios detenidos y procesados y se condenó a uno de ellos a 150 años de prisión.

SANTA CRUZ BARILLAS
En julio del 2009 la empresa Hidro Santa Cruz interpuso varias denuncias penales contra siete líderes de la oposición al proyecto hidroeléctrico. El 1 de mayo de 2012, tras un enfrentamiento, un líder comunitario fue asesinado y otros dos resultaron heridos. Días después se detuvo a 12 comunitarios, a quienes además se acusó de estar vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Después de la declaración del Estado de sitio en mayo de 2012, se realizaron alrededor de 20 allanamientos a casas, se detuvo a 15 personas y se emitieron 33 órdenes de captura. En abril de 2012, y tras el cese del estado de sitio, 23 personas fueron señaladas de incendio, actividad contra la seguridad de la nación, terrorismo, secuestro, detenciones ilegales y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Pese a la posterior liberación de muchas personas y el cierre de otros procesos, para marzo de 2014 más de 20 órdenes de captura permanecían vigentes.
*Con información de Oxfam

http://lahora.gt/una-estrategia-de-deslegitimacion-de-la-protesta-se-esconde-tras-acciones-legales/

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s