UNE y PP priorizaron proyectos mineros en sus gobiernos

POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

Durante la administración del presidente Otto Pérez Molina se han otorgado un total de 34 licencias de exploración y explotación minera en todo el país, una cifra aún menor que la de su predecesor en la silla presidencial, Álvaro Colom, que otorgó 49 permisos, aún en medio del establecimiento de una moratoria para la entrega de licencias mineras.

La administración del Gobierno del Partido Patriota (PP), encabezada por el presidente Otto Pérez Molina, dio importancia durante los tres años y cinco meses de mandato, al desarrollo de proyectos mineros del país.

Durante la administración de gobierno del PP se otorgaron 34 licencias mineras en diferentes departamentos de Guatemala. Según información estadística proporcionada por el MEM, del total de las licencias, 4 son de minerales metálicos y 7 de minerales no metálicos. El resto son para la exploración y explotación de materiales de construcción –arena de río, canto rodado, grava, pómez y material selecto, entre otros–.

La mayoría de licencias de explotación no metálica están ubicadas en el municipio de Amatitlán, donde realizan trabajos de extracción de arena. El resto de licencias otorgadas, en su mayoría se ubican en Izabal, Alta Verapaz, Santa Rosa, San Marcos y El Progreso, señala el MEM.

En la actualidad un total de 1 mil 200 solicitudes de licencias presentadas desde 2006 están en análisis y aunque el MEM asegura que se siguen todos los procedimientos establecidos en la ley respectiva para otorgar las licencias para este tipo de actividad, organizaciones en pro del ambiente destacan la necesidad de que la legislación sea modificada para que, entre otras cosas, las consultas sean vinculantes.

Las empresas de esta industria que han sido beneficiadas en la mayoría de casos para desarrollar proyectos mineros son Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montúfar II), Mayaníquel S.A. (Minera Sechol en Izabal), Minera San Rafael S.A. (El Escobal) y Explotaciones Mineras de Centroamérica.

También se encuentran en la lista Cantera Los Manantiales, Pacific View Trading, S.A., Mayaniquel, S.A, ORASA, Constructora y Trituradora EXCO S.A., Jades Motagua S.A y Jade GT, S.A.

LA UNE NO SE QUEDA ATRÁS

El director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA– en la Universidad Rafael Landívar, Juventino Gálvez, menciona que en concordancia con la implementación de la Política Energética aplicada durante la administración de Pérez Molina, los dos últimos gobiernos también han hecho lo suyo al continuar con los planes energéticos para la concreción de las inversiones extranjeras y nacionales.

El ecologista recuerda que al igual que en el gobierno del PP, en la gestión de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se priorizó la minería, pese a que se estableció una “moratoria” a la entrega de licencias.

Datos del Anuario Estadístico Minero de la Dirección General de Minería del MEM, refieren que de 2008 a 2012, se otorgaron 49 licencias de exploración y explotación de minerales “preciosos y no preciosos”.

Fue en julio de 2010 cuando se decretó un período de moratoria al otorgamiento de permisos para la extracción minera y la cantidad de autorizaciones drásticamente hasta la entrada del siguiente Gobierno.

El informe resalta que en el 2011, se otorgó una licencia para explotación de minerales metálicos, denominada Progreso VII Derivada (llamada también El Tambor). La misma, desencadenó la formación de la resistencia La Puya, en el municipio de San José del Golfo.

Además, se presentó una cantidad considerable de solicitudes, aproximadamente 700 en total, pero la moratoria limitó el otorgamiento de permisos.

Juventino Gálvez añade: “El anuncio político de una moratoria minera es tan impreciso como incierto. En el primer caso, porque no se dice nada acerca de su significado, sus objetivos, sus alcances, sus potenciales beneficios. En el segundo plano, porque en Guatemala las cosas que dicen los gobernantes son analizadas con desconfianza. Primero, porque en su condición de políticos gozan de un tremendo y fundamentado desprestigio, segundo porque la chambonería es la norma y consecuentemente no son capaces de concretar los ofrecimientos que hacen”.

El citado señala en el país no existen capacidades institucionales para regular la actividad minera y menos aún para controlar sus impactos ambientales. “Hay suficientes elementos entonces, para indicar que una actividad tan perniciosa como ésta no debería tener cobijo en un país que ya está harto de tanta confrontación social, degradación ambiental y saqueo indiscriminado”, finaliza.

SIGNIFICA UN NEGOCIO

A criterio de Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), lo que se ha evidenciado con la autorización de numerosas licencias mineras son los negocios que se realizan con los recursos naturales del país. “Es prioridad ese tema, para el bolsillo de quienes pasan por ese Ministerio”, puntualiza el entrevistado.

Según Maldonado, el malestar social en el interior del país se ha incrementado a raíz de la autorización que a su criterio ha sido irresponsable, de proyectos mineros y, principalmente, donde existen focos de conflictividad. “Se pone en riesgo la gobernabilidad del país, porque no existe el consentimiento de la población”, enfatiza.

MÁS INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Un estudio presentado en marzo pasado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental Ibis señaló que el 78 % de los municipios con alta concentración de licencias mineras son focos de conflictividad.

Según el análisis, la actividad minera representa el 2,13 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala.

Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), considera que es necesario proveer más información y fomentar más el diálogo entre el Gobierno, las empresas y comunidades, para desarrollar el potencial que tiene esta industria por medio de la atracción de inversión, siempre y cuando cumpla con ser una actividad transparente y sostenible.

Asimismo destaca que a inicios de 2014 uno de los principales avances que Guatemala ha tenido entorno a la industria extractiva es ser el segundo país cumplidor de América Latina en la auditoría de las actividades mineras, solo detrás de Perú, que fue la primera nación en el continente en conseguir este estatus en 2012.

“La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) significa que el país cumple con mostrar los contratos, los procesos de otorgar licencias y cotejar el aporte del sector con lo que recibe el Gobierno”, explica Orellana.

De la misma forma, el empresario argumenta que la mejora en el clima de inversión, la reducción de los conflictos sociales, una mejor recaudación y administración de los servicios públicos y el fortalecimiento de la confianza entre el gobierno, el sector privado y la población, serán los beneficios de esta certificación a mediano plazo.

REFORMAS A LA LEY

La diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, opina que es primordial realizar modificaciones a la Ley de Minería, con el fin de buscar mejores mecanismos para la evaluación y autorización de ese tipo de proyectos.
La entrevistada indica que mientras eso ocurre, sería recomendable que existiera una pausa en la autorización de licencias para evitar conflictos con las comunidades cercanas a los proyectos y los señalamientos que comúnmente se realizan.

“Hay que hacer un alto en el camino y el gobierno debería detener el otorgamiento de más licencias mineras, entrarle a una seria reforma a la Ley de Minería y crear una política energética y minera que analice realmente la viabilidad de esta actividad en el país. Si no, lo único que tenemos es otorgación de licencias a industrias extractivas que no generan con el pago de regalías, lo suficiente para justificar este tipo de proyectos y solo provocan un daño irreparable al medio ambiente y recursos naturales en el país”, puntualiza.

AUMENTO A REGALÍAS

Con la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015, el Organismo Legislativo también decretó una modificación al impuesto que pagan las industrias extractivas por concepto de regalías, incrementando el tributo de 1 a 10 por ciento.

Esta modificación se encuentra en el artículo 61 del nuevo presupuesto, y hace una reforma al artículo 63 de la Ley de Minería.

El 10% que pagarán las empresas mineras por regalías será distribuido de la siguiente manera: 1% para las municipalidades y 9% irá al fondo común para ser utilizado por el Estado.

Precisamente a una semana de la aprobación del Presupuesto General de 2015 por Q70 mil 600 millones, en diciembre del año pasado, la Gremial de Industrias Extractivas externó su rechazo de este proyecto de recursos del Estado, considerando que el mismo contiene un incremento desproporcionado, inconsulto y arbitrario de regalías y tributos al sector y tendrá efectos negativos sobre la economía y la atracción de inversión extranjera.

A pesar que este aumento no entró en vigencia este año debido a una serie de acciones de amparo interpuestas en la Corte de Constitucionalidad por parte de la Gremiext, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dice que existe preocupación de que el Congreso nuevamente incluya el incremento a las regalías mineras el próximo año.

“El incremento en las regalías a la industria minera, es una medida política que impide que las poblaciones cercanas a las minas dejen de percibir más de 100 millones de quetzales al año, con lo que se podría estimular la conflictividad social en el país”, advirtió el representante del sector privado.

FONDO DE EMERGENCIA SIN RASTRO

Los aportes voluntarios de las mineras al Estado sumaron Q188.2 millones, con los que se creó un fondo de emergencia. El Ministerio de Finanzas aseguró que dichos recursos se encuentran depositados en una cuenta del Banco de Guatemala.

Sin embargo, la información del Minfin no se puede confirmar porque existe la ley de secreto bancario, informó a La Hora el Banco de Guatemala.

El analista económico independiente, Carlos Martínez, señala que “el Ministerio de Finanzas en este momento carece de un registro efectivo de los fondos que provienen de las empresas mineras. Parece incluso que la intención de las autoridades es ocultar la información aunque esté en la obligación de reportar los ingresos reales con información concreta”.

En ese sentido, Martínez insistió en la necesidad de retomar la discusión en el Congreso del proyecto de ley que regularía el secreto bancario en el país atendiendo la fiscalización sobre información que en este momento se ampara en “garantías de confidencialidad”.

“La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) significa que el país cumple con mostrar los contratos, los procesos de otorgar licencias y cotejar el aporte del sector con lo que recibe el Gobierno”.
Mario Orellana
Gremial de Industrias Extractivas

MINISTROS RENUNCIARON

Carlos Iván Meany Valerio fungió como ministro de Energía y Minas en el gobierno de Álvaro Colom –desde su inicio en 2008 hasta el 23 de junio de 2010, fecha en que presentó su renuncia-, y financió parte de la campaña que llevó al poder a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2007.

Aunque sin brindar mayores detalles de las razones de su dimisión, Meany salió del Gobierno un día después de que Colom anunciara que atendería la solicitud de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, contra la mina Marlin, propiedad de Goldcorp, para evitar daños al ambiente y a los derechos de los habitantes de San Marcos cercanos al proyecto, mientras se sustentaba una investigación de fondo por una serie de denuncias planteadas en su contra.

En tanto, por señalamientos de actos anómalos en proyectos mineros y enriquecimiento ilícito, el ex jefe de la cartera Erick Archila, fue constantemente asediado por diputados del partido Libertad Democrática Renovada –LIDER–, quienes en los últimos meses armaron un juicio político para solicitar el voto de falta de confianza al Pleno y que fuera destituido de su cargo.

Sin embargo, Archila renunció al cargo el 15 de mayo pasado aduciendo ser víctima de chantaje y de una campaña de desprestigio en su contra por parte del principal partido de oposición.

En Cifras

49
Licencias de exploración y explotación de minerales se otorgaron entre 2008 y 2012, en el gobierno de Álvaro Colom.

34
Licencias de exploración y explotación de minerales se otorgaron entre 2012 y junio de 2015, en el gobierno de Otto Pérez Molina.

“Es prioridad ese tema, para el bolsillo de quienes pasan por ese Ministerio”.
Rafael Maldonado,
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala

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