Nuevo juicio contra Ríos Montt, ¿Justicia o injusticia?

POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt

El juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt va de nuevo. Esta vez no habrá cámaras, ni audiencia, ni procesado, ni cárcel. Tras tres intentos fallidos, ni siquiera hay certeza de que se lleve a cabo. El exjefe de Estado, declarado incapaz de comprender lo que sucede a su alrededor, enfrentará juicio a puerta cerrada, representado por sus abogados, en un proceso especial únicamente para medidas de seguridad. Esta puede ser la última oportunidad de que haya justicia en este caso (para cualquiera de las partes), ya que los últimos exámenes médicos de Ríos Montt señalan que su estado de salud se deteriora cada vez más. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo intento?

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

Para Nery Estuardo Rodenas, director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que se reanude el proceso es algo positivo porque considera que nadie debe estar por encima de la ley, sin importar los años transcurridos.

“Es necesario para el país ver una verdadera manifestación judicial que determine la participación de Ríos Montt y el Estado en los actos violatorios de los derechos humanos que se dieron durante el período del conflicto”, opinó.

El entrevistado lamentó las circunstancias en las que se llevará a cabo el nuevo proceso, las cuales son atípicas y responden a los problemas de salud del sindicado.

Para Rodenas la avanzada edad del General retirado no debería ser causa para el cese de la responsabilidad penal, pues recuerda que dentro de las víctimas se encontraban personas ancianas y menores de edad, incluso bebés no natos.

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, cree que, debido a las condiciones del juicio y las estrategias de litigio malicioso de la defensa, será difícil que haya justicia para las víctimas.

A su parecer, desde que se dio inicio al proceso, las estructuras de poder han manipulado la opinión pública en relación a los defensores de los derechos humanos, principalmente en los casos de violación o transgresión de las víctimas del conflicto armado interno.

“El sector militar ha mantenido un control en las altas esferas del poder, aunque parezca que es una lucha ideológica entre la izquierda y la derecha en estos asuntos, en el fondo del mismo son los negocios detrás de ese poder los que no quieren perder”, dijo.

Raúl Nájera, de la organización guatemalteca Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Guatemala), comenta que hay avances, aunque lentos, en los procesos en contra de los militares.

“Los avances en los casos se han logrado gracias a que las víctimas e hijos de víctimas están rompiendo el silencio después de vencer sus temores y los traumas que puedan tener a consecuencia de los tratos tan inhumanos de los que fueron objeto, han venido a declarar y exigen justicia”, indica.

En su caso personal, refiere que cuando tenía 4 años el Ejército asesinó a su madre, dos tíos y a su abuela de 68 años, quien fue encontrada maniatada y con señales de tortura. “Los que quedamos con vida, tenemos la responsabilidad de no dejar morir esta historia”, explica.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, señaló que las víctimas de genocidio, así como las víctimas de otras violaciones a derechos humanos, han buscado justicia por más de 30 años en los órganos de justicia y han sabido llevar los procedimientos impuestos por el sistema judicial. “Ahora, treinta años después, esas víctimas comienzan a identificar un horizonte nuevo en la búsqueda de esa justicia”, explicó.

LA CONTRAPARTE

Luis Rosales, abogado defensor del exjefe de Estado, señaló que la decisión de los órganos de justicia de continuar con el proceso contra su cliente, pese a sus condiciones de salud es violatoria de sus derechos, ya que el sindicado es incapaz de comprender lo que sucede a su alrededor.

“El Instituto Nacional de Ciencias Forenses explicó claramente ante el tribunal que él no estaba en capacidad de comprender y mucho menos enfrentar un proceso penal. No es posible que enfrente juicio alguien que no puede ni hablar”, indicó.

Rosales interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objeto de detener el juicio a celebrarse el próximo lunes, pero ayer el pleno de magistrados rechazó la acción, confirmando el inicio del debate.

“No es justicia lo que se busca con este juicio, es la condena la que quieren”, comenta Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, quien considera que detrás de estos juicios, “se mueven millones de quetzales”.

Para el entrevistado existe un interés ideológico y económico detrás del caso, por parte de las organizaciones querellantes, quienes “han manipulado la evidencia y fabricado un caso para obtener un beneficio monetario”.

“Hubo crímenes y excesos de ambos lados del conflicto, sin embargo, quieren demostrar que se trató de exterminar una etnia específica de la población. Con 1 mil 771 muertes, en un período de 18 meses, serían unas tres personas asesinadas por día. De haber querido el Ejército exterminar a la población ixil, con el poder de fuego de un solo batallón (650 soldados), lo habría logrado en días”, dijo.

Méndez Ruiz lamentó que los tribunales de justicia continúen tramitando estos casos.

Carlos Molina Mencos, experto constitucionalista, indicó que la continuación del juicio no está apegada a derecho, ya que el Decreto 8-86 amnistió los crímenes ocurridos antes de 1986. “Lo que debemos hacer es juzgar de forma imparcial, sin tomar en cuenta nuestras antipatías o simpatías. En este caso la ley favorece a Ríos Montt y hay que respetarla”, explica.

Mencos opina que, en este caso en particular, antes que la interpretación jurídica ha valido la interpretación política y que existen sectores que quieren “hacernos creer una realidad distinta a la que pasó”.

Raquel Zelaya, firmante de los Acuerdos de Paz y representante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, cree que los juicios contra hechos ocurridos durante el conflicto armado interno son polarizantes, y lejos de ayudar a reunificar a la sociedad guatemalteca, la dividen.

Para Zelaya es primordial enfocar los esfuerzos en trabajar en problemas de actualidad, tales como los índices de pobreza en las comunidades rurales. De acuerdo con la entrevistada, las víctimas fueron de ambos bandos y lo más conveniente es no remover estas heridas, dejando el pasado atrás. Según ella, la gran mayoría de la población que no vivió el conflicto armado interno no está interesada en regresar al pasado, sino en prepararse para el futuro inmediato.

2001: La Asociación para la Justicia y Reconciliación interpone la primera denuncia por genocidio contra Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de facto.

Enero de 2007: Ríos Montt dio a conocer sus intenciones de integrar el Congreso de la República como diputado. De esa cuenta, participó en las elecciones generales y logró su curul con el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que él mismo había creado.

Enero de 2011: Al terminar su legislatura, perdió su inmunidad y el Ministerio Público tuvo vía libre para actuar en su contra.

26 de enero del 2012: Compareció ante el Juzgado de Mayor Riesgo, donde fue formalmente acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, junto con otros tres Generales retirados. Durante la comparecencia él se negó a testificar. El juzgado le otorgó arresto domiciliario.

28 de enero de 2013: Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo, abrió juicio contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar durante su Gobierno.  En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio, pero unos días después se desestimó, por lo que el proceso continuó.

19 de marzo de 2013: El Tribunal A de Mayor Riesgo inició el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

10 de mayo de 2013: Ríos Montt fue declarado culpable por el Tribunal de Mayor Riesgo A, que dictó una sentencia de cincuenta años de prisión inconmutables por el genocidio cometido contra el pueblo ixil y treinta años más por crímenes de lesa humanidad, cuando gobernó dictatorialmente entre 1982 y 1983; convirtiendo a Ríos Montt en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes en su propio país.

20 de mayo de 2013: La sentencia del juicio fue anulada por la Corte de Constitucionalidad por errores cometidos por el Tribunal de Mayor Riesgo A en el procedimiento del debate. La Corte ordenó repetir el juicio, garantizando el debido proceso.

5 de enero de 2015: Ríos Montt no se presenta al Tribunal B de Mayor Riesgo para la repetición del juicio en su contra argumentando problemas de salud. El Tribunal ordena su traslado a la Torre de Tribunales y el militar se presenta postrado en una camilla.

7 de julio de 2015: Un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif), declaró que el procesado no es competente para presentarse a un juicio debido a padecer de demencia vascular mixta y dolor crónico en la columna.

25 de agosto de 2015: El Tribunal de Mayor Riesgo B, resolvió enviar de nuevo al militar retirado a juicio.  Ese mismo día lo declaró incapacitado para enfrentar un juicio normal, por lo que debe enfrentar un debate especial a través de la aplicación de medidas de seguridad y a través de la representación de sus abogados.

11 de enero de 2016: Está programado el nuevo inicio de juicio contra el exjefe de Estado.

36 AÑOS DE GUERRA

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, integrada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableció que la guerra civil en Guatemala empezó en 1962 y se extendió hasta 1996. El conflicto dejó a lo largo de 34 años más de 150 mil muertos, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados.

El informe, presentado en junio de 1999, documenta 626 matanzas, de las cual el 93 por ciento fueron perpetradas por las Fuerzas Armadas y el 3 por ciento por las guerrillas. Para el porcentaje restante, no se ha podido establecer responsabilidad.

 

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