Cinco testigos de Sepur Zarco hablaron con Nómada

¿Cómo pudo un crimen tan horrible pasar desapercibido en un país pequeño como Guatemala? Era un campo de concentración –sí, al estilo nazi–, pero para violaciones sexuales de mujeres. Entre 1982 y 1983. Entre Alta Verapaz e Izabal. Quizás porque se hizo contra las más débiles de toda la sociedad, una veintena de mujeres q’eqchíes, y con el consentimiento o el desprecio de todos a su alrededor. Les tomó 33 años perder el miedo y enfrentar a los principales responsables en los tribunales de justicia.

POR JODY GARCÍA / 2 FEBRERO, 2016

Un 1 de febrero de 2016, en la imponente sala de vistas del Organismo Judicial, empezó el juicio. Los magistrados de la actual Corte Suprema dudaron hasta ayer si le concederían ese espacio para el reclamo de justicia de las mujeres q’eqchíes. Hasta el lunes les habían dicho que sería en el vestíbulo del edificio de la Corte.
Si todo el peso de Guatemala pudiera caer sobre 11 personas, probablemente ha sido sobre ellas.
Eran hijas y nietas de campesinos pobres, sin dominio del castellano, y sus maridos intentaron legalizar sus propiedades en 1982 en la oficina estatal de registro de tierras, pero un 25 de agosto de ese año los militares los acusaron de dar de comer a los guerrilleros y los desaparecieron o mataron. A sus mujeres, una veintena, las raptaron para llevarlas a un destacamento militar que después se volvió un campo de concentración sexual, durante seis meses. Ocurrió cerca de las propiedades de los poderosos finqueros Milla y Maegli, y de un alcalde de Panzós, Flavio Monzón. Allí soldados deshicieron la vida de estas mujeres, dos niñas y varios hombres forzados a trabajar.
El grupo de mayas q’eqchís –acompañado de tres organizaciones de mujeres– se preparó para un día histórico. Ayer, la jueza Yassmín Barrios declaró abierto el juicio Sepur Zarco y es la primera vez que un proceso por violaciones a los derechos humanos en la región del Polochic llegó a un tribunal; es la primera vez que un caso de violencia sexual se juzga en un tribunal nacional (a diferencia de Ruanda y Yugoslavia); y sería la primera vez en que estas once sobrevivientes le dirían a sus agresores, a sus comunidades, al gobierno, al mundo: mak´al li qa xiw (ya no tenemos miedo).
¿Cómo rompieron el miedo?
Dos periodistas de Nómada las entrevistaron en noviembre. Las once mujeres estaban sentadas sobre camas y colchones en una pequeña habitación en la Ciudad de Guatemala. En la televisión se escuchaba una novela. Estaban en una hacienda que las recibe cada vez que viajan desde sus comunidades. En toda la entrevista estuvo presente un traductor.
Demecia, Rosario, Felicia, María y Cecilia salieron de la habitación y se sentaron en dos bancas de un estrecho patio. Antes de empezar la entrevista, Demecia miraba al techo, como preparándose para recordar. Fue la primera en hablar.
Hace ocho años iniciaron un proceso que les permitió conocer por primera vez las palabras justicia y derecho. Se apropiaron de ellas y las guardaron en su corazón hasta que se hicieron tan fuertes que perdieron el miedo de hablar de las violaciones reiteradas y colectivas.
“Pensamos que no íbamos a abrir la boca para contar nuestra historia porque tenemos miedo de lo que hemos vivido y sufrido, teníamos miedo que el conflicto armado interno se fuera a repetir. Nos llevó años aprender nuestros derechos y cómo es caminar el camino de la justicia. Luego nos animamos y ahorita ya no tenemos miedo. Sabemos que hay leyes e instituciones que pueden proteger nuestra vida”, explica.
En ese proceso fue clave la colaboración de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), Mujeres Transformando el Mundo, la Iglesia Católica, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), la Alianza Rompiendo el Silencio y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Rosario cuenta que cuando empezaron a hablar sobre lo que sufrieron lo hicieron a escondidas, con el rostro cubierto. María escuchó de los otros casos y con miedo se acercó a sus compañeras: “Hablé con los vecinos y les dije que yo no era una mala persona”.
Cuenta que después de haber sufrido la violencia sexual y doméstica fue discriminada por su comunidad. Hace unos años, incluso las autoridades locales querían impedir que fuera parte de del Consejo Comunitario de Desarrollo -Cocode-.
En septiembre de 2012, cuando declararon ante el juez Miguel Ángel Gálvez tenían el rostro cubierto; pero el caso se difundió a nivel nacional y la noticia llegó hasta sus pueblos, donde las reconocieron.
Cecilia relata que cuando regresaron de dar su testimonio estaban nerviosas, tenían miedo, pero se sentían diferentes: “En nuestra comunidad no dijeron nada porque saben lo que hemos sufrido. En el tiempo del conflicto fuimos violadas por los militares, hubo familias que no nos querían ver la cara porque pensaban que como estábamos solas íbamos a meternos con sus esposos”. Añade que eran víctimas y fueron tratadas como objetos, sin valor ni dignidad.
Cecilia, una mujer de gestos fuertes, repite “nos hicieron el mal, el daño de los ejércitos”. Feliza, con un rostro molesto, agrega “es raro lo que nos hicieron los militares”.

“Aunque antes tenía miedo, ahora ya no. Ya pasó todo”, coinciden cinco de las que accedieron a ser entrevistadas y fotografiadas por Nómada. Recuerdan que cuando declararon ante el juez, hace ya cuatro años, temían represalias de parte de los familiares de los militares, pero se sintieron seguras cuando conocieron que el mismo sistema de justicia debe proteger su identidad y su integridad, y cuando su caso fue conocido en toda Guatemala y el mundo.
“Yo siento como mujer que sí podemos exigir justicia y participar. Me siento contenta porque el juez y el Ministerio Público nos tomó en cuenta y nunca nos dejaron atrás. Nos sentimos tristes porque sufrimos, pero podemos exigir justicia por los abusos contra las mujeres”, concluye Demecia.
Todas repiten que el caso no se quedará en sus comunidades, sino que esperan una sentencia que impulse a otras mujeres a denunciar, exigir justicia y reparación.
Las cinco también tienen en común seguir buscando a sus esposos desaparecidos. “Ellos (Valdéz Asij y Reyes Girón, los militares demandados y en prisión preventiva en Mariscal Zavala) aunque están capturados están comiendo arroz y tortillas, pero nuestros esposos, ¿dónde los podemos encontrar para regalarles algo para comer?”.
La fiscal explica que derivado del caso Sepur Zarco fueron abiertos más de 50 expedientes para investigar otros hechos de violencia y esclavitud sexual durante la guerra civil guatemalteca.
El miedo a los militares que rondan por el pueblo
A finales de noviembre, con Nómada, estas sobrevivientes aceptaron ser entrevistadas y pidieron ser fotografiadas sin velo. Esto como un acto que simbolizaba la lucha contra la impunidad y el silencio. Ante las cámaras mostraron sus rostros, se quitaron el perraje y tenían planeado dejar de usarlo durante el juicio, para ver a los ojos a sus victimarios y pedir justicia por la desaparición de sus esposos, las violaciones y la esclavitud.
Pero en dos meses algo cambió. Los juicios de enero contra 16 militares por las masacres de Cobán y la desaparición del niño Marco Molina Theisen pusieron contra las cuerdas a los castrenses. Y la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) se acercó a la comunidad de Sepur Zarco para afiliar a militares retirados, exparamilitares y civiles; entre ellos, a uno de los testigos en el juicio. José Luis Quilo Ayuso, el presidente de la Avemilgua, confirmó a Nómada su presencia y su estrategia.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), explica que según la información que recibieron, Avemilgua está organizando ex patrulleros de autodefensa civil para apoyar a teniente Reyes Girón. “Lo que nos preocupa es la seguridad de las mujeres para cuando vuelvan a sus comunidades. Las mujeres no tienen problema en mostrar su rostro en el juicio, por supuesto que es lo que ellas quisieran hacer, pero en los últimos días lo que se ha estado moviendo en sus comunidades es el apoyo a los militares y la acreditación que está haciendo Avemilgua”, explica la activista Barrios. Para resguardar la seguridad del grupo, las organizaciones de mujeres hacen un trabajo comunitario basado en redes de apoyo.

El primer día del juicio
El mismo lugar en el que hace tres años estaban sentados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, hoy se encontraban Heriberto Valdez Asij y Esteelmer Francisco Reyes Girón.
Parece un ‘deja-vú’. En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia la jueza Yassmín Barrios presidía el tribunal que declaró abierto el juicio por las violaciones cometidas en la comunidad durante la guerra. De un lado el Ministerio Público y las entidades querellantes acuerpando a las víctimas. Del otro lado el abogado de militares Moisés Galindo buscaba separar a la juzgadora del caso. En el público, los directivos de la Fundación Contra el Terrorismo, activistas de derechos humanos y embajadores de Estados Unidos y de Europa.
En seis ocasiones, el abogado Galindo buscó que la audiencia se suspendiera. Argumentaba que fueron la misma jueza Barrios y su colega Patricia Bustamante quienes el 10 de agosto del 2015 presentaron una carta para no conocer el caso. Es cierto, pero una Sala de Apelaciones les ordenó quedarse.
Por un momento Galindo se negó a defender a su cliente y dijo que no convalidaría un fraude de ley. Ante la negativa de las juezas, tomó el micrófono e inició su defensa. Tres testigos declararon y señalaron a los sindicados de estar involucrados en las violaciones sexuales y desapariciones. Galindo nunca pidió la palabra para interrogarlos. Quién sí levantó la voz fue el coronel Esteelmer Reyes Girón al estar frente a Yassmín Barrios, que intentaba tomarle sus datos de identificación.
“No quiero declarar. No estoy aceptado que ustedes tres me quieran juzgar porque no tienen ninguna solvencia. Yo no puedo venir y aceptar una cosa así cuando sé que llevo las de perder. Usted no tiene que estar conociendo éste caso. Yo sencillamente estoy haciendo valer mis derechos y los tratados”.
Hilda Pineda, fiscal a cargo del caso, explicó que con las investigaciones determinaron que en 1982 y 1983, cuando sucedieron los hechos, los esposos de las víctimas habían formado un comité para tramitar la inscripción de sus tierras en el Instituto de Transformación Agraria (Inta), ahora el Fondo de Tierras. El despojo de esas propiedades fue el móvil del asesinato y desaparición de estos campesinos. La región ahora está rodeada de una mina de níquel, plantaciones de palma africana y de azúcar. Y de pobres. De hombres y mujeres maya q’eqchís que siguen siendo los más débiles de la sociedad guatemalteca.
Desde hoy, esperan que el Estado de Guatemala escuche su demanda de justicia.

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