Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos

POR / 15 febrero, 2016

Hay una Corte, con cinco jueces, que decide el futuro de Guatemala. Va a decidir si todos los juicios y las reformas del MP y la CICIG son legales o no lo son. Y uno de los cinco puestos lo decidirán unos 5 mil abogados de su colegio profesional. Pero hay un candidato que cuenta con ventaja. Un puesto público, con fondos públicos, en el que se cruzan con facilidad las líneas de la academia y el proselitismo. Se llama Bonerge Mejía.

Para ganar una elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) hay que ser popular. No bastan las propuestas y los planes de trabajo. Hay que recorrer el país y agradar al menos al 30 por ciento del los colegiados que votan. Cada cinco años, los abogados eligen a uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a un suplente. Esta vez, seis aspirantes y sus grupos se disputan el puesto. Pero hay uno con ventaja sobre todos: Bonerge Mejía, que desde un puesto público ha hecho campaña para llegar a la Corte más poderosa del país.

No existe línea divisoria entre la política gremial y la academia en el Colegio de Abogados, y en esa entidad, de la academia, a la cacería política y el clientelismo, hay un puesto: la dirección de la Unidad Académica.

“La Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis) tiene el gusto de invitarlo a celebrar el día del cariño. Asimismo, a la conferencia El Valor de la Amistad. Tendremos música, regalos, concursos juegos y algo más”. Es una invitación del grupo dirigido por Luis Reyes, ex presidente del Colegio e impulsor de Bonerge Mejía como candidato a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Esa actividad sería normal y pasaría desapercibida si no fuera por la relación que existe entre Luis Reyes y Bonerge Mejía y el interés de ambos para que el último ocupe un puesto en la CC.

Bonerge Mejía lleva años haciendo campaña para ese puesto. En el año 2013, Luis Reyes, siendo presidente del Colegio de Abogados gracias al apoyo del gobierno del Partido Patriota, lo nombró director de la codiciada Unidad Académica del Colegio, una oficina que tiene un presupuesto aproximado de Q1 millón anual para desarrollar actividades de actualización y tecnificación profesional para sus agremiados y que permite acercamiento con asociaciones y redes de abogados en todos los departamentos del país. Un presupuesto ideal para convencer a unos 3 mil abogados que se necesita para ganar una elección dentro del Colegio.

La ventaja del candidato Bonerge Mejía sobre el resto de aspirantes viene de su paso por Unidad Académica. Allí se hizo de una plataforma para recorrer el país coordinando conferencias académicas, promoviendo acercamientos con quienes busca sean sus futuros votantes. La fórmula, que no es nueva, ya ha resultado antes.

Cuando Fredy Cabrera presidía la Junta Directiva del CANG nombró a Luis Reyes en la Unidad Académica. Como representante de una universidad privada, Fredy Cabrera fue denunciado en 2014 por ser uno de los operadores de PP-Líder para la elección de jueces, con mensajes de texto en coordinación con el subsecretario general de Pérez Molina, Marvin Lau. En el 2012 Reyes heredó el puesto de Cabrera y dejó su cargo en dicha unidad a Bonerge Mejía. Mejía estuvo allí dos años (2013-2014) para hacer campaña.

De hecho, Bonerge Mejía intentó llegar a la presidencia del CANG en 2015, pero sus planes se truncaron cuando Marco Sagastume Gemmel ganó y lo despidió de la Unidad Académica.

“Nada más llegué y lo cambié. Él me dijo ‘Maco seguimos’, yo le dije: no porque vos vas de candidato para la CC, entonces no es ético que te aproveches de los recursos del Colegio para que impulses tu candidatura”, explica el presidente Sagastume en una entrevista.

En lugar de Mejía nombró como director académico a su aliado Estuardo Gálvez, ex rector de la Usac, dónde el ahora presidente Sagastume trabajó varios años en el departamento jurídico. “Le pregunté a Estuardo Gálvez si iba de candidato a algo y me dio su palabra de honor de que no”, añade.

Gálvez no es candidato, pero tiene un candidato.

Gálvez apoya públicamente la reelección de Héctor Hugo Pérez Aguilera, uno de 5 los magistrados actuales, uno de los 3 actuales que trabajó y votó para que a Pérez Molina no se le quitara la inmunidad, validó la elección de jueces de Líder y PP, anuló el juicio por genocidio y permanentemente falló a favor de militares en sus cinco años en el cargo. El presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, asegura que están vigilando que la estructura de la Unidad Académica no sea utilizada para impulsar a Hugo Pérez Aguilera.

De regreso al candidato Bonerge Mejía, éste tiene a su favor el voto de los estudiantes beneficiados mientras él pasó por la USAC. Una investigación de Nómada evidencia que durante la decanatura de Bonerge Mejía, el número de graduaciones aumentó a un ritmo fuera de lo normal. Del 2001 al 2010 las graduaciones se quintuplicaron, aunque cada año se inscribió la misma cantidad, de 18 mil estudiantes. De 241 graduandos en en 2001 pasaron a ser 1,019 en 2010. Se intentó contactarlo para una entrevista, pero no fue posible durante varios días de la semana pasada.

Los recursos públicos

Como sucede con ministerios como el de Comunicaciones antes de las elecciones presidenciales o legislativas, en el Colegio de Abogados todos tienen claro que la Unidad Académica se usa con fines electorales.

Pero en sus fiscalizaciones, todavía no todos tienen claro que usa fondos públicos.

El Estado obliga a cada abogado a pagar su colegiación y el artículo 28 de la Ley de Impuestos de Timbres Fiscales y de Papel Sellado, el Ministerio de Finanzas mensualmente paga al Colegio de Abogados un 4 por ciento de comisión por la adquisición de timbres y papel para protocolos que hagan los notarios. Los tribunales, además, han reconocido en sentencias que los directivos de los colegios profesionales se equiparan a los funcionarios públicos.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, lo denuncia. Con Bonerge Mejía se detectó que se hizo de una red de asociaciones de abogados –el Colegio le da fondos a cada asociación que se crea–, y aunque Sagastume Gemmel lo detuvo, ya llevaba dos años en el puesto. A finales de enero, organizaciones de la sociedad civil le plantearon su preocupación al Colegio de Abogados porque parte de sus fondos se utilizan para llevar a la Corte más importante del país a una persona clientelar.

“Bonerge Mejía fue el operador de las hermanas Torres de la UNE en el año 2009. Ese mismo año fue operador del Rey del Tenis (el abogado Roberto López Villatoro). Cinco años más tarde, él y el actual decano de Derecho, Avidán Ortiz, fueron los operadores en 2014 de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y de Juan de Dios Rodríguez (expresidente del IGSS). Estuvieron en el grupo de operadores”, dijo la activista Ibarra.

Bonerge recorrió el país y usó a la institución para darse a conocer, y todo lo hizo con el presupuesto del Colegio de Abogados. Más que un delito, es un problema de orden ético, considera Carmen Aída Ibarra.

No es complicado hacer proselitismo disfrazado de eventos académicos. Eventos con mucha mayor convocatoria que los de los demás aspirantes, que llaman a sus colegas para presentar su plan de trabajo y logran convocar a 30 abogados si les va bien, cómo denuncia una integrante de Alternativa Independiente.

Luis Reyes, que antes de ser presidente del Colegio de Abogados también fue director de la Unidad Académia, lo reconoce. Las campañas son caras. Transmitir el mensaje no es barato. “Todos tiene que invitar a los colegas. En Petén, por ejemplo, tiene que invitar a comer a todos para que lleguen, porque el agremiado no va a dar un centavo para ir a escuchar a un candidato. Es difícil. A veces se cree que es onerosa la elección, pero si uno no motiva la participación del agremiado que vaya a un desayuno, a una conferencia o a un evento, no asiste”, añadió el expresidente del CANG.

En Guatemala hay 23 mil abogados colegiados y en promedio votan 6 mil.

Bonerge Mejía y Luis Reyes van más allá de un desayuno en Petén. Al estilo de la vieja política, en su convivio navideño del año 2015 rifaron una motocicleta, regalaron canastas navideñas e invitaron a decenas de abogados y sus familias a un almuerzo en Hacienda San Isidro, ruta al Pacífico.

No hay quien fiscalice las campañas de los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad porque el reglamento del Colegio no plantea nada al respecto. Ni techos, ni nombres de financistas. El actual presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, se justifica: “No puedo detener las campañas millonarias de los candidatos porque no hay ningún candidato inscrito. El último día para inscribirse es el 22 de febrero”. No puede investigar la campaña anticipada porque ‘la campaña legal dura sólo dos semanas’. La votaciones son el 2 de marzo.

Dice que algo que puede hacer diferente el proceso es la participación de todos los colegas que pertenecen al gremio. De 23 mil colegiados, sólo votan 6 mil. La mayoría del 30 por ciento define a sus representantes. Cuando Sagastume Gemmel ganó la presidencia de la entidad obtuvo 3 mil 400 votos, el 15 por ciento de los abogados de Guatemala lo llevó a ese cargo. Tres mil ciudadanos guatemaltecos serán entonces los que eligan a uno de los cinco jueces constitucionales de la República.

Las elecciones del CANG son el próximo 2 de marzo. De los cinco que aspiran a ocupar un puesto en el máximo tribunal constitucional, hay dos que tienen ventaja. Bonerge Mejía, exdirector de la Unidad Académica; y Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado de la CC, que cuenta con el apoyo de Estuardo Gálvez, el exrector y actual director de la Unidad.

También buscan llegar Óscar Cruz, el candidato con el apoyo de Roberto López; Ricardo Alvarado, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del CANG; y Marco Antonio Villeda, el reconocido juez de extinción de dominio.

 

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