Por qué es menos descarada la compra de voluntades en la Corte Suprema (y los 5 candidatos para la CC)

Nómada

POR / 2 marzo, 2016

El 20% del destino de la lucha contra la impunidad en Guatemala está en las manos de 13 jueces, que eligirán a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Son 13 jueces que llegaron a su cargo a finales de 2014 electos en una alianza oscura del PP y Líder, pero que respondieron en 2015 al MP y a la CICIG y ahora se debaten entre si buscar a alguien independiente o tener una cuota de poder en la Corte más fuerte del país.

La fecha fue la primera señal. Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron que la fecha para elegir magistrado titular y suplente para la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad sería el 2 de marzo de 2016, el mismo día de la elección del clientelar Colegio de Abogados (CANG). La USAC, el Congreso y el Presidente de la República eligirán en distintas fechas. Pero la Corte Suprema decidió hacerlo el mismo día del Colegio de Abogados para mostrar que no influirá en su decisión.

El proceso de selección fue la segunda señal. En la página web de la Corte por primera vez en este tipo de proceso se ha publicado la información de los candidatos. Primero, los currículums de los postulantes; después los resultados de las pruebas psicométricas y finalmente los resultados de las entrevistas el día antes de la elección. Y además, cada parte de este proceso ha sido pública y retransmitida en directo. Aún falta saber si los votos serán públicos.

El peso de su historia reciente los marca. Los 13 magistrados llegaron señaladísimos a su cargo, acusados de tráfico de influencias en su selección. Es parte de la historia la grabación en la que el ahora exdiputado del PP Gudy Rivera le pide a la jueza Claudia Escobar proteger a la vicepresidente Roxana Baldetti a cambio de garantizar su reelección como jueza.

Y esa marca de nacimiento provocó un retraso de 43 días antes de que pudieran asumir como nuevos jueces. 43 días que no se les olvidan para esta elección ante la Corte de Constitucionalidad. Magistrados y candidatos mencionan reiteradamente el mes y medio que transcurrió hasta que se resolvió el amparo que impedía su nombramiento.

A esos 43 días se suma la crisis institucional de 140 días entre abril y agosto de 2015. La investigación del MP y la CICIG contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina por el caso de la defraudación aduanera, pusieron a los 13 jueces de la Corte Suprema en el ojo público.

Decidieron traicionar a Baldetti y Pérez Molina y al partido Líder y retiraron inmunidades. Y en 2016 deberán decidir si rompen definitivamente con el sistema que los eligió.

Con 17 postulantes, el panorama es menos claro hoy que hace un mes cuando solo un nombre sonaba: el del juez Sergio Pineda, magistrado de la cámara civil de la Corte Suprema. Ahora, a falta de la mitad de los expedientes por revisar, hay otros nombres que suenan junto a Pineda. Todo a través de las puntuaciones dentro del proceso abierto de selección.

Puntuaciones que en el pasado han servido sólo de fachada cuando hay una decisión tomada. En 2014, la candidata para fiscal de Pérez Molina era Thelma Aldana. Y a pesar de las críticas y la oposición, fue la que mejor punteó en una Comisión de Postulación dominada por el oficialismo, abogados clientelares y los grandes empresarios.

Este 2 de marzo, el día en que han ofrecido elegir, se conocerán las puntuaciones de Sergio Pineda o de otros candidatos fuertes, como Giovanni Orellana, magistrado de apelaciones. Los nombres de algunas candidatas, como el de Consuelo Porras, empiezan a última hora a sonar con fuerza. Pero los apoyos, dentro y fuera, son menos obvios.

La explicación a estas negociaciones menos obvias la da un candidato minutos antes de su entrevista: “Hay más presión pública, más fiscalización; el escenario actual no permite una compra de voluntades evidente”.

1. Consuelo Porras, la amiga de Gloria Porras

Consuelo Porras, actual supervisora de tribunales del Organismo Judicial (OJ), es amiga de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad que busca su reelección en el Congreso y en la Usac, desde la época en que ambas trabajaron en el Ministerio Público. Consuelo Porras trabajó ocho años en el MP y fue fiscal de asuntos constitucionales y amparos y fue en esos años (1996-2004) en que hicieron migas.

Antes del MP, trabajó nueve años en el Ministerio de Gobernación y otros tantos en la Secretaria de Bienestar Social previamente. En 2004, arrancó su carrera en el Organismo Judicial cuando fue elegida magistrada de apelaciones en La Antigua. En 2009, esta ex magistrada de apelaciones de niñez y adolescencia, se postuló a magistrada de la CSJ, pero no fue incluida entre los 26 elegidos para que el Congreso eligiera a los 13 magistrados finales. En 2010, fue presidenta de la junta de disciplina del OJ.

Porras es esposa del fiscal Gilberto Porres, que fue general de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su nombre saltó a los medios cuando en 2014 se postuló como candidata a fiscal general, en una elección que ganó Thelma Aldana, pese a que Porras obtuvo, con 62 puntos, la tercera puntuación más alta. En la actual elección, Consuelo Porras ha obtenido 78 puntos, una de las gradaciones más altas.

2. Sergio Pineda, el magistrado de la casa

Titubeó frente a los suyos. El 29 de febrero, el magistrado vocal VI de la cámara civil se puso nervioso en su entrevista. Aunque los que le puntuaban eran sus compañeros. Y pese a que su fuerte es el derecho constitucional, tal como él mismo afirma, sólo empleó cinco de los diez minutos que le correspondían para responder al tema que le tocó explicar: la interpretación constitucional. Su puntaje fue bajo: seis puntos.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

El nombre de Secaira suena como el de la candidata de la cámara penal y ella admite que espera apoyos de su cámara y de otras por el largo tiempo que lleva vinculada al Organismo Judicial (OJ), aunque hay disparidad de opiniones sobre sus posibilidades como titular, según distintas fuentes consultadas en la Corte.

Si bien entre 2009 y 2014 fue asesora de la Municipalidad de Guatemala, Secaira ha desarrollado su trayectoria en el OJ desde que se licenció en la Usac en 1981. Ha estado en las Corte de Apelaciones desde 1999 hasta 2009.

 

 

 

 

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