La Corte de los Milagros

4.03.16, Plaza Publica

Cuando un nuevo Presidente es investido con la banda y el alfiler presidencial, también recibe un collar con una llave que abre la urna que guarda la Constitución. Es este un asunto simbólico porque quienes guardan el texto constitucional son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y quienes protegen la cerradura del sistema son ellos. Es la Corte la que decide sobre la economía, la política y la justicia del país. De ahí el interés de muchos por influir en la elección de los magistrados que la integran.

Desde su escaño, un legislador de 50 de años, cabello entrecano y anteojos de aro grueso, se dirige al pleno del Congreso. Es el 30 de abril de 1985, el país se encuentra en una guerra que los beligerantes llamarán luego “conflicto armado interno”, y recién se ha instalado una Asamblea Nacional Constituyente fruto de elecciones populares. En el ambiente político de Guatemala flota la incertidumbre alrededor de la nueva Constitución Política que pronto habrán de promulgar, y de la figura que se incluirá en esta, para garantizar el pleno respeto de los derechos ciudadanos: la Corte de Constitucionalidad (CC).

El diputado expone sus motivos:

—La forma de integración de la CC fue cuidadosamente discutida en la Comisión de Amparo, y se llegó a adoptar esta fórmula, en vista de que en la misma se garantiza la independencia de criterio de la CC, se le despoja del elemento de politización que podría sufrir al ser producto de la elección de un cuerpo altamente político…

Continúa el legislador, presidente de la Comisión de Amparo:

—Lo que se pretende es que la CC esté dotada de criterio, no sólo administrativista que le pueda dar su designación por el Organismo Ejecutivo; el de Legislación, que le puede dar el Congreso; el Jurisdiccional, que provendría de la Corte Suprema de Justicia, sino también el académico, del Consejo Superior Universitario, y el Profesional, de la Asamblea del Colegio de Abogados…

El congresista ponente era el diputado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de Guatemala, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), el anticomunista prudente que más tarde sería electo en cuatro ocasiones por el Congreso de la República como magistrado de la misma Corte cuyo diseño dirigiría. Del paso de Maldonado por la CC quedan sus 20 años como magistrado, de los 30 de existencia de la institución, y una carrera política coronada con la Presidencia de la República luego de la renuncia de Otto Pérez Molina.

El espíritu de la integración de la CC —se esperaba entonces— era evitar la concentración del poder en un solo elector, por ejemplo: el Congreso, la Presidencia o la misma Corte Suprema de Justicia. El objetivo era que ningún poder político tuviera la hegemonía, que ningún grupo con redes en cada órgano tuviera la última palabra sobre el negocio de la justicia.

La intención era tener un ente colegiado, profesional y autónomo.

Mira también este gráfico interactivo: Eligiendo la CC

Las avenidas del poder

Frente a la Corte de Constitucionalidad, sobre la 11 avenida y 9 calle de la zona 1 capitalina, posa una pieza del escultor Max Leiva. Un pegaso de mármol con alas formadas por las páginas de un libro: la Constitución. A un costado de la plaza una placa recuerda que la escultura fue donada por un grupo de empresas: Banco G&T Continental, Tigo, Cervecería Centroamericana, Guatemarmol y Cementos Progreso, para el 25 aniversario de la Constitución y en el marco del II Festival de Escultura.

Es el 3 de marzo 2011 y la plaza que inaugurará ese día el entonces presidente de la CC, el magistrado Roberto Molina Barreto, se llamará “Plaza Defensa de la Constitución”. A su lado los representantes de la empresas patrocinadoras, algunas de las más importantes de Guatemala. La banca, las telecomunicaciones, el licor, la construcción… Entre los invitados de honor el exvicepresidente (1986-1991) y presidente alterno de la Constituyente (1985), Roberto Carpio Nicolle, quien publicaría al año siguiente el libro Colapsa el Estado donde identificaba a la corrupción como uno de los principales riesgos del sistema. Los rituales para inaugurar la escultura, la placa conmemorativa, ponen en bandeja la metáfora: La Constitución es una estatua pétrea con múltiples patrocinadores.

Sandra Sebastián

       [ Sandra Sebastián ]

Todos los caminos del poder pasan por la CC.

Como explica el exmagistrado Rodolfo Rohrmoser, las atribuciones de la CC le hacen llegar, en última instancia, a todos los aspectos de la vida pública. La CC resuelve la impugnación de leyes, conoce las solicitudes de amparos (el alegato de un ciudadano al serle violado un derecho constitucional) contra el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia; emite opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios, proyectos de ley a solicitud de uno de los tres poderes; resuelve los conflictos de correspondencia o jurisdicción que traten la constitucionalidad; trata las apelaciones (los desacuerdos) sobre los amparos presentados ante cualquier tribunal.

Todos los caminos del sistema judicial terminan en la CC. La última puerta ante la ley la guardan los diez magistrados que la integran —cinco titulares y cinco suplentes—.

“Frente a la administración pública, no hay materia que no sea susceptible de amparo, o de inconstitucionalidad. Ante la CC se puede pedir que una ley o reglamento se expulse del orden jurídico. Los amparos que resuelve tocan al Congreso, a la Presidencia, a las Municipalidades, incluso los asuntos entre los privados, con la única satisfacción de que se cumpla con las leyes ordinarias y de que se hayan agotado los recursos”, detalla Rohrmoser.

Todos los caminos del sistema judicial terminan en la CC. La última puerta ante la ley la guardan los diez magistrados que la integran —cinco titulares y cinco suplentes—.

Y es que frente a la CC, la jugada, la suerte puede cambiar; y puede transformarse en el tiempo. Las decisiones políticas, contrario a lo que se esperaba de ésta, también se pueden decidir en la Corte. Por ejemplo, en materia política el “no” a la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial por haber llegado antes al poder por un golpe de Estado (en un expediente de 1990), se convirtió en un “sí” en 2003, luego de una configuración favorable en la CC. El “no” a la inscripción de Sandra Torres para las elecciones 2011, marcó la campaña electoral de ese año. Para bien o para mal, esos fallos determinaron la vida política y democrática de Guatemala, al ser la última e inapelable palabra del sistema.

Si la CC expulsa una ley o reglamento del ordenamiento jurídico, está no podrá regresar bajo la misma forma; si otorga un amparo al considerar que un derecho ha sido violado contra un ciudadano, puede traer abajo todo un proceso judicial; si considera que una norma, tratado o acuerdo comercial contradice a la Constitución, puede dar marcha atrás a tratados suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso. En la cadena de decisiones del poder, su opinión es un veto irreversible, al menos hasta la próxima magistratura.

En temas sociales y de derechos humanos otras negativas han sido menos publicitadas, pero igual de decisivas, como ratificar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas no contradice la Constitución de la República. O no declarar inconstitucional el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, que establece “que los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”. Permitiendo procesos de justicia transicional como la reciente condena por el caso Sepur Zarco.

Sandra Sebastián

       [ Sandra Sebastián ]

Pero al igual que ha dado resoluciones que garantizan derechos colectivos, o permiten la persecución penal por crímenes cometidos durante la guerra, la CC también ha tomado decisiones sobre el sistema de justicia que han dado al traste con importantes procesos judiciales, como el juicio por genocidio contra Ríos Montt, por presuntos vicios de procedimiento.

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Marco Sagastume Gemmell, reconoce la injerencia de actores interesados en las decisiones judiciales de la CC. Y el descredito al que se enfrentan las instituciones de justicia con la CC a la cabeza. Por eso, argumenta: “desde noviembre pasado dije no a la reelección en la CC, no estoy analizando la labor de nadie, no. Lo que creo es que Guatemala necesita un nuevo rostro de la justicia, no hay confianza en el sistema de justicia que tenemos, esa es una verdad innegable”.

En la voz de los exmagistrados

Para los exmagistrados de la CC, Francisco Flores, Carlos Luna Villacorta y Mario Pérez Guerra las presiones de grupos de interés sobre la elección de los integrantes de la Corte es una tendencia al alza. Con diferentes matices, los juristas apuntan a los factores principales de presión: intereses gremiales, políticos y empresariales.

Flores lo detalla así: “Hay una influencia evidente del sector productivo, de las gremiales empresariales, que incide de manera decisiva, casi podrías decir que hay una representación efectiva de este sector”. Pero los partidos políticos también tienen un peso decisivo en esta elección, cómo ejemplo, Flores señala la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, la cual fue decidida por una alianza entre el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider). “Ese es un patrón que se aplica en elecciones de diversos niveles (como el caso de la CC)”, apunta el exmagistrado.

A estos dos grupos, Flores añade a las “corporaciones jurídicas”. “Es innegable que existe un sector de bufetes muy poderosos que intervienen dado que es de sumo interés para ellos debido a los litigios que llevan, por lo que les interesa tener magistrados con los cuales coincidir”, añade.

Flores: “Hay una influencia evidente del sector productivo, de las gremiales empresariales, que incide de manera decisiva, casi podrías decir que hay una representación efectiva de este sector”.

El exmagistrado Pérez Guerra considera que la gran debilidad del sistema lo constituyen los grupos de presión. “Como, desafortunadamente, la CC define en último punto muchos problemas del debido proceso dentro de los tribunales, a todo el mundo les interesa llevar los temas que no ha podido resolver en la justicia ordinaria. Es por eso que su composición le interesa a los grupos de abogados que defienden intereses de toda naturaleza”, asegura el jurista. La influencia de grupos de presión más notoria, agrega, se da en el Colegio de Abogados y el Congreso de la República; seguido muy de cerca por la elección del Presidente y la Corte Suprema de Justicia, y en un menor grado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. “Considero que es una influencia que se quiere prorrogar y que viene de muchos años”, afirma Pérez Guerra, quién lamenta que haya sido necesaria la presión internacional, para llamar la atención sobre transparentar el proceso. “Lamentablemente somos muy pusilánimes, miedosos, cuando esto deberíamos resolverlo nosotros. Pese a esto estoy satisfecho con la labor de CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad), aunque veo muy difícil que sea transparente este proceso”, aseguró.

El exmagistrado Carlos Luna Villacorta, lamenta que la presencia de grupos de presión “ha ido empeorando” con el tiempo, sobre todo por intereses gremiales.

En el mismo sentido, Flores asegura que a pesar de que en este proceso hay más participación ciudadana y muchos aspectos de la corrupción del sistema se han develado, “la situación no ha cambiado radicalmente como para que no existan los mismos intereses”, debido a que “la transformación no es tan significativa como para cambiar esto”.

Sandra Sebastián

       [ Sandra Sebastián ]

Para la activista en Derechos Humanos, Helen Mack, una muestra de los vicios del sistema de elección de los magistrados quedó patente el año pasado con la designación de Manuel Duarte, director jurídico del Congreso, como representante ante la CC luego de que Alejandro Maldonado Aguirre fuera elegido como Vicepresidente, tras la renuncia de Roxana Baldetti. Con esta elección los diputados buscaban tener una configuración favorable para ellos, asegura Mack. “Se estaban jugando los antejuicios de los mismos diputados, en ese momento, y del propio presidente (Otto) Pérez Molina, cuando sacan a Duarte como magistrado y el Presidente luego presenta un amparo ante la CC, se lo deniegan y ese mismo día renuncia”, recordó Mack.

Con una correlación de fuerzas diferente en el pleno de magistrados, los caminos se ven vedados para ciertas decisiones favorables para determinados grupos de poder. “Ahora están los casos que tocan al sector privado, como el de Aceros de Guatemala, otros como el del Lago de Amatitlán y Uri Roitman, los casos de los diputados, los militares en juicio por procesos de justicia transicional y todo el mundo querrá ejercer presión”, advierte Mack.

El escudo del sistema

A finales de los años 80, Latinoamérica vivía una fiebre de “constitucionalismo” de la mano del retorno a la democracia en varios países. Perú en 1980, Honduras, en 1982; Panamá, en 1983; El Salvador, 1983; Guatemala, 1985; Nicaragua, 1987; y Brasil 1988. Nuevas reglas del juego en el marco de una Guerra Fría, particularmente caliente en el caso de Centroamérica, que para entonces empezaba a extinguirse.

Como un reflejo de las viejas costumbres autoritarias, el presidente Jorge Serrano Elías, el líder político de un partido surgido de la nada y victorioso ante la debacle de los partidos tradicionales, daba un golpe de Estado el 25 de mayo de 1993. Con una minoría en el Congreso y argumentando la corrupción imperante en el Legislativo, Serrano procedía a disolver el Parlamento e intervenir el sistema judicial. Ese hecho se constituyó en la prueba de fuego de la CC y su mayor reclamo de legitimidad ante la sociedad.

Ese mismo día, la CC declaró inconstitucionales las decisiones de Serrano, y llamó a los ministerios de la Defensa y de Gobernación a mantener el orden democrático. Ese día triunfó la democracia y el Estado de Derecho sobre los intereses políticos. Ese día, la CC hizo que se respetara la Constitución.

Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la CC, y en ese entonces magistrado, explica que el máximo tribunal constitucional de Guatemala fue creado para “hacer valer los derechos humanos y prevalecer el orden constitucional”. Una inspiración constitucional que bebía de la transición a la democracia en España a finales de los 70 y de los tribunales constitucionales de Austria y Alemania.

Era una Constitución de inspiración progresista, señala Rohrmoser. Con un segundo Título dedicado a los Derechos Humanos. En sus raíces la CC mira el modelo europeo de tribunales constitucionales empezando por Austria en los años 20, y seguido en otros países como Alemania y Francia. Un sistema que tiene como punto uno la defensa del Estado de Derecho, y como punto dos el orden constitucional, dice Rohrmoser.

Y esta palabra tan querida para muchos: orden, marcará el devenir de la corte.

Porque la defensa del orden establecido, de las formas de la democracia, se convirtió en el rasgo característico de la CC. El cerrojo del status quo. Así lo apunta el abogado constitucionalista y vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Alexander Aizenstatd. De los 80 heredamos una Constitución antigolpes de Estado, centrada en mantener a las instituciones y a los funcionarios en sus puestos y no tanto en la aplicación de los derechos humanos. Una Constitución guardada por una Corte conservadora.

—Con el paso del tiempo ¿pareciera ser una tendencia en la CC, mantener las formas sobre los contenidos? —Se pregunta a Aizenstatd.

—Lo que tiene mucho sentido, porque si ni siquiera se respetaran las formas no se podría ir al fondo. Entonces la CC era un ente independiente que veía la Constitución como estabilidad. Por eso nos llamaron golpistas cuando pedimos la renuncia al presidente Otto Pérez Molina.

—¿Por eso en un primer momento la CC ampara al Presidente y detiene el proceso de antejuicio?

—Porque viene de esa mentalidad de: “mi función es resguardar el orden”, y no necesariamente resguardar los derechos que están detrás de esos conceptos. Gradualmente eso va a ir cambiando, un tribunal constitucional puede verse de dos formas distintas: para mantener la jerarquía de la Constitución, donde ésta se encuentra arriba de otras leyes. O como una Corte que se ve como la encargada de hacer valer el goce efectivo de los principios y derechos que están en la Constitución.

De 1993 a 2015, de una ruptura del sistema por el mismo Presidente al cauce institucional y la salida de un mandatario. De Serrano Elías a Pérez Molina. La historia de la CC ha oscilado como un árbitro de un sistema político siempre convulso.

La muerte y los impuestos

Decía Benjamín Franklin que “en este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. En Guatemala, la CC tiene la facultad de favorecer a algunos grupos para que el pago de impuestos no sea un problema. Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su estudio Guatemala: poder de veto a la legislación tributaria y captura fallida del negocio de la inversión pública, señala que “con la creación de la CC, a partir de 1985, la élite tradicional empezó a contar con un espacio en el cual podía vetar las reformas tributarias legalmente (de hecho, vía un procedimiento institucionalizado en la propia Constitución) complementando así los mecanismos de resistencia usados hasta entonces”.

Esto lo tiene muy claro el presidente del CANG al preguntarle qué sector tiene mayor incidencia en las decisiones de la CC. “El sector económico. Ya sabemos hasta quién es su representante (dice eludiendo mencionar nombres), pero esto es incorrecto, porque si vamos a seguir poniendo al sector militar con su magistrado, al sector económico, Dios guarde, será una corte de 45 miembros”, señala Sagastume.

Este “veto” encubierto a cambios en la tributación por parte del sector privado, lo sigue Barrientos en su estudio de las acciones de inconstitucionalidad exitosas contra el paquete fiscal de 1987, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, con nueve proyectos de ley consensuados con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras  (Cacif) ); y la reforma tributaria de Jorge Serrano en 1992 con leyes nuevas para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA ), timbres fiscales, el impuesto a la distribución de combustibles y reformas de armonización arancelaria regional, una vez más atacadas por acciones de inconstitucionalidad.

“El 17 de marzo de 1994, el diario oficial publicó las sentencias de la CC en las que se decretaba la inconstitucionalidad de los pagos a cuenta del ISR introducidos en la reforma tributaria de 1992”, apunta Barrientos, con la consecuencia de una caída en la recaudación por este impuesto con una carga tributaria del 8.4% respecto al PIB, en 1992; el 8.1% en 1993 y de 6.9% en 1994, cuando entró en vigencia la inconstitucionalidad.

Esta disputa se reavivaría en 1995 con nuevas acciones de inconstitucionalidad del sector privado a reformas a las leyes de impuestos al consumo de bebidas, IUSI (impuesto único sobre inmuebles), IVA e ISR aprobadas el año anterior en el gobierno de transición de Ramiro de León Carpio. La hostilidad tributaria con acciones emprendidas en la CC tendría una tregua durante el gobierno de Álvaro Arzú, con buenas relaciones empresariales.

Sandra Sebastián

       [ Sandra Sebastián ]

El punto álgido de estas modificaciones tributarias en la legislación aprobada por el Congreso se da entre 2000 y 2003, expone Barrientos, durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Alfonso Portillo. Esto con acciones contra impuestos que tocaban a sectores clave de la economía: IVA, ISR, pero también la supresión de privilegios y beneficios fiscales, impuestos a las bebidas, al cemento, a la distribución de combustibles, a los cigarrillos, a los timbres fiscales para los bancos y las sociedades financieras; a los aranceles a la importación de pollo y azúcar (aunque el mismo Portillo afirma que sólo se autorizó la importación el primer año de su gobierno y luego llegó a un acuerdo con los azucareros para mantener el precio estable).

La muerte y los impuestos, los impuestos y la muerte; al menos una es eludible por vía constitucional. “Según la SAT, en el período 2000-2003 se registraron 70 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 43 explícitamente están relacionadas con el Cacif, las cámaras empresariales o empresas integrantes del Cacif”, concluye Barrientos. Un resumen de estas acciones de inconstitucionalidad elaborado por la SAT.

De 2004 a 2011, entre los gobiernos de Óscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (Gana), y Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el status quotributario se mantiene desde el Congreso, que se ha negado a aprobar una reforma fiscal real. Para luego tener un repunte de consultas constitucionales en 2012 luego de la aprobación de la reforma tributaria a inicios del gobierno de Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), con 168 expedientes abiertos para noviembre de 2013 contra la Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria, que componen el paquete de reformas, señala el estudio Guatemala: poder de veto a la legislación tributaria y captura fallida del negocio de la inversión pública. Repunte que solo significaría declarar inconstitucional 6% de los artículos impugnados y suspender de manera provisional sólo el 5%.

La piedra de toque del terremoto político 2015 

Una piedra de toque suele ser una lámina opaca y áspera usada por los joyeros para frotar las alhajas y establecer, mediante la huella que dejen en la superficie, la pureza de los metales, calcular su valor. La elección de magistrados a la CC de este año resulta una piedra de toque para el sistema político. ¿La movilización ciudadana, las presiones políticas internacionales, las investigaciones judiciales del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han sido suficientes para iniciar un cambio en el sistema? La elección de una CC despolitizada y sin representar intereses particulares podría ser un buen indicador de esto.

¿Pero ha llegado el mensaje a los electores de este proceso (Congreso, Presidencia, CSJ, Consejo Superior Universitario de la USAC y CANG en asamblea?

Respecto a la elección entre el gremio de abogados (a la cual también tienen derecho politólogos y criminalistas por estar en el mismo colegio) Aizenstatd es escéptico: “No lo suficiente, no veo un gran cambio entre esta elección y la anterior. He recibido correos de uno de los candidatos desde por lo menos mayo de 2015 (a un mes del estallido de la crisis política), donde sólo aparecía su foto y atrás el edificio de la CC, sin decir nada pero quedaba muy clara su aspiración. Quizás dentro de algunos abogados que participaron en las manifestaciones, pero creo que es un gran error que esto se deje en manos de los abogados, la justicia es de todos”.

Menos escéptico resulta el presidente del CANG: “Ha sido tradición que se utilicen los fondos del Colegio para impulsar candidaturas, uno de los requisitos puestos allí es que no se hayan utilizado fondos del CANG en la campaña. Yo no tengo candidato”, dice Sagastume. Sin embargo, admite no hay forma de controlar los gastos de campaña de los aspirantes a la CC, quiénes la pagan, ni con que intereses emprenden esa inversión, eso en un proceso en el que pueden participar alrededor de 20 mil profesionales como electores.

Sandra Sebastián

       [ Sandra Sebastián ]

En el caso del Ejecutivo, el proceso de elección de sus designados titular y suplente a la CC, se anuncia secreta. Consultado por Plaza Pública el presidente Jimmy Morales aseguró “no haré nada que viole la ley”, al referirse a la facultad que posee el Ejecutivo de elegir a sus representantes en la CC en Consejo de Ministros, como excusa para no hacer público el proceso. Es decir, como la ley no lo obliga a transparentar la elección, el mandatario prefiere la opacidad. De momento se desconoce cuántos, quiénes y con qué criterios Morales evalúa a sus candidatos a la corte.

Tampoco escapan a las críticas la elección del representante por la CSJ, como apunta la integrante del CSU de la USAC, Lucía Ixchíu, incluso un integrante de la misma corte, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, ha buscado su postulación por el mismo cuerpo electoral del que forma parte. Un conflicto de intereses que por un lado lo colocaba en la posición de incidir en los criterios para la elección del representante ante la CC y luego postularse al cargo. “Un candidato en esa situación tiene una posición ventajosa en la elección al tener acceso al trato con los electores, sus colegas, frente a otros aspirantes” apunta Aizenstatd. Críticas que también alcanzan al mismo consejo de la USAC.

“Están las dos candidaturas de Francisco de Mata Vela, director de asuntos jurídicos de la USAC; asesor jurídico, y el representante del CANG ante la USAC, Juan Carlos Godínez. Al menos Mata Vela presentó una carta para separarse del cargo como asesor, antes de competir, pero Godínez hasta estuvo en el proceso de creación del perfil de los participantes, eso no es ético, nos compromete a todo el CSU, es un daño a la credibilidad del Consejo” apunta Ixchíu.

Desde el inicio del año el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez había comunicado como clave en las redes sociales, las mismas que catalizaron la movilización ciudadana en 2015. “El reto del 1er trimestre 2016: que se integre una muy buena Corte de Constitucionalidad, que garantice la continuidad del proceso de cambio”, apuntaba Velásquez, para luego seguir: “En la CC, solo magistrados idóneos, honorables y de convicciones democráticas, garantizarían que los avances logrados en 2015 no se frustren”.

El 2 de marzo, la CSJ eligió entre 16 candidatos a los abogados Neftaly Alada Herrera y María Consuelo Porras Argueta, como magistrados titular y suplente ante la CC; mientras que la representación titular del Colegio de Abogados se la disputarán en una segunda ronda electoral, el 9 de marzo, los juristas Bonerge Mejía y Óscar Cruz, y la posición de suplentes María Cristian Fernández y Julio Dougherty, debido a que ninguno obtuvo los votos suficientes en la primera ronda electoral.

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-corte-de-los-milagros

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