Se avecina guerra de Jimmy y G-8 contra EEUU-CICIG

POR MARTÍN RODRÍGUEZ PELLECER – NOMADA

Nadie pensó que llegaran tan lejos. O que investigar y botar a un presidente y una vicepresidenta no sería el mayor terremoto que causarían en Guatemala. El MP y la CICIG, con su investigación por las masacres de Cobán y su investigación ‘a una primera empresa grande’ por corrupción en impuestos, ha tocado al centro de los asesores del gobierno de Jimmy Morales y al corazón de la élite económica. Y ambos grupos, de militares retirados y grandes empresarios, parecen estar moviendo al presidente de dos meses a enfrentarse a la dupla MP-CICIG y a su principal apoyo, el embajador de Estados Unidos. Vamos a conectar puntos y explicar estas tensiones.

El 12 de febrero de 2016 se detuvo por unos segundos el corazón de la élite económica de Guatemala. El MP y la CICIG hicieron operativos para capturar a personeros de una empresa que se llama Aceros de Guatemala, por sobornar a funcionarios de la SAT (la oficina de impuestos) para evitar pagar una deuda de Q250 millones (US$30 millones). El nombre de Aceros de Guatemala (AG) no le dice nada a muchos. Pero a la élite económica sí.
Aceros es la compañía más grande de hierro en el país. Y su fundador, José Luis Gabriel Abularach (de 94 años), es socio y desde 2007 uno de los siete integrantes del Consejo de Administración del Banco Industrial, el banco más grande y poderoso del país.
En la economía de Guatemala, a diferencia de otras más desarrolladas, los grandes bancos del sistema son propiedad de los grandes empresarios de la industria, del agro o del metal. Las familias más tradicionales, dueñas de emporios de cerveza, pollo o azúcar, tienen sillas en el Consejo de Administración del BI. El grupo de las ocho corporaciones familiares más poderosas ha sido descrito por expresidentes y exministros como el G-8.

La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.
Dentro del banco de la élite económica hay dos posturas, según ha podido recopilar Nómada después de varias entrevistas con actores económicos y políticos.
Una es que no se defenderá a Gabriel Abularach si ha cometido ilegalidades, pues un socio no debería ensuciar la trayectoria de un banco en el que hay muchos accionistas.
Y la otra postura prefiere mantener la forma de operar en el pasado en el país: convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.
Esto porque en medio de estas tensiones internas por el caso de Aceros, el 1 de marzo, el representante de Washington dio una entrevista a elPeriódico en la que dijo una frase: “Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones debajo de la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses. Voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno”.
Para Estados Unidos, el combate a la corrupción es indispensable para que el Estado y la economía de Guatemala funcionen y dejen de expulsar a niños migrantes rumbo a su país.

A los nervios por el caso de Aceros y a esta declaración de Robinson se suma otro terremoto político ocurrido en Centroamérica, provocado también desde Estados Unidos. El 6 de octubre de 2015, Estados Unidos capturó al megaempresario Yankel Rosenthal, dueño del Banco Continental (de Honduras). Lo acusa de usar su banco para permitir lavado de dinero.
Desde octubre, muchos bancos del sistema temen que pueda haber una acción de la justicia estadounidense por lavado de activos. Banco Industrial no está entre los dos bancos que se cree que están bajo investigación.
Esta ‘injerencia verbal’ en asuntos internos (aunque sea una lucha contra la corrupción guatemalteca por parte de un gobierno extranjero) les parece intolerable a muchos empresarios, militares y políticos guatemaltecos conservadores, incluido el presidente Jimmy Morales. Es considerada una afrenta al nacionalismo.
Persecución a militares de Jimmy

Al novísimo presidente Jimmy Morales, que lleva en el gobierno dos meses y dos días como su primera experiencia política, la justicia guatemalteca la aprieta en otra esquina.
El 6 de enero de 2016, una semana antes de que asumiera la jefatura del Ejecutivo, el MP realizó la captura más numerosa de militares en la historia de América Latina. Diez y seis altos mandos retirados, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en los años setenta y ochenta.
Y entre los militares capturados y demandados por el MP habían dos personajes claves para Jimmy. Uno es César Cabrera, quien era uno de sus candidatos a ministro de Gobernación y es el padre de uno de sus principales asesores, y otro es Edgar Ovalle, fundador de su partido, FCN, diputado y subjefe de bancada en el Congreso.
Estados Unidos, además, le ha dicho que otro de sus principales asesores, el militar Armando Melgar, tiene vínculos oscuros.
El combo de asesores militares de Jimmy con recelos respecto del Ministerio Público y el papel de la embajada de Estados Unidos lo completa el general Ricardo Bustamante, quien fue mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, y quien fundó el ‘doctorado en seguridad estratégica’ en la USAC, que representa la mayor parte de contactos y conocimientos en política del presidente Morales.
Uno de esos contactos del doctorado fue el alumno y canciller de Pérez Molina, Carlos Raúl Morales. El canciller –cercano a los intereses de grandes empresarios–, así como el ministro de la Defensa, fueron los dos principales funcionarios de Pérez Molina que Jimmy Morales mantuvo en su equipo de gobierno.
El contraataque diplomático y político
Ante estas acciones y expresiones de la CICIG-MP y Estados Unidos contra Aceros y contra militares, el gobierno de Jimmy Morales disimula cada vez menos su malestar.
El 24 de febrero, su partido FCN y los de los grandes empresarios (Viva y Creo) intentaron bloquear en el Congreso las reformas a la ley del MP, que acaban con el derecho presidencial para remover al jefe del MP. Es más, intentaron que se aprobara una reforma que obligara al MP a pedir una orden de juez para investigar a un funcionario. La oposición parlamentaria, encabezada por la UNE, logró que se aprobara la reforma para dar más independencia al MP.
En marzo, el gobierno de Jimmy Morales parece haber declarado una guerra contra el embajador de Estados Unidos.
La revista ContraPoder hizo públicas las declaraciones del nuncio apostólico (el representante del Vaticano) en las que pedía a los embajadores no intervenir en la política nacional. La posición del representante del Vaticano es una contradicción, pues el Papa Francisco intervino en las elecciones estadounidenses al decir en México que el candidato Donald Trump tenía propuestas tan racista que ‘no era cristiano’.
Pero todo parece parte de una movida diplomática nacional. El presidente Morales refrendó al nuncio: “Agradeceré de manera especial, que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Es necesario que a través de sus actividades, ustedes continúen apoyando a la construcción del Estado guatemalteco, y a la unión de todos los sectores que lo conforman”.
Esto sólo fue la punta del iceberg. Nómada tuvo acceso a la carta que envió el canciller Carlos Raúl Morales a todos los embajadores un día antes de la reunión con el nuncio, el 10 de marzo. A continuación, una síntesis de las palabras que parecen estar dirigidas directamente contra el embajador estadounidense por su declaración en elPeriódico, y también contra otra diplomática activa en la lucha contra la impunidad y la desigualdad, Valerie Julliand, representante del Sistema de Naciones Unidas.
Escribió el canciller de Jimmy Morales: “La lucha contra la corrupción es la piedra angular del gobierno. Esta tarea se ve acompañada por el respaldo de la cooperación internacional. Pero de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos internos del país, lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación”.
Pero no se queda ahí. Hay una amenaza.
“Esa preocupación fue compartida con algunos representantes a través de comunicaciones individuales y el pasado 12 de febrero durante la presentación de los viceministros de Relaciones Exteriores. El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable”.
Otras medidas en el lenguaje diplomático son pedir a la Casa Blanca o a Naciones Unidas el retiro de los embajadores del país.
(Aquí, la carta enviada por el canciller a todos los embajadores en el país)
El cambio de época
Esta retórica por parte del gobierno de Jimmy y (columnistas cercanos a la élite empresarial) contra EEUU, Naciones Unidas y la CICIG por apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, recuerda las posiciones del gobierno de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.
No obstante, columnistas conservadores y progresistas, como Luis Felipe Valenzuela (director de Emisoras Unidas) o Edgar Gutiérrez (excanciller), consideran sin sustento las reacciones de ‘falso nacionalismo’ de Jimmy Morales. El periodista Juan Luis Font también cuestiona ‘el temor al cambio’ por parte de la élite empresarial.
Pero más allá de esta guerra que se avecina entre actores poderosísimos, el año 2016 ha sido un parteaguas para la historia de la República de Guatemala.
La posibilidad de que se investigue a un socio del Banco Industrial por defraudación fiscal cambia todas las reglas del juego. Este se describe a sí mismo como uno “nacido del seno de la Cámara de Industria”, fundado en 1968 por un centenar de industriales, “con un capital de Q25 millones, que se recaudó por medio del aporte del 10% de las exoneraciones otorgadas a las industrias en Guatemala”.
Ahora, conspirar para no pagar impuestos, como hizo la empresa de uno de sus socios, es considerado un acto tan corrupto e impune como robar el dinero de las arcas públicas.

El 12 de febrero de 2016 se detuvo por unos segundos el corazón de la élite económica de Guatemala. El MP y la CICIG hicieron operativos para capturar a personeros de una empresa que se llama Aceros de Guatemala, por sobornar a funcionarios de la SAT (la oficina de impuestos) para evitar pagar una deuda de Q250 millones (US$30 millones). El nombre de Aceros de Guatemala (AG) no le dice nada a muchos. Pero a la élite económica sí.
Aceros es la compañía más grande de hierro en el país. Y su fundador, José Luis Gabriel Abularach (de 94 años), es socio y desde 2007 uno de los siete integrantes del Consejo de Administración del Banco Industrial, el banco más grande y poderoso del país.
En la economía de Guatemala, a diferencia de otras más desarrolladas, los grandes bancos del sistema son propiedad de los grandes empresarios de la industria, del agro o del metal. Las familias más tradicionales, dueñas de emporios de cerveza, pollo o azúcar, tienen sillas en el Consejo de Administración del BI. El grupo de las ocho corporaciones familiares más poderosas ha sido descrito por expresidentes y exministros como el G-8.

El Consejo de Administración del BI, según su propia página web.
El Consejo de Administración del BI, según su propia página web.
La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.
Dentro del banco de la élite económica hay dos posturas, según ha podido recopilar Nómada después de varias entrevistas con actores económicos y políticos.
Una es que no se defenderá a Gabriel Abularach si ha cometido ilegalidades, pues un socio no debería ensuciar la trayectoria de un banco en el que hay muchos accionistas.
Y la otra postura prefiere mantener la forma de operar en el pasado en el país: convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.
Esto porque en medio de estas tensiones internas por el caso de Aceros, el 1 de marzo, el representante de Washington dio una entrevista a elPeriódico en la que dijo una frase: “Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones debajo de la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses. Voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno”.
Para Estados Unidos, el combate a la corrupción es indispensable para que el Estado y la economía de Guatemala funcionen y dejen de expulsar a niños migrantes rumbo a su país.

A los nervios por el caso de Aceros y a esta declaración de Robinson se suma otro terremoto político ocurrido en Centroamérica, provocado también desde Estados Unidos. El 6 de octubre de 2015, Estados Unidos capturó al megaempresario Yankel Rosenthal, dueño del Banco Continental (de Honduras). Lo acusa de usar su banco para permitir lavado de dinero.
Desde octubre, muchos bancos del sistema temen que pueda haber una acción de la justicia estadounidense por lavado de activos. Banco Industrial no está entre los dos bancos que se cree que están bajo investigación.
Esta ‘injerencia verbal’ en asuntos internos (aunque sea una lucha contra la corrupción guatemalteca por parte de un gobierno extranjero) les parece intolerable a muchos empresarios, militares y políticos guatemaltecos conservadores, incluido el presidente Jimmy Morales. Es considerada una afrenta al nacionalismo.
Persecución a militares de Jimmy
Al novísimo presidente Jimmy Morales, que lleva en el gobierno dos meses y dos días como su primera experiencia política, la justicia guatemalteca la aprieta en otra esquina.
El 6 de enero de 2016, una semana antes de que asumiera la jefatura del Ejecutivo, el MP realizó la captura más numerosa de militares en la historia de América Latina. Diez y seis altos mandos retirados, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en los años setenta y ochenta.
Y entre los militares capturados y demandados por el MP habían dos personajes claves para Jimmy. Uno es César Cabrera, quien era uno de sus candidatos a ministro de Gobernación y es el padre de uno de sus principales asesores, y otro es Edgar Ovalle, fundador de su partido, FCN, diputado y subjefe de bancada en el Congreso.
Estados Unidos, además, le ha dicho que otro de sus principales asesores, el militar Armando Melgar, tiene vínculos oscuros.
El combo de asesores militares de Jimmy con recelos respecto del Ministerio Público y el papel de la embajada de Estados Unidos lo completa el general Ricardo Bustamante, quien fue mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, y quien fundó el ‘doctorado en seguridad estratégica’ en la USAC, que representa la mayor parte de contactos y conocimientos en política del presidente Morales.
Uno de esos contactos del doctorado fue el alumno y canciller de Pérez Molina, Carlos Raúl Morales. El canciller –cercano a los intereses de grandes empresarios–, así como el ministro de la Defensa, fueron los dos principales funcionarios de Pérez Molina que Jimmy Morales mantuvo en su equipo de gobierno.
El contraataque diplomático y político
Ante estas acciones y expresiones de la CICIG-MP y Estados Unidos contra Aceros y contra militares, el gobierno de Jimmy Morales disimula cada vez menos su malestar.
El 24 de febrero, su partido FCN y los de los grandes empresarios (Viva y Creo) intentaron bloquear en el Congreso las reformas a la ley del MP, que acaban con el derecho presidencial para remover al jefe del MP. Es más, intentaron que se aprobara una reforma que obligara al MP a pedir una orden de juez para investigar a un funcionario. La oposición parlamentaria, encabezada por la UNE, logró que se aprobara la reforma para dar más independencia al MP.
En marzo, el gobierno de Jimmy Morales parece haber declarado una guerra contra el embajador de Estados Unidos.
La revista ContraPoder hizo públicas las declaraciones del nuncio apostólico (el representante del Vaticano) en las que pedía a los embajadores no intervenir en la política nacional. La posición del representante del Vaticano es una contradicción, pues el Papa Francisco intervino en las elecciones estadounidenses al decir en México que el candidato Donald Trump tenía propuestas tan racista que ‘no era cristiano’.
Pero todo parece parte de una movida diplomática nacional. El presidente Morales refrendó al nuncio: “Agradeceré de manera especial, que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Es necesario que a través de sus actividades, ustedes continúen apoyando a la construcción del Estado guatemalteco, y a la unión de todos los sectores que lo conforman”.
Esto sólo fue la punta del iceberg. Nómada tuvo acceso a la carta que envió el canciller Carlos Raúl Morales a todos los embajadores un día antes de la reunión con el nuncio, el 10 de marzo. A continuación, una síntesis de las palabras que parecen estar dirigidas directamente contra el embajador estadounidense por su declaración en elPeriódico, y también contra otra diplomática activa en la lucha contra la impunidad y la desigualdad, Valerie Julliand, representante del Sistema de Naciones Unidas.
Escribió el canciller de Jimmy Morales: “La lucha contra la corrupción es la piedra angular del gobierno. Esta tarea se ve acompañada por el respaldo de la cooperación internacional. Pero de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos internos del país, lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación”.
Pero no se queda ahí. Hay una amenaza.
“Esa preocupación fue compartida con algunos representantes a través de comunicaciones individuales y el pasado 12 de febrero durante la presentación de los viceministros de Relaciones Exteriores. El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable”.
Otras medidas en el lenguaje diplomático son pedir a la Casa Blanca o a Naciones Unidas el retiro de los embajadores del país.
(Aquí, la carta enviada por el canciller a todos los embajadores en el país)
El cambio de época
Esta retórica por parte del gobierno de Jimmy y (columnistas cercanos a la élite empresarial) contra EEUU, Naciones Unidas y la CICIG por apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, recuerda las posiciones del gobierno de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.
No obstante, columnistas conservadores y progresistas, como Luis Felipe Valenzuela (director de Emisoras Unidas) o Edgar Gutiérrez (excanciller), consideran sin sustento las reacciones de ‘falso nacionalismo’ de Jimmy Morales. El periodista Juan Luis Font también cuestiona ‘el temor al cambio’ por parte de la élite empresarial.
Pero más allá de esta guerra que se avecina entre actores poderosísimos, el año 2016 ha sido un parteaguas para la historia de la República de Guatemala.
La posibilidad de que se investigue a un socio del Banco Industrial por defraudación fiscal cambia todas las reglas del juego. Este se describe a sí mismo como uno “nacido del seno de la Cámara de Industria”, fundado en 1968 por un centenar de industriales, “con un capital de Q25 millones, que se recaudó por medio del aporte del 10% de las exoneraciones otorgadas a las industrias en Guatemala”.
Ahora, conspirar para no pagar impuestos, como hizo la empresa de uno de sus socios, es considerado un acto tan corrupto e impune como robar el dinero de las arcas públicas.

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