Santa Eulalia A Diez Años De La Consulta Comunitaria

Por: Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera, Prensa Comunitaria

La libertad de expresión fue una de las libertades reclamadas por la población santaeulalense maya Q´anjob´al el 29 de agosto 2006 al momento de elegir entre la vida y la muerte a través del mecanismo de la consulta comunitaria de buena fe sobre la exploración y explotación minera y de los demás bienes naturales.

Esa fecha trascendental marcó un antes y un después en la organización y movilización comunitaria del municipio de Santa Eulalia y de la región norte de Huehuetenango; apegados a los derechos que establecen instrumentos nacionales e internacionales se organizaron las consultas en los pueblos Q´anjob´alanos (Q´anjob´al, Chuj, Akateko) en los meses posteriores poniendo en el centro de elección el derecho a vivir y el derecho a defender la madre naturaleza a través  de las asambleas comunitarias como mecanismo ancestral de movilización de los pueblos convocados en nombre de la consulta comunitaria que daría viabilidad y legitimidad jurídica ante las instancias correspondientes.

El horizonte planteado a partir de la consulta es la constancia, permanencia y perseverancia en la lucha de la defensa de la madre naturaleza Ko txutx yib´an q´inal. Esta lucha iniciada hace diez años hoy está dando sus frutos en la conciencia crítica de la población respecto a proyectos que se plantean desarrollarse en la región norte de Huehuetenango.

La Consulta Comunitaria de buena fe o la consulta municipal de vecinos se convirtieron desde el año 2005 en los ejercicios plenos de la democracia representativa de los pueblos, mayas, mestizos y xincas, la consulta es el ejemplo exacto del ejercicio democrático de los pueblos en este país.

El proceso que inició en el 2004 cosechándose en el 2006, como estrategia de sensibilización e información sobre los efectos de la exploración y explotación de la minería de metales a cielo abierto, y el cuidado de los ríos sirvió para entablar otros procesos políticos como fiscalización pública en el municipio de Santa Eulalia.

El mecanismo de la consulta es una práctica democrática y ancestral de los pueblos y el que se realizó en Santa Eulalia se amarró desde el Código Municipal, la ley de Descentralización, la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT ratificado por Guatemala diez años antes del 29 de agosto 2006 y toda la normativa en materia de Derechos Humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los diez años que han pasado los podemos ahora evaluar  de manera crítica desde los errores que hubo claro, pero que se han sabido enmendar el camino. La participación y apropiación de las comunidades del proceso evidenció en la asistencia de más de 19 mil personas, marcado por un 99 por ciento de rechazo a los proyectos extractivos. Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se evidenció la libre elección de cada uno y una con información previa.

Sin embargo, el Estado guatemalteca y los gobiernos de turno se siguen resistiendo a reconocer el carácter vinculante de las consultas, irrespetando los resultados de la consulta, en el caso del municipio de Santa Eulalia se requiere pretenden imponer una hidroeléctrica vinculada un grupo empresarial de la familia Leal, por si fuera poco pretenden empresarios y funcionarios públicos imponer de forma violenta una serie de hidroeléctricas en toda la región. Desde que apareció la empresa CINCO M con el proyecto Hidro San Luis ha roto el tejido social y comunitario.

Los asesinatos de Mateo Alonzo (2007) y Daniel Pedro Mateo (2013) junto a la prisión política sufrida recientemente por Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo; autoridades ancestrales y las ordenes de aprensión aún vigentes en contra de mujeres y hombres que representan al pueblo Q’anjob’al son el claro ejemplo de la criminalización desmedida.

Por si fuera poco, las empresas lograron la cooptación de varias personas que desde el poder municipal durante el periodo 2011-2015 apoyaron y facilitaron la estrategia de las empresas, incluso el cierre ilegal y arbitrario de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ por un año fue el resultado de la criminalización y persecución de la radio como instrumento de la expresión de las comunidades.

Frente a la censura, la organización comunitaria respondió con la consolidación de varios equipos de comunicación e información que han logrado romper el cerco mediático en varios momentos importantes y finalmente la reapertura de la radio comunitaria.

No cabe duda que la movilización comunitaria ha ido madurando a lo largo de estos diez años, pero que es una lucha de muchas décadas atrás, los retos no son fáciles, defender la vida frente a la barbarie será una tarea de todos los pueblos de este país.

Santa Eulalia a diez años de la consulta comunitaria

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