Godoy: Pensamiento conservador se opone a resarcir violaciones de derechos humanos

POR CLAUDIA PALACIOS, cpalacios@lahora.com.gt, 05 octubre 2016

Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), asegura que desde marzo de este año el Gobierno ha trabajado para cambiar el estatus negativo del país ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, retomando el cumplimiento de las sentencias emitidas contra el Estado de Guatemala y buscando soluciones amistosas en los casos abiertos. Esta postura no ha sido bienvenida por algunos sectores, señala, quienes han cuestionado la representación del Estado de Guatemala por parte de la institución que dirige.

El Gobierno de Otto Pérez Molina mantuvo una postura de desacato ante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en general de rechazo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál es la postura del actual Gobierno hacia estos temas?

Uno de los problemas que tuvimos como país y como Estado fue que de 2012 a 2015 prácticamente el Estado desconoció las resoluciones y sentencias de la Corte IDH y eso nos hizo ser declarados en desacato.

Por otra parte, hubo una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una visita in loco, y el Gobierno se negó. Entonces, de acuerdo al reglamento, eso permite que al país lo rebajen de categoría como “serias violaciones a derechos humanos” y le pongan un informe especial del país. Ese informe lo aprobó la Comisión el 31 de diciembre de 2015.

Ante esa situación, el nuevo Gobierno pensó que quería salir de esa situación en la que se nos había colocado en los últimos cuatro años, y a mí el Presidente me dijo: yo quiero que usted vaya a cambiar eso. Entonces la directriz es cómo salimos del desacato, cómo colaboramos con la Corte y la Comisión Interamericana y, por ende, con el sistema internacional para que Guatemala vuelva a recuperar el espacio que había ganado entre el año 2000 y el 2011.

Esa es la directriz que se me ha dado y en ese sentido yo he venido trabajando por un lado con los peticionarios y, por otra parte, con la Corte y la Comisión para abordar los incumplimientos que hemos tenido.

¿Cómo avanza la respuesta a las recomendaciones de la CIDH para el país en materia de derechos humanos?

Tenemos hasta el 10 de octubre para responder 38 recomendaciones que nos hace la Comisión. En eso hemos venido trabajando, porque no es nada más de contestar. Hay aspectos que tienen que ver con aspectos estructurales o con cuestiones del funcionamiento de la institucionalidad, y nosotros tenemos que ver lo que está pasando, incidir para que aquello cambie y entonces ya poder informar.

¿Hay avances en el cumplimiento de estas recomendaciones?

Hay que decir lo siguiente: cuando el Presidente me llamó para hacerme cargo de Copredeh, que esta es la segunda vez que estoy aquí, me dijo que estos cuatro años anteriores nos habían hecho ganar el informe de la Comisión. Entonces, le dije: Presidente, yo no lo veo así, el informe no es por los 4 años, es por los 500 años. Porque el informe se llama Diversidad, Desigualdad y Exclusión, y tiene que ver con toda la exclusión y desigualdad para los pueblos originarios, entonces, eso es una cuestión estructural que no se soluciona de la noche a la mañana.

Pero sí podemos informar nosotros que se reinstaló el Gabinete de pueblos indígenas, que hay un sistema de diálogo que está trabajando con los territorios y las comunidades, especialmente aquellas comunidades y territorios que no tienen derecho de picaporte para llegar al Presidente, y se están trabajando mandatos de la Corte de Constitucionalidad celebrando consultas, que, si no son consultas previas, sí son consultas correctivas en aquellos lugares donde no se hizo.

Por supuesto, en el tema de la pobreza, en el tema de la educación, en el tema de salud hay algunas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos informando que vamos casi al día con el tema de la alimentación escolar, porque eso siempre ha sido un problema, la administración de esos fondos para que lleguen a tiempo a los niños en las escuelas.

Muchas recomendaciones tienen que ver con seguridad y justicia; entonces, en la medida que el Estado ha venido reduciendo el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, en la medida que ha venido trabajando el Ministerio Público, la Policía, la CICIG en la captura de delincuentes y la captura de gente ligada a corrupción, podemos decir que vamos avanzando.

Usted informó hace algunas semanas que el Estado adeuda US$40 millones a víctimas y familiares del Conflicto Armado Interno por 21 sentencias de la Corte IDH, ¿Cómo se pretende solucionar esta deuda?

Aquí hay varias deudas pendientes de reparación: una es el Sistema Nacional de Resarcimiento y su atención a comunidades víctimas del conflicto armado; otro caso es el de la política de reparación a las comunidades de Chixoy, que eso es otra cosa, diferente a los casos del Sistema Interamericano. Entonces, yo diría que son tres ámbitos y solo del Sistema Interamericano son un aproximado de US$40 millones.

Para el año entrante deberíamos poder cubrir, en un acuerdo con los peticionarios sobre formas de amortización, entre US$15 y US$20 millones, que eso tiene un impacto grande en el presupuesto.

A mí me ha pedido la Comisión de Derechos Humanos del Congreso este tipo de datos, porque en el presupuesto (propuesto por el Ejecutivo) no se pudo incluir, entonces esto quedaría como una cuestión que tiene que conocer el Congreso.

Nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano y es el Sistema Interamericano el que nos ha sentenciado a hacer esta reparación y nosotros, en aras de los convenios y de estar en el concierto civilizado de naciones, tenemos que honrar esas sentencias y esas deudas. Pero ahorita tendría que cubrirse con fondos del presupuesto porque no hay país que nos ayude a pagar eso.

La semana pasada usted asistió a una reunión en el Congreso donde fue cuestionado sobre la representación que hace Copredeh del Estado ante el Sistema Interamericano, ¿de qué forma defiende la Copredeh al Estado?

Es parte de lo que está en el tintero. Ha habido algún medio de comunicación cuestionando cómo se defiende al Estado de Guatemala y yo sí quiero hacer un énfasis en esto: no es lo mismo defender al Estado, cuando el Estado es la víctima, como en el caso de TCQ, el caso de Ferrovías o el caso de los consorcios o transnacionales que hacen negocios con el Estado y después quedan mal, que defender al Estado cuando es el victimario.

Son procesos diferentes, no es lo mismo la tipificación de un delito que tipificación de una violación a derechos humanos. Hay procedimientos en el Sistema Interamericano, donde lo que deberíamos de buscar son soluciones amistosas para evitar que un caso llegue a la Corte.

Un caso llega a la Corte cuando después de haber sido admitido en la Comisión, el Estado tiene la posibilidad de informar y también el peticionario. Se arma una controversia entre el peticionario y el Estado, la Comisión hace un informe, ese informe contiene recomendaciones para el Estado para resolver esa violación a los derechos humanos, y cuando el Estado no atiende esa recomendación, solo entonces pasa a la Corte.

Casi, cuando pasa a la Corte uno no se quita una sentencia, porque uno no hizo una cuestión intermedia. Entonces, lo que se privilegia en el tema de derechos humanos es cómo encontrar una solución amistosa, cómo el Estado, a partir del reconocimiento de los hechos que se dieron, se pone de acuerdo con la víctima, con sus familiares, y encuentra términos intermedios.

Esto, por economía procesal, y porque la Corte es implacable en las sentencias. En cambio, con las víctimas o los peticionarios, uno puede llegar a acuerdos que pueden significar menos de la mitad de lo que la Corte impondrá, en el tema pecuniario.

Esa es la principal cuestión, pero una solución amistosa tiene que partir del reconocimiento del Estado.

¿Y por qué es diferente al tema penal o cuándo el Estado es la víctima? Aquí lo que se pretende es que el Estado cambie conductas, que el Estado deje de ser un violador de los derechos humanos y, entonces, el mecanismo de la Comisión y de la Corte lo que en última instancia persigue es eso.

Entiendo que la duda que existe es sobre si la Copredeh tiene la potestad de representar al Estado o solo puede hacerlo el Presidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores…

Nosotros todo lo hacemos a través de Relaciones Exteriores. Digamos, si yo hago algo para la Corte, para la Comisión o para Ginebra, yo me dirijo al señor Ministro de Relaciones Exteriores para decirle: aquí va esto. Es decir, nosotros actuamos como si fuéramos una oficina de Relaciones Exteriores y únicamente para las audiencias de la Corte, entonces, recurrimos a la PGN para que nos dé la representación.

El problema aquí está en que, para la PGN y para algunos que escriben en ese medio de comunicación, el Presidente de Copredeh no es nadie y no puede ni pedirle una representación a la PGN, sino que tiene que ser el Ministro de Relaciones Exteriores.

Ahí se ha creado un problema, porque la Cancillería dice: nosotros no tenemos que pedirle a la PGN, porque en el exterior nosotros representamos a Guatemala.

Entonces, esa disputa o esa discusión que se generó entre marzo que yo asumí y septiembre, lo que hizo fue que me impidió a mí suscribir unos acuerdos de solución amistosa en dos casos, en el caso Mayra Gutiérrez y en el caso Xamán.

En el caso de Mayra Gutiérrez, que ese ya estaba en la Corte, se tuvo que abrir audiencia y no hubo posibilidad (de acuerdo). En el caso Xamán, que yo ya había llegado a acuerdos con ellos y, al no poder suscribir nada, nos pasaron a la Corte.

¿Qué exactamente impidió la suscripción de los acuerdos?

La PGN aduciendo que no informamos de los mandatos que nos dieron en el pasado. Nos pidieron un informe, que estamos haciendo, porque es un informe, prácticamente, de los 15 años en los que se han ventilado este tipo de casos.

Lo que hizo el Presidente fue sacar un acuerdo gubernativo antes de irse a Estados Unidos para que representemos al Estado en los casos del Sistema Interamericano.

Pero también están cuestionando lo que yo hice en los tiempos del Gobierno de Portillo, también por desconocimiento. Entonces, yo tengo aquí este documento en el que el entonces presidente Portillo me autoriza a mí a negociar 17 casos con los peticionarios, en un documento firmado por mí, firmado por él, por el presidente de la CIDH y el secretario. Esto fue el 9 de agosto del año 2000. Entonces, yo he tenido toda la autorización de los presidentes para actuar.

¿Considera que existe algún interés en este cuestionamiento a Copredeh?

Hay varias visiones. Cuando el Presidente de la República designa al presidente de Copredeh está dando una línea hacia dónde quiere que se dirija la política en materia de derechos humanos y en cuanto al Sistema Interamericano. Entonces, cuando nombra a un activista de derechos humanos el Presidente está diciendo: pónganse de acuerdo con los peticionarios y sus familias. Cuando el Presidente nombra a alguien que cree que los juicios son negocios de los negociantes de la guerra, que aquí no hubo desaparecidos, sino bajas de guerra, que la Corte y la Comisión están llenas de izquierdistas, está nombrando a alguien que no cree en ponerse de acuerdo y acatar.

En el caso del presidente Jimmy Morales está teniendo una postura intermedia porque yo no soy activista ni soy de los otros, soy un funcionario de derechos humanos, toda mi vida. He sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos, trabajé en la Ley del Procurador, trabajé como asesor de tres procuradores y estoy ahora por segunda ocasión en Copredeh. Es decir, ese es mi campo, soy un funcionario de derechos humanos. Eso es para mí una postura intermedia.

Pero es ese pensamiento que también pudiera estar impregnado en alguna gente que cree que cuando se llega a una solución amistosa hay un acuerdo bajo la mesa, en el que se juega cierta cantidad de dinero para los que lo suscriben. Quien sospecha eso ni me conoce, ni jamás me ha conocido.

Lo otro es que hay posturas de carácter ideológico en que lamentablemente todavía hay resabios de la guerra. A 20 años de los Acuerdos de Paz, uno todavía encuentra visiones muy polarizadas respecto al tema de derechos humanos.

Yo creo que en la medida que se vayan desplazando los artífices y los actores en el tema de la guerra, las presiones van a ser diferentes; sin embargo, sí hay todavía un pensamiento conservador que piensa que no hay que reparar, que no hay por qué pagar, o que hay que hacerlo de igual manera con las otras personas que sufrieron en el lado de la contrainsurgencia. Todo eso es atendible, pero creo que es ese tema de que, a través de las soluciones amistosas, aquí se puede hacer mangas y capirotes con el dinero del pueblo.

¿En cuáles de los casos presentados en la CIDH se están buscando soluciones amistosas?

Ahora que Copredeh tiene la representación hay dos cosas que retomar: una es las sentencias, que si usted ve aquí, está todo lo que falta por cumplir, por tipo de medidas. Nosotros estamos trabajando con los peticionarios el cumplimiento de esto, que incluye hasta la publicación de los resúmenes de las sentencias.

La otra es, aún en el caso Mayra Gutiérrez, aún en el caso Xamán, tenemos la opción de pedirle a la Corte que homologue lo que nosotros acordamos con los peticionarios para que no vaya a ser tan drástica con el Estado, porque aquí estamos hablando de casi la mitad de los recursos o de los pagos, cuando lo hacemos por solución amistosa, versus una sentencia de la Corte.

Hay otros casos que ahora no tengo en la memoria. Son alrededor de 101 casos caminados en la Comisión que el Presidente me ha pedido que no pasen a la Corte, sino que busquemos una salida. De estos casos hay unos 26 que están en todavía en proceso de admisibilidad.

¿De qué partida sale el dinero para pagar las sentencias impuestas por la Corte IDH?

A nosotros nos lo asignan y nosotros lo distribuimos. En el caso de Chixoy, si es para pagar, lo pagamos; si es para una obra, nosotros lo trasladamos.

Copredeh tiene contemplado para el año entrante Q208 millones. Ahorita nosotros tenemos Q141.6 millones, pero de eso Q107 millones son de Chixoy (para la reparación a las víctimas), y por un atraso que hubo ahora son Q182 de Chixoy, es decir que del presupuesto para nosotros, para funcionamiento, nos bajaron Q5.6 millones.

Godoy: Pensamiento conservador se opone a resarcir violaciones de derechos humanos

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s