El día que el Inacif dejó la ciencia por salvar a un diputado

POR JODY GARCÍA, publicada en Nómada,  1 de MARZO 2017

Edgar Ovalle, militar retirado, diputado y fundador del partido FCN del presidente Jimmy Morales, tiene un as bajo la manga para frenar las investigaciones en su contra por masacres y desapariciones durante la guerra. En el proceso para evitar que le quiten la inmunidad como diputado, hizo que el CSI guatemalteco, el Inacif, cuestionara la autoridad técnica de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) para hacer investigaciones científicas. Con eso pone en duda la validez de los trabajos para reconocer el ADN de 535 osamentas humanas encontradas en la base del ejército en Cobán, en donde el ahora diputado Ovalle prestó servicio militar en los años 80.

Una semana antes de la toma de posesión de Jimmy Morales, el 6 de enero de 2016, la Policía y el Ministerio Público hicieron la mayor captura simultánea de militares en Guatemala. 16 señalados de cometer crímenes contra civiles durante el conflicto armado interno fueron puestos tras las rejas. El diputado Ovalle fue el único que no fue detenido en esa ocasión por su inmunidad como diputado y por eso el Ministerio Público (MP) empezó un trámite de antejuicio en su contra. Un año y tres meses después, a días de que la jueza pesquisidora concluya las indagaciones y le recomiende a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle o no la inmunidad, su defensa pide que el caso se cierre apoyándose en un documento firmado por la Secretaria General interina del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Antes de la curul 

Edgar Ovalle fue oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil entre 1981 y 1982, uno de los años más sangrientos de la historia del país, tiempo en el que según un documento desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ocurrieron 77 masacres contra civiles. Para ‘ganar la guerra’ contra 15 mil guerrilleros (según datos de inteligencia militar), el ejército desapareció a 45 mil personas y asesinó a otras 250 mil. La gran mayoría de las víctimas, obviamente, fueron civiles.

En el 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público le solicitó a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) que realizara excavaciones en la base militar 21 en Cobán, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Creompaz), porque las denuncias señalaban que el lugar fue un centro clandestino de detenciones ilegales, violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

FAFG investiga hechos históricos de relacionados con violaciones al derecho a la vida y casos de muerte no esclarecidos; además, conduce peritajes e investigaciones forenses y sociales. Obtuvo la acreditación de la Organización Internacional de Estandarización ISO, ha sido llamada para prestar evidencias científicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió el premio de la Academia de Ciencias de Nueva York en 2008 y en 2012 la medalla del gobernador de Canadá. Su director, Freddy Pecerelli, fue incluido en la lista de la revista Time de 1999 como uno de los 50 latinoamericanos más destacados.

En enero de 2013, la Fundación concluyó las excavaciones y descubrió 73 fosas comunes donde habían 535 osamentas humanas de 90 niños, 443 adultos y 22 restos en los que no se determinó edad o sexo. Por estos hechos, en junio de 2016 los 8 ocho militares fueron enviados a juicio. Edgar Ovalle en cambio, con inmunidad y su pin de diputado, continúa fuera de la prisión y se presentó en tribunales para dar a conocer sus pruebas de descargo en febrero de 2017.

A su declaración y los argumentos de sus abogados, adjuntó las respuestas de un cuestionario que le hizo planteó al Inacif.

Más que la respuesta a una duda

El 15 de noviembre del año pasado, el diputado Ovalle le preguntó al Inacif cuál era el objetivo del convenio de colaboración que firmó con FAFG el 11 de diciembre de 2012.

La secretaria general interina, Gabriela González Cornejo, respondió:

“… el objetivo del mismo es establecer lineamientos generales de cooperación entre el INACIF y la FAFG, manteniendo comunicación a efecto de coordinar acciones tendientes a optimizar la calidad pericial, mediante la complementariedad de conocimientos, experiencias y asesoría mutua en cuanto a nuevas tecnologías, método y estándares internacionales; así como el desarrollo de proyectos de interés común; por lo que no se faculta a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para elaborar informes forenses”.

Es decir, la última frase, en la que sostiene “por lo que no se faculta a la Fundación para elaborar informes forenses” es para Mario Guerra, el abogado del diputado Ovalle, su argumento para demostrar que los informes de exhumaciones realizados por FAFG no tienen valor probatorio y que no pueden ser utilizados usados por el MP para acusar a su cliente. El hallazgo de las osamentas y los estudios que se practicaron por la Fundación a petición del MP, “no tienen validez para el Inacif”, dice el defensor del diputado.

El abogado Guerra dice que si la FAFG no tiene esas facultades, entonces los informes forenses de las 535 osamentas encontradas en la base del ejército no pueden ser parte del caso contra el diputado Ovalle.

Cuando se le pregunta por la validez del convenio entre ambas instituciones, el abogado Guerra interpreta:

– Es solo de traslado de experiencia, capacitación y situaciones de ese tipo, no para que FAFG asuma el papel y facultad del Inacif.

Este documento de colaboración entre el MP y el Inacif se firmó en el 2012 y aunque ya pasaron cinco años, el Inacif le respondió al diputado Ovalle, que desconocen las cualidades técnicas o profesionales de Fredy Peccerelli, Marco David García King y Omar Girón de León, los peritos de FAFG. Y enfatiza que no laboran en el Inacif.

Adelante, en el documento, el Inacif agrega que los análisis de ADN que realizan en sus laboratorios se hacen con equipos especiales, y que como no conocen el instrumental que utiliza FAFG desconocen si sus protocolos se adecuan a los estándares internacionales establecidos por el FBI en sus investigaciones. El equipo de FAFG tiene los más altos estándares internacionales, al extremo de haber sido solicitados sus análisis para la Corte Interamericana.

Roberto Garza, vocero del Inacif, dice que todo es una confusión. Dijo que la respuesta del Inacif fue malinterpretada por los abogados del militar y diputado, ya que “trataban” de decir que FAFG no puede hacer informes en nombre de ellos, aunque la falta de claridad sea considerada por la defensa del diputado como una postura oficial.

– Yo no entiendo cómo le están dando validez a un documento administrativo si al final lo que se hizo fue contestarle a él (Ovalle) las preguntas. En ningún momento ese documento podría afectar el proceso penal, dijo el vocero.

Ante la pregunta de si aclararán su posición, el vocero Garza respondió que lo harán si el Ministerio Público lo requiere.

El Inacif no decide

Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Inacif, la Fundación de Antropología Forense le solicitó al abogado Miguel Ángel Urbina que la analizara, pues dudaban si sus actividades e investigaciones se verían afectadas. La conclusión fue que según la legislación procesal penal, son los jueces y el Ministerio Público los que deciden quienes serán los peritos (los expertos científicos) que recabarán este tipo de evidencias y que el Inacif no tiene el mandato de verificar a los peritos que no trabajen con ellos.

Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo que solicitaron una copia certificada de dicho documento para analizar si la institución y Gabriela González Cornejo, la persona que firmó el informe, incurrieron en algún delito, ya que no les corresponde cuestionar las facultades de FAFG para realizar investigaciones forenses. La fiscal Pineda añadió que analizan el efecto que tendrá en el caso contra el diputado Ovalle.

Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, querellante adhesivo en este caso, ve negligencia del Inacif al responder una pregunta del diputado y subjefe de bancada del FCN. Teme que se entorpezcan las investigaciones del caso de la base militar de Cobán y reconoce que desde años atrás no confía en el Inacif para casos de violaciones a los derechos humanos. Cita como ejemplo el caso por genocidio, donde dudaron de los diagnósticos médico del exdictador Efraín Ríos Montt. Lo diagnosticaron con problemas mentales, pero cuando una jueza lo iba a enviar al hospital Federico Mora, la defensa de Ríos Montt se retractó para que permaneciera en su casa.

Se espera que a finales de marzo de 2017 la jueza pesquisidora Berenice Contreras informe si recomienda o no retirarle la inmunidad al diputado Ovalle. Independientemente de su informe, la palabra final la tendrá el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En más de un año, el Ministerio Público no pudo investigarlo porque la Corte Suprema lo protegió en una primera instancia, porque después hubo un amparo, por un cambio de abogado defensor, porque la jueza que debía indagarlo se fue de vacaciones y porque la Corte de Constitucionalidad retuvo el expediente durante seis meses. Ahora que las pesquisas están en marcha, el diputado Ovalle sigue tranquilo en su curul.

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