Una pista de aterrizaje clandestina pegada a un pozo de Perenco

Sebastián Escalón, 15 05 17, Plaza Pública
Plaza Publica descubrió que, a 25 metros del pozo petrolero Xan-30 operado por Perenco y a 6 kilómetros de un destacamento militar, corre lo que expertos consideran una pista de aviación clandestina.

El 26 de abril, Plaza Pública participó en un sobrevuelo al Parque Nacional Laguna del Tigre cuyo objetivo era monitorear los incendios que asolaban el área protegida.

Durante el vuelo, se pasó por encima del campo petrolífero Xan, operado desde 2001 por la empresa franco-británica Perenco. Se pudo contemplar la planta industrial, sus chimeneas y su inmensa pista de aterrizaje asfaltada. Después, siguiendo el vuelo hacia el Norte, apareció lo que a todas luces era una discreta pista de aviación: una simple traza de alrededor de 1 kilómetro de largo que cruzaba un potrero y un pequeño remanente de bosque. La traza iniciaba a escasos 25 metros de uno de los pozos petroleros de Perenco, el pozo Xan-30.

Al experimentado piloto que condujo del sobrevuelo, pocas dudas le quedaron sobre el hecho de que aquello fuera una pista de aterrizaje. Indicó que la orientación de la traza era ideal teniendo en cuenta los vientos dominantes.

Plaza Pública mostró las fotos al jefe de la fiscalía contra la narcoactividad, Aldo Chapas. El fiscal indicó que “la traza presenta las características de una pista de aterrizaje clandestina, pero que para confirmarlo, se necesita iniciar la investigación, y consultar a la Dirección General de Aeronáutica Civil para saber si dicha pista está autorizada”.

Se le preguntó a Carlos Velázquez Monge, director de Aeronáutica Civil, cuáles eran las pistas de aviación autorizadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre. La única es la pista asfaltada de Perenco.

La aparente pista clandestina presenta un elemento paradójico: a mitad de su recorrido, se adentra en un pequeño bosque. Se distingue claramente que hay árboles en pie sobre la pista. De las conversaciones con el piloto y el fiscal surgieron dos hipótesis: o bien la pista no está terminada, y sus dueños aún no han removido toda la vegetación, o bien el pequeño macizo de árboles serviría de escondite a las avionetas que aterricen allí. Por otra parte, las vacas que se aprecian entre los árboles demuestran que el terreno está ocupado por algún ganadero invasor del área protegida.

Dos días después del sobrevuelo, Plaza Pública recorrió el área de Xan y visitó el pozo Xan-30. Apenas unos pasos separan la pista del cerco que rodea el pozo petrolero. La pista tiene cerca de cuatro metros de ancho. La vegetación a ambos lados de la traza estaba quemada, aunque unos mínimos retoños de vegetación asomaban nuevamente. Esto permite estimar que el fuego con el cual se limpió el área de aterrizaje ocurrió entre una y dos semanas antes de la visita.

El pozo Xan-30 se encuentra a 5 km del área central de Perenco, y a 6 km de un destacamento militar de operaciones de selva. Llegar al lugar es muy fácil: la traza y el pozo colindan con la carretera principal que atraviesa el parque Laguna del Tigre. Esta carretera de terracería muy bien mantenida une la población de El Naranjo con el campo Xan y luego prosigue hacia las comunidades fronterizas de Los Cerritos y La Paz. Una vez en el área de producción petrolera, basta con seguir los carteles para llegar al pozo 30.

La carretera principal del parque Laguna del Tigre pasa a la par de la pista clandestina y del pozo Xan-30

Durante el recorrido, Plaza Pública habló con un técnico de Perenco, quien, junto a un agente de seguridad de la empresa Visersa, estaba realizando un monitoreo ordinario a otro pozo de Xan. El técnico explicó que inspeccionan los 46 pozos de Xan todos los días.

Documentos de Perencomuestran que Xan-30 es un pozo de inyección activo en donde la petrolera reintroduce en el subsuelo el agua ácida producida por la extracción de petróleo.

Se le preguntó a los directivos de Perenco si tenían conocimiento de esta pista. Por correo electrónico, Antonio Minondo Ayau, director de asuntos corporativos de la transnacional, respondió: “No tenemos conocimiento de la existencia de la pista de aterrizaje que usted menciona”.

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Se le preguntó si la empresa conoce a las personas que han invadido tierras alrededor del pozo. “No conocemos la identidad de las personas que habitan las tierras alrededor del pozo Xan-30”, fue la respuesta de Minondo Ayau, que agregó: “Perenco Guatemala ha denunciado en múltiples oportunidades ante CONAP la existencia de invasiones y quemas.”

El coronel William García, jefe de prensa del Ejército, afirma desconocer la existencia de una pista junto al pozo Xan-30. Dice que una de las labores del Ejército es efectuar patrullajes en la Laguna del Tigre para detectar y destruir pistas clandestinas. Indicó que actualmente existen 65 trazas en el parque, de las cuales 23 han sido dinamitadas.

Perenco, poder y Petén

Según el fiscal Aldo Chapas, “la colindancia de la reserva de la Laguna del Tigre con México la convierten en un lugar importante para el tráfico de drogas, ya que allí pueden aterrizar aeronaves de Suramérica, y luego pasar la droga a México”.

Durante el sobrevuelo, se observaron en efecto otras dos pistas clandestinas. Sin embargo, estas estaban trazadas en zonas remotas como el Triángulo Candelaria, y no en un área industrial de carácter estratégico para Guatemala, ni tan cerca de un destacamento militar.

“Cuando se descubre una pista clandestina, se presume que es utilizada para actividades de narcotráfico”, indicó el fiscal Aldo Chapas. Agregó que también puede ser utilizada para la comisión de otros ilícitos, como la trata de personas, transito ilegal de personas, trasiego ilegal de armas de fuego o contrabando.

El informe Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios publicado en 2011 por la organización estadounidense Insight Crime presentaba el papel de Perenco en el entramado de fuerzas y alianzas que se ciernen sobre el Petén, y sobre el parque Laguna del Tigre en particular. Según los investigadores, la transnacional petrolera, junto con Manuel Baldizón, Manuel Barquín, Julián Tesucún, Javier López, líderes locales de Partido Patriota y Unionista y la familia Mendoza, eran las fuerzas a veces en pugna, a veces aliadas, que ocupaban el territorio.

“En esta amalgama de intereses juega un papel central la compañía Perenco, cuya posibilidad de continuidad depende del apoyo del ejecutivo y el legislativo; del respaldo – real o ficticio de las comunidades que viven en la zona–, y de la convivencia con los grupos criminales que ya se han adueñado de amplios terrenos del área protegida”, indicaba el informe en aquel año.

Esta “convivencia funcional” con el crimen organizado descrita por el informe se entremezcla con relaciones de negocios con estructuras político-económicas. Ejemplo de ello, la empresa Visersa, que le brinda seguridad Perenco. En marzo 2007, Manuel Barquín, entonces gobernador de Petén, aseguró a la prensa que dicha empresa era propiedad de Otto Pérez Molina, aunque estuviera registrada a nombre de su cuñado Otto Rember Leal Flores. Plaza Pública consultó el registro mercantil, y en efecto, el cuñado del exmandatario fue presidente del consejo de administración de Visersa en dos ocasiones, en 2000 y 2003.

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“Hasta ahora, intereses de Perenco y de las principales organizaciones del narcotráfico no se han visto afectados, mientras la tenaza de la militarización y amenaza de desalojos se cierra sobre las comunidades”, publicaba en 2011 Insight Crime. Desde entonces, este aspecto de la vida en el área protegida parece no haber cambiado drásticamente. .

Frente al destacamento militar que vigila la entrada al campo Xan, hay una talanquera y un puesto de control operado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y por el Ejército. Cuando Plaza Pública pasó por allí, las autoridades le acababan de marcar el alto a un pick up cargado de campesinos. Lesobligaron a bajar y a formar una fila. Bajo la mirada atenta de los guarda-recursos de CONAP y de los soldados, tuvieron que abrir sus mochilas, vaciarlas y colocar todas sus pertenencias sobre el polvo blanco de la carretera. Por su expresión resignada, y por los testimonios de varios comunitarios de la Laguna del Tigre, este tipo de control es parte de su rutina diaria.

Soldados del destacamento militar ubicado a la entrada del campo Xan registran las pertenencias de un grupo de comunitarios

A quince minutos del retén, como si no fuera nada, hay una pista de aterrizaje clandestina pegada a un pozo petrolero.

https://www.plazapublica.com.gt/content/una-pista-de-aterrizaje-clandestina-pegada-un-pozo-de-perenco

Pescadores bloquean acceso a compañía minera en El Estor, Izabal

Por Dony Stewart, 13 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Pescadores artesanales de El Estor, Izabal, se mantienen en manifestación y bloqueos por doceavo día consecutivo, en protesta por la contaminación en el Lago de Izabal, que según ellos, es provocada por la empresa minera que opera en el lugar.

Los pescadores indican que manifiestan pacíficamente y que las autoridades han intentado a medias llegar al dialogo, pues únicamente ofrecen lo mismo de siempre y no una respuesta concreta a sus demandas.

Eduardo Bim de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) dijo que en diversas ocasiones ha denunciado la contaminación que se ha provocado en lago y se ha hecho caso omiso a sus solicitudes de investigar la procedencia de la contaminación, razón por la cual bloquean las entradas a la planta CGN- PRONICO ubicada en El Estor.

Los inconformes también bloquean el ingreso a la colonia donde residen trabajadores de esa empresa, y no permiten el paso de vehículos que transportan el material minero hacia la empresa PAHAME en Santo Tomas de Castilla.

Bim, agregó que no se ha logrado ninguna mesa de diálogo sustentable, pues las autoridades no escuchan sus demandas.

“Somos pescadores y sabemos utilizar los recurso naturales, queremos defender nuestro lago, las autoridades en lugar de apoyar al pueblo se han alejado y han huido, queremos paz pero también defender nuestros recursos naturales” agregó.

La vecina Claudia Marina Chen, asegura  que el agua que baja del cerro al lago es de color rojo.

“Ya no hay agua potable y no tenemos dinero para estar comprándola, es triste que se estén acabando nuestros recursos naturales y las autoridades no hagan nada” refirió.

Versión de empresa

Delegados de la empresa minera CGN-PRONICO indicaron que trabajan bajo el marco de la ley y respetan  todas las normativas, aseguraron que los bloqueos les ha generado grandes pérdidas, además de privar de libertad a cientos de colaboradores.

Mynor Álvarez Gerente de Relaciones Comunitarias de la minera, expresó que en reiteradas ocasiones han participado de mesas de diálogo donde han apoyado a los comunitarios y que no entiende como ahora se hace un bloqueo hacia la empresa cuando siempre se ha tenido la apertura hacia ellos.

Álvarez también aseveró que El Estor ha sido beneficiado con mil 200 empleos, mientras que otras 600 personas son beneficiadas de forma indirecta por la inversión en sus comercios.

En referencia al paso que ha sido vedado para los trabajadores mineros Álvarez explicó que le han solicitado a las autoridades el apoyo necesario, ya que familias de los colaboradores se han quedado atrapados en la colonia donde residen y los manifestantes no han permitido el abastecimiento de alimentos, lo cual es preocupante especialmente por los menores que habitan en el lugar.

“Esperamos se logre el diálogo, nosotros como empresa no tenemos ningún tipo de injerencia con el lago, hemos hecho análisis y estudios del agua del para compartirlo con las autoridades y que vean que es lo que ha producido que en ocasiones cambie de color en algunas áreas, estamos dispuestos a dialogar” acotó.

http://www.prensalibre.com/ciudades/izabal/pescadores-realizan-bloqueos-en-el-estor-izabal

1999: fracasa otra consulta popular en el país

Por Hemeroteca, 11 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Guatemala es el país de las eternas consultas, mesas de diálogo, concertaciones, negociaciones fallidas, y la lista continúa. La consulta popular de mayo de 1999 no ha sido la excepción.

 

El 16 de mayo de 1999 menos de medio millón de guatemaltecos acudió a las urnas para aprobar o rechazar las Reformas a la Constitución Política de la República, para dar cumplimiento a varios puntos pendientes de la firma de los Acuerdos de Paz.

En  1997 y 1998 el Congreso y la Sociedad Civil, luego de  discrepancias entre partidos políticos y los participantes, se logró 50 reformas constitucionales, divididas así: Nación y Derechos Sociales, Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y Administración de la Justicia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo la convocatoria el 1 de marzo de ese año, en la cual advirtió que el gobierno de turno no podía hacer campaña a favor o en contra de dichas reformas.

Sin embargo, el entonces presidente Álvaro Arzú aprovechó los medios oficiales a su disposición para inclinar al sí, con miras a promover a Óscar Berger, entonces presidenciable del Partido de Avanzada Nacional para los comicios del 2000.

Lo mismo hizo el Frente Republicano Guatemalteco, que impulsaba a  Alfonso Portillo.

Actores

Otros promotores fueron el recién creado partido de la insurgencia Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; el Frente por el Sí, Agrupaciones Mayas, Cooperativas, la Universidad de San Carlos, la Unidad de Acción Sindical y Popular y la Asamblea de la Sociedad Civil.

A pesar de la intensa campaña por el Sí, cobró fuerza la campaña por el No en las últimas semanas. El partido ARDE encabezado por su precandidato Francisco Bianchi, ligado a los sectores más conservadores, sumándosele el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, la Liga Pro Patria, el Centro para la Defensa de la Constitución, Amigos del País y sectores de la Iglesia Evangélica.

Desinformación

El temor del Tribunal Supremo Electoral era que al final el abstencionismo representara un alto porcentaje, por el escepticismo y desinformación de gran parte de la población y la polarización de los diferentes sectores por las diferencias ideológicas que arrastraron las propuestas a las reformas constitucionales.

Quienes se oponían por el No temían que el reconocimiento de los pueblos mayas fuera a dividir al país otorgándole privilegios sobre los ladinos por mencionar una de las razones a la negativa.

El TSE elaboró el padrón, que contaba con 4.8 millones de guatemaltecos aptos para votar; instaló 6,971 mesas en los 330 municipios y 1,234 juntas receptoras de votos.

Aunque ese 16 de mayo ganó el no, con más de millón y medio de votos, el verdadero campeón fue el  abstencionismo, porque de  4.8 millones  aptos para votar solo lo hicieron 757 mil 940.

Según expertos, la consulta triunfó en el norte,  arriba de la falla del Motagua, pero perdió al sur, con excepción de la capital, que ha sido siempre determinante en los resultados electorales.

Hubo conjeturas sobre el fracaso de dicha consulta, como desinformación, temor causado por el conflicto armado interno, polarización social, desconfianza en el Congreso, intereses políticos, apatía o simple  venganza política.

A casi veinte años de dicho ejercicio fallido, varios temas continúan pendientes, como el reconocimiento del derecho indígena, y otras propuestas de reforma al sector justicia han sido entrampadas o manipuladas en el Legislativo.

Experto opina en el 2017

Según el constitucionalista Alejandro Balsells Conde, consultado recientemente, la consulta de 1999 falló debido al papel nefasto de los congresos de turno.

Según él, debieron enmendarse los vacíos y errores que arrastraba la Constitución desde 1994, pero debido al papel de “pésimos congresos”, los instrumentos constitucionales fueron pervertidos y manipulados.

En 1999 triunfó la apatía y la desinformación, además de que se contaba con un padrón electoral deficiente, indica el experto.

El problema no fue el contenido de las reformas ni el momento sino el papel hegemónico de grupos de poder que querían mantener el statu quo.

Sectores de poder no oficiales se aprovecharon del momento para presionar en contra de las reformas constitucionales en 1999, por lo que el no triunfó como una especie de presión.

Balsells también indica que el entonces presidente Álvaro Arzú retrasó la consulta con fines electoreros.

Si las reformas hubieran sido aprobadas por la población, tendríamos un país más incluyente, tolerante y armónico, indicó.

Interpol tiene en lista a once guatemaltecos

Por Jerson Ramos, 15 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Dos años y dos meses han pasado desde que funcionarios, empresarios y particulares guatemaltecos prófugos comenzaron a figurar en la lista de personas que busca la Policía Internacional (Interpol).

La búsqueda de estas 11 personas se deriva de su vinculación con investigaciones de casos de alto impacto, como corrupción y delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, todavía no se ha logrado reportes o la captura de ninguna de estas personas, pese a que 190 países están afiliados a esta entidad.

Sin rastro

Entre los buscados por la ley guatemalteca se encuentra el diputado Édgar Justino Ovalle Maldonado, ex integrante de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), buscado por cargos de desapariciones forzadas, entre otros, por supuestamente haber participado en acciones militares entre 1981 y 1983 cuando civiles no combatientes fueron detenidos por efectivos del Ejército y trasladados a la antigua Zona Militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz.

Ocho militares fueron enviados a juicio para determinar su responsabilidad.

Entre los señalados figura el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romeo Lucas García.

El 17 de marzo pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo A, por petición del Ministerio Público (MP), ordenó la captura de Ovalle. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle el derecho de inmunidad, derivado de un trámite de antejuicio en su contra, el cual finalizó con la recomendación para eliminarle el beneficio, por la posibilidad de que hubiese participado en las acciones ilícitas que investigaba el MP.

Corrupción

El diputado Luis Rabbé, de la bancada Acción Ciudadana, es señalado por supuestamente haber participado en la ampliación irregular de la planilla del Congreso cuando fue presidente de ese órgano, cuando integraba el extinto partido Líder, en el 2015, hechos por los cuales varios exdiputados y parlamentarios fueron capturados y enfrentan a la justicia por cargos penales.

Huyó del país con rumbo a Nicaragua el 6 de junio del 2016. Dos días después la CSJ le quitó el derecho de inmunidad. El Juzgado Décimo ordenó su aprehensión en territorio nacional y en el extranjero, la cual no se ha hecho efectiva.

Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de canales de televisión nacional, es buscada también por el caso Cooptación, por supuestamente haber financiado de manera ilícita al PP en el 2011.

Expatriotistas

Por los casos de corrupción gubernamental del Partido Patriota (PP) queda pendiente la detención de nueve personas, entre exfuncionarios y allegados a la desaparecida organización política.

Los exministros Alejandro Sinibaldi y Érick Archila son señalados por haber reunido dinero de origen ilícito para comprar vehículos que serían regalados al expresidente Otto Pérez Molina, hoy preso en Mariscal Zavala.

Las investigaciones en su contra refieren que habrían cometido lavado de dinero, se contienen en el caso denominado La Cooperacha, que es una fase de las pesquisas contra una red que se habría apoderado de diversas instituciones públicas para defraudar sus finanzas, conocidas como Cooptación del Estado de Guatemala.

Otro caso es el de TCQ, que refiere la concesión en usufructo un terreno a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal y el soborno de US$30 millones.

Entre los sospechosos con orden de captura están Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal; Ángel Pérez-Maura y Mauricio José Garín, trabajadores de TCQ; William Schwank, el piloto aviador Guillermo Lozano y el empresario Raúl Osoy Penados.

Cooperación

Interpol es una organización de cooperación policial fundada en 1923, que agrupa a 190 países. Los protocolos de acción indican que los miembros colaboran a localizar y detener a sospechosos.

Burlan controles migratorios

El analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que las personas con poder económico o político logran burlar los controles migratorios, derivado de las relaciones que han formado con autoridades.

Agregó que las fronteras terrestres son más porosas que las aéreas o marítimas, y que es una tarea difícil la ubicación de personas en el extranjero.

Trabajo policial en conjunto

Jorge Aguilar, de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, indicó que el trabajo de la Interpol se realiza en coordinación con 190 organizaciones policiales en el mundo, y que la información que se intercambia puede servir para capturar a criminales o buscar personas desaparecidas.

Dijo que muchas veces las personas con orden de captura internacional no aparecen en la página de internet de la entidad, porque es allí donde se determina cuáles datos se publican.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/interpol-tiene-en-lista-a-once-guatemaltecos

LA FIEBRE DEL ORO

Marlin tuvo ingresos por Q32 mil 787.6 millones durante los 11 años de operación, lo que representa casi tres veces el presupuesto aprobado en 2017 para el ministerio de Educación, o siete veces el gasto de Salud.

Para Guatemala, la fiebre del oro en San Marcos representó ingresos por Q705.29 millones, en concepto de regalías impuestas y voluntarias, casi nueve veces el presupuesto anual del Ministerio de Energía y Minas.

A través de la fundación Sierra Madre, la empresa invirtió, según sus propios registros hasta diciembre de 2016, Q426 millones 601 mil 644.25 en desarrollo sostenible para más de una decena de comunidades de los dos municipios donde comparte territorio.

Aunque se tiene planificado el cierre de operaciones de extracción en mayo, los trabajos de recuperación ambiental y el desmantelamiento de toda la infraestructura se extenderá hasta 2020.

 

El incómodo vecino
“Yo nunca ofrecí mi terreno a la empresa minera. Yo aquí nací, aquí vivo y aquí me voy a morir”, dice Gregoria Pérez. “El dinero lo puedo recibir, pero mañana ya no lo puedo tener”.

Con 46 años, Gregoria se empeñó en convivir con Marlin, en la aldea Agel, una de las tres más cercanas al proyecto. Desde su casa de adobe y lámina se ve pasar la maquinaria que trabaja en la extracción de oro y plata, 24 horas 7 días de la semana.

Gregoria,a diferencia de su padre que sí vendió su terreno por Q3 mil la cuerda, se resistió a ceder su tierra. “Cuando quisieron –sus padres— comprar en otro lugar no les alcanzó el dinero, el precio era el doble”, dice.

Gregoria para 2004 era parte de unas 150 familias que vivían en Agel que junto a San José Nueva Esperanza y San José Ixcaniche, estaban sobre una veta de oro en la que se interesó Montana Exploradora.

El área de interés de la empresa canadiense se delimitó en 20 kilómetros. Al igual que los padres de Gregoria, mucha gente vendió sus tierras y se mudaron, otro grupo, además, tocó las puertas de Marlin y consiguió un empleo.

La construcción de la mina Marlin terminó en 2005 y comenzó la extracción de oro a cielo abierto y mina subterránea. Una montaña completa cedió a la maquinaria pesada que hizo un tajo de 800 metros de longitud y 100 metros de profundidad.

Según reportes de la empresa, de 2005 al 2016 se extrajeron 2 millones 229 mil 246 onzas de oro, lo que es igual a 63.2 toneladas, que bien podrían compararse al peso de un avión Boeing 737, cargado con unos 130 pasajeros.

Entre enero y mayo de 2017, cuando se tiene planificado el cierre de operaciones, se proyecta una producción adicional de 40 mil 869 onzas de oro y 1 millón 846 mil 933 onzas de plata.

—La veta de oro y plata fue descubierta en 1998. Una importante fuente mineral entre la convergencia de las placas tectónicas Caribe y del Norte, dos de las tres que atraviesan el país—

Además de la incómoda presencia de maquinaria pesada en un lugar predominantemente rural, el temor de la contaminación ambiental y dilapidación de los pocos recursos naturales corrió como pólvora entre las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

“Se secaron los nacimientos de agua debido a la deforestación”, dice Gregoria. “Aquí había montañas, pero ahora ya no existen”.

Así como Gregoria y su familia, la mayoría de habitantes de San Miguel Ixtahuacán vivían hasta 2004 de la agricultura y durante julio y septiembre bajaban a la costa de San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango a cortar café.

 

Pueblo dividido
Unos vendieron, otros buscaron trabajo y otros se mantuvieron reacios al proyecto. Para Gregoria, 11 años después de la llegada de Marlin, no existen diferencias significativas y se aferra a su convicción, lo que hizo fue lo mejor.

“Las personas que trabajaron para la mina viven igual que nosotros”, dice Gregoria. “Algunos en lugar de estar mejor comenzaron a gastarse el dinero en licor”.

El 12 de enero de 2005 la tensión estaba en ebullición y mientras Montana Exploradora construía la planta, la resistencia se movilizó para evitar que se trasladara desde la capital hacia San Miguel Ixtahuacán un gigantesco cilindro de acero que serviría para pulverizar las rocas. Eran 314 kilómetros de tensión.

La Policía Nacional Civil organizó un convoy con vehículos blindados y un contingente antimotín que necesitó en algunos tramos accionar bombas lacrimógenas y disparos al aire para disuadir a los pobladores que pretendían evitar el paso del cilindro.

 

El precio del desarrollo
En San Miguel Ixtahuacán predominan los terrenos áridos y rocosos, con una incipiente agricultura de subsistencia y la crianza de animales de patio para el consumo.

Las dos vías principales de acceso a Ixtahuacán fueron asfaltadas por Marlin. Antes de 2004 eran carreteras rurales, de terracería.

Aunque el comercio nunca fue bastión de la economía de Ixtahuacán, sus ingresos lo posicionan como la segunda economía más fuerte del departamento, con Q1 mil 157 millones 163 mil 638 de recursos recibidos en la última década.

“Las mineras deberían pagar más” dice Ovidio Domingo, actual diputado al Congreso por San Marcos y alcalde de San Miguel Ixtahuacán entre 2007 y 2015. “Luchamos por eso pero no se logró”.

Registros del Ministerio de Finanzas dan cuenta que el municipio recibió entre 2005 y 2015 Q335.5 millones de regalías mineras, recursos que según Domingo, durante su gestión se invirtieron en proyectos de salud, educación y productividad.

“Todavía estamos investigando cuáles fueron los proyectos que se hicieron con el dinero entregado por la mina”, dice Federico Pérez, actual concejal de San Miguel Ixtahuacán.

Para vecinos como Gregoria, el dinero de la mina significó un fugaz desarrollo del municipio, inversión que caduca junto con el cierre del proyecto.

“La mina construyó un hospital pero ya no tiene medicamentos”, dice Gregoria. “La mina se va pero el problema es nuestro”.

En San Miguel Ixtahuacán el Centro de Atención Permanente (CAP) fue construido por la mina y hasta 2015 los servicios fueron subsidiados por la fundación Sierra Madre, a partir de 2016 el Ministerio de Salud se hizo cargo de los gastos y las especialidades médicas se suspendieron y se limitaron a consultas generales.

René Pérez, gerente de desarrollo sostenible de la fundación Sierra Madre, dice que la mina se va pero se trabaja en proyectos comunitarios que permitan la generación de ingresos para las comunidades, por tiempo indefinido.

Vacas lecheras, cerdos y pollos de engorde, son algunas de las actividades que se están trabajando, según Pérez para beneficio de la población de San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa y Comitancillo.

http://www.prensalibre.com/guatemala/pldatos/Mina-marlin-fiebre-del-oro

En busca del hilo en el laberinto del genocidio

Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica

Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.

Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.

En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.

Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.

Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.

Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.

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Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.

Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*

A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.

Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.

Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.

Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.

Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.

Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.

Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.

El hilo más corto

Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.

El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.

“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.

Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.

Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.

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Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.

El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.

El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.

Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.

Las tijeras sin filo

En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.

Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.

Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.


El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.

De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.

Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.

¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.

Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.

Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.

La luz al final del laberinto

Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.

Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.

Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.

El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.

Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.

https://www.plazapublica.com.gt/content/en-busca-del-hilo-en-el-laberinto-del-genocidio

Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.