Minera San Rafael espera retomar operación

Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida la semana pasada, Minera San Rafael se prepara para reasumir sus operaciones. Minera asegura mantener diálogo con las comunidades para poder acatar el fallo de la CSJ.

El fallo de la CSJ, según explicó a Prensa Libre el abogado Carlos Luna, revoca el amparo que impedía que la mina continuara trabajando, por lo que San Rafael está en disposición de hacerlo.

Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.

“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.

Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.

Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.

La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.

El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.

“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.

Antecedentes

En julio pasado,  la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.

Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.

Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Por Redacción / Guatemala

http://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-podra-volver-a-operar-por-resolucion-de-la-csj

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Consulta de Oxec no fue convocada por el MEM

Por Rosa María Bolaños y Eduardo SAM, 23 de Agosto de 2017, Prensa Libre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) advirtió que surgió una consulta a pueblos indígenas paralela por el caso de las hidroeléctricas Oxec convocada para el domingo 27 de agosto.

Esta se realizaría en el municipio de Santa María Cahabon pero no ha sido convocada por el MEM, agregó ese ente.

Varios vecinos de dicho municipio anunciaron la consulta para definir si están a favor o  no de dichos proyectos y que lo que debe regir es el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo el MEM argumentó que ese ministerio tiene la obligación de efectuar la consulta en las 11 comunidades del área de influencia a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, para cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) explicó ese ente en un comunicado.

Ésta debe efectuarse según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ninguna de las partes vinculadas puede realizar este proceso de manera unilateral, se agregó, sin embargo ese ente no especifica quien o qué agrupación organizó tal consulta.

Pronunciamiento

El MEM hizo los siguientes pronunciamientos

  • La consulta paralela carece de sustento legal. De desinforma y pone en riesgo los avances en la preparación del proceso de consulta con base a la sentencia de la CC.
  • El proceso debe ser definido por los representantes titulares y suplentes de instituciones gubernamentales, comunidades y la empresa, según lo establecido en la sentencia del máximo órgano constitucional.
  • El Gobierno de Guatemala, a través del MEM es el encargado de realizar la Consulta, basado en el Convenio 169 de la OIT y lo establecido en la sentencia de la CC.
  • “El proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OIT, no es una votación de un SI o un NO, sino un diálogo de buena fe para lograr acuerdos entre todas las partes vinculadas”.
  • “En el proceso ordenado por la CC, es importante el diálogo sincero, centrándose en conocer las preocupaciones de las 11 comunidades del área de influencia de los proyectos”.

Es una “consulta de buena fe”, refieren dirigente comunitario

Bernardo Caal, dirigente campesino, confirmó que este domingo 27 de agosto, a partir de las ocho de la mañana, se realizará la consulta de “Buena Fe” en 195 comunidades de Cahabón, para que, den a conocer si están de acuerdo con la utilización del río Oxec por las Hidroeléctricas Oxec I y II.

En la consulta participarán todos los pobladores, incluyendo niños y jóvenes, que sean pobladores reconocidos por los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, dio a conocer Caal, no limitándose a los que tienen DPI, refirió.

“Esta consulta será la libre expresión de las comunidades, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, no puede impedir la libre expresión, el problema es que, como se tocan intereses personales, ya que, el MEM ha dado licencias de forma anómala a algunas empresas, salen a asustar con un comunicado que anda circulando”, explicó Caal.

Además, dijo que, quienes le van a dar validez a la consulta son las autoridades ancestrales de los pueblos originarios de Guatemala, “ya se realizaron más de 80 consultas a nivel nacional, ahora nos toca a nosotros decir si estamos de acuerdo o no que se afecten los intereses de nuestra comunidad, en los ríos Cahabón y Oxec”, indicó.

Caal también puso en duda el actuar de la Corte de Constitucionalidad con la sentencia emitida, comentado que, “da la orden de hacer una consulta pero existe duda si es solo a once comunidades o a todas las de Cahabón, de ser solo a las once agrava más la situación”, expresó.

“También, creemos que la sentencia es inconstitucional, porque menciona que si nos oponemos a la consulta del MEM perdemos el derecho de expresarnos. La CIDH que acaba de visitarnos recalcó que si no hay reglamento para realizar la consulta comunitaria no es problema de las comunidades, sino que, del gobierno”

“Y debieron de suspender las actividades a las hidroeléctricas, porque luego de reconocer que hubo violación de los derechos de las comunidades q’eqchies de Cahabón, le da a la empresa un año más para seguir violando nuestros derechos y hacer la consulta”, agregó el dirigente campesino que aseguró que el domingo se realizará una fiesta cívica.

Al tener los resultados de la consulta de “Buena Fe” se considerara que es la expresión del pueblo y los enviaran a la OIT y CIDH, aseguró

Este martes, en conferencia de prensa, las organizaciones la Asamblea Social y Popular y el Consejo de Autoridades de la Consulta de Cahabón apoyaron e invitaron a respaldar y participar activamente en la Consulta de Buena Fe de las comunidades Q’eqchi’ de Cahabón sobre los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II que se realizará el próximo domingo 27 de agosto en todas las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, se agregó.

http://www.prensalibre.com/economia/mem-advierte-que-surgio-consulta-paralela-por-el-caso-oxec-convocada-para-el-domingo

Juzgar los crimenes del conflicto armado o morir en el intento

Emiliano Castro Sáenz, 18 08 17, Plaza Publica

Los procesos emblemáticos de justicia transicional en Guatemala están detenidos o han sufrido retrasos considerables. Las hojas del calendario vuelan sin piedad en un cúmulo de acciones judiciales nutridas por todas las partes. Mientras, el sistema no encuentra cómo aliviar las torres de procesos con los que carga.

Un dictador anciano y enfermo, postrado en cama, acusado de genocidio y asesinato. Un kaibil al que se acusa de participar en una masacre que arrasó una comunidad entera de campesinos. Ocho militares responsables de un destacamento en el que fueron sepultadas decenas de personas en fosas clandestinas. Cinco miembros de la Inteligencia Militar señalados de desaparecer a un menor y detenido, violado y torturado a la hermana de este.

Son algunos de los casos, relacionados con el conflicto armado, que en 2017 se mueven en la torre de tribunales: Dos Erres (genocidio y masacre); Zona Militar 21, conocida actualmente como Creompaz; y Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Theissen.

Casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado, que están varados en los juzgados de mayor riesgo y tribunales de sentencia, en la antesala a la confrontación de la verdad, de la justicia y de la historia.

Todos presentan retrasos en sus ejecuciones judiciales, ya sea por recursos de los defensores de los acusados y de los fiscales y querellantes, por amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) o por impasses en los tribunales. Los cuatro tribunales de sentencia de mayor riesgo son presididos o están integrados por jueces que ya conocieron procesos contra algunos de los imputados o incluso resolvieron en los mismos casos que ahora tienen protagonistas distintos, como Dos Erres.

La justicia transicional en 2017 se ha topado con un común denominador: una administración de justicia errática y deficiente para todas las partes involucradas en los procesos.

1. La comunidad que desapareció del mapa

El proceso contra el expresidente de facto Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio en los casos ixiles y del poblado de Dos Erres, se encuentra en el limbo. Los entes de investigación y de la administración de justicia del país han sido testigos de cómo ha mutado el nonagenario, desde diciembre de 2011 cuando se presentó al Ministerio Público a conocer las investigaciones en su contra. En casi siete años, pasó de entregar la curul que ocupaba en el Congreso, ser condenado y absuelto con buen estado de salud, a tener enfermeras 24 horas al día en casa por su estado avanzado de demencia senil.

Ríos Montt está acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad de 1,761 personas del triángulo ixil y tiene otro juicio pendiente también por genocidio, deberes de humanidad y alternativa de asesinato, por la masacre de 201 personas en el parcelamiento de las Dos Erres.

En marzo de este año, la juez contralora de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, envió a juicio al exdictador, pero el caso aún tiene un recurso pendiente. Sobre este recurso, la auxiliatura del juzgado se negó a detallar información ­–una práctica constante en cada uno de los procesos que lleva–.

“La justicia tardía evitó que Ríos Montt fuera juzgado de forma ordinaria, como cualquier persona y con ello evitó la cárcel”, apunta el director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Édgar Pérez Archila.

Por la masacre de Dos Erres, donde ya han sido condenados cuatro kaibiles entre 2011 y 2013, también está pendiente de ir a juicio el conductor de la Escuela Kaibil, Santos López Alonso, a quien el MP le imputa cargos de asesinato, incumplimiento de deberes de humanidad, así como el secuestro y alteración de la identidad de un menor.

A diferencia de los demás procesos que se han movido este año, el de Santos López no ha presentado mayores trabas mediante acciones legales de acusadores y defensores. Pero hay un impasse desde el 2 de junio, cuando fue decretada la apertura a juicio y se ofrecieron las pruebas, pues no está listo el tribunal de sentencia. El que le correspondería sería el de Mayor Riesgo grupo A, presidido por Yassmin Barrios, quien ya conoció y dictó sentencia contra otros kaibiles. Mientras los tribunales de sentencia B, C y D, cuyos presidentes son Jeanette Valdés, Pablo Xitumul y Sara Yoc Yoc, también conocieron procesos de la misma masacre. Quedará esperar que resolución toma la CSJ sobre a dónde trasladar los casos.

2. La zona militar de la muerte

Hasta hace cinco años, a 15 minutos del parque central de Cobán, Alta Verapaz, dentro de las instalaciones de Creompaz, la antigua Zona Militar 21, el Ejército escondía 565 cuerpos de víctimas de diferentes masacres ocurridas entre 1981 y 1988. Eran niños, ancianos, mujeres y hombres, muchos de ellos atados de pies y manos, vendados de ojos y amordazados.

Tras el destape mediático del caso, previo a que el presidente Jimmy Morales fuera investido en enero de 2016, ha habido un cúmulo de acciones legales de fiscales, querellantes, defensores y hasta de la propia juzgadora, también Claudette Domínguez, que han puesto en riesgo el futuro del proceso.

Están acusados los militares Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar. Mientras que se encuentran prófugos nueve oficiales más, encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

La auxiliatura del juzgado A de Mayor Riesgo, presidido por Domínguez, tampoco ofrece información sobre las acciones que detienen el proceso debido a que el expediente se encuentra bajo reserva, y se limita a indicar que “existen cinco amparos de ambas partes” contra la apertura a juicio.

Uno de ellos es el que presentó el abogado Moisés Galindo para que su cliente, el coronel Carlos Augusto Garavito Morán, fuera desligado del proceso por ser una persona de la tercera edad. El amparo fue rechazado el 10 de agosto pasado.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos observó, durante su estancia en el país, un “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados”.

Existe también un amparo para incluir los planes militares y manuales de guerra contrasubversiva, que fueron ignorados por la jueza ya que los consideró secreto militar. También un amparo que pide la inclusión como querellante de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi).

De confirmarse la apertura a juicio, al igual que en el caso Dos Erres, la conformación del tribunal de sentencia correría el riesgo de ser impugnado, debido a que la presidenta del mismo, Yassmin Barrios, ya conoció el proceso que desencadenó el descubrimiento de las fosas: la masacre del Plan de Sánchez, ocurrida en julio de 1982 y por la cual en marzo de 2012 condenó a 7,710 años de prisión a cuatro expatrulleros de autodefensa civil y a un comisionado militar.

3. La ausencia interminable

El caso por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la detención, violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe, estuvo detenido por un error casi absurdo: el juez Victor Hugo Herrera se equivocó y confundió a la madre, Emma Theissen Álvarez, con su hija Emma Molina Theissen. Este error logró que la madre no fuera aceptaba como querellante. Hasta el pasado 25 de julio, cuando se celebró una audiencia pendiente desde marzo, se resolvió su inclusión.

Este caso tiene además tres amparos sin resolver. Uno de ellos fue planteado por los tres sindicados, Manuel Antonio Callejas, Hugo Ramiro Saldaña y Benedicto Lucas García, contra el auto de apertura a juicio.

Ni pronta ni expedita

En cada nivel de la Torre de Tribunales, en las áreas de descanso de las escaleras o incluso dentro de cada oficina, se encuentran impresos tres afiches institucionales del Organismo Judicial: la misión, la visión y los principios. Estos hablan de que se debe “garantizar el debido proceso”, ser un organismo con “credibilidad y aprobación social”, que vele por “la tramitación oportuna”, bajo principios de “transparencia, integridad, eficiencia, eficacia y efectividad”.

Pero los tres casos del conflicto armado, sin contar los expedientes de la corrupción destapada en 2015, coinciden en los retrasos, las dudas y las deficiencias en resoluciones, trámites y apelaciones.

El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad y juez de Sentencia Penal de Amatitlán, Jorge Haroldo Vásquez Flores, no duda en asegurar que “el sistema actual está colapsado”. Explica que es común encontrar juicios con más de 10, 20, 30 o 40 personas y, se han visto decenas (o hasta un centenar) de abogados defensores. “Si una misma persona tiene cinco, seis o siete procedimientos en su contra, toma mucho más tiempo”. Al juez Vásquez le preocupa “el abuso o uso inadecuado de los medios de impugnación y del amparo”. Ahí es donde confluyen los tropiezos judiciales, lo que queda en evidencia en los procesos del conflicto armado.

“En casos de justicia transicional vemos que se limita el actuar por la complejidad de las acusaciones y los amparos que presentan los sujetos procesales, además del proceso de investigación de casos que tienen 30 o 40 años”, apunta el juzgador.

Una solución es la reforma al Código Procesal Penal, “mejorar los procedimientos para que sea adecuada a este tipo de procesos. Podríamos poner a un juez de cuatro o cinco procesos máximo. Si existe una cantidad de casos limitada, podría haber más celeridad”, dice.

La clave, añade, es que los temas de mayor riesgo “no deben pasar solo por cuatro jueces contralores o tribunales de sentencia, sino por el hecho de que debería de existir algún juez que conozca determinados procesos sin que se acumulen otros”.

Los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas, señalados de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Plaza Pública intentó entrevistar a la presidenta de la Cámara Penal, la magistrada Delia Dávila, sobre los planes para promover las providencias y acelerar el acceso a la justicia. Pero pese a las múltiples insistencias en su despacho y vía telefónica, no contestó.

El abogado Moisés Galindo indica que buena parte de la problemática es la prueba, en la etapa intermedia. “Cuando van a mandar a juicio, todo el mundo lo que necesita es esa arma para defenderse o para que no haya duda de que la tesis de sindicación es la correcta. Pero los jueces actúan de forma discrecional y la única forma de que una prueba sea aceptada es por medio del amparo. Y en Guatemala los amparos son muy tardados”.

Según Galindo, no importa cómo empieza o se desarrolla el proceso, sino la clave son las pruebas con las que se contarán para defender o acusar durante el debate. “Al final de cuentas, un amparo ante la CC puede finalizar con el proceso”, afirma. “Pero ya no hay justicia pronta y expedita”, considera.

Lo que se constató la primera semana de agosto, durante la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión observó durante su estancia en el país un “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados”. También recibió información sobre “dificultades en el acceso de información del Ministerio de Defensa”, así como la “falta de una acción de la Policía Nacional Civil en hacer efectivas órdenes de captura dictadas por jueces desde hace varios años”.

La CIDH, en un comunicado que publicó el 4 de agosto, le recuerda al Estado de Guatemala “su obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Es responsabilidad del Estado adoptar las medidas administrativas o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que puedan contribuir a la denegación de justicia e impunidad u obstaculicen los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables”.

Al respecto, emitió recomendaciones en diversos temas, entre los que destacan “redoblar esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y garantizar investigaciones prontas, serias e imparciales en dichos casos”.

Édgar Pérez añade que el propio Organismo Judicial en sus estatutos “indica que debe velar por la justicia sea pronta, cumplida y bien administrada”. La propia Constitución, en su artículo 207, “habla de justicia pronta y cumplida. Y la CSJ, insiste, “manda que haya credibilidad y confianza en el proceso. Todo ese marco trata de impedir el uso abusivo que enreda los casos”.

Con todo escrito, con las recomendaciones internacionales explícitas, con la legislación establecida, los procesos deberían tener celeridad. Al contrario, las resmas de documentos se apilan y las víctimas se vuelven blanco del sistema judicial. El círculo de impunidad sigue vigente.

https://plazapublica.com.gt/content/juzgar-los-crimenes-del-conflicto-armado-o-morir-en-el-intento

“Demostraré que la PDH no está para defender delincuentes”

Por: Pavel Gerardo Vega, 20.08.2017. El Periódico

El abogado y político quetzalteco, Jordán Rodas, asume hoy como nuevo procurador de Derechos Humanos. En esta conversación explica que seguirá la coordinación con la CICIG y el MP a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, destaca que trabajará de forma independiente sin ataduras con ningún sector.

El PDH anterior, Jorge de León Duque, tenía una alianza con la CICIG y con el MP, una alianza anticorrupción y antimpunidad.

¿Cuál será su papel con esta alianza y cómo va interpretar estos movimientos políticos también?

Yo estoy convencido de que el trabajo que ha hecho la fiscal del MP Thelma Aldana conjuntamente con la CICIG al mando del comisionado Iván Velásquez ha sido de gran utilidad a los guatemaltecos en la lucha contra la corrupción. Es más, estoy convencido y agradecido con todo eso porque la Comisión no nos cuesta un centavo a los guatemaltecos. Eso es muy importante porque a veces manejamos una doble moral de soberanía y si queremos ser soberanos paguemos impuestos, pero si no pues agradecer este tipo de acompañamiento como lo hace la CICIG porque hoy Guatemala es distinta a la de antes de abril 2015. Y eso lo tenemos que apoyar, reconocer y sobre todo exhortar a que sigan acompañándonos en este proceso en contra de ese cuerpo de la corrupción a todo nivel.

¿Mantendrá esa alianza, entonces? 

Sí. No tendría razón alguna para desvincularme de esa alianza tan importante como es CICIG-MP. Es una ecuación tan simple de comprender: A más corrupción, menos recursos públicos para que el Estado cumpla su fin que es el bien común. Si tenemos eso bien claro, tenemos que apoyar y duplicar el apoyo que sea necesario.

La imagen del procurador en la sociedad es que defiende solo a los privados de libertad,¿Es la PDH una defensora de delincuentes?

No, estoy convencido de que de la PDH es una institución con un gran potencial constitucional y legal, con un noble fin como es defender a cualquier ser humano sobre cualquier cosa, sin diferencia alguna. Donde el procurador esté muy cercano a la población trabajadora y honrada, donde todos tengan igualdad, independientemente de su ideología, su pensamiento sexual, de su condición, oficio. Hay que defender a todos. Es un gran reto buscar unidad, no caer en la trampa de cualquier ideología. Sí tengo una agenda propia, pues con mi trabajo demostraré que no es ni está para servir delincuentes. Yo estoy consciente de mi rol como un comisionado del Congreso por mandato constitucional, pero jamás sometido a ningún poder fáctico ni real. Yo soy Procurador independiente.

¿Cuál es su agenda?

La primera acción que tengo que retomar es el tema de ser un magistrado de conciencia comprometido con todos los guatemaltecos, con todos los problemas de la cotidianidad. A mí me preocupa mucho, lo he dicho, los problemas que día a día lloran sangre, como la desnutrición crónica, la falta de salud y la de educación. Llora sangre el trato que damos a los migrantes, que todos los miramos como cifras frías, como remesas, como indicadores económicos, pero nunca nos damos cuenta de la familia desintegrada. No nos preocupamos de dar un acompañamiento a la reinserción cuando vienen miles, todos los años son apartados. Ese tipo de problemas realmente son los que quiero acompañar, estructurar para que el Estado realmente cumpla su fin. Entonces el procurador debe velar porque el sector público cumpla su fin. Tiene que ser garante, llevar las documentaciones, las condenas y si el espacio lo amerita, también pedir las remociones de los funcionarios públicos que no estén cumpliendo su meta.

¿Usted va a llevar a un nuevo equipo? 

Sí, yo llevo a mi nuevo equipo. Voy por etapas. No puedo ser irresponsable e ir con una tijera podadora y quitar al personal a diestra y siniestra. Estoy convencido que la mayor riqueza de cada institución es el recurso humano, el recurso humano tiene que ser dignificado, apoyado y sobre todo que sienta en su procurador una persona que da el ejemplo de entrega. También voy a marcar la pauta que nos tenemos que meter hacia a los departamentos. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos se dan en los 339 municipios fuera de la capital. Tenemos que concentrar la atención y los recursos sobre todo para ser garantes en los derechos humanos. Yo quisiera que el Procurador de Derechos Humanos fuera un referente para el Estado porque tenemos que ser un Estado independiente y no darle la espalda a la mayoría de la población de Guatemala que es indígena. Yo por eso designo como Procuradora Adjunta 1 a una profesional maya kaqchikel oriunda de Sololá. He hecho equilibrio entre personas del interior del país y personas de la capital, personas ladinas y personas indígenas. Todas con el común denominador de capacidad y honestidad.

¿Cuáles son los temas prioritarios en su administración? 

La desnutrición crónica para mí es el número uno. Segundo es la salud. El tercero, la educación. Sobre todo, la educación de derechos humanos para dejar de alimentar esa visión que se tiene de que se defiende a delincuentes. Usted hablaba de ir más a las comunidades.

¿Cuál es su perspectiva sobre la conflictividad por la defensa del territorio y los recursos naturales? 

Yo valoro la inversión que hace el sector privado porque genera empleo, pero también es importante revisar los modelos de negocio que están hoy vigentes en el país. Es necesario revisar los modelos de negocio porque necesitamos también que las comunidades donde extraen los recursos se vea reflejada con un sustancial mejoramiento en su calidad de vida. Yo veo inconcebible, una gran paradoja en la cual a la par de un proyecto hidroeléctrico la gente no tenga energía eléctrica, no tenga luz. Entonces con eso muchas veces es porque la energía no la puede vender, porque la ley general de electrificación no lo permite. Pues habrá que exhortar al Congreso de la República para que modifique esta ley, para que las condiciones de las personas de las comunidades, vean que se puede tener una vida más digna.

¿Cree usted que el gobierno de Jimmy Morales ha respetado los derechos humanos, por ejemplo en el caso de las niñas del Hogar Seguro?

Evidentemente los resultados que ahí se dieron fueron lamentables. Han sido errores históricos los que se han cometido y prueba de ello es lo que pasó lamentablemente ahí. Por eso, tenemos que aprender de ese tipo de errores tan duros para como sociedad, como Estado tener una capacidad de que esto no se vuelva a repetir. Mi papel será uno más preventivo que reactivo.

¿Cómo describiría el tipo de PDH que será en estos cinco años? 

Voy a ser un PDH muy cercano a la población, muy sensible a problemas cotidianos, que escucha mucho, que dialoga, que busca crear puentes entre los distintos sectores, que no va a estar parcializado con nadie, que va a luchar siempre por el bienestar común y que va a ser enérgico contra las violaciones de los derechos humanos.

¿Cree usted que la PDH tiene esos alcances ahora?

Yo lo que veo es que tiene la capacidad legal para hacerlo y yo lo voy a hacer. No pretendo ocupar el cargo por fines políticos.

¿Es necesaria una reforma en la legislación de la Procuraduría? 

Yo creo que no. El marco legal está claro. Se podría debatir eso, pero no debe ser excusa para trabajar.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/08/20/demostrare-que-la-pdh-no-esta-para-defender-delincuentes/

Creompaz, el secreto militar y un caso que no avanza

Emiliano Castro Sáenz, Plaza Publica, 11 08 17

El golpe judicial que el MP asestó en enero de 2016 a parte de la cúpula militar de los años 80 parecía ser un nocaut. Pero con el paso del tiempo, todo indica que no será tan fuerte como se pensaba. Se redujo el número de acusados, nueve de ellos están prófugos; de las 152 víctimas que planteó el MP, el juzgado solo aceptó 29 y rechazó varios documentos militares como evidencia. Sin fecha para continuar un proceso que se ha llenado de trabas y amparos, el emblemático caso de desaparición forzada aún lucha por recobrar las fuerzas desde una trinchera mucho más modesta.

Lo que hallaron bajo la tierra fue un verdadero infierno: 565 cuerpos distribuidos en 84 fosas. Estaban atados de pies y manos, amordazados y con vendas en los ojos. El sitio que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz) fue un cementerio clandestino durante siete años, de 1981 a 1988.

La escena dantesca dio pie a que se llevara un proceso penal particular en el que están sindicados de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad, ocho militares que dirigieron y operaron en la referida Zona Militar, entre ellos Benedicto Lucas, hermano del expresidente Romeo Lucas. Para el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) Héctor Reyes, este proceso vuelve a situar a Guatemala en “el mapa de la justicia”. “Es el primer caso de Latinoamérica en que se encuentra tal magnitud de restos de víctimas en una zona militar” asegura.

El caso inició en el juzgado dirigido por Claudette Domínguez, pero desde junio del año pasado fue trasladado al Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual preside Yassmin Barrios, aún falta una audiencia de ofrecimiento de prueba previo a comenzar con el debate oral y público.

Para entonces ya había indicios de que el caso judicial no sería tan contundente como se presentó unos días antes del cambio de mando presidencial, el 11 de enero de 2016, pues la jueza Domínguez había reducido la cifra de sindicados por sobreseimientos, faltas de mérito o clausuras provisionales, y también era evidente la disminución de hechos por los cuales se le perseguía al alto mando y oficiales destacados en Cobán durante los años 80.

De 152 víctimas que planteó el Ministerio Público (MP) en un inicio, la jueza sólo aceptó 29. Tampoco tomó en cuenta a las víctimas de violencia sexual. Domínguez le espetó a la fiscalía que no había imputado a las víctimas desde un inicio, lo que los investigadores contradicen pues argumentan que conforme avanzó la investigación, más víctimas fueron identificadas.

Además en enero retiró el arraigo que apenas un mes antes había decretado contra el exdiputado Édgar Justino Ovalle Maldonado, uno de los señalados en el proceso (era oficial de operaciones en 1983 en la zona militar), lo que derivó en una posterior fuga del militar fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y el Frente de Convergencia Nacional, el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.

En un año y medio, el MP ha presentado una serie de amparos y casaciones por las inconformidades que han derivado del caso y la defensa ha provocado que no se admitan los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83, así como el Manual de Guerra Contrasubversiva –la jueza los consideró secretos militares–, además de evitar la presencia de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi) como querellante del proceso.

A la espera de desentrañarse el caso y de que continúe la audiencia de ofrecimiento de pruebas que quedó pendiente, son ocho los militares que fueron enviados a juicio: Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

Trabas, quejas y secretos

Que en Creompaz se enterraban a los desaparecidos fue algo que se conoció desde 2000, cuando víctimas del conflicto lo contaron en la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), pero fue hasta 2012 que se tomaron acciones para verificarlo. Durante una de las audiencias por la masacre de Plan de Sánchez, ocurrida el 18 de julio de 1982, varios testigos le indicaron a la juez Yassmin Barrios que en la Zona Militar No. 21, donde hoy funciona Creompaz, solían enterrar a las víctimas.

La juez Barrios pidió entonces al Ministerio Público (MP) que fuera a Creompaz, en la finca Chicoyogüito a cinco kilómetros de Cobán, Alta Verapaz, a investigar si era verdad lo que se decía a voces. Con la guía de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) lograron determinar no solo la existencia de osamentas enterradas, también que funcionó como fosa común durante muchos años.

Los investigadores han exhumado 565 osamentas, de estas 150 han sido identificadas mediante ADN como víctimas del conflicto armado interno. Desapariciones masivas como la de las comunidades de Pambach y Río Negro, Alta Verapaz, en 1982, fueron halladas en estas fosas.

Durante sus resoluciones, la jueza Claudette Domínguez ha insistido en que el MP no ha acusado de manera correcta a los militares sindicados, ya que ha elevado el número de víctimas identificadas, además critica que el MP agregó el delito de violación sexual que no estaba incluido cuando se les ligó a proceso. De ahí que hayan salido libres algunos o se hayan caído varios de los hechos. Además, hay nueve prófugos encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

Antes las acciones de la juez el MP presentó un recurso de actividad procesal defectuosa,”la jueza dijo que el MP no había imputado a las víctimas de desaparición y violencia sexual y sí se hizo, solo que cambiaron de estatus al ser identificados mediante ADN por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) porque la investigación ha seguido su curso”, explica la fiscal Elena Sut Ren, quien sustituyó en julio del año pasado a Hilda Pineda, quien ahora dirige la Fiscalía de Derechos Humanos.

Sut Ren apunta que la juez Domínguez tampoco tendría que haber conocido la apelación de la defensa de impedir la participación de Codevi como querellante, pues “se trata de un proceso penal y, sin embargo, lo conoció y dio con lugar. Entonces pedimos el amparo y desde junio del año pasado sigue pendiente”.

La auxiliar fiscal del caso, Elena Mijangos, añade que “no queremos que se pronuncie a favor de un sentido u otro, sino que emita una resolución. Este proceso detenido no solo afecta a víctimas, sino también genera incertidumbre a los acusados”.

Hasta ahora, indica Mijangos, “no hay certeza de por qué víctimas se les juzgará a los ocho imputados”.

El abogado de CALDH, Héctor Reyes, quien representa a la comunidad de Plan de Sánchez como querellante en el caso, no encuentra viabilidad en el proceso debido a las decisiones de la juez, a quien no recusarán para no atrasar el proceso. “Sentimos que nos mata el caso la juzgadora. Nuestro mejor escenario es poder demostrar la participación de los acusados en lo sucedido y que existe ese patrón de desaparición forzada. Pero conforme ha resuelto la juzgadora, las víctimas quedan en indefensión. Solo podremos avanzar cuando se pronuncie la CC”, afirma Reyes.

Sobre esta y las demás inconformidades de fiscales y defensores fue consultada la juez Claudette Domínguez dentro de su despacho. Sin embargo, indicó que no daría entrevistas. “Soy respetuosa de los procesos y no voy a responder para evitar ser parcial de uno u otro lado”, se limitó a decir.

El secreto militar

Otra decisión de la discordia es que la juez Domínguez haya obviado los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el Manual de Guerra Contrasubversiva por considerarlos “secreto militar”.

Domínguez se ampara en el artículo 30 de la Constitución Política, que habla de la “publicidad de los actos administrativos”. Este indica que todos los actos de la administración son públicos. “Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

A lo que se suma el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual indica que se considera información reservada “la relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional”.

Pero el artículo siguiente de la misma ley indica que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”.

Durante el caso de genocidio que se llevó a cabo entre 2012 y 2013, hubo un intento similar de la defensa del general José Efraín Ríos Montt por impedir el uso de estos planes, sin embargo le fue denegada.

Édgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y representante en el caso de la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) recuerda que entre 2006 y 2009 llevaron a la CC la solicitud para poder desclasificar los planes y así poder utilizarlos. La resolución fue aprobatoria. El exmagistrado Napoleón Gutiérrez dictó en aquella oportunidad que “no se puede restringir el uso ni alegar secreto militar cuando de derechos humanos y delitos de lesa humanidad se trate”. Además, la CC indicó que el secreto militar debía invocarse únicamente cuando de soberanía a elementos del Estado se trate.

“Esos planes decían explícitamente que se debía aniquilar al enemigo, el cual también llega a fuerzas y comités clandestisos, hasta los grupos de apoyo o simpatizantes locales”, apunta Pérez y enfatiza que la paz ya está firmada, por lo tanto “no haría sentido mantener ocultos estos planes que se usaban en la guerra contrasubversiva”.

Finalmente, explica el abogado de Famdegua, los acusados “quieren encubrir algo que se sabe que está al margen de la ley y por eso buscan que no se utilicen estos documentos en los juicios o que no se publiquen”.

Pero el general retirado Julio Arnoldo Balconi Turcios, exministro de la Defensa Nacional (1996-1997) lo observa desde otra arista. El secreto militar, puntualiza, se refiere a toda la actividad que realiza el Ejército en el territorio nacional para mantener la seguridad y la defensa de la nación. “Como no define cuáles son los asuntos militares, son todos. Los jueces deben tener cuidado de aplicar la ley como corresponde. No se deben usar los planes por asunto militar confidencial”, indica.

Según Balconi Turcios, “la legislación constitucional priva todo lo demás; lo que dice el artículo 30 está encima de cualquier otro artículo de la legislación ordinaria, como la Ley de Acceso a la Información”.

Pero lo cierto es que los planes han sido la punta de lanza del Ministerio Público en otros procesos.

“Estos planes operativos del Ejército han sido utilizados en los casos de las Dos Erres, Plan de Sánchez, Choatalum, genocidio ixil. Y encima ahora hay más planes que fueron secuestrados por el juez Miguel Ángel Gálvez en 2016. ¿Cómo vamos a demostrar la estructura de mando si no nos permite usar la ley constitutiva del Ejército?”, se pregunta el abogado Héctor Reyes.

Gálvez desclasificó el 31 de marzo del año pasado los planes de campaña: Firmeza 83, Reencuentro Institucional 84, Estabilidad 85, Consolidación 86, Fortaleza 87, Unidad 88, Institución 89 y Avance 90. Mientras que en 2008 ya habían sido sujetos del mismo proceso los planes de campaña Sofía y Victoria 82. Según indicó el juzgador: podrían ser utilizados en investigaciones en curso y casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

Jorge Lucas Cerna, abogado defensor e hijo del general Benedicto Lucas, se queja de que querellantes y fiscales suban al internet los planes y los acusa de que, por ello, “las maras están mejor organizadas, porque ahora conocen el plan de organización del Ejército”. Además asegura que “los planes no fueron elaborados por Benedicto porque él salió en marzo de 1982 de la estructura de mando. El MP oculta esas verdades”.

 “Ya está escrita la condena”

“Barrios ya mostró su preferencia hacia cierto grupo y su aberración a militares. Esa sentencia está escrita y es condenatoria”, afirma categórico el abogado defensor Jorge Lucas Serna. Pese a que el caso ha disminuido en tamaño y a su padre se le imputaron tres desapariciones en lugar de 12, Lucas Cerna se encuentra inconforme. El jefe del Estado Mayor del Ejército de 1978 a 1982, será juzgado de cualquier forma.

Al jurista le gusta explayarse en sus intervenciones e insistir en la conspiración de la que asegura es objeto su cliente; su padre. “Hay vicios que vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se extendió en sus facultades. No puede decirle a nuestro Estado que se sancione a los culpables, ni tampoco es correcto que se use de manera retroactiva el delito de desaparición forzada, el cual entró en vigor en 1996 en nuestro país”, argumenta el abogado defensor.

Lucas Cerna añade que también la CC ha emitido “resoluciones violatorias a derechos humanos por cuestiones ideológicas”.

Querellantes y fiscales no pierden la fe en conseguir condenas, aunque no ocultan su inconformidad por la disminución de víctimas y hechos que la juez mandó a juicio. Aunque no sea el mismo tamaño, el caso tiene la misma magnitud histórica, explica el jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado del MP, Érick de León. “Las 565 osamentas, las 84 fosas, todo eso es real. Todo se encuentra en una de las zonas militares más importantes del conflicto armado. Que haya dejado únicamente 29 víctimas, como una muestra, no significa que deja de ser importante el caso”, describe De León.

Mientras que la fiscal Elena Sut, insiste en que “se logró demostrar las perforaciones, cortes, amarres, orificios causados por proyectiles de arma de fuego, todo. Es de resaltar que una de las fosas está a tan solo 300 metros de la comandancia”.En el proceso el MP ha logrado desbaratar la teoría de la defensa que aseguraba que las víctimas eran en realidad personas enterradas en cementerio o víctimas del terremoto de 1976. “Cuando tiembla nadie comienza a amarrarse de pies y manos o taparse los ojos”, añade irónica Sut Ren.

El caso sobrevive en la incertidumbre. Ni siquiera la resolución de las salas de apelaciones o la CC definirán el rumbo impreciso de este caso que se ha dormido en una telaraña de resoluciones, acciones y tropiezos de todos sus actores.

https://plazapublica.com.gt/content/creompaz-el-secreto-militar-y-un-caso-que-no-avanza

Habilitan circuitos de transmisión eléctrica

Por U. Gamarro y C. Paredes, Prensa Libre, 5 de Agosto de 2017

 

Entra en funcionamiento línea de electricidad Proyecto Anillo Pacífico Sur, que recibirá los despachos de energía de ingenios azucareros.
 

“Es una súper carretera de transmisión eléctrica”, afirmó Mauricio Acevedo, gerente general de Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), empresa filial del Grupo Energía de Bogotá, que desarrolla el Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión (PET) de energía en Guatemala.

Con la integración de la APS, los ingenios azucareros que generan energía cuentan con la capacidad de las líneas para hacer los despachos.

Obra

Acevedo explicó que el APS es una infraestructura que soportará la producción de energía del sector azucarero.

La infraestructura consiste en 92 kilómetros de líneas de transmisión, así como cuatro nuevas subestaciones y la ampliación de una, así como dos reconfiguraciones, todas ubicadas en Escuintla.

La APS estará formada por las subestaciones La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón.

“Son obras puestas a disposición de Guatemala fortaleciendo el Sistema Interconectado Nacional y un orgullo poner esta súper carretera por donde se transporte la energía”, afirmó el ejecutivo.

El PET es un proyecto que se hace realidad cada día con el apoyo de las autoridades y las distintas comunidades locales, agregó Acevedo.

Energización

Además de la APS, también se habilitó la energización de línea de transmisión Covadonga-Uspantán, Quiché, por lo que se logra el primer cierre hidráulico.

Esa infraestructura consiste en 43 kilómetros, 99 torres de transmisión y ampliación de dos subestaciones de 230 kilovatios.

La cobertura será para los municipios de Nebaj, Sas Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

“Son obras importantes para la modernización de la transmisión y los esfuerzos para complementar el PET”, señaló Ástrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, propietaria de sus filiales Trecsa y EEBIS.

La ejecutiva, destacó la importancia del capital colombiano, invertido en la infraestructura de transmisión en Guatemala.

Álvarez, además resaltó la importancia de que el Gobierno publicara hace algunos días una guía de consultas comunitarias, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Importancia

Melvin Quijivix, consultor independiente en temas energéticos, destacó la importancia de estas obras de infraestructura.

Subrayó que aunque hay atraso en el PET, los proyectos habilitados ayer mejorarán los sistemas de transmisión.

“Son redes que se necesitaban ponerlas a funcionar, sobre todo para concluir el circuito del sur, por el despacho que hacen los ingenios azucareros”, afirmó.

Afirmó que los ingenios aportan 12% de la producción de energía al sistema cada año.

A la actividad asistió el presidente Jimmy Morales y el ministro de Energía, Luis Chang Navarro.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/habilitan-circuitos-de-transmision-electrica

Ramón Cadena: Se está criminalizando a defensores de derechos humanos

POR DENIS AGUILAR, La Hora, 10.08.2017

El abogado Ramón Cadena dijo que los defensores de derechos humanos en Guatemala están siendo objeto de criminalización de parte del Estado y de empresas transnacionales, cuando estos se manifiestan en defensa de la tierra y los recursos naturales.

“A los defensores de los derechos humanos se les está criminalizando por su forma de pensar, porque los defensores están defendiendo sus recursos naturales”, dijo Cadena quien agregó que son perseguidos por el Ministerio Público (MP) señalándolos de la comisión de algún delito.

Por ello Cadena, resaltó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a esa problemática, ya que considera que es una voz autorizada para denunciar esos hechos.

El abogado hizo referencia a los casos ocurridos en Huehuetenango en 2016, específicamente a la detención arbitraria de Rigoberto Juárez, líder comunitario de ese departamento.

También mencionó el caso del activista Abelino Chub Caal, quien guardaba prisión preventiva en Izabal, pero que luego fue trasladado al preventivo de la zona 18 en la capital.

¿QUÉ DICE EL MP?

La Hora se comunicó con el Ministerio Público para obtener la postura sobre lo dicho por Cadena. Julia Barrera, portavoz de esa institución, refirió la consulta de este vespertino a la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Hilda Pineda, quien aseguró que en ningún momento se ha criminalizado a los activistas, ya que la fiscalía investiga objetivamente los casos denunciados.

Además, mencionó que las detenciones de las personas mencionas y otros activistas se han realizado en el marco de la ley y que los requerimientos han sido sustentados con pruebas ante un juez competente. Sobre el caso de Chub Caal, Pineda dijo que no tenía información, ya que el caso le corresponde a la Fiscalía Distrital de Izabal.

http://lahora.gt/ramon-cadena-se-esta-criminalizando-defensores-derechos-humanos/