Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.

Exigen cuentas cabales al alcalde de Sacapulas, Juan José Tiú

Por Carlos Roquel  con información de Héctor Cordero de Guatevisión, 14 de noviembre 2016

Por segunda ocasión vecinos de Sacapulas Quiché, realizaron una manifestación exigiendo cuentas al alcalde de este municipio, por supuestas anomalías durante su administración.

La semana pasada, también cientos de vecinos se apostaron frente a la municipalidad, exigiendo la presencia del alcalde Juan José Tiú para que explique en que se han invertido los fondos municipales, sin embargo hasta el momento el jefe edil no ha querido atender a la población.

Por negarse a rendir cuentas, fue denunciado

Luego de la manifestación de hoy, los líderes del movimiento decidieron presentar una denuncia al Ministerio Público para que sea investigado por supuesta sobre valoración de varios proyectos ejecutados durante este 2016.

Como también sucedió la semana pasada, la municipalidad permaneció cerrada y el alcalde nunca respondió su celular, lo que molestó aún más a los vecinos.

http://www.guatevision.com/departamental/exigen-cuentas-cabales-al-alcalde/

Comunidades exigen que comuna cumpla convenio

Por Óscar Figueroa de Prensa Libre, 7 de noviembre 2016

La protesta se llevó a cabo este lunes y los inconformes exigían la presencia del Concejo     para solventar el incumplimiento del convenio firmado por el alcalde Juan José Tiu Vicente, el 21 de agosto de 2015, cuando se habría comprometido a resolver varios de los problemas que afronta la población.

Sin embargo, el tema no fue abordado  en la concentración, por la inasistencia  del jefe edil, quien desde el 21 de octubre último fue invitado por escrito.

Ante la ausencia  de las autoridades municipales, algunos alcaldes auxiliares pretendían  e bloquear carreteras para obligar a Tiu Vicente a asistir a la actividad, pero los dirigentes de la actividad lograron persuadirlos para que no bloquearan rutas,  ya que la concentración había sido convocada para que se llevara a cabo de manera pacífica.

Líderes insistirán

Francisco Aceytuno, uno de los dirigentes de la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas en Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, explicó que por la falta de interés del alcalde, los líderes de las comunidades harán acto de presencia de nuevo el lunes 14 de noviembre.

“El alcalde Tiu cuando era candidato a la reelección, se comprometió  al igual que el resto de candidatos a avalar, respetar y cumplir la carta de compromiso social suscrita en esa ocasión y que incluye el pago del servicio de alumbrado público y el reglamento municipal que contiene el aumento de las tasas, que a pesar de haberse publicado en el Diario de Centro América, para nosotros como pueblos originarios no es vinculante porque no se nos consultó”,  afirmó Aceytuno.

Sin servicio

Añadió que la inconformidad también es  porque en el área urbana no hay servicio de agua entubada;  sin embargo, por casa se paga Q15 y Q30 por cada negocio al mes.  “Es ridículo que no tengamos agua en el pueblo y quieran cobrar Q2 mil 500 por la conexión de cada servicio nuevo.  Por eso queríamos que el alcalde diera la cara”, afirmó.

Domingo Tum Mejía, de la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas, informó  que el servicio de alumbrado público en las comunidades es deficiente  y caro.

“Nosotros proponemos que el pago mensual sea de Q5 y ojalá que el alcalde se atreva a dialogar con el pueblo que lo eligió.  El funcionario  se ha excusado al decir que el pago del alumbrado público no es de su competencia”, culminó.

El auxiliar departamental de la  Procuraduría de Derechos Humanos, Flavio Ruiz, informó que por una denuncia presentada por pobladores en octubre pasado contra del jefe edil de Sacapulas, se ha abierto un expediente que investiga la aparente negación de acceso a la información.

En reiteradas ocasiones se trató de conocer la versión del alcalde Juan José Tiu Vicente, pero no respondió las llamadas telefónicas no los mensajes de texto.

http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/comunidades-exigen-que-comuna-cumpla-convenio

 

A la luz contrato del oscuro proyecto Xalalá

Otro viernes de CICIG trajo una exposición mayor de las redes de corrupción presentes en el gobierno del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina. Y esta vez no fue obra de la CICIG directamente. Las capturas fueron aprovechadas por cuentas en redes sociales para hacer público un contrato de $15 millones que vincula al ex ministro Erick Archila, hoy prófugo por el caso Cooptación del Estado, con una empresa brasileña. Información del caso Panama Papers lo confirman.

El contrato y la corrupción del PP

El caso de lavado de activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), que terminó con varias capturas, un fiscal y un policía heridos y la muerte por suicidio del ex ministro de Finanzas del Partido Patriota (PP), Pavel Centeno, fue aprovechado por una cuenta anónima en la red social Twitter para sacar a luz un contrato por $15 millones con ex funcionarios del gobierno de Pérez Molina. El contrato está firmado entre Ronny Patricio Aguilar Archila y la empresa Kingsfield Consulting Corp (ya disuelta), registrada en Panamá por el bufete Mossack Fonseca que forma parte del escándalo internacional conocido como Panama Papers.

El encabezado del contrato

El contrato se firma el 11 de abril de 2012 y tiene como producto final una consultoría para desarrollar una propuesta técnica y comercial para la licitación de estudios técnicos y de factibilidad de la hidroeléctrica Xalalá.

En ese momento, Aguilar Archila era asesor de despacho del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. Además era representante del INDE en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según consta en documentos de la Contraloría General de Cuentas. El contrato lo firmó como parte de su firma de abogados, Aguilar & Ancheta.

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El contrato despierta varias sospechas, no solo porque lo realiza mientras era funcionario público, sino por los grandes intereses que había detrás de la hidroeléctrica Xalalá.

Según la fiscalía de Brasil con el conocido caso Lava Jato, el brasileño Ricardo Trombeta era el propietario de Kingsfield Consulting Corp., firma creada en Panamá y cuyo representante era el bufete Mossack Fonseca (MF), según confirmó después ICIJ.

La empresa dueña de Kingsfield era la constructora OAS, también brasileña. Esa empresa fue señalada en otros casos de proyectos de carreteras en Costa Rica y Honduras, y de patrocinar con $1 millón la campaña electoral del Partido Patriota en 2011, según Diario Digital.

OAS también fue señalada por una publicación de Contrapoder de pagar a la empresa de cartón Guerrero Law Investments Corporation (cuyo principal directivo lo era también de la empresa Arqco Outsourcing, del ex ministro de Comunicaciones y también prófugo, Alejandro Sinibaldi Aparicio), justo en el momento en que se licitaba la construcción de una carretera en el oriente de Guatemala, que finalmente terminó ganando la constructora guatemalteca Sigma, cuyos ejecutivos fueron capturados por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación.

¿Competencia o alianza en la corrupción del PP?

La hidroeléctrica Xalalá está situada a 50 Km. al noroeste de Cobán, con una capacidad instalable de 181MW y una producción de energía de 886 GWh. La represa tendría acciones del Estado y el proyecto tuvo desde su inicio una fuerte pelea de intereses empresariales por apropiarse de las acciones privadas.

El contrato entre el abogado Ronny Aguilar Archila y Kingsfield logra confirmar una parte de los intereses detrás de la hidroeléctrica Xalalá, algo que solo se pudo ver de manera superficial en el 2014, cuando sospechas de corrupción se hicieron públicas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En 2014, varias comunidades del Ixcán y Cobán denunciaron la adjudicación del contrato para realizar los estudios geológicos del proyecto hidroeléctrico Xalalá a la empresa brasileña Intertechne en noviembre de 2013, un caso que CMI dio a conocer por primera vez.

El contrato que ganó Intertechne habría dejado fuera a OAS, que no le ayudó el pago de $15 millones a Aguilar Archila un año antes, ni la cercanía de éste al ministro Archila y la presencia que tenía en importantes puestos públicos. ¿Cómo pudo perder OAS frente a Intertechne?

La CGN denunció el 10 de abril de 2014, a 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, enfatizando en las irregularidades del proceso del contrato entre Intertechne y el INDE.

Una de las consecuencias derivadas de esas denuncias fue la renuncia, en abril de 2014, del entonces gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Marinus Arie Boer Johannessen, quien fue el que firmó el contrato con Intertechne. Según el ex mandatario Otto Pérez Molina, él mismo le pidió la renuncia a Boer.

Según un artículo sobre el tema, Pérez Molina indicó en conferencia de prensa que había “varios generadores” que se oponían a la hidroeléctrica, entre ellos los que se dedican a “producir energía con el bagazo de la caña”, en clara referencia a ingenios azucareros. Boer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botrán.

En ese contexto es que la lupa se enfocó en Boer Johannessen, quien tenía el cargo de gerente general en el INDE y secretario del Consejo Directivo. Boer fue quien mayor protagonismo tuvo en la firma del contrato con Intertechne, el 7 de noviembre de 2013. Como representante legal de Intertechne Consultores, fue nombrada la abogada Andrea Lucía Contreras Vidaurre. En esa dirección se encuentra el bufete Comte & Font – Legalsa.

La abogada Contreras está asociada a ese bufete. Los dos socios del bufete son Font Verdugo y Henry Comte, este último socio fundador, director, y ahora magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, el mismo que Marinus Boer representa legalmente.

La información que da el contrato hace pensar en una posible riña corrupta entre Intertechne y OAS, que en el país se tradujo en una riña entre el ex ministro Archila y Pérez Molina contra Marinus Boer.

Aunque esto no queda del todo claro: el firmante del contrato, Ronny Aguilar Archila, también es parte del bufete de Comte & Font, que representó a Intertechne. ¿Engañaron entonces Aguilar Archila y Boer a OAS? ¿Las renuncias y supuestos señalamientos cruzados fueron solo un montaje?

Los mismos intereses en el gobierno de Jimmy Morales

Más allá de los intereses en torno al caso Xalalá, es importante ver la continuidad de esos intereses en el actual gobierno. Ya está documentada la elección que realizó Jimmy Morales para magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Como se dijo en un artículo anterior, Jimmy Morales se decantó por el abogado Henry Philip Comte Velásquez como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Comte es reconocido por ser fundador del bufete Comte & Font – Legalsa, del caso Xalalá. También fue integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, de la familia Botrán. Pero lo más importante es que fue Director Ejecutivo de Blue Oil, señalada en el caso Cooptación del Estado por dar financiamiento ilegal al Partido Patriota desde 2007.

Jimmy Morales nombró como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional al empresario José Andrés Botrán Briz, quien ya fue funcionario de gobierno en un cargo similar. Botrán es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, uno de los principales ingenios azucareros, de los mayores productores de electricidad, y donde el magistrado Henry Comte es integrante. Hace una década ocupó el cargo de Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) durante el gobierno de Berger Perdomo.

Por último, el presidente Morales nombró a la abogada Ivanova María Ancheta Alvarado como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Ancheta había sido viceministra de Energía durante la administración de Erick Archila en el MEM, y es socia de Ronny Aguilar Archila, en el bufete ya mencionado, firmante del contrato mostrado en este artículo.

Hidroeléctrica divide a vecinos

Por A. Marroquín, 30 de Septiembre de 2016, Prensa Libre

El 22 de enero del 2014 una turba quemó la casa de Maricela Niz, en Nuevo Paraíso, San Pablo, San Marcos, por apoyar el proyecto hidroeléctrico Hidrosalá, sobre el río Salá, obra que pretende generar 15 megavatios de energía limpia y renovable para el ambiente.

Los inconformes intentaron expulsar a la familia Niz, pues los consideran enemigos, porque están de acuerdo con la obra. Aducen que la hidroeléctrica causará daños al ambiente y que tendrá efectos graves en la salud de los vecinos.

Ese día, un grupo de personas llegaron con fusiles de asalto a la finca Argentina, San Pablo, a quemar maquinaria que estaba destinada para la construcción de una escuela y el mejoramiento de caminos, según publicación de Prensa Libre, del 28 de enero de ese año.

Temor

Pobladores dicen que viven con temor debido a la división que se ha generado por la obra.

Estaba previsto que la hidroeléctrica se construyera en cuatro años, a un costo de Q277 millones 870 mil, y que empezará a funcionar en el 2013, pero los conflictos la han atrasado.

Según Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá, los que se oponen al proyecto son la minoría, y señaló a la Asociación Ajchmol, integrada por líderes de Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán y Tajumulco.

“Es una obra que invertirá Q9 millones anualmente en empleos —300 empleos en la construcción y 300 en la agricultura—. Hay 32 comunidades en el área de influencia de la obra, y ayudará a evitar que los habitantes sigan migrando a México y Estados Unidos”, dijo Herrera.

Agregó que hace dos años quedó instalada la Comisión Nacional de Diálogo, integrada por 11 entidades de Gobierno, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y vecinos, para mediar en el conflicto por la obra, que cuenta con las licencias de operación, otorgadas por los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, y recientemente fue renovada la licencia de construcción otorgada por la comuna de San Pablo.

Esperan empleo

“Estaba confiada en que con la obra habría desarrollo en San Pablo. Aquí no hay trabajo para mi esposo ni mis hijos. Hemos recibido charlas en las que nos hemos dado cuenta de que la hidroeléctrica es buena”, expresó Maricela Niz.

Filiberto Pérez, otro poblador, dijo que el proyecto ofrece trabajo digno, por lo que no se opone a la hidroeléctrica y señala a Rolando López, de Ajchmol, originario de Comitancillo, de ser quien “envenena” el pensamiento de la gente contra ese proyecto.

Derecho a consulta

López expuso que se han constituido en San Pablo a petición de la población mam, y están en contra de Hidrosalá porque no hubo consulta comunitaria.

Efraín Chilel, vecino de Loma Linda, dijo que es importante que la empresa aclare el funcionamiento de la hidroeléctrica. “No nos han consultado, y eso nos tiene molestos”, resaltó.

Luis Morales, auxiliar de la PDH de San Marcos, dijo que en esa lucha puede haber intereses ocultos, pero que es difícil de establecer y lo más importante es evitar el conflicto.

http://www.prensalibre.com/guatemala/san-marcos/hidroelectrica-divide-a-vecinos

“We will not buy what is ours” Challenging terra nullius in the courts of Guatemala

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Copones is a large Maya Q’eqchi’ territory in Guatemala, in the northern province of Quiché along the Mexican border with Chiapas. Q’eqchi’ communities have lived in Copones for millennia, caring for rivers and the land generation after generation. Their territory extends over 20,000 hectares of clean rivers and fertile land.

Copones perspires autonomy. The 10,000 inhabitants are organized in 36 communities led by Ancestral Councils. Community life happens in the native Q’eqchi’ language, with only a few young people who practice Spanish when they travel outside the community. Until recently, Copones was accessible only by boat; now a dirt road has made most villages accessible in a couple of hours by truck or motorbike.

Yet the Q’eqchi’ of Copones have no legal titles to their land.

The titles were issued by the state of Guatemala in 1905 and granted to militias. The Q’eqchi’ of Copones always occupied the land but were not consulted or informed that titles had been created and used as currency to pay off state debts.

The story of Copones is one more chapter in the massive grab of Indigenous lands across the New World under the terra nullius doctrine. The state of Guatemala appropriated Q’eqchi’ lands after the Liberal Revolution of the 1870s. It granted land titles as ‘rewards’ to militias demanding their dues. It declared Maya lands ‘unproductive’ and therefore ‘vacant,’ renamed the region ‘Copon de Bolas’ (aka Copones), and invented paper titles to appropriate land.

Q’eqchi’ territories were then distributed as booty of war.

The Q’eqchi’ of Copones only realized what was happening when militias showed up claiming land. They did not settle, but they used the state-made paper titles to force many Q’eqchi’ into paying ‘rent’ for remaining on their own land in the early twentieth-century.

In 2015, the inheritors of the militias showed up again. They did not intend to settle either. They were interested in Copones rivers for hydroprojects. This time, Ixcán communities took the defense of their territories to court. Judges refused to acknowledge Indigenous rights to collective land in the case; and the Q’eqchi’ asked for the support of the Association of Maya Lawyers.

The litigation reached Guatemala’s highest court in May 2016. Ixcán’s Great Council of Ancestors are suing the state: They want the paper titles granted to militias canceled and new titles to collective territory issued for Q’eqchi’ communities.

The case of Copones is a legal battle between owners in practice and owners on paper.

On May 25, 2016, a hearing at the Constitutional Court became emblematic of how Indigenous communities are challenging the terra nullius doctrine in an already legendary tour-de-force of de-colonial litigation.

“We will not buy what is ours”

About 220 Q’eqchi’ authorities traveled from Copones to attend the hearing in Guatemala City. They walked into the courtroom with solemnity, carrying wood staffs (bastón de mando) as symbols of political authority, women colorfully dressed in their typical woven skirts, men wearing white Panama hats.

The Q’eqchi’ of Copones had gathered an impressive legal team. Victoriano Chocooj, from the Great Council of Ancestors, represented nearly ten thousand people. Juan Castro, from the Association of Maya Lawyers, litigated with the support of three colleagues: Claudia Chopen, Edgar de Leon, and Ixquil Poz. Carlos Perez Guartambel, Kichwa-Kañari lawyer and serving President of the Confederation of Kichwa Nationalities of Ecuador (ECUARUNARI), served as Amicus Curiae. Diego Cotiy Mas testified in the name of the Great National Council of Ancestral Authorities of Mayas, Garifunas, and Xincas de Ixim Ulew Nations, created in 2009.

Chocooj opened the floor in his native language; his translator followed. As he spoke, all Q’eqchi’ authorities in the room stood up, and one could feel the five judges in their black robes somewhat intimidated in their seats. Chocooj told how they had traveled two days by bus to defend the lands their grandparents and the grandparents of their grandparents have protected for millennia. He explained that a century ago the government took advantage of their lack of knowledge of the Spanish language and legal system to appropriate lands that belong to them. He ended with a clear statement: “We will not buy what is ours.”

Retelling history: the Liberal Reform as land grab

Juan Castro followed, framing the 1870 land titles as an illegitimate act of state violence. He presented research showing that these lands have long been inhabited: Dominican priests in the 1600s were already reporting communities occupying and farming the area. There is legal evidence that Copones was never “vacant” as the government claims and that communities have been farming the land for over 250 years.

He showed a map of the Chinique municipality, to which Copones is officially attached but which is extremely distant from and much smaller than Copones. “How could the municipality of Chinique own a land so far away and so much larger than its own territory, honorable judges? It does not. This is Maya Q’eqchi’ territory.”

Castro retold history to explain the Liberal Reform as a vast land-grab orchestrated by the state. First, the colonial government authorized the appropriation of lands deemed empty or useless. After independence in 1847, the state of Guatemala declared vast Indigenous territories as empty/useless/unproductive lands and seized them. These were no small lands — about 20,000 hectares in the case of Copones – and they were distant enough so that land deals were negotiated on a map in some office in the capital without ever seeing its rivers. They used the municipality of Chinipe to register the Copones land titles: They appropriated Indigenous lands, forging titles to pay off ex-militias asking for compensation.

Castro shot four key arguments sharper then arrows to push the judges to return the titles to their real owners.

First, he said, it is absurd to think that Guatemala’s courts are not obliged to judge this case. As a reminder, the ILO Convention 169 and the Inter-American Court of Human Rights are two legal mechanisms that explicitly guarantee collective rights to land.

Second, the 36 communities of Copones have never lost the possession and use of their land; they have always been there, continuously farming it. Chinipe’s municipality cannot invoke the militias as a third party of “good faith” because lands were stolen, not bought, then given away in a violent, illegitimate land-grab.

Third, it is also absurd to argue that the case cannot be judged under current laws. Castro reminded judges of the principle of the unity of the state. All laws are inter-related. Indigenous collective land rights are inalienable, indivisible and imprescriptible. Indigenous nations have been defending their territories for over a century and courts cannot simply say they don’t have the authority to address their claims.

Last, when a court suggests that Indigenous communities buy the lands that were given to mercenaries, the court is telling them to buy what is theirs. This not only reproduces colonial laws, it tells millennial societies to renounce their territories, nationhood, and self-government – rights that are now guaranteed in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

“How dare a court tell people to buy what belongs to them?” demanded Castro.

Indigenous Territoriality

The Amicus Curiae, Carlos Perez Guartambel (ECUARUNARI), urged the court not to redirect Maya communities to legislative bodies. “Guatemala’s democratic government has failed to pay its historical debt to Indigenous peoples. This is the opportunity to do it.”

He insisted that the 1985 constitution came to correct historical wrongs, and thus prevailed over prior racist laws. “Every act of dispossession is violent,” he claimed, “and so were the 1870 titles.”

Coming from the Andes, Perez praised the wealth of Maya cultures — languages, criteria, ideas, arts, textiles. He celebrated diversity, lamenting the 1824 laws that forbade people to speak Maya languages and imposed Spanish (a rule implemented by priests in exchange for parishes). “Today, we are in court to redress past wrongs, to validate the diversity that unites us.”

He focused on Indigenous notions of territoriality, which go against that of terra nullius. Indigenous rights to territory are imprescriptible and inalienable. Their lands are inalienable, not resources for sale. “There is transmission, but no selling.” He cited Article 28 of UNDRIP guaranteeing Indigenous rights to reparation.

Perez posited notions of terra nullius as scientifically unsubstantiated and judicially illegitimate.

“We are 5 percent of the global population, we have only 20 percent of the land, but we protect 80 percent of the biodiversity.” Indigenous peoples are not here to claim land as a material good, but to demand justice and the respect of a reciprocal relation with the Earth as mother, he said. “We come with hope and with the promise of living together on Mother Earth.”

Diego Cotiy Mas articulated the precedence of the public good over private interests. “A governmental agreement does not have the character of law.” His position insisted on the prevalence of Maya societies over the state of Guatemala: “It’s been 502 years of colonization, but Indigenous peoples have been around for much longer. Their legitimacy as peoples is supreme, there is nothing to litigate. Juan Castro gave you all the judicial arguments to give a positive resolution to return land titles.”

Edgar de Léon analyzed how the terra nullius doctrine was designed to erase Maya sovereignty from the political map. Indigenous peoples were made invisible and historically excluded from state and constitutional treaties – notably the governmental agreements that resulted in land titles granted to militiamen. Today’s democratic government still carries a legal debt with Indigenous peoples who appear in only five constitutional articles.

Claudia Chopen noted legal precedents at the IACHR establishing indigenous rights to communal land. She claimed that one of the definitions of Indigenous peoples is the continuity on the land, its pre-existence to colonial invasion: if they are Maya communities, they likely preceded state titles. She recalled UNDRIP’s Article 26(1): “Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used.”

“The 32 Q’eqchi’ communities have evidently pre-existed colonial governments; they already existed in the popol wuj; they occupied this land before invasion and through colonial times. It is not debatable whether it is an ancestral territory.”

When the turn came of defense lawyers to intervene on behalf of Chinipe’s land registry the arguments were exposed within a few minutes. They claimed that the land titles were a “technical decision” to “obey a presidential decree.” They said they understood Maya concerns but that there were no constitutional rights regulating rights to ancestral lands, and that as a result the claim should be addressed to legislators and not to the Constitutional Court.

With the ancestors

The litigation was a tour de force. The room exulted excitement by the time the five judges closed the hearing. There will be no immediate resolution. In fact, it may take years to resolve the Copones titles. But it was a historic display of Indigenous litigation.

Months later, when Maya Lawyers attended a general assembly in Copones, there were pictures of that day hanging on the walls. People remembered the hearing with pride and excitement.

How can the Ixcán communities not own the land their ancestors have cared for, for over millennia? Can they claim land without owning a title? The Q’eqchi’ authorities put it simply: “We were always there, beyond judicial evidence or booties of war that dispossess.”

This litigation matters beyond Copones. It is about ownership in practice versus ownership in paper. It confronts the legal notion of terra nullius with de facto Indigenous occupancy and emerging international rights to territory.

It is a case that brings the terra nullius doctrine back to the forefront and forces state courts to take a stand on their own colonial practices.

Bajo presión ampliaron proyecto de mina Marlin

Por Henry Pocasangre, 01 de Julio de 2016, Prensa Libre

Exdirector de Minería afirma que fue coaccionado para extender espacio a Montana. Empresa asegura que nunca hubo presiones.

Una denuncia penal podría ser presentada por la bancada Encuentro por Guatemala en contra de autoridades del Ministerio de Energía y Minas de la administración anterior, por la ampliación irregular del área de explotación de la mina Marlin.

En una citación,  el ex director general de Minería Fernando Castellanos aseguró que recibió presiones para aprobar la ampliación de un kilómetro de la mina, según él, sin contar con estudios  ambientales. Castellanos  se opuso a la acción y fue destituido el 3 de diciembre del 2015.

Alfredo Gálvez, gerente de  Montana Exploradora, la operaria de mina Marlin, afirmó que nunca existieron presiones para la aprobación.

Añadió que la licencia estaba en trámite  hace dos años y que cumplieron con estudios de impacto ambiental y consultas  al expresidente Otto Pérez y  la Procuraduría General de la Nación, quienes dijeron que si cumplía los requisitos debía otorgarse la licencia.

En el caso también estaría involucrado Saúl Oliva —implicado en el caso TCQ—, exabogado de la PGN, quien habría avalado la extensión.

Otra acusación de Nineth Montenegro, jefa de la bancada, es que se redujo un pago específico de Q1 mil a Q100, que permitía controlar las operaciones. Fue autorizado por el exministro Juan Pablo Ligorría, quien ahora dirige el Instituto de Fomento Municipal.

(http://www.mem.gob.gt/2016/07/el-mem-no-ha-autorizado-ninguna-licencia-minera-durante-este-gobierno/)

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/bajo-presion-ampliaron-mina-marlin