Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

Por CMI-G, Centro de Medios Independientes, 28 de Septiembre 2016

Más de 40 comunidades que habitan dentro las áreas protegidas de la Sierra del Lacandón y Laguna Del Tigre de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces en el departamento de Petén, presentaron el 28 de septiembre su PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE al Estado de Guatemala, la cual busca garantizar su “permanencia perpetua en armonía con la naturaleza en los territorios que para nosotros son fuente de vida.”

La Propuesta Alternativa fue signada y reconocida previamente por las comunidades en un acta firmada el 21 de septiembre, en la comunidad de Nuevo Paraíso, La Libertad, Petén, ante la presencia de centenas de comunitarios, observadores y acompañantes del proceso que lleva varios años gestándose.

La Propuesta Alternativa fue presentada en el Congreso de la República, ante la presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, delegados comunitarios, cuerpo diplomático, diputados, instituciones gubernamentales, los asesores legales Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Comisión Internacional de Juristas, Testigos de Honor y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con lo expresado por las comunidades: “Estamos en estos territorios como resultado de las políticas estatales de colonización, el desplazamiento por el conflicto armado interno, la falta de tierra en nuestros departamentos de origen y la pobreza.”

Los comunitarios que vienen demandando una negociación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) desde hace varios años, también vienen denunciando que la falta de reconocimiento gubernamental de esas comunidades les vela el derecho al acceso a la tierra, a los servicios públicos y a su propia sobrevivencia al vivir bajo la constante amenaza de desalojos que ya han ocurrido y varios de ellos violentos.

La Declaratoria de la Ley de Áreas Protegidas en 1989, afirman, “se hizo sin consultar a nuestras comunidades y sin tomar en cuenta nuestra vida en esos territorios. Como resultado, durante años nuestro derecho a la tierra, la salud, la educación, la justicia y la vida, han sido permanentemente violentados por parte del Estado de Guatemala a través de la PNC, el Ejército de Guatemala, CONAP, entre otras instituciones.”

Muchas de esas comunidades que llegaron a poblar esas regiones, hoy áreas protegidas, lo hicieron previo a que se reconocieran como tal. En el caso del Parque Nacional Laguna del Tigre, esas comunidades se formaron a partir de las rutas que construyeron las empresas petroleras que arribaron a finales de las décadas de 1970 y principios de 1980.

Por lo tanto, han experimentado una “política de doble rasero” debido a que esas instituciones estatales que oficialmente realizan esas acciones de desalojo las ejercen sólo contra las comunidades, mientras que las compañías petroleras nunca han enfrentado esa amenaza más bien se les ha permitido permanecer e, incluso, renovar contratos petroleros cuestionables legalmente como el caso denunciado desde hace algunos años del campo Xan, Contrato 2-85, operado por la francesa Perenco.

Por otra parte, muchas comunidades se han visto acorraladas por fincas ganaderas, narcofinqueros y la narcoganadería fenómenos que se han acrecentado en las áreas protegidas que las más de 40 comunidades se encuentran habitando. Miles de cabezas de ganado permanecen pastando para engorde para luego ser vendidas en México, sin que haya desalojos contra quienes realizan esos negocios ilícitos. Contrariamente, las comunidades que hoy han presentado esa Propuesta Alternativa son señaladas por las instituciones gubernamentales de estar ligadas a esos negocios ilícitos. Esa criminalización en su contra les hace aún más susceptibles de desalojos violentos.

Ante esas amenazas los comunitarios señalan que “Hemos construido esta propuesta desde nuestra perspectiva comunitaria porque, como ciudadanía guatemalteca merecemos una vida digna y el respeto de nuestros derechos humanos.”. Una forma de proponer justa y ecuánime, ante las propuestas gubernamentales que no incluyen la permanencia perpetua ni la dignificación de los cientos de familias que habitan el área.

La presentación de la PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE concluye un largo proceso que ha durado varios años, pero también es el arranque de otro mucho más complejo que debe conducir a negociaciones con varias instituciones del gobierno, sobre todo el CONAP, para valorarla y aceptarla si no en su totalidad sí en sus puntos vitales. Es una propuesta que va de la mano con la conservación y recuperación de las áreas protegidas de marras, y sobre todo con su conservación. Pero sobre todo, dignifica la vida humana algo que las políticas gubernamentales no han tomado en cuenta en esas localidades.

A continuación la propuesta comunitaria:

NOSOTROS, LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES, PETÉN. REUNIDAS EN ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDADES;

CONSIDERANDO:

Que según la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, además garantiza a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona y la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos; ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha declarado, que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país, de manera sostenible. Asimismo, ha declarado que la situación de los recursos naturales y el medio ambiente en Guatemala han alcanzado niveles críticos de deterioro que inciden en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para el futuro, por lo que es interés de la Nación la  conservación, la protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, la reforestación del país y la  conservación de los bosques y que debe haber protección especial en las riveras de ríos, lagunas y las cercanías de fuentes de agua.

CONSIDERANDO:

Que la mayoría de las comunidades que tradicionalmente han trabajado estas tierras, en Laguna del Tigre y Sierra de  Lacandón, se desplazaron a estas áreas por políticas estatales de colonización, la falta de acceso a la tierra en sus  lugares de origen debido a una injusta distribución de la tierra, la pobreza y el Conflicto Armado Interno. Y que  décadas después las leyes en materia de áreas protegidas se impusieron a las comunidades sin consulta libre, previa e informada y sin integrarse en el ordenamiento jurídico, normas que garantizan derechos fundamentales, desprotegiendo así, a la mayor parte de las poblaciones arraigadas en estas tierras. Lo cual profundizó la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y legitimando así las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos individuales y colectivos, de esta población.

CONSIDERANDO:

Que todos los derechos humanos son indivisibles, inalienables, irrenunciables, intransferibles, inherentes y complementarios entre sí, por lo que las normas ambientales no deberían valerse de la protección del medio ambiente para lesionar los derechos fundamentales de los habitantes tales como: el derecho a la vivienda, a la alimentación, privacidad, hogar y familia, integridad física, garantías procesales y judiciales.

CONSIDERANDO:

Que el Derecho es dinámico, siendo que las normas que regulan la protección de áreas protegidas datan desde 1989 y que ésta ya no es armónica con la realidad y evolución social, impidiendo integrar al desarrollo del país a las comunidades de estas áreas, por lo que el Estado debe cambiar su política de conservación, a una visión de desarrollo integral y sostenible del ser humano en forma amigable con la naturaleza.

CONSIDERANDO:

Que las comunidades durante varias décadas han adquirido conocimientos e impulsado buenas prácticas y capacidad para proponer soluciones de desarrollo comunitario en sus territorios compatibles con la protección y recuperación del medio ambiente, fortaleciendo la participación ciudadana en un Estado de Derecho y democrático.

CONSIDERANDO:

Que Guatemala ha ratificado diferentes herramientas internacionales – Objetivos de Desarrollo del Milenio, Metas Aichi para la Diversidad Biológica, Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)- con la finalidad de promover  un medio ambiente sano para las futuras generaciones basado en el papel proactivo de las poblaciones locales e  indígenas, por lo que el Estado debe adecuar su legislación a la luz de dichas herramientas.

CONSIDERANDO:

Que a nivel mundial como Brasil y Colombia, existen prácticas amigables de convivencia en Áreas Protegidas entre la naturaleza y seres humanos, haciendo un equilibrio entre el respeto a los derechos y dignidad del ser humano y la protección de la naturaleza. En esta línea de acción, las comunidades ya vienen realizando prácticas encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente, a la vez que cultivan la tierra para su subsistencia, siendo conscientes del cuidado que la realidad demanda, además de tener la capacidad de proteger y hacer buen uso de la naturaleza para el cuidado de la familia y la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que el cambio climático, efecto de la explotación excesiva de los bienes naturales, es una amenaza inminente al planeta y al ser humano. Por lo que es importante hacer acuerdos claros y realistas encaminados a proteger la vida humana y la protección de la Naturaleza, especialmente en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

POR LO TANTO, PROPONEMOS AL ESTADO DE GUATEMALA LA ALTERNATIVA SIGUIENTE:

“PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN, MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES PETÉN”.

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROPUESTA

Naturaleza
1. El desarrollo integral en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, es de orden público y los derechos y garantías mínimas que implica son irrenunciables para los habitantes de las comunidades que comprende, susceptibles de ser superados conforme las normas jurídicas nacionales e internacionales correspondientes. De consiguiente, serán nulas  pso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos inherentes contenidos en la presente propuesta, de los que este acuerdo señala y de todos los adquiridos con anterioridad.

Objeto
1. Reconocer, asegurar y garantizar la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, como Comunidades Multiculturales, incorporándolas al desarrollo de la nación, y se compromete a respetar todos sus derechos garantizados plenamente en leyes nacionales e internacionales, relacionados con la misma.

  1. Garantizar, asegurar y proteger el derecho de propiedad sobre las tierras de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  2. Garantizar, promover, y contribuir al mejoramiento y protección de la naturaleza en las áreas de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  3. Asegurar y garantizar la participación ciudadana a través de jóvenes, mujeres y hombres, orientada a la búsqueda del desarrollo integral y cumplimiento de todos los derechos humanos. Fundamentada específicamente en la búsqueda del Dialogo.

Capítulo II

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Desarrollo Integral y Sostenible
1. El Estado, en cumplimiento de su obligación se compromete a promover, planificar, autorizar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y sostenible en las comunidades de Sierra Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad por si misma o en alianza con otras comunidades o entidades no gubernamentales, podrá gestionar, planificar y ejecutar sus propios proyectos de desarrollo comunitario sostenible e integral, necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Educación y Capacitación

  1. El Estado, además de la educación formal que tiene como obligación, se compromete a implementar programas de educación para niños y capacitación para adultos, enfocados al uso amigable del medio ambiente, uso y disfrute de la tierra, actividades de agricultura y pecuarias, turismo y salud. Tales programas deberán ser conciliados y consensuados con las comunidades.

Capítulo III

AMBIENTE SANO Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Actividades industriales:
1. El Estado se compromete a no renovar, ni a otorgar licencias y contratos, de actividades que afectan al derecho a un medio ambiente sano. Estas actividades alteran al ecosistema causando la contaminación, degradación y la contribución al calentamiento global afectando la salud y el bienestar de los individuos.

Actividades comunitarias
1. Las comunidades se comprometen a cuidar, proteger y asegurar para las generaciones futuras los recursos naturales del área, en coordinación con otras comunidades aledañas y organizaciones ambientales interesadas.

Agua
1. El Estado se compromete a no restringir y respetar el uso de nacimientos de agua, ríos, lagos y lagunas dentro y fuera  del área de la comunidad.

  1. El Estado se compromete a impedir la contaminación, desvío de ríos o arroyos y venta o concesiones sobre el agua, dentro y en los alrededores de la comunidad.

Minerales
1. El Estado se compromete a no restringir el uso y disfrute de recursos minerales a la comunidad, para uso estrictamente comunitario.

  1. La comunidad se compromete a gestionar, planificar y ejecutar planes, programas y proyectos sobre minerales para uso estrictamente comunitario y en cumplimiento de las leyes que regulan esta materia.

Bosque
1. El Estado se compromete a permitir a las comunidades el adecuado y equilibrado uso y explotación de la naturaleza.

  1. El Estado se compromete a brindar un incentivo forestal permanente y directamente a cada familia.
  2. El Estado se compromete a incluir a las comunidades “Coadministradoras de las respectivas áreas Comunitarias en posesión”.

Incendios forestales

  1. El Estado se compromete a crear un Equipo Especial de Emergencia para casos de incendios, encargado de combatir los incendios; deberá accionar de forma rápida y sin mayores trámites, al llamado de la población. En todo caso se deberá consultar a las comunidades de conformidad al apartado sobre “la Consulta”.

Turismo comunitario
1. El Estado debe permitir, facilitar y priorizar propuestas de proyectos de turismo comunitario. Además se compromete a divulgar y promocionar las buenas iniciativas de dichos proyectos. En todo caso se consultará a las comunidades según lo establecido en apartado relacionado a la consulta.

Capítulo IV
SEGURIDAD DE LA TIERRA Y PERMANENCIA PERPETUA

Propiedad colectiva:
1. El Estado se compromete a garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, mediante la adjudicación, registro y otorgamiento de títulos de propiedad colectiva a través de las instituciones correspondientes, basado en las parcelas actuales en posesión por las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad se compromete a observar, respetar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación de la propiedad.

Garantía de permanencia perpetua:
1. El Estado se compromete a no recurrir a practicar, ningún tipo y en ningún momento, desalojos a las comunidades  beneficiadas por la propiedad colectiva, garantizando, asegurando y protegiendo así la Permanencia Perpetua de las presentes y futuras generaciones en estas tierras.

Capítulo V
SEGURIDAD DE LAS COMUNIDADES Y LAS PERSONAS
Presencia institucional gubernamental
1. El Estado se compromete a dotar con mayor presencia institucional a las comunidades.

  1. El Estado debe instalar Auxiliaturas del Procurador de los Derechos Humanos en Laguna del Tigre y en Sierra de Lacandón para garantizar la plena vigencia y observancia de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

Puestos de control.
1. El Estado se compromete a reducir y desmilitarizar los puestos de control en estos lugares e integrar al equipo de guarda recursos a personas de las comunidades de éstas áreas. Se rotará el personal de las comunidades como guarda  recursos de forma mensual para una mejor inclusión de las comunidades en el tema de conservación y seguridad.

  1. Las comunidades y el CONAP elaborarán las medidas de seguridad, normas y procedimientos de control que se implementaran en estas áreas.
  2. Los puestos de control no podrán limitar el derecho a la libre locomoción y circulación, así como otros derechos inherentes a la persona.
  3. El Estado se compromete a minimizar los destacamentos y puestos de control del ejército en estas áreas. El ejército no realizará tareas de registro en los caminos o patrullajes en las comunidades, salvo por fuerza mayor y siempre respetando los derechos de todas las personas, especialmente a las mujeres y menores de edad. Debe comprometerse a velar por la soberanía nacional ubicándose en las fronteras y alejados de las comunidades.

Actividades ilícitas
1. El Estado se compromete a investigar ilícitos ambientales, dentro y fuera del área de la comunidad, relacionados a la contaminación, uso inmoderado de la naturaleza, entre otras situaciones que pongan en riesgo la vida de las familias de las comunidades o de la naturaleza, por personas individuales o jurídicas.

Derechos Humanos.
1. El Estado en cumplimiento a su obligación, se compromete a proteger y defender a los campesinos contra las amenazas del crimen organizado, narcotráfico, extracciones de maderas u otros grupos ilícitos.

  1. El Estado se compromete a no recurrir por ningún medio a criminalizar a las comunidades de forma generalizada, sino enfocarse a defender y practicar investigaciones técnicas y científicas para llegar a la verdad de los hechos sobre ilícitos que se cometan en la zona 3.

Derecho a la consulta.
1. Cualquier decisión sobre el territorio de estas comunidades, el Estado se compromete a respetar preeminentemente el derecho a la consulta de buena fe a efecto de lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos interesados, tomando en cuenta el presente documento y costumbres comunitarias.

Capítulo VI
REASENTAMIENTOS DE COMUNIDADES DESALOJADAS

Comunidades desalojadas
1. El Estado se compromete a reasentar en las tierras de donde fueron desalojadas a las siguientes familias y comunidades desalojadas forzosamente:
a) En Sierra de Lacandón, municipio La Libertad:
1. Comunidad El Centro Uno
2. El Macabilero
3. Pollo Solo
4. Centro Campesino

b) En Laguna del Tigre, municipio de San Andrés:
1. El Vergelito,
2. 47 familias de la Mestiza

  1. Estas comunidades tendrán el derecho a la permanencia perpetua en la forma indicada en el presente documento. Para el efecto se deberá acordar con las familias un plan de reasentamiento.

Reparación De Daños Y Perjuicios
1. El Estado se compromete a adoptar Medidas de Reparación de los daños y perjuicios causados a las personas y las comunidades desde la declaratoria de las áreas protegidas. Para el efecto deberá establecer los daños y perjuicios causados por el Estado.

LAS COMUNIDADES QUE FORMAMOS PARTE PROPUESTA SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Peticiones a cumplirse de forma urgente
1. Que se conforme el día 28 de septiembre, una comisión encargada de organizar una mesa de dialogo, donde se discutan nuestras demandas. Esta comisión debe estar conformada por: Diputado Juracán, Comisión Presidencial  oordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos y Procuraduría de los Derechos Humanos.

  1. Que de forma inmediata se cancele la Licitación LPN No. RIC-BID 2149/BL-GU/005-2016 NOG: 5379997, con la que se pretende demarcar las áreas protegidas: “Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre Río Escondido”.
  2. Que se cancelen los procesos de desalojos forzosos de comunidades
  3. Que se suspenda la violación a derechos Humanos en nuestras comunidades.

Peticiones para cumplirse Durante el dialogo
5. Las comunidades, en forma unánime solicitamos que el Estado de Guatemala: i) reconozca a nuestras comunidades, ii) que garantice nuestra permanencia perpetua y, iii) que garantice la seguridad de nuestras tierras.

  1. De conformidad con lo anterior, el Gobierno de Guatemala, en un plazo de un mes a partir de la fecha de  presentación y entrega, instale una mesa dediálogo de buena fe y de alto nivel para atender específicamente las demandas de nuestras comunidades;
  2. Que se tome en cuenta la agenda propuesta por las comunidades para la mesa de diálogo:
    a. Desarrollo Integral y Sostenible
    b. Ambiente Sano y Diversidad Biológica
    c. Seguridad de la Tierra y Permanencia Perpetua
    d. Seguridad de las comunidades y las personas
    e. Reasentamiento de Comunidades desalojadas. Priorizando la Comunidad de Centro Uno.
  3. Que la Mesa de Diálogo que se conforme, esté integrada por las y los actores siguientes:
    a. Por parte de las comunidades:
    i. 10 delegados;
    b. Asesores de las comunidades:
    i. Bufete Jurídico de Derechos Humanos,
    ii. Comisión Internacional de Juristas
    c. Por parte del Gobierno:
    i. Presidente de la República de Guatemala
    ii. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
    Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
    iii. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
    iv. El Ministerio de Energía y Minas
    v. La Secretaria de Asuntos Agrarios
    vi. El Fondo de Tierras
    vii. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas
    d. Acompañantes
    i. ACOGUATE
    ii. PBI
    iii. CALDH
    e. Observadores del Cuerpo Diplomático
    i. Embajada de Suiza Acreditada en Guatemala
    ii. Embajada de Suecia Acreditada en Guatemala
    iii. Embajada de Alemania Acreditada en Guatemala
    f. Testigos de Honor
    i. Procuraduría de los Derechos Humanos
    ii. Madre Selva
    g. Moderador de la Mesa
    i. Instancia internacional con la debida credibilidad para las partes involucradas.

Que la eventual mesa de diálogo sea integral y no fraccionada, de buena fe, y con toda la celeridad posible.

Todo lo anterior fue aceptado y ratificado a través de actas por comunidad y de forma colectiva en Asamblea de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, Petén, Guatemala, el día 21 de Septiembre del dos mil
dieciséis.

Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

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Las Comunidades De Sierra Del Lacandón Y Laguna Del Tigre Harán Propuesta De Desarrollo Y Denuncian Abusos

Por:  Oswaldo Franco, Prensa Comunitaria, 28 de Septiembre 2016

Los pobladores de las comunidades ubicadas en la Laguna del Tigre y en la Sierra del Lacandón, ubicados en los municipios de San Andrés y La Libertad, Petén, piden al Gobierno su apoyo para disminuir los abusos por parte de autoridades del Ejército y de miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Entre los delitos denunciados por los pobladores destacan las violaciones a sus derechos humanos ya que indican que cerca de sus comunidades hay:

  1. Cercos militares que impiden el ingreso de alimentos, herramientas de trabajo y materiales para mejorar viviendas y cultivos.
  2. A los pobladores, se les niegan proyectos para educación, salud, cultura o religión. Ellos indican que las pocas escuelas construidas fueron levantadas por ellos mismos, sin embargo en algunas ocasiones han sido incineradas por parte del Ejército de Guatemala. Además, los maestros no llegan debido al estado de las carreteras.
  3. Existe criminalización y estigmatización, ya que los comunitarios son llamados narcotraficantes o narcoganaderos, usurpadores y destructores del bosque. Ellos alegan que al ser campesinos, ellos saben cómo laborar la tierra y son ellos mismos lo que pueden cuidar de la misma.
  4. Desalojos, ya que desde 2009 han sido expulsadas varias comunidades, y se han quemado sus casas y cultivos, indicando además, que las familias despojadas de sus viviendas viven ahora en champas o bajo nylon.
  5. Detenciones ilegales, pues elementos del CONAP en compañía del Ejército detienen a pobladores que intentan hacer sus propios caminos para comunicar comunidades, son atrapados debido a que dañan las áreas protegidas.

 

Estas comunidades se asentaron en dichos municipios desde la década del cincuenta, tras haber emigrado de otros departamentos debido a la falta de oportunidades y de lugares donde vivir. Marco Ramos, representante de las comunidades de la Sierra del Lacandón, indicó que todo dio inicio tras la aprobación de la Ley de Áreas protegidas en 1989. Más de 60 mil habitantes de dichas comunidades se encuentran en el abandono por parte del Estado. A pesar de que no poseen títulos de propiedad que avalen que esas tierras son de ellos, fueron sus antepasados quienes laboraron en ese lugar en búsqueda de vivienda y de mejores condiciones de vida. Por lo que consideran que ellos deben y pueden vivir allí. Además aseguran que por sus conocimientos sobre el territorio, pueden cuidar mejor los recursos de Guatemala, con lo que no solo se beneficiarían ellos sino el país también.

El CONAP presentó un plan maestro en noviembre de 2006 para proteger el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre, el cual fue aprobado para llevarse a cabo entre 2007 y 2011[1]. En dichos documentos menciona las áreas usurpadas y el asentamiento La Mestiza, lugar del que varias familias fueron desalojadas, según algunos representantes del lugar.

Además del plan maestro presentado en diciembre de 2004 para proteger el Parque Nacional Sierra del Lacandón[2]que en el Inciso F de la descripción de aspectos sociales y económicos cita: “Comunidades con propiedad privada. Esta categoría agrupa a casi todas las comunidades que colindan con el parque que se ubican sobre la ruta a Bethel”. Durante el transcurso del Plan Maestro 99-03 se manejó la hipótesis de que la seguridad jurídica sobre la tierra coadyuvaba a que no se produjeran invasiones, sin embargo durante los últimos dos años y medio esta fue el área que más usurpaciones reportó, en su mayoría producidas por personas provenientes de otras aldeas, o bien por la población flotante que se ubica en las comunidades ya asentadas, arrendatarios y parientes de parcelarios que han visto en las áreas una posibilidad de poder colonizar.

Raúl Ruano, representante de la comunidad La Mestiza en la Laguna del Tigre, indicó que hay formas de resolver el problema y que van a presentar una propuesta al Estado de Guatemala. Esto lo harán el próximo miércoles 28 de septiembre en el Congreso de La República.

[1]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm_pnltbpltre_version_final.pdf

[2]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm%20pns%20lacandon%20%202005.pdf

Las comunidades de Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre harán propuesta de desarrollo y denuncian abusos

“La primera persona que maté fue un bebé”, confiesa ex militar

El ex militar Gilberto Jordán, de 54 años, admitió su participación en la masacre ocurrida en diciembre de 1982 en la comunidad Dos Erres, de Petén. La declaración fue leída en un tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida, donde enfrenta un proceso.

POR PRENSA LIBRE.COMCiudad de Guatemala

Gilberto Jordán
El ex kaibil Gilberto Jordán lleva un proceso en Miami. (Foto Prensa Libre: El Nuevo Herald)

El juez William J. Zloch presentó las aterradoras declaraciones de Jordán ante los fiscales en un proceso donde se le acusa al ex kaibil del cargo federal de conseguir ilegalmente la ciudadanía estadounidense, admitiendo que él había mentido en su solicitud de naturalización sobre su participación en la masacre.

“¿Cuántas cabezas más tendrá que machacar? ¿Cuántas mujeres más tendrán que ser violadas? ¿Cuántas?”, cuestionó el jurista.

El juez leyó fragmentos de la declaración jurada: “Durante el interrogatorio, la patrulla especial procedió a matar sistemáticamente a los civiles, hombres, mujeres y niños en Dos Erres, usando, entre otros métodos, golpes en la cabeza con un martillo y luego empujándolos al pozo del pueblo. Miembros de la patrulla especial también violaron a muchas mujeres y jovencitas en Dos Erres antes de matarlas”.

Dijo que también admitió que la primera persona que mató en Dos Erres fue un bebé, al que Jordán asesinó lanzándolo a un pozo.

Dijo que Jordán enfrenta una condena máxima de 10 años en prisión, una multa de 250 mil dólares y la revocación judicial de su ciudadanía y naturalización. Será sentenciado el 17 de septiembre.

Defensores de los derechos humanos que representan a las familias de víctimas dijeron que están buscando la extradición de Jordán a Guatemala para que enfrente cargos.

“Hemos pedido a la oficina del Procurador General que lo extradite para que enfrente cargos por derechos humanos aquí por el asesinato, violación y tortura de 250 hombres, mujeres y niños”, dijo Aura Elena Farfán, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).

Con información de periódicos de Miami en Internet

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/primera-persona-mate-bebe_0_294570663.html

Alcaldes y empresarios apelan a ley migratoria

Los alcaldes de Nueva York, Michael Bloomberg, y de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, así como directivos de corporaciones como Boeing, Disney y Hewlett Packard, abogaron ayer por una reforma migratoria que incluya proporcionar un estatus legal a los indocumentados que viven en EE. UU.

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Nueva York

Bloomberg anunció ayer en Nueva York la iniciativa “Alianza por una nueva economía estadounidense”, que contempla la reforma de la inmigración como solución para reanimar la economía y busca que se sumen a ella las mayores empresas y los alcaldes de las grandes ciudades de ese país.

“Los inmigrantes han sido siempre parte esencial de la fortaleza económica de Estados Unidos”, afirmó el alcalde neoyorquino, quien agregó: “Esta coalición busca un cambio en nuestra política migratoria actual, que erosiona nuestra economía y amenaza nuestra posición como líder mundial”.

Bloomberg manifestó que muchas de las empresas que se están formando, lo hacen fuera de este país, y con ello se llevan los puestos de trabajo creados, “porque muchos empresarios no obtienen las tarjetas verdes (permisos de trabajo) que se necesitan aquí”.

“Hay que romper el punto muerto legislativo que al respecto hay en el Congreso, si Estados Unidos quiere ser competitivo en el siglo XXI”, sentenció Bloomberg.

El presidente y fundador de News Corporation, Rupert Murdoch, explicó: “Hay que aumentar la presión sobre los congresistas” y mostrar a la opinión pública estadounidense los beneficios que aportan los trabajadores migrantes.

Además de Murdoch, participarán en esa alianza los presidentes de Hewlett Packard, Mark Hurd; de Walt Disney, Robert Iger; de la cadena de hoteles Marriott, J.W. Marriott; y de Boeing, Jim McNerney.

A los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles se suman los de San Antonio, Texas; Phoenix, Arizona; y Filadelfia, Pensilvania.

“El ingenio estadounidense es producto de la apertura y diversidad de esta sociedad. Los inmigrantes han hecho de EE. UU. el líder mundial en negocios, ciencia, educación e innovación”, subrayó el magnate de los medios de comunicación de origen australiano.

Según recientes estudios, el 25 por ciento de las empresas tecnológicas creadas en los últimos 10 años tienen a un inmigrante como fundador; además, estos generan cerca del 5 por ciento del Producto Interno Bruto de EE. UU.

Dichas compañías, fundadas por inmigrantes, también han creado más de 400 mil puestos de trabajo desde 1990.

Se calcula que en EE. UU. existen 12 millones de trabajadores inmigrantes sin documentos legales.

El presidente de Walt Disney, Robert Iger, manifestó: “La inmigración es nuestra gran fortaleza como nación, y también es esencial para el crecimiento económico”.

La reforma de las políticas migratorias es una constante demanda de los líderes y de la comunidad hispana en EE. UU.; sin embargo, en la actualidad se encuentra paralizada en el Congreso.

El presidente Barack Obama prometió impulsar una reforma migratoria en su primer año de mandato.

http://www.prensalibre.com/internacionales/Alcaldes-empresarios-apelan-ley-migratoria_0_286771366.html

EE. UU. anuncia despliegue fronterizo

EE. UU. planea desplegar dos aviones sin piloto (drones) en la frontera de Texas con México como parte de un nuevo esfuerzo para luchar contra el crimen organizado y la inmigración ilegal, informó ayer la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.

 Washington

Los dos drones Predator patrullarían a lo largo de la frontera y en el Golfo de México, una vez el Congreso apruebe los US$500 millones suplementarios que el presidente Barack Obama acaba de solicitar, expresó Napolitano.

EE. UU. ya tiene en la actualidad cuatro drones patrullando en Arizona (suroeste) y uno en la frontera norte, en el estado de Dakota del Norte, según datos del Departamento de Seguridad Interna.

Este nuevo esfuerzo se añade a los mil 200 guardias nacionales que anunció hace poco Obama para Arizona, para hacer frente a la polémica suscitada por una dura ley antiinmigrante aprobada en ese estado.

La oposición republicana se niega a debatir una propuesta de reforma migratoria integral, que beneficiaría a unos 11 millones de inmigrantes, con el argumento de que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para garantizar la seguridad en el sur de ese país.

Napolitano anunció, además, varios programas nuevos, como un acuerdo de colaboración con agencias policiales de estados no fronterizos para que puedan mandar personal a la frontera del suroeste.

Estas nuevas medidas, insistió Napolitano, deben ser acompañadas de una reforma migratoria integral.

http://www.prensalibre.com/internacionales/EE-UU-anuncia-despliegue-fronterizo_0_286171432.html

Dialogará con diplomático

Marcos Yax, presidente de la Coalición de Inmigrantes de Guatemala, se podría reunir hoy con Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos, con quien dialogará sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Según Yax, la idea es cabildear con el embajador sobre la posibilidad del TPS para los guatemaltecos, y por el cese de deportaciones, dijo.

Añadió que, de concretarse la cita, sería acompañado de representantes de las iglesias Católica y evangélicas, de la Universidad de San Carlos y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

http://www.prensalibre.com/noticias/Dialogara-diplomatico_0_284371590.html

Migrantes obligan a retirar proyecto

La ola de rechazo que generó la iniciativa de ley H8142 en la comunidad de guatemaltecos que viven en Rhode Island, EE. UU., obligó a su ponente, el demócrata Peter Palumbo, a dar marcha atrás.

POR CLAUDIA MÉNDEZ V.

Juan García, del Comité de Inmigrantes en Acción, dio a conocer ayer que Palumbo desistió de impulsar la polémica iniciativa en el Comité Judicial, de la Cámara estatal, sin brindar mayores argumentos. “No dieron detalles del porqué, solo que no sería en este año”, expresó.

El presidente de ese organismo, Gordon Fox, explicó que la propuesta no fue incluida en la agenda legislativa del 2010, por lo cual se toma la decisión de apartarla.

“Fue el triunfo del Pulgarcito de EE. UU.; somos el Estado más pequeño, pero el que está mejor organizado y unido. Nosotros tenemos los ojos bien abiertos, y cuando trascendió lo de la propuesta de Palumbo ya lo sabíamos ”, explicó García.

Palumbo evitó dar declaraciones sobre el tema.

Los grupos de migrantes dicen que no quieren confrontar al representante; sin embargo, fijaron su postura sobre el político.

“No queremos saber nada de él, pero tampoco hacer leña del árbol caído”, añadió.

Un posible boicot económico como el que afecta a Arizona en la actualidad, a causa de la aprobación de la ley SB 1070, que entrará en vigencia el 28 de julio, habría obligado a los representantes de la Cámara del Estado a rechazar la normativa, aseveró García.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala expresó su satisfacción por el retiro de la iniciativa de ley H8142 y reiteró su compromiso con los connacionales que viven en EE. UU.

Otros 14 estados estudian propuestas como la retirada.

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