Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

Por CMI-G, Centro de Medios Independientes, 28 de Septiembre 2016

Más de 40 comunidades que habitan dentro las áreas protegidas de la Sierra del Lacandón y Laguna Del Tigre de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces en el departamento de Petén, presentaron el 28 de septiembre su PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE al Estado de Guatemala, la cual busca garantizar su “permanencia perpetua en armonía con la naturaleza en los territorios que para nosotros son fuente de vida.”

La Propuesta Alternativa fue signada y reconocida previamente por las comunidades en un acta firmada el 21 de septiembre, en la comunidad de Nuevo Paraíso, La Libertad, Petén, ante la presencia de centenas de comunitarios, observadores y acompañantes del proceso que lleva varios años gestándose.

La Propuesta Alternativa fue presentada en el Congreso de la República, ante la presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, delegados comunitarios, cuerpo diplomático, diputados, instituciones gubernamentales, los asesores legales Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Comisión Internacional de Juristas, Testigos de Honor y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con lo expresado por las comunidades: “Estamos en estos territorios como resultado de las políticas estatales de colonización, el desplazamiento por el conflicto armado interno, la falta de tierra en nuestros departamentos de origen y la pobreza.”

Los comunitarios que vienen demandando una negociación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) desde hace varios años, también vienen denunciando que la falta de reconocimiento gubernamental de esas comunidades les vela el derecho al acceso a la tierra, a los servicios públicos y a su propia sobrevivencia al vivir bajo la constante amenaza de desalojos que ya han ocurrido y varios de ellos violentos.

La Declaratoria de la Ley de Áreas Protegidas en 1989, afirman, “se hizo sin consultar a nuestras comunidades y sin tomar en cuenta nuestra vida en esos territorios. Como resultado, durante años nuestro derecho a la tierra, la salud, la educación, la justicia y la vida, han sido permanentemente violentados por parte del Estado de Guatemala a través de la PNC, el Ejército de Guatemala, CONAP, entre otras instituciones.”

Muchas de esas comunidades que llegaron a poblar esas regiones, hoy áreas protegidas, lo hicieron previo a que se reconocieran como tal. En el caso del Parque Nacional Laguna del Tigre, esas comunidades se formaron a partir de las rutas que construyeron las empresas petroleras que arribaron a finales de las décadas de 1970 y principios de 1980.

Por lo tanto, han experimentado una “política de doble rasero” debido a que esas instituciones estatales que oficialmente realizan esas acciones de desalojo las ejercen sólo contra las comunidades, mientras que las compañías petroleras nunca han enfrentado esa amenaza más bien se les ha permitido permanecer e, incluso, renovar contratos petroleros cuestionables legalmente como el caso denunciado desde hace algunos años del campo Xan, Contrato 2-85, operado por la francesa Perenco.

Por otra parte, muchas comunidades se han visto acorraladas por fincas ganaderas, narcofinqueros y la narcoganadería fenómenos que se han acrecentado en las áreas protegidas que las más de 40 comunidades se encuentran habitando. Miles de cabezas de ganado permanecen pastando para engorde para luego ser vendidas en México, sin que haya desalojos contra quienes realizan esos negocios ilícitos. Contrariamente, las comunidades que hoy han presentado esa Propuesta Alternativa son señaladas por las instituciones gubernamentales de estar ligadas a esos negocios ilícitos. Esa criminalización en su contra les hace aún más susceptibles de desalojos violentos.

Ante esas amenazas los comunitarios señalan que “Hemos construido esta propuesta desde nuestra perspectiva comunitaria porque, como ciudadanía guatemalteca merecemos una vida digna y el respeto de nuestros derechos humanos.”. Una forma de proponer justa y ecuánime, ante las propuestas gubernamentales que no incluyen la permanencia perpetua ni la dignificación de los cientos de familias que habitan el área.

La presentación de la PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE concluye un largo proceso que ha durado varios años, pero también es el arranque de otro mucho más complejo que debe conducir a negociaciones con varias instituciones del gobierno, sobre todo el CONAP, para valorarla y aceptarla si no en su totalidad sí en sus puntos vitales. Es una propuesta que va de la mano con la conservación y recuperación de las áreas protegidas de marras, y sobre todo con su conservación. Pero sobre todo, dignifica la vida humana algo que las políticas gubernamentales no han tomado en cuenta en esas localidades.

A continuación la propuesta comunitaria:

NOSOTROS, LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES, PETÉN. REUNIDAS EN ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDADES;

CONSIDERANDO:

Que según la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, además garantiza a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona y la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos; ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha declarado, que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país, de manera sostenible. Asimismo, ha declarado que la situación de los recursos naturales y el medio ambiente en Guatemala han alcanzado niveles críticos de deterioro que inciden en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para el futuro, por lo que es interés de la Nación la  conservación, la protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, la reforestación del país y la  conservación de los bosques y que debe haber protección especial en las riveras de ríos, lagunas y las cercanías de fuentes de agua.

CONSIDERANDO:

Que la mayoría de las comunidades que tradicionalmente han trabajado estas tierras, en Laguna del Tigre y Sierra de  Lacandón, se desplazaron a estas áreas por políticas estatales de colonización, la falta de acceso a la tierra en sus  lugares de origen debido a una injusta distribución de la tierra, la pobreza y el Conflicto Armado Interno. Y que  décadas después las leyes en materia de áreas protegidas se impusieron a las comunidades sin consulta libre, previa e informada y sin integrarse en el ordenamiento jurídico, normas que garantizan derechos fundamentales, desprotegiendo así, a la mayor parte de las poblaciones arraigadas en estas tierras. Lo cual profundizó la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y legitimando así las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos individuales y colectivos, de esta población.

CONSIDERANDO:

Que todos los derechos humanos son indivisibles, inalienables, irrenunciables, intransferibles, inherentes y complementarios entre sí, por lo que las normas ambientales no deberían valerse de la protección del medio ambiente para lesionar los derechos fundamentales de los habitantes tales como: el derecho a la vivienda, a la alimentación, privacidad, hogar y familia, integridad física, garantías procesales y judiciales.

CONSIDERANDO:

Que el Derecho es dinámico, siendo que las normas que regulan la protección de áreas protegidas datan desde 1989 y que ésta ya no es armónica con la realidad y evolución social, impidiendo integrar al desarrollo del país a las comunidades de estas áreas, por lo que el Estado debe cambiar su política de conservación, a una visión de desarrollo integral y sostenible del ser humano en forma amigable con la naturaleza.

CONSIDERANDO:

Que las comunidades durante varias décadas han adquirido conocimientos e impulsado buenas prácticas y capacidad para proponer soluciones de desarrollo comunitario en sus territorios compatibles con la protección y recuperación del medio ambiente, fortaleciendo la participación ciudadana en un Estado de Derecho y democrático.

CONSIDERANDO:

Que Guatemala ha ratificado diferentes herramientas internacionales – Objetivos de Desarrollo del Milenio, Metas Aichi para la Diversidad Biológica, Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)- con la finalidad de promover  un medio ambiente sano para las futuras generaciones basado en el papel proactivo de las poblaciones locales e  indígenas, por lo que el Estado debe adecuar su legislación a la luz de dichas herramientas.

CONSIDERANDO:

Que a nivel mundial como Brasil y Colombia, existen prácticas amigables de convivencia en Áreas Protegidas entre la naturaleza y seres humanos, haciendo un equilibrio entre el respeto a los derechos y dignidad del ser humano y la protección de la naturaleza. En esta línea de acción, las comunidades ya vienen realizando prácticas encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente, a la vez que cultivan la tierra para su subsistencia, siendo conscientes del cuidado que la realidad demanda, además de tener la capacidad de proteger y hacer buen uso de la naturaleza para el cuidado de la familia y la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que el cambio climático, efecto de la explotación excesiva de los bienes naturales, es una amenaza inminente al planeta y al ser humano. Por lo que es importante hacer acuerdos claros y realistas encaminados a proteger la vida humana y la protección de la Naturaleza, especialmente en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

POR LO TANTO, PROPONEMOS AL ESTADO DE GUATEMALA LA ALTERNATIVA SIGUIENTE:

“PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN, MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES PETÉN”.

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROPUESTA

Naturaleza
1. El desarrollo integral en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, es de orden público y los derechos y garantías mínimas que implica son irrenunciables para los habitantes de las comunidades que comprende, susceptibles de ser superados conforme las normas jurídicas nacionales e internacionales correspondientes. De consiguiente, serán nulas  pso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos inherentes contenidos en la presente propuesta, de los que este acuerdo señala y de todos los adquiridos con anterioridad.

Objeto
1. Reconocer, asegurar y garantizar la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, como Comunidades Multiculturales, incorporándolas al desarrollo de la nación, y se compromete a respetar todos sus derechos garantizados plenamente en leyes nacionales e internacionales, relacionados con la misma.

  1. Garantizar, asegurar y proteger el derecho de propiedad sobre las tierras de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  2. Garantizar, promover, y contribuir al mejoramiento y protección de la naturaleza en las áreas de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  3. Asegurar y garantizar la participación ciudadana a través de jóvenes, mujeres y hombres, orientada a la búsqueda del desarrollo integral y cumplimiento de todos los derechos humanos. Fundamentada específicamente en la búsqueda del Dialogo.

Capítulo II

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Desarrollo Integral y Sostenible
1. El Estado, en cumplimiento de su obligación se compromete a promover, planificar, autorizar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y sostenible en las comunidades de Sierra Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad por si misma o en alianza con otras comunidades o entidades no gubernamentales, podrá gestionar, planificar y ejecutar sus propios proyectos de desarrollo comunitario sostenible e integral, necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Educación y Capacitación

  1. El Estado, además de la educación formal que tiene como obligación, se compromete a implementar programas de educación para niños y capacitación para adultos, enfocados al uso amigable del medio ambiente, uso y disfrute de la tierra, actividades de agricultura y pecuarias, turismo y salud. Tales programas deberán ser conciliados y consensuados con las comunidades.

Capítulo III

AMBIENTE SANO Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Actividades industriales:
1. El Estado se compromete a no renovar, ni a otorgar licencias y contratos, de actividades que afectan al derecho a un medio ambiente sano. Estas actividades alteran al ecosistema causando la contaminación, degradación y la contribución al calentamiento global afectando la salud y el bienestar de los individuos.

Actividades comunitarias
1. Las comunidades se comprometen a cuidar, proteger y asegurar para las generaciones futuras los recursos naturales del área, en coordinación con otras comunidades aledañas y organizaciones ambientales interesadas.

Agua
1. El Estado se compromete a no restringir y respetar el uso de nacimientos de agua, ríos, lagos y lagunas dentro y fuera  del área de la comunidad.

  1. El Estado se compromete a impedir la contaminación, desvío de ríos o arroyos y venta o concesiones sobre el agua, dentro y en los alrededores de la comunidad.

Minerales
1. El Estado se compromete a no restringir el uso y disfrute de recursos minerales a la comunidad, para uso estrictamente comunitario.

  1. La comunidad se compromete a gestionar, planificar y ejecutar planes, programas y proyectos sobre minerales para uso estrictamente comunitario y en cumplimiento de las leyes que regulan esta materia.

Bosque
1. El Estado se compromete a permitir a las comunidades el adecuado y equilibrado uso y explotación de la naturaleza.

  1. El Estado se compromete a brindar un incentivo forestal permanente y directamente a cada familia.
  2. El Estado se compromete a incluir a las comunidades “Coadministradoras de las respectivas áreas Comunitarias en posesión”.

Incendios forestales

  1. El Estado se compromete a crear un Equipo Especial de Emergencia para casos de incendios, encargado de combatir los incendios; deberá accionar de forma rápida y sin mayores trámites, al llamado de la población. En todo caso se deberá consultar a las comunidades de conformidad al apartado sobre “la Consulta”.

Turismo comunitario
1. El Estado debe permitir, facilitar y priorizar propuestas de proyectos de turismo comunitario. Además se compromete a divulgar y promocionar las buenas iniciativas de dichos proyectos. En todo caso se consultará a las comunidades según lo establecido en apartado relacionado a la consulta.

Capítulo IV
SEGURIDAD DE LA TIERRA Y PERMANENCIA PERPETUA

Propiedad colectiva:
1. El Estado se compromete a garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, mediante la adjudicación, registro y otorgamiento de títulos de propiedad colectiva a través de las instituciones correspondientes, basado en las parcelas actuales en posesión por las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad se compromete a observar, respetar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación de la propiedad.

Garantía de permanencia perpetua:
1. El Estado se compromete a no recurrir a practicar, ningún tipo y en ningún momento, desalojos a las comunidades  beneficiadas por la propiedad colectiva, garantizando, asegurando y protegiendo así la Permanencia Perpetua de las presentes y futuras generaciones en estas tierras.

Capítulo V
SEGURIDAD DE LAS COMUNIDADES Y LAS PERSONAS
Presencia institucional gubernamental
1. El Estado se compromete a dotar con mayor presencia institucional a las comunidades.

  1. El Estado debe instalar Auxiliaturas del Procurador de los Derechos Humanos en Laguna del Tigre y en Sierra de Lacandón para garantizar la plena vigencia y observancia de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

Puestos de control.
1. El Estado se compromete a reducir y desmilitarizar los puestos de control en estos lugares e integrar al equipo de guarda recursos a personas de las comunidades de éstas áreas. Se rotará el personal de las comunidades como guarda  recursos de forma mensual para una mejor inclusión de las comunidades en el tema de conservación y seguridad.

  1. Las comunidades y el CONAP elaborarán las medidas de seguridad, normas y procedimientos de control que se implementaran en estas áreas.
  2. Los puestos de control no podrán limitar el derecho a la libre locomoción y circulación, así como otros derechos inherentes a la persona.
  3. El Estado se compromete a minimizar los destacamentos y puestos de control del ejército en estas áreas. El ejército no realizará tareas de registro en los caminos o patrullajes en las comunidades, salvo por fuerza mayor y siempre respetando los derechos de todas las personas, especialmente a las mujeres y menores de edad. Debe comprometerse a velar por la soberanía nacional ubicándose en las fronteras y alejados de las comunidades.

Actividades ilícitas
1. El Estado se compromete a investigar ilícitos ambientales, dentro y fuera del área de la comunidad, relacionados a la contaminación, uso inmoderado de la naturaleza, entre otras situaciones que pongan en riesgo la vida de las familias de las comunidades o de la naturaleza, por personas individuales o jurídicas.

Derechos Humanos.
1. El Estado en cumplimiento a su obligación, se compromete a proteger y defender a los campesinos contra las amenazas del crimen organizado, narcotráfico, extracciones de maderas u otros grupos ilícitos.

  1. El Estado se compromete a no recurrir por ningún medio a criminalizar a las comunidades de forma generalizada, sino enfocarse a defender y practicar investigaciones técnicas y científicas para llegar a la verdad de los hechos sobre ilícitos que se cometan en la zona 3.

Derecho a la consulta.
1. Cualquier decisión sobre el territorio de estas comunidades, el Estado se compromete a respetar preeminentemente el derecho a la consulta de buena fe a efecto de lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos interesados, tomando en cuenta el presente documento y costumbres comunitarias.

Capítulo VI
REASENTAMIENTOS DE COMUNIDADES DESALOJADAS

Comunidades desalojadas
1. El Estado se compromete a reasentar en las tierras de donde fueron desalojadas a las siguientes familias y comunidades desalojadas forzosamente:
a) En Sierra de Lacandón, municipio La Libertad:
1. Comunidad El Centro Uno
2. El Macabilero
3. Pollo Solo
4. Centro Campesino

b) En Laguna del Tigre, municipio de San Andrés:
1. El Vergelito,
2. 47 familias de la Mestiza

  1. Estas comunidades tendrán el derecho a la permanencia perpetua en la forma indicada en el presente documento. Para el efecto se deberá acordar con las familias un plan de reasentamiento.

Reparación De Daños Y Perjuicios
1. El Estado se compromete a adoptar Medidas de Reparación de los daños y perjuicios causados a las personas y las comunidades desde la declaratoria de las áreas protegidas. Para el efecto deberá establecer los daños y perjuicios causados por el Estado.

LAS COMUNIDADES QUE FORMAMOS PARTE PROPUESTA SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Peticiones a cumplirse de forma urgente
1. Que se conforme el día 28 de septiembre, una comisión encargada de organizar una mesa de dialogo, donde se discutan nuestras demandas. Esta comisión debe estar conformada por: Diputado Juracán, Comisión Presidencial  oordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos y Procuraduría de los Derechos Humanos.

  1. Que de forma inmediata se cancele la Licitación LPN No. RIC-BID 2149/BL-GU/005-2016 NOG: 5379997, con la que se pretende demarcar las áreas protegidas: “Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre Río Escondido”.
  2. Que se cancelen los procesos de desalojos forzosos de comunidades
  3. Que se suspenda la violación a derechos Humanos en nuestras comunidades.

Peticiones para cumplirse Durante el dialogo
5. Las comunidades, en forma unánime solicitamos que el Estado de Guatemala: i) reconozca a nuestras comunidades, ii) que garantice nuestra permanencia perpetua y, iii) que garantice la seguridad de nuestras tierras.

  1. De conformidad con lo anterior, el Gobierno de Guatemala, en un plazo de un mes a partir de la fecha de  presentación y entrega, instale una mesa dediálogo de buena fe y de alto nivel para atender específicamente las demandas de nuestras comunidades;
  2. Que se tome en cuenta la agenda propuesta por las comunidades para la mesa de diálogo:
    a. Desarrollo Integral y Sostenible
    b. Ambiente Sano y Diversidad Biológica
    c. Seguridad de la Tierra y Permanencia Perpetua
    d. Seguridad de las comunidades y las personas
    e. Reasentamiento de Comunidades desalojadas. Priorizando la Comunidad de Centro Uno.
  3. Que la Mesa de Diálogo que se conforme, esté integrada por las y los actores siguientes:
    a. Por parte de las comunidades:
    i. 10 delegados;
    b. Asesores de las comunidades:
    i. Bufete Jurídico de Derechos Humanos,
    ii. Comisión Internacional de Juristas
    c. Por parte del Gobierno:
    i. Presidente de la República de Guatemala
    ii. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
    Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
    iii. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
    iv. El Ministerio de Energía y Minas
    v. La Secretaria de Asuntos Agrarios
    vi. El Fondo de Tierras
    vii. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas
    d. Acompañantes
    i. ACOGUATE
    ii. PBI
    iii. CALDH
    e. Observadores del Cuerpo Diplomático
    i. Embajada de Suiza Acreditada en Guatemala
    ii. Embajada de Suecia Acreditada en Guatemala
    iii. Embajada de Alemania Acreditada en Guatemala
    f. Testigos de Honor
    i. Procuraduría de los Derechos Humanos
    ii. Madre Selva
    g. Moderador de la Mesa
    i. Instancia internacional con la debida credibilidad para las partes involucradas.

Que la eventual mesa de diálogo sea integral y no fraccionada, de buena fe, y con toda la celeridad posible.

Todo lo anterior fue aceptado y ratificado a través de actas por comunidad y de forma colectiva en Asamblea de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, Petén, Guatemala, el día 21 de Septiembre del dos mil
dieciséis.

Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

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Las Comunidades De Sierra Del Lacandón Y Laguna Del Tigre Harán Propuesta De Desarrollo Y Denuncian Abusos

Por:  Oswaldo Franco, Prensa Comunitaria, 28 de Septiembre 2016

Los pobladores de las comunidades ubicadas en la Laguna del Tigre y en la Sierra del Lacandón, ubicados en los municipios de San Andrés y La Libertad, Petén, piden al Gobierno su apoyo para disminuir los abusos por parte de autoridades del Ejército y de miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Entre los delitos denunciados por los pobladores destacan las violaciones a sus derechos humanos ya que indican que cerca de sus comunidades hay:

  1. Cercos militares que impiden el ingreso de alimentos, herramientas de trabajo y materiales para mejorar viviendas y cultivos.
  2. A los pobladores, se les niegan proyectos para educación, salud, cultura o religión. Ellos indican que las pocas escuelas construidas fueron levantadas por ellos mismos, sin embargo en algunas ocasiones han sido incineradas por parte del Ejército de Guatemala. Además, los maestros no llegan debido al estado de las carreteras.
  3. Existe criminalización y estigmatización, ya que los comunitarios son llamados narcotraficantes o narcoganaderos, usurpadores y destructores del bosque. Ellos alegan que al ser campesinos, ellos saben cómo laborar la tierra y son ellos mismos lo que pueden cuidar de la misma.
  4. Desalojos, ya que desde 2009 han sido expulsadas varias comunidades, y se han quemado sus casas y cultivos, indicando además, que las familias despojadas de sus viviendas viven ahora en champas o bajo nylon.
  5. Detenciones ilegales, pues elementos del CONAP en compañía del Ejército detienen a pobladores que intentan hacer sus propios caminos para comunicar comunidades, son atrapados debido a que dañan las áreas protegidas.

 

Estas comunidades se asentaron en dichos municipios desde la década del cincuenta, tras haber emigrado de otros departamentos debido a la falta de oportunidades y de lugares donde vivir. Marco Ramos, representante de las comunidades de la Sierra del Lacandón, indicó que todo dio inicio tras la aprobación de la Ley de Áreas protegidas en 1989. Más de 60 mil habitantes de dichas comunidades se encuentran en el abandono por parte del Estado. A pesar de que no poseen títulos de propiedad que avalen que esas tierras son de ellos, fueron sus antepasados quienes laboraron en ese lugar en búsqueda de vivienda y de mejores condiciones de vida. Por lo que consideran que ellos deben y pueden vivir allí. Además aseguran que por sus conocimientos sobre el territorio, pueden cuidar mejor los recursos de Guatemala, con lo que no solo se beneficiarían ellos sino el país también.

El CONAP presentó un plan maestro en noviembre de 2006 para proteger el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre, el cual fue aprobado para llevarse a cabo entre 2007 y 2011[1]. En dichos documentos menciona las áreas usurpadas y el asentamiento La Mestiza, lugar del que varias familias fueron desalojadas, según algunos representantes del lugar.

Además del plan maestro presentado en diciembre de 2004 para proteger el Parque Nacional Sierra del Lacandón[2]que en el Inciso F de la descripción de aspectos sociales y económicos cita: “Comunidades con propiedad privada. Esta categoría agrupa a casi todas las comunidades que colindan con el parque que se ubican sobre la ruta a Bethel”. Durante el transcurso del Plan Maestro 99-03 se manejó la hipótesis de que la seguridad jurídica sobre la tierra coadyuvaba a que no se produjeran invasiones, sin embargo durante los últimos dos años y medio esta fue el área que más usurpaciones reportó, en su mayoría producidas por personas provenientes de otras aldeas, o bien por la población flotante que se ubica en las comunidades ya asentadas, arrendatarios y parientes de parcelarios que han visto en las áreas una posibilidad de poder colonizar.

Raúl Ruano, representante de la comunidad La Mestiza en la Laguna del Tigre, indicó que hay formas de resolver el problema y que van a presentar una propuesta al Estado de Guatemala. Esto lo harán el próximo miércoles 28 de septiembre en el Congreso de La República.

[1]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm_pnltbpltre_version_final.pdf

[2]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm%20pns%20lacandon%20%202005.pdf

Las comunidades de Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre harán propuesta de desarrollo y denuncian abusos

Viaje a donde nadie quiere ir, la región ‘de la guerrilla’

POR ELSA CABRIA / 17 MAYO, 2016

Ixquisis, una pequeñísima región, casi frontera con México, fue noticia tras la aparición de tres videos en los que una supuesta guerrilla decía que haría todo para detener un proyecto hidroeléctrico. Nómada fue hasta el lugar junto a una caravana de activistas para conocer un lugar donde lo único seguro son 4 cosas: es una zona abandonada desde siempre por el Estado, nadie ahí conoce a la guerrilla, a casi todo el mundo le da miedo ir y el megaproyecto continúa.

Hay muchos fines del mundo. Son conceptos, casi etéreos, que evocan en el mapa lejanía física extrema respecto de un punto urbano. Y la historia, la guerra, la desidia política, el narcotráfico, el contrabando y la presión de los megaproyectos han hecho de Ixquisis, en el norte más norte de Huehuetenango, un fin del mundo.
Es una pequeña región, formada por once aldeas. Está tan apartada que su cabecera municipal, San Mateo Ixtatán, está a ocho horas en carro de Ciudad de Guatemala. E Ixquisis está a siete horas de su cabecera municipal a través de un camino de terracería complicado y de puro bosque mágico. Puro mundo olvidado.

1. La empresa, sus amigos y sus socios
Hasta el fin del mundo de Ixquisis no sólo han llegado comunidades mayas, pocas oenegés y una supuesta guerrilla de reciente aparición que dice defender los derechos de los comunitarios a través de videos. También un proyecto hidroeléctrico muy bien conectado.
La empresa Promoción y Desarrollos Hídricos SA (PDHSA) fue creada en 2007, bajo la representación legal de Carlos Eduardo Rodas Marzano. Construye dos iniciativas de energía renovable que prevén generar 30 MW (el 7% de la producción nacional de energía) a partir de 2017. Aseguran haber invertido más de US$100 millones y ahora –tras los problemas y la supuesta guerrilla– dudan de su rentabilidad.

El proyecto arrancó en 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, y continuó entre 2012 y 2015 con el gobierno del encarcelado Otto Pérez, por sendas acusaciones de corrupción. Otto Pérez visitó la zona en 2014, tras 70 años sin que ningún presidente llegara y tras declarar la zona en Estado de Excepción para militarizar el área y obtener órdenes de captura contra líderes locales en resistencia contra mega proyectos.
También fue Pérez Molina quien autorizó la instalación de un destacamento militar en la aldea Ixquisis en 2014, semanas después de que desconocidos quemaran maquinaria de PDHSA en el pueblo. La investigación nunca arrojó nombres de responsables y el destacamento sigue ahí en Ixquisis, una de las regiones vecinas de una de las peores masacres del ejército, en la Finca San Francisco, en la que fueron asesinadas más de 350 personas en 1982.
Treinta y cuatro años después, salvando las distancias, la tensión ha vuelto a la zona.
“Todo estaba muy bien… [pero] se vino a complicar por el problema de Barillas”, dice el promotor de la hidroeléctrica, Eduardo Rodas Marzano, en una entrevista en un restaurante de la zona 10. Se refiere a la quema de maquinaria de otra hidroeléctrica en 2012 en Barillas, Huehuetenango. “Y ahí [en Barillas] como que se escaló la espiral de violencia. Dijeron: ya paramos Barillas, ahora paremos [Ixquisis]”, dice en referencia a los vecinos que rechazaban el proyecto, como Rigoberto Juárez, y su supuesta influencia en Ixquisis.
El promotor Rodas se presenta afable, pero determinado en decir lo que quiere decir. Y punto. Mientras está sentándose, dice que se tiene que marchar. Lo repite hasta en siete ocasiones durante la plática. Dice que es porque han baleado a un comunitario en el campamento de Ixquisis. Dice que no le gusta mentir. Lo dice una vez. “Tal vez hemos dado lo que hemos dado por toda la conflictividad”. Según sus cifras, la empresa ha dado alrededor de US$5 millones a 23 comunidades de tres microrregiones, entre ellas, Ixquisis.

El promotor Rodas Marzano, que se autodefine como empresario y promotor de PDHSA, es medio hermano de Rodrigo Rosenberg Marzano, el abogado que en 2010 se mandó a asesinar a sí mismo e hizo un video acusando del crimen al entonces presidente Colom para terminar con su gobierno, según demostró con evidencias científicas la CICIG. Rodrigo Rosenberg Marzano fue asesorado para su plan por dos personas. Una fue Mario David García, un locutor radial, abogado de extrema derecha y excandidato presidencial del PP en 2015. Y la otra, el experto en inteligencia Luis Mendizábal, quien fue el que circuló el video en el entierro de Rodrigo Rosenberg, y ahora está prófugo por participar de la estructura de corrupción e impunidad del gobierno de Otto Pérez Molina.
Pues el promotor Eduardo Rodas Marzano fue quien presentó a Luis Mendizábal a su hermano Rodrigo Rosenberg, cuando Rodrigo tenía 17 años. Eduardo Rodas y Luis Mendizábal han sido amigos entrañables, según contó el mismo Mendizábal en la última entrevista que dio a elPeriódico, hace años.

El promotor Eduardo Rodas está bien conectado. En las más de quince empresas en las que participa como socio fundador o mandatario, aparecen nombres como el de Jorge Briz Abularach, expresidente del Cacif; Anabella Mendizábal Berrutia, hermana de Luis Mendizábal, y Carlos Enrique Mata Castillo, Óscar Mata Castillo y José Guillermo Mata Monteros, de la poderosa familia Castillo, una de las principales accionistas de CBC, la Central American Bottling Corporation, que es la que produce Pepsi y cuyos socios son dueños de la cerveza Brahva.
El promotor Rodas no quiere decir quiénes son los inversores en PDHSA. Sólo que “son guatemaltecos, locales, gente de bien”, y que él es el principal promotor. Así respondió durante la entrevista, en la primera ocasión en la que conoció a dos periodistas de Nómada.
– ¿Pero inversores locales?
– Mi niña linda, usted sabe… Yo le puedo decir que es gente de bien, pero usted sabe que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero.
Diez minutos después, se le insiste con el tema. Se le insiste con sus socios Mata Castillo.
– Con lo que comentaba de que los inversores son gente de bien, guatemalteca. ¿Son inversionistas de este proyecto socios de CBC o alguna de sus filiales? ¿Sí o no?
– ¿A qué viene tu pregunta?
– Yo hago preguntas y usted responde.
– No te la puedo contestar.
– ¿No me la puede contestar?
– Te voy a decir por qué: Porque hay un trasfondo muy grande que algún día te contaré.
2. La ‘amenaza de la guerrilla’ y tres hipótesis
Cuando un lugar remoto se pone tenso, la sensación de violencia latente es tan natural como respirar. Si algo pasa, la huida no es una opción, ni para los que van de visita ni, sobre todo, para los que viven allí.
El viernes 8 abril de 2016, cuando Nómada y las oenegés visitaron Ixquisis y las otras aldeas del fin del mundo, se vivían semanas de tensión: aparecieron en internet dos videos con una presunta guerrilla autodenominada Fuerzas Armadas Campesinas (FAC), que está en contra de la empresa que construye el proyecto.
Antes de los videos, que se movieron en redes sociales desde el 28 de marzo, un panfleto se distribuyó en Huehuetenango el 11 de marzo. En los videos, los que hablan son dos hombres, el ‘subcomandante Toledo’ y el ‘subcomandante Ramírez’. Aunque los dos subcomandantes aparentemente tienen la misma voz, porque sale una voz grabada.

Entre todas las fuentes consultadas, hay tres hipótesis:
1. Es un grupo real que lucha contra la construcción de la hidroeléctrica.
2. Es algo en contra de la empresa para impedir su financiamiento.
3. Es una estrategia de la empresa y de militares del gobierno de Jimmy Morales para justificar la entrada del ejército para controlar esta área estratégica para futuros megaproyectos.
Ninguna de las tres hipótesis ha podido ser demostrada.
La primera es la siguiente. En ésta, discordante entre los cercanos a las comunidades en resistencia, “la gente está harta, tiene rabia, es un grupo armado que amenaza con defenderse. Pero no es guerrilla”, afirma un experto que dice tener fuentes en esas comunidades y pide el anonimato.
La segunda es la de la empresa y de un columnista de extrema derecha. Para el promotor Rodas, los videos son un montaje en su contra: “Crean una expectativa, incluso dicen que la empresa lo hizo para militarizar el área, pero el objetivo es crear inestabilidad para que los bancos nos dejen de dar financiamiento”, dice sobre el dinero que ha dado el gubernamental Banco Centroamericano de Integración Económica al proyecto. “Es una manipulación de afuera porque la gente (sí) nos acepta. Claro que hay cien gentes que están radicalmente opuestos al proyecto, pero tenemos por lo menos 14,000 personas que se van a ver beneficiadas”, añade confiado.
En los días que circularon los videos, el columnista radical de derecha Ricardo Méndez Ruiz fue la voz pública que alentó la idea de que los videos corresponden a grupos relacionados con la guerrilla y que hay vínculos con la guerrilla zapatista mexicana. De hecho, en una entrevista radial, dijo que él recibió los videos el 16 de marzo, aunque fueron viralizados doce días después. En la entrevista, opinó: “Ellos [las organizaciones indígenas de alcance nacional] son los que impiden sistemáticamente el desarrollo de la industria en el interior del país. Aquí nos lleva esto a preguntarnos, inevitablemente, si puede haber alguna relación entre estos grupos tradicionales a los que hago referencia y estos grupos nuevos que vemos ahora en los videos”.

Y la tercera de las hipótesis son las sospechas en círculos activistas. “Esta es una maniobra que intenta lanzar la idea de que en el norte de Huehuetenango hay grupos armados contra las empresas. Es una maniobra para militarizar porque hay necesidad de una respuesta estatal ante la existencia de un grupo que va a atacar a la empresa”, dice Fernando Solís, analista de la asociación de análisis político El Observador.
Días después de los dos primeros videos sobre la supuesta guerrilla, el exjefe de inteligencia civil y excanciller Edgar Gutiérrez, en su columna de El Periódico, decía que, más que recordarle a la guerra, la ‘guerrilla virtual’ lo llevaba al 10 de mayo de 2009: día del auto-asesinato y el video de Rosenberg, circulado por Luis Mendizábal, el amigo de Eduardo Rodas. La relación entre los dos videos podría ser una carambola. O no.
3. En Ixquisis nadie conoce a ‘la guerrilla’
El Gobierno ha analizado los videos y ya desplazó equipos de inteligencia a la zona, según confirma el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. “Reforzamos nuestra presencia en Ixquisis y en San Mateo Ixtatán”, dice en referencia al número de efectivos. El ministro Rivas es cercano al Ministerio Público y lejando al grupo de militares que rodea al presidente Jimmy Morales. El ministro Rivas, que se ha mostrado cómodo con las otras preguntas, hace ademán de marcharse cuando se le insiste sobre el tema de Ixquisis y las hipótesis: “El análisis preliminar es que la comunidad no respalda a las FAC, ya hablamos con el alcalde y con el gobernador”. Preguntado sobre los señalamientos que vinculan al gobierno con los videos, Rivas tuerce el gesto: “Desconozco esos señalamientos, le podría asegurar con toda certeza que no hay ninguna vinculación de ese tipo”.
En Ixquisis, a 15 horas de distancia de Ciudad de Guatemala, Nómada pudo constatar lo primero que dijo el ministro Rivas: Nadie de la comunidad respalda a una supuesta guerrilla de las FAC. Alguno ha escuchado, por la televisión, hablar de la guerrilla. Nadie la conoce.
Cuando Nómada y los seis carros de activistas llegan el viernes 8 de abril a Pojom, la antepenúltima aldea antes de Ixquisis, todos los vecinos están de pie, en silencio frente a sus casas, mirando fijamente a los visitantes. Hay mucha desconfianza. Pasado Nuevo San Mateo, el penúltimo pueblo, solo queda la última de las incontables cuestas. Desde lo alto alto se ve el destino.

En la entrada de Ixquisis, ya sabidos de la caravana, el ánimo es distinto. Decenas de comunitarios saludan y sonríen. Los que están esperando, quieren contar su historia e invitan a una reunión en un campo abierto que resulta ser el campo de fútbol. Un centenar de vecinos se arremolinan alrededor de un pequeño montículo definido por dos imponentes árboles.

El montículo es la tarima y los vecinos, el público crítico que se mezcla con los visitantes. Cuando callan, sólo se escuchan los grillos. Los grillos del fin del mundo.
Ha llegado gente de todas las aldeas que es contraria a la hidroeléctrica, pero el ambiente se siente pesado, como si fuera a llegar alguien que no está invitado, alguien de los que sí apoya el proyecto. Los líderes comunitarios desarrollan una agenda que tienen preestablecida. A la empresa PDHSA y al actual alcalde de San Mateo algunos con el micrófono los llaman “invasores”. Un hombre joven advierte: “No es por gusto que estamos acá, los pueblos indígenas siempre hemos sido marginados por la ideología capitalista”.
Los que hablan al micrófono, se denominan ‘compañeros’. Un hombre alto, treintañero, con gorro, da la bienvenida y agradece la llegada: “Sabemos que estamos muy retirados, que este lugar está muy lejos, pero estamos invadidos por empresas trasnacionales”. Las mantas se multiplican. El mensaje se repite: “La tierra no se vende, se defiende”.
Para algunos, lo lejano siempre es otro lugar. “Saludos a los visitantes que llegan de tierras lejanas, compañeros”, antes de lanzar un largo rezo en chuj, que después traduce al español. Mientras reza a través de la bocina, los comunitarios hacen sus propias oraciones en voz alta. Es como una reunión de evangélicos que exponen sus ruegos en voz muy alta. Pero aquí muchos son católicos. “Ya sé que la mayor parte de la gente sigue luchando y que otros se han vendido”, dice orando un hombre entre el público, mientras otro reza el Padre Nuestro.

En el campo de fut, ninguno de los comunitarios consultados dice saber nada de las FAC. En el montículo, una sola persona habla en el micrófono de los videos sobre la supuesta guerrilla. Lo cierto es que el acento de los subcomandantes es muy distinto del de la gente de Ixquisis. Cuando suelta el micrófono, el hombre de camiseta verde y negra, que pasa de los cincuenta, es tajante en su análisis de los videos: “El subcomandante es una estrategia de la empresa y el gobierno para militarizar”, afirma este hombre que en los ochenta, dice, fue acusado de pertenecer a la guerrilla. Él sí dice su nombre. Dice que no tiene miedo: “Si muero, moriré con las manos limpias”.
4. Miedo a actos violentos
La aldea se enclava en un amplio valle que en otra situación sería destino turístico natural. Pero en ésta, es un aisladísimo paraíso marcado por la inseguridad y la pobreza.
Se ve un grupo de lejos y el ambiente, caliente en el valle, lo caldea más la tensión. “Ahí vienen, ahí vienen”. La gente murmura y mira hacia la izquierda de la carretera que cruza el pueblo, en dirección a la obra de PDHSA. La posibilidad de que sean comunitarios que apoyan a la empresa es demasiado real. La posibilidad de que haya violencia, existe.
El lugar común de que los segundos se hacen eternos cobra sentido hasta que un vecino con sombrero grita: “Son de Bellalinda, son de Bellalinda”. En el lenguaje implícito de la situación, eso significa que todo está bien, que son comunitarios de otra aldea que llegan a apoyar. Aunque algunas personas han escuchado que esta noche volverá a haber ataques.
Una manta habla: “Jamás aceptaremos invasores en nuestras tierras”.

El ‘compañero’ que presenta la actividad cuestiona al alcalde municipal, a la empresa, al gobierno actual y a los anteriores: “No creo que haya una ley que apruebe cambiar el cauce de un río”. Tiene razón, no la hay. Pero tampoco hay una ley que los proteja ni políticos comprometidos para ello, tal como lo demuestra el veto de FCN-Nación a la discusión de una propuesta para penalizar el desvío de ríos. Y en 2016, los jueces en Guatemala apenas empiezan a cuestionar con fallos a las grandes empresas que desvían ríos para sus industrias.
Los vecinos reclaman que la empresa, tiempo atrás, prometió darles electricidad –porque no, en Ixquisis no hay energía eléctrica– pero PDHSA construye la hidroeléctrica y no es distribuidora de energía. La empresa prometió en un comunicado que de igual manera PDHSA construyó la hidroeléctrica y su conexión a la red eléctrica para que pueda distribuirse electricidad a las comunidades de Ixquisis.
PDHSA informa que 23 comunidades de Yalanhuitz, Nuevo Triunfo e Ixquisis han sido beneficiadas por medio del proyecto con programas de salud, educación y construcción de infraestructura. Sobre esto, dos líderes comunitarios de la zona refutan: “Llegaron a dar regalos el Día de la Madre y el de la Independencia, hicieron carrozas para los niños, hubo rifas de estufas mejoradas, pero eso no pasa por programas”.

5. Ixquisis y los militares (antes y ahora)
“Tenemos que buscar leyes [para defendernos]. No son los años ochenta, necesitamos justicia, en cada aldea [los militares] infiltraron gente”, grita un comunitario el viernes 8 de abril de 2016 en referencia a dos hombres, que fueron patrulleros de autodefensa civil (PAC) durante el conflicto armado, y que supuestamente asesoran a la empresa en el área.
Si la asesoran o no, PDHSA no lo confirma ni desmiente.
Durante los años más duros de la guerra (1978-1983), las comunidades del norte de Huehue fueron objeto de represión estatal. En el libro Negreaban los zopilotes, del antropólogo y sacerdote jesuita Ricardo Falla, Ixquisis aparece mencionado cuando se produce la masacre más grande del conflicto armado, en la finca San Francisco. El libro recoge cómo los vecinos de Ixquisis narraban el miedo que sentían al no ver pasar, como era habitual, a la gente de San Francisco por el mercado dominical de Ixquisis.
En Ixquisis, en aquellos años, había una pista de aterrizaje militar. Era una zona dominada por el ejército, tal como narra Falla:
“El efecto de la masacre [de San Francisco] fue vaciar de población una zona fronteriza muy amplia y concentrar a la población restante en algunas aldeas controladas, como Ixquisis. Se puede inducir cuál fue la lógica de la masacre dentro de la política de tierra arrasada. No fue sólo destruir totalmente una población que abastecía a la guerrilla con ganado o que se negaba a dar el secreto del campamento guerrillero, sino estallar un detonante que movilizara a una masa de gente muy numerosa y dispersa por una amplia zona y controlar la restante que se quedaba. Es decir, quitarle la base social a la guerrilla y controlar a la población que no escapaba”.
En 2016, por seguridad, nadie da sus nombres completos. Hace solo quince días, al nuevo párroco de Pojom le balearon el carro en el que iba, según confirman tres fuentes en Ixquisis y en Ciudad de Guatemala. La mayoría, aunque no todos, prefiere que no se fotografíe su rostro. A los que no les importa ser retratados tienen otro protector: el grupo de oenegés de Huehetenango y de la capital que han organizado la caravana y que piden no dar datos de las personas por la situación de vulnerabilidad en la que quedarían.
Sandra Morán, diputada de Convergencia, cita en la última semana de abril al ministro de Energía y al jefe del Estado Mayor de la Defensa para que le expliquen la situación de la hidroeléctrica y de las carreteras en Ixquisis.
Ella ve la historia de Guatemala a través de este pasaje: “Ríos Montt tomó el control y arrasó (en 1982), pero le faltó el tema de los polos de desarrollo. Ahora se está concluyendo el trabajo. Como país, no hemos salido de la remilitarización”, opina esta diputada con contactos en el norte de Huehue. “El ejército dice que los videos no son una amenaza y los comunitarios me dicen que son hechos por la empresa”, afirma.

El ejército está presente en el área ya, desde el destacamento militar de 2014, y ahora con la orden del presidente Jimmy Morales de remozar caminos rurales. Para esto, según el ejército, las comunidades apoyan con combustible, repuestos y algo de maquinaria. Y algo más: “Las comunidades nos han prestado seguridad, ellos son los interesados en que carreteras estén bien”, dice Karen Pérez, vocera del Ministerio de Defensa.
Sí, la vocera militar afirma que las comunidades le prestan seguridad al ejército.
Adiós al fin del mundo
El viernes 8 de abril, los comunitarios invitan a la caravana a ver la hidroeléctrica.
Desde el lunes de esa semana, PDHSA detuvo su actividad en el área. Normalmente, los comunitarios sólo miran de lejos el terreno. Pero esta vez, los vecinos corren y se adentran a ver los grandes tubos enterrados que se han instalado para conectar el Río Grande, o río Pojom, con el río Negro. El Río Grande es tan transparente que da pena tocarlo de limpio que está.

Está a cien metros de la Franja Transversal del Norte, una red vial que lleva décadas en construcción y que abarca una línea imaginaria en toda la frontera norte de Guatemala. Todo esto genera tensión con los comunitarios, que creen en la cosmovisión y en la armonía con la naturaleza.
La mayoría de vecinos caminan sobre la Franja, que está algo elevada y aún es de terracería, y se adentran en un embalse en construcción que parece una enorme duna en un desierto rodeado de montañas. Doña Sara quiere hablar. Doña Sara no es su nombre. Tiene que ser traducida porque habla q’anjob’al y señala su parcela, donde cultiva milpa, cardamomo y maní. Cultiva a sus 68 años un terreno bajo el cerro Camelia, junto al embalse. Su traductor traduce a una mujer que en español solo dice dos palabras en su explicación: peligro y seguridad. El que traduce dice que hace semanas que la toman fotos. Se siente intimidada. La anciana Sara, con su pañuelo en la cabeza, tiene miedo.

Ya ha pasado el mediodía y unos comunitarios se detienen al inicio de la Franja y nos señalan una montaña que queda arriba del río Grande. Nos señalan gente. Con el zoom de la cámara de video se atina a ver un grupo de más de 50 personas en la cima, entre árboles. “Esos van con la empresa”, dice uno de los comunitarios.
Están quietos, observando, como harán hasta que la caravana se vaya mientras sale por el camino que lleva hacia Nentón. Algunos activistas se quedan un par de días para no dejar solos a los comunitarios que rechazan las hidroeléctricas. Tras cuatro horas de visita, el resto de la caravana sale de Ixquisis, pasando entre dos imágenes. Por la izquierda, el grupo de 50 personas que observa desde la montaña; y por la derecha, el destacamento, en el que los militares graban con sus teléfonos celulares. Estas son las últimas caras que ve la caravana. Las últimas caras que ve la caravana no se despiden.

https://nomada.gt/viaje-a-donde-nadie-quiere-ir-region-de-la-guerrilla/

El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio

Por El Observador

La zozobra que se vive en el norte de Huehuetenango tienen origen en los poderosos intereses que se viven en el territorio: recursos naturales, frontera con México, producción y ruta de droga, y grupos paramilitares. Comunidades indígenas del área han pasado meses denunciando ataques en su contra con tal de desplazarlos del territorio. La supuesta guerrilla es el último intento mediático de hacerlo. Presentamos un resumen de una investigación del equipo de El Observador. Al final del documento se encuentra el texto completo.

Los municipios de Huehuetenango que integrarán el territorio de la Franja Transversal del Norte (FTN) a partir de 1970, adquirirán relevancia geoestratégica, por un lado, por su cercanía y enlace directo con la frontera noroccidental con México; por otro, porque fue uno de los bastiones fundamentales de la actividad y organización guerrillera y, por lo tanto, para el Ejército y para el poder económico dominante, que lo convirtió en un corredor estratégico fundamental de contención de la insurgencia así como de control de su base social.

En esa misma década, el proyecto de la carretera de la FTN generará nuevas dinámicas, cuyo tramo final fue planificado para recorrer los municipios de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Pero la variedad de sus riquezas naturales y los proyectos de explotación de éstas que se planificarán a partir de entonces, convertirá a ese territorio del norte de Huehuetenango en una zona de grandes intereses.

El histórico abandono estatal de ese territorio, cuya única presencia ha estado fundada en términos militares y de control poblacional, ha acentuado la pobreza extrema en aquellos municipios. Esto permitió posteriormente que se asentara el crimen organizado en sus múltiples formas y que hoy toma concreción en el contrabando, la trata de personas, la migración de indocumentados a Estados Unidos y el narcotráfico, entre otros. Muchas comunidades se encuentran en la actualidad en medio de varias amenazas, sin visos que se resuelvan sus problemas estructurales y más bien con una tendencia a complicarles su futuro.

Es en ese contexto que han surgido recientemente, supuestos grupos armados como las autodenominadas Fuerzas Campesinas Armadas (FAC) , que anuncian acciones de tipo militar que pretenden reivindicar las demandas que en la última década las comunidades de los Pueblos Maya Chuj y Maya Q ́anjob ́al vienen exigiendo a los gobiernos de turno, sin que hasta la fecha sean escuchadas.

Este tipo de acciones, sean un montaje o no, ponen en riesgo las justas y legítimas demandas de esos Pueblos y sus comunidades, sembrando mayor zozobra y terror a la que ya viven. Se está creando un ambiente propicio para mayor violencia contra las comunidades que resisten contra los proyectos hidroeléctricos, particularmente los ubicados en San Mateo Ixtatán.

Los intereses detrás de los mega proyectos

A partir de las lógicas descritas, los proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango constituyen un caso paradigmático por los intereses que hay detrás de ellos, y por la abierta oposición comunitaria que han generado, particularmente al norte del departamento. Aquí yacen varios ríos pertenecientes a la Cuenca del Chixoy, accidentes fluviales y afluentes que desembocan en los ríos Ixcán y Xalbal.

Los proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán

Entre los años 2009 y 2011, se procedió a otorgar a las empresas Generadora del Río, S.A. y Generadora San Mateo, S.A. -creadas en noviembre de 2010- así como a la Generadora San Andrés, S.A. –creada en octubre de 2011-, los permisos, licencias y autorizaciones para la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés, respectivamente, en el territorio de las comunidades de Ixquisis y Pojom.

En ese marco, el proyecto más importante y el único que muestra actividad en ese territorios es un conglomerado de hidroeléctricas, mayores de 5 megavatios, que cuentan con autorización definitiva y en trámite, las cuales se gestan en el municipio de San Mateo Ixtatán. Se trata de Pojom I, solicitada por Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA) y a cargo de Generadora del Río, S.A.; Pojom II o Proyecto Hidroeléctrico San Mateo, a cargo de Generadora San Mateo, S.A.; y Proyecto Hidroeléctrico San Andrés o Yalhuitz, a cargo de Generadora San Andrés.

El plan es interconectarlas con la Subestación Barillas que está localizada en el vecino municipio de Santa Cruz Barillas y que pertenece a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), cuya línea de transmisión conduce al municipio de San Juan Ixcoy, para así quedar conectadas con el SNI. Previamente a la interconexión, se construirán tres subestaciones en San Mateo Ixtatán bajo el nombre de Proyecto Innovación Noroccidente, a cargo de la Empresa de Transmisión del Norte, S.A. que forma parte del grupo de empresas que construyen esos proyectos hidroeléctricos.

Ese grupo de empresas tiene financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El grupo de empresas es encabezado por Carlos Eduardo Rodas Marzano, medio hermano del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, asesinado en mayo de 2009 y más conocido precisamente por el caso que lleva su nombre, y en el que también participan los hijos del primero: Andrés y Rodrigo Rodas Godoy.

La esposa de Rodas Marzano es María del Carmen Dora Godoy Arenales de Rodas, sobrina de Antonio Arenales Forno, quien fuera Secretario de la Paz (SEPAZ) durante el pasado gobierno de Pérez Molina y el PP.

El respaldo de grandes capitales

La empresa PDH, S.A. es subsidiaria de Energía y Renovación Holding, S.A. (ERH) , una corporación registrada en Panamá en 2012 y en la que Rodrigo Rodas Godoy ha fungido como Director Financiero. ERH es presidida por Rodrigo Álvarez Sierra, quien también preside la empresa Edificio Aurora, S.A., arrendatario del inmueble donde actualmente se encuentran las oficinas de SEPAZ bajo un contrato 8firmado entre Álvarez Sierra y Arenales Forno, cuando éste era el titular de esa dependencia estatal. El Vicepresidente de ERH es José Guillermo Mata Monteros, hijo de Carlos Enrique Mata Castillo, Presidente de The Central American Bottling Corporation (CBC) y considerado uno de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica.

ERH es parte de un conglomerado de empresas registradas en Panamá involucradas en el negocio hidroeléctrico: Energy Services Enteprises, S.A. y Latin America Energy Sources, en las cuales aparece como Vicepresidente Mata Monteros, y como Director y Tesorero Rodrigo Rodas Godoy; este último con intereses hidroeléctricos en Baja Verapaz por medio de Central America Venture Capital, S.A., inscrita en Guatemala y registrada en Panamá.

Hidroeléctricas en Ixquisis, en Barillas y el Caso Rosenberg

Los accionistas de PDH al momento de la creación eran Enrique Bladimiro Castillo Ramos –con el 99% de las acciones-, y Luis Eduardo López Florián –con el restante 1%-. Tanto Castillo Ramos como López Florián crearon decenas de empresas bajo el paraguas de la firma de abogados Rosenberg-Marzano- Marroquín-Pemueller & Asociados, entre ellas la sociedad Landosa Digital de Guatemala, S.A., fundada en mayo de 2009 en las vísperas del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, con el objetivo de participar en la licitación del Estado para el negocio de emisión de pasaportes.

En la construcción de los proyectos Canbalam I y II está involucrada la subsidiaria de la empresa española Hidralia Energía como ya se dijo antes, que a la vez está involucrada también en los proyectos que se construyen en San Mateo Ixtatán, y que conocida en el país como Hidralia Energía Guatemala, propiedad de la familia española Castro Valdivia, también encargada de la elaboración de los estudios de factibilidad y diseño de los proyectos. Para operar estos dos proyectos fueron constituidas las empresas Hidro Santa Cruz, S.A. e Hidro Santa Cruz II, S.A.

La pista aérea en la aldea Ixquisis

Uno de los actores clave y con fuertes intereses en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, es la empresa ARM Aviación, S.A., que recibe los nombres comerciales Aéreo Ruta Maya y ARMSA. Propietaria de la pista aérea en Ixquisis, ARM Aviación es una importante proveedora de servicios aéreos a instituciones del Estado guatemalteco, principalmente para el MINGOB. Q. 201.8 millones le han sido otorgados en contratos desde 2010 y de ellos, el 98.5% tan sólo en el año 2014, en un caso investigado en el marco de oscuros negocios y publicado en un medio digital que involucra al capitán segundo de aviación retirado, Otto Fernando Gramajo Antonio, de la Promoción Militar 94 del año 197.

En la pista aérea se encuentra la sede de otra empresa aérea: Inversiones 777, S.A. Todas estas empresas tienen como Representante Legal a Richard Steven Callaway Ayau, sobrino del ideólogo neoliberal ya fallecido y fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau Cordón, y a Charles Michael Bickford García.

La constructora Solel Boneh

Solel Boneh International (SBI) es una constructora israelita de carácter corporativo y la principal proveedora de servicios de construcción de carreteras para el gobierno de Guatemala. Entre los proyectos privados realizados está la construcción de varias hidroeléctricas, entre ellas, las de la región de San Mateo Ixtatán.

SBI llegó al país en el marco de la guerra contrainsurgente, en la cual Israel jugaba un papel fundamental en el entrenamiento militar, equipamiento del Ejército, suministro de armas y transporte, desarrollo de tecnología militar, asesoría agrícola y en el desarrollo de un modelo de colonización en la FTN.

En 2006 se supo que SBI fue una de las principales beneficiarias de los millonarios contratos otorgados por el MCIV sin licitar, durante 1997 y 2006, bajo los programas “Caminos Pavimentados para la Paz” y “Caminos de la Oportunidad”. Poco después, la organización Acción Ciudadana dio a conocer que SBI era la principal contratista para proyectos de construcción y reconstrucción del Estado, acaparando el 14% del presupuesto. Además, SBI era una de las cuatro empresas constructoras que habían acaparado más del 40% del presupuesto ejecutado en 2006, destinado para la reconstrucción de los daños ocurridos durante la tormenta Stan en 2005. Sólo SBI concentraba el 34% del total del presupuesto de reconstrucción.

En la última década, entre 2005 y 2015, a SBI se le han adjudicado contratos por un monto de casi Q. 2 mil millones.

Los intereses geopolíticos de Estados Unidos: las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales

Esos proyectos empresariales hidroeléctricos se entrecruzan con una variedad de negocios ilícitos controlados por redes de crimen organizado tales como la trata de personas, migración de indocumentados, contrabando y narcotráfico. El combate y la desarticulación de éstos implica la intervención no sólo de fuerzas locales sino sobre todo, del gobierno de Estados Unidos, al final el más interesado en la contención de estos fenómenos que le impactan directamente. Para el efecto, Estados Unidos financia desde el año 2012 la instalación de una especie de muro de contención de esos negocios ilícitos. Con el gobierno de Pérez Molina, la administración de Barack Obama alcanzó un compromiso estratégico con relación a la constitución y puesta en marcha de un conjunto de Fuerzas de Tarea Interinstitucionales para combatirlos en las porosas zonas fronterizas de Guatemala.

Este proceso dio comienzo en el año 2013 con la instauración de la Fuerza de Tarea Tecún Umán y fue el arranque del desafío estadounidense para la contención de esas actividades en el suroccidente de Guatemala, una de las zonas más complejas del país y cuya ruta finaliza en Estados Unidos. En marzo de 2015 se instaló la Fuerza de Tarea Chortí en el departamento de Zacapa para operar en los departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa, todos con frontera con Honduras.

A finales de 2015 quedó instalada la Fuerza de Tarea Xinca para operar en Jutiapa, departamento que tiene frontera con El Salvador, y se planifica la Fuerza de Tarea Balam en el departamento de Petén para operar en la frontera con Belice. Dos más se planifican para operar en la frontera noroccidental y norte de Guatemala con México, la zona donde la población se encuentra en zozobra y temor por la militarización prevaleciente en el marco de los proyectos hidroeléctricos.

Estas fuerzas de tarea están integradas por miembros del Ejército de Guatemala, agentes de la PNC que pertenecen a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ).

Esos proyectos caben dentro del marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad a ser aplicado en llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), y que es financiado también por el gobierno de Estados Unidos con el argumento de contener la masiva migración de indocumentados centroamericanos, particularmente niños, sobre la base de un bloque de proyectos de inversión con implicaciones desconocidas hasta ahora.

El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio

Hubo orden de retiro de las fuerzas de seguridad

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo ayer a Prensa Libre que el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tendrán que aclarar qué militares fueron los que dispararon contra manifestantes en la cumbre de Alaska, el jueves último.

 

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POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

El funcionario indicó que de acuerdo con la información obtenida “de oídas en el lugar”, lo sucedido el 4 de octubre, cuando murieron ocho personas y más de 30 resultaron heridas, fue después de que se había desmovilizado a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército.

Detalló que, a eso de las 14 horas, se les dio la orden a los contingentes de que se retiraran, pues los manifestantes se habían comprometido a liberar los bloqueos en la carretera Interamericana, según se lo afirmó el propio presidente Otto Pérez Molina.

Pero una hora después —a las 15 horas—, recibió llamadas de los medios de comunicación que le informaron sobre heridos y muertos en la cumbre de Alaska, añadió el ministro del Interior.

López Bonilla sostuvo que dos camiones del Ejército y un picop llegaron al lugar donde aún permanecía bloqueda la carretera, y los militares, al observar esta situación, intentaron retirarse. Solo un camión y un picop lograron dar vuelta, pero el otro no pudo hacerlo, que de inmediato fue rodeado por los manifestantes, “y entonces, por la presión suceden los hechos”, dijo.

Añadió que siete militares admitieron haber disparado al aire, y por lo tanto “aquí habrá que determinar a qué le llaman al aire, de tal manera que será el MP y el Inacif los que determinen quiénes dispararon al aire y quiénes apuntaron”, afirmó el funcionario.

Cumplió protocolo

En otra parte de sus declaraciones López Bonilla aseguró que la PNC cumplió con el protocolo, y que continúa vigente la teoría de que un agente privado de seguridad fue quien originó el conflicto al disparar.

Operativos

Mauricio López afirma que en lo que va del año han tenido   338 intervenciones.

Las fuerzas de seguridad han efectuado 80 operaciones.

La negociación es fundamental   para buscar salida pacífica a los conflictos.

Mapa de conflictividad revela mil 300 áreas problemáticas  en el territorio nacional.

Asegura que el equipo usado por para disolver protestas no es letal.

Según el ministro, el objetivo no es criminalizar a los movimientos sociales.

http://www.prensalibre.com/noticias/orden-retiro_0_790121006.html

Siete muertos y 34 heridos durante disturbios en la Cumbre de Alaska

Las autoridades reportan 8 elementos castrenses heridos y vehículos quemados en el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana.

Óscar F. Herrera* oherrera@elperiodico.com.gt

Un confuso incidente ocurrido ayer entre campesinos de los 48 cantones de Totonicapán, y las fuerzas de seguridad, dejó como saldo preliminar 7 manifestantes muertos, otros 32 heridos, además de 8 soldados del Ejército heridos y 3 vehículos quemados.

Tal como lo anunciara la comunidad de alcaldes de los 48 cantones,  ayer se realizaron varios bloqueos a lo largo de la Ruta Interamericana; mientras fue enviada una comisión de representantes campesinos a Casa Presidencial para dialogar con el Presidente de la República.

Dicha comisión de líderes tenía como objetivo plantear sus posturas respecto a su rechazo a las reformas constitucionales, a los cinco años de la carrera magisterial y al alza de la energía eléctrica en el Occidente del país.

Los campesinos indicaron al Presidente que debía retirar los contingentes de policías y Ejército ubicados en cercanías de los lugares bloqueados, para entablar un diálogo, por lo que según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se recibió la orden del mandatario para que se dejara sin presencia policial y militar el sector.

Sin embargo, a eso de las 15:00 horas, dijo López, 2 camiones del Ejército y un vehículo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), se retiraban de la zona y a inmediaciones del kilómetro 170, en el lugar conocido como La Cumbre de Alaska, fueron “emboscados” por campesinos que los atacaron con objetos contundentes.

“En la agresión fueron quemados un camión militar, otro civil y el carro oficial de Copredeh. Pero lo notorio del caso es que en el lugar se ubicaron vainas de escopeta calibre 12, arma que no es utilizada por las autoridades”, subrayó.

El funcionario indicó que en casos de manifestaciones civiles, los miembros de la Policía y del Ejército portan equipo de protección como casco, pechera, botas y granadas lacrimógenas. Aseguró que los contingentes son revisados para que no porten armas letales. Sin embargo, elPeriódico publica en su portada la foto de un soldado  que empuña su fusil mientras es atacado por vecinos. El ministro de la Defensa Nacional, Ulises Anzueto, indicó que por parte del Ejército resultaron heridos siete elementos del Escuadrón de Reserva, entre ellos una mujer, quienes tenían la función de prestar apoyo a la Policía que estaba en el lugar.

“El personal militar fue emboscado y agredido con piedras y palos. Un camión militar fue quemado, afortunadamente el personal logró evacuar antes”, resaltó.

 Las otras víctimas

El viceministro de Salud, Marco Vinicio Arévalo, indicó que los datos preliminares daban cuenta que al Hospital Nacional de Totonicapán José Felipe Flores, se reportaron 3 personas muertas y 34 heridos, de los cuales 30 presentaban heridas de bala y 4 con síntomas de intoxicación por el gas lacrimógeno.

Carmen Catán, representante de los 48 cantones de Totonicapán, quien formó parte de la comisión que viajó a la ciudad para sostener un diálogo con el presidente Pérez, indicó que sus compañeros informaron que fueron los miembros del Ejército quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra los campesinos.

“Nosotros no íbamos armados. Solo nuestra vara que es el símbolo de autoridad”, subrayó.

Jorge Puac, uno de los protestantes, aseguró que las autoridades “nos atacaron intencionalmente, nosotros estabámos manifestando pacíficamente cuando llegaron los soldados y nos atacaron, y nos empezaron a disparar sin compasión”, comentó.

En la reunión

La comisión de campesinos que viajó a reunirse con el mandatario Otto Pérez, inicialmente fue recibida por sus representantes, por lo que decidieron abandonar la reunión. Sin embargo, el Presidente los recibió y posteriormente brindó declaraciones sobre avances en dicha reunión.

“Buscamos que se firme un convenio con el compromiso de revisar lo que se cobra en las tarifas en el lugar. Un acuerdo con Energuate para que se sienten a dialogar. También que se encuentre un acuerdo con la Ministra de Educación, y las propuestas de reforma constitucional las trasladaremos al Congreso”, dijo el mandatario.

El ministro de Energía y Minas, Erick Archila, dijo que buscarán mecanismos para regular la tarifa del alumbrado público, ya que han detectado que en algunas localidades dicho cobro representa el 50 por ciento del costo total de la factura.

*Con información de Agencia BIG

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