Minera San Rafael espera retomar operación

Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida la semana pasada, Minera San Rafael se prepara para reasumir sus operaciones. Minera asegura mantener diálogo con las comunidades para poder acatar el fallo de la CSJ.

El fallo de la CSJ, según explicó a Prensa Libre el abogado Carlos Luna, revoca el amparo que impedía que la mina continuara trabajando, por lo que San Rafael está en disposición de hacerlo.

Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.

“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.

Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.

Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.

La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.

El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.

“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.

Antecedentes

En julio pasado,  la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.

Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.

Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Por Redacción / Guatemala

http://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-podra-volver-a-operar-por-resolucion-de-la-csj

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Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

Pueblo Xinca exige respeto a su identidad y territorio

Pobladores Xincas de al menos 11 municipios participaron este martes en una manifestación en la capital para exigir respeto a su identidad y territorio, los que, según ellos, han sido violentados con la instalación de empresas mineras.

Según dirigentes, en la protesta participaron unas tres mil personas, quienes se detuvieron unos minutos frente al Congreso de la República y frente a las Corte de Constitucionalidad (CC) para que fueran escuchadas sus demandas, entre estas su rechazo a la Mina San Rafael, en Santa Rosa y que se trabaje para la conservación de los recursos naturales.

Hombres, mujeres y niños representantes de Santa Rosa y Jalapa portaban carteles en los que se leía #YoSoyXinka y con pitos y consignas gritaban que la minería ha dañado el ambiente.

Vitalino Jiménez, autoridad Xinca de San Carlos Alzatate, Jalapa, dijo que el objetivo de la protesta fue pedir respeto hacia los pueblos indígenas y que se detengan las operaciones mineras en el país, que según él, destruyen los recursos naturales.

Teodoro Pérez, uno de los manifestantes, indicó que también protestaron por el alto costo de la energía eléctrica y para que las autoridades atiendan a los agricultores.

“Han pisoteado nuestra dignidad y han robado nuestras tierras. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo diferente”, expresó uno los dirigentes frente a la CC.

Dirigentes del pueblo Xinca pidieron a los magistrados de la CC que no se quejen manipular y que se mantenga el amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la suspensión de dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Inconformidad

Agregaron que para otorgar licencias mineras no se les ha tomado cuenta, lo que según ellos, ha negado la existencia del pueblo Xinca por parte de las autoridades.

Exigieron que el Ministerio Público investigue los supuestos ataques intimidatorios de los que han sido víctimas y que el organismo Ejecutivo respete la independencia judicial.

Minera se pronuncia

Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael, indicó que la minera nunca ha dicho que no hay pueblo Xinca y que al contrario, reconocen que Guatemala es multicultural, pero según algunas autoridades, en el área de influencia de la mina, en San Rafael Las Flores, no hay presencia de Xincas.

Indicó que previo a la entrega de la licencia, el Ministerio de Energía efectuó un proceso de diálogo con las comunidades que están en el área de influencia de la operación de la mina.

Respecto del amparo, Dávila dijo esperar que la CC resuelva el caso de la minera de acuerdo a como resolvió en el caso de las hidroeléctricas Oxec, que seguirán operando por un año mientras se realizan las consultas.

Por Óscar García – Prensa Libre

19 de Julio de 2017 a las 15:10h

Jueza Ana Leticia Peña Liberó A Militar Acusado Del Asesinato Del Profesor Adolfo Ich Chamán

Por: Prensa Comunitaria – Abril 6 2017, Nelton Rivera.

Jueves 6 de abril 2017. Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente del departamento de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala liberó de los cargos esta mañana al Teniente Coronel Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. –CGN- acusado del asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán el 27 de septiembre de 2009.

Maynor Padilla Gonzales fue sindicado por el Ministerio Público -MP- por los delitos de: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chamán.

También son querellantes Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG dentro de este proceso penal 796-2009. Para Angélica Choc, German Chub y las mujeres de la comunidad Lote 8 ha sido sumamente peligroso impulsar este proceso penal y luchar porque se haga justicia, en un contexto de impunidad y violencia, amenazas y atentados.

El profesor Adolfo Ich Chamán es una autoridad comunitaria reconocida por el pueblo maya Q’eqchí en Izabal, como líder comunitario promovió la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos que fueron violentados por el proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Guatemala. Esto motivo la respuesta represiva de la seguridad de la empresa, al frente de esta el militar Maynor Rolando Padilla González, responsable del asesinato del profesor Adolfo Ich y del atentando en contra de los otros comunitarios.

http://www.prensacomunitaria.org/jueza-ana-leticia-pena-libero-a-militar-acusado-del-asesinato-del-profesor-adolfo-ich-chaman/

Santa Eulalia A Diez Años De La Consulta Comunitaria

Por: Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera, Prensa Comunitaria

La libertad de expresión fue una de las libertades reclamadas por la población santaeulalense maya Q´anjob´al el 29 de agosto 2006 al momento de elegir entre la vida y la muerte a través del mecanismo de la consulta comunitaria de buena fe sobre la exploración y explotación minera y de los demás bienes naturales.

Esa fecha trascendental marcó un antes y un después en la organización y movilización comunitaria del municipio de Santa Eulalia y de la región norte de Huehuetenango; apegados a los derechos que establecen instrumentos nacionales e internacionales se organizaron las consultas en los pueblos Q´anjob´alanos (Q´anjob´al, Chuj, Akateko) en los meses posteriores poniendo en el centro de elección el derecho a vivir y el derecho a defender la madre naturaleza a través  de las asambleas comunitarias como mecanismo ancestral de movilización de los pueblos convocados en nombre de la consulta comunitaria que daría viabilidad y legitimidad jurídica ante las instancias correspondientes.

El horizonte planteado a partir de la consulta es la constancia, permanencia y perseverancia en la lucha de la defensa de la madre naturaleza Ko txutx yib´an q´inal. Esta lucha iniciada hace diez años hoy está dando sus frutos en la conciencia crítica de la población respecto a proyectos que se plantean desarrollarse en la región norte de Huehuetenango.

La Consulta Comunitaria de buena fe o la consulta municipal de vecinos se convirtieron desde el año 2005 en los ejercicios plenos de la democracia representativa de los pueblos, mayas, mestizos y xincas, la consulta es el ejemplo exacto del ejercicio democrático de los pueblos en este país.

El proceso que inició en el 2004 cosechándose en el 2006, como estrategia de sensibilización e información sobre los efectos de la exploración y explotación de la minería de metales a cielo abierto, y el cuidado de los ríos sirvió para entablar otros procesos políticos como fiscalización pública en el municipio de Santa Eulalia.

El mecanismo de la consulta es una práctica democrática y ancestral de los pueblos y el que se realizó en Santa Eulalia se amarró desde el Código Municipal, la ley de Descentralización, la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT ratificado por Guatemala diez años antes del 29 de agosto 2006 y toda la normativa en materia de Derechos Humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los diez años que han pasado los podemos ahora evaluar  de manera crítica desde los errores que hubo claro, pero que se han sabido enmendar el camino. La participación y apropiación de las comunidades del proceso evidenció en la asistencia de más de 19 mil personas, marcado por un 99 por ciento de rechazo a los proyectos extractivos. Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se evidenció la libre elección de cada uno y una con información previa.

Sin embargo, el Estado guatemalteca y los gobiernos de turno se siguen resistiendo a reconocer el carácter vinculante de las consultas, irrespetando los resultados de la consulta, en el caso del municipio de Santa Eulalia se requiere pretenden imponer una hidroeléctrica vinculada un grupo empresarial de la familia Leal, por si fuera poco pretenden empresarios y funcionarios públicos imponer de forma violenta una serie de hidroeléctricas en toda la región. Desde que apareció la empresa CINCO M con el proyecto Hidro San Luis ha roto el tejido social y comunitario.

Los asesinatos de Mateo Alonzo (2007) y Daniel Pedro Mateo (2013) junto a la prisión política sufrida recientemente por Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo; autoridades ancestrales y las ordenes de aprensión aún vigentes en contra de mujeres y hombres que representan al pueblo Q’anjob’al son el claro ejemplo de la criminalización desmedida.

Por si fuera poco, las empresas lograron la cooptación de varias personas que desde el poder municipal durante el periodo 2011-2015 apoyaron y facilitaron la estrategia de las empresas, incluso el cierre ilegal y arbitrario de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ por un año fue el resultado de la criminalización y persecución de la radio como instrumento de la expresión de las comunidades.

Frente a la censura, la organización comunitaria respondió con la consolidación de varios equipos de comunicación e información que han logrado romper el cerco mediático en varios momentos importantes y finalmente la reapertura de la radio comunitaria.

No cabe duda que la movilización comunitaria ha ido madurando a lo largo de estos diez años, pero que es una lucha de muchas décadas atrás, los retos no son fáciles, defender la vida frente a la barbarie será una tarea de todos los pueblos de este país.

Santa Eulalia a diez años de la consulta comunitaria

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

El nombramiento reciente de Gladys Anabella Morfin Mansilla como Procuradora General de la Nación, trajo a colación un proyecto minero de gran envergadura que se encuentra “dormido” a la espera de millonarias inversiones. Se trata del proyecto Río Negro, con licencias mineras que abarcan los municipios de Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. Una incesante serie de transacciones ocurridas desde 2004 hasta la fecha, parece estar preparando el terreno para la explotación de uno de los proyectos mineros de níquel más grande de Guatemala.

Por Luis Solano/CMI-G 5 Jun, 2016

Captura de pantalla de 2016-06-05 10:18:50

De los orígenes recientes

En 2004 fue inscrita en el Registro Mercantil la empresa Corponíquel, S.A., por medio del Bufete Profesional, dirigido por la hoy Procuradora General de la Nación, Gladys Annabella Morfin Mansilla.

Ese mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mostró en su base de datos que Morfin Mansilla era la titular de la licencia minera LEXR-706 (exploración), denominada Río Negro II, que forma parte del proyecto minero de níquel, oro y plata conocido como Río Negro, localizado entre Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. El proyecto es explorado desde 1957, y se encuentra contiguo a los embalses del proyecto hidroeléctrico Chixoy y de las comunidades masacradas a principios de la década de 1980, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2006, el MEM otorgó esa licencia a Corponíquel, S.A.. Previamente, en 2004, Corponíquel fue adquirida por la minera canadiense Icon Industries Ltd., la cual fundó otra subsidiaria: Río Nickel, S.A., a la cual se le trasladó el proyecto de Río Negro II. En 2007, Corponíquel y sus licencias de Río Negro fueron adquiridas por la canadiense Nichromet Extraction la cual inscribió a su subsidiaria Nichromet Guatemala, S.A. y mantuvo a la vez a Río Nickel, S.A..

A partir de esos años, Nichromet Guatemala obtuvo varias licencias mineras en todo el cinturón que recorre desde Baja Verapaz hasta la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. La obtención de tantas licencias mineras sólo se explica por los antecedentes del representante legal de Nichromet Guatemala, Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi.

Gerente general de Nichromet Guatemala desde 2009, Gálvez Sinibaldi ocupó el puesto de director general de Minería entre enero de 2005 y enero de 2008, y el puesto de director general de Hidrocarburos, entre enero y marzo de 2008, como subalterno de Carlos Meany en el Ministerio de Energía y Minas de Álvaro Colom y la UNE. Durante el gobierno de Pérez Molina, ejerció el cargo de Viceministro de la cartera de Energía y Minas.

Buscando capitales

Nichromet Guatemala, como subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., nunca ha explotado los minerales de las licencias. Desde su creación ha pasado por diversas manos de mineras o fondos de inversión de Canadá, a la espera de una gran inversión para la explotación de níquel. En 2007, por ejemplo, fue adquirida por Foundation Resources de Canadá. La minera también logró un acuerdo con la brasileña Compahia Vale Do Rio Doce (CVRD), la minera más grande del mundo en producción de hierro, para operar las licencias de Nichromet Guatemala.

El principal socio de Nichromet Extraction fue la financiera canadiense Seed Capital Inc., la cual también poseyó la minera Guatemala Copper S.A. que tuvo licencias en Huehuetenango y Chiquimula, y que a la vez era subsidiaria de la minera canadiense Creso Resources. Nichromet Guatemala tiene como asesores legales al Bufete Menéndez, donde destacó el ex ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park (gobierno de Jorge Serrano Elías) y ya fallecido, integrante del bufete centroamericano Lexincorp.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper son el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén y el canadiense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso Resources y de Nichromet Guatemala. Galicia Guillén ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) durante el gobierno de Óscar Berger, y tiene una solicitud de una licencia minera en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, para cobre, níquel y otros minerales.

Los representantes legales de Guatemala Copper S.A. pertenecen al bufete de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos clientes se encuentran las mineras Aurogin Resources (Castle Gold), Intrepid Minerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miembros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente aéreo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier fue Presidente. Gauthier, además, es Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital, que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su subsidiaria Nichromet Guatemala, concentradas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz.

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en la minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Jaguar Nickel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala operó luego bajo el nombre de Mayaníquel S.A., nombre actual y con licencias de explotación de níquel en Alta Verapaz e Izabal para exploración de níquel, subsidiaria de la holandesa Cunico Resources que también posee la subsidiaria Guaxilán, S.A., que explota níquel en licencias en la zona limítrofe de Zacapa e Izabal.

Preparando el terreno

En una serie de giros inversionistas, Nichromet Extraction cambió de nombre a finales de 2013, denominándose ahora Dundee Sustainable Technologies Inc., convirtiéndose en subsidiaria de la canadiense Dundee Corporation.

En octubre de 2015, Pierre Gauthier vendió el 100% de las acciones de Nichromet Guatemala a la canadiense Central America Nickel Inc. (CAN), convirtiéndose en propietaria de Nichromet Guatemala y Río Nickel, y haciendo a Gauthier presidente de CAN.

En enero de 2016, la canadiense CVMR Corporation (CVMR) y CAN anunciaron una alianza inversionista para explorar y explotar el proyecto Río Negro. En la base de datos del MEM más reciente, ya no aparece la licencia Río Negro II, la cual cambió de nombre bajo dos licencias Los Cimientos LEXR-047-06 y Chimiagua LEXR-069-08, cuyo titular es Nichromet Guatemala. Una solicitud de licencia de exploración aparece a nombre de Río Nickel, S.A., conocida como Río Nickel SEXR-035-07, que es parte del proyecto Río Negro.

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

#LaCooperacha explicada en 5 minutos (a Sinibaldi y cualquiera)

POR / 13 junio, 2016/ NOMADA

El exministro Alejandro Sinibaldi dijo en un comunicado que no se presentará a la justicia (continuará prófugo) porque esto es un circo basado sólo en el testimonio de un colaborador eficaz. Pero no. Hay más. Como con todas las declaraciones del exsecretario privado de la Vicepresidencia y cajero del cártel del PP, el MP y la CICIG las ha sustentado con facturas, transacciones bancarias y otras evidencias. Nómada las explica (para el exministro y para los lectores).

Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla están al frente de una imagen del precandidato Alejandro Sinibaldi. Los delató quien está en segunda fila, Juan Carlos Monzón.

Un papel encontrando durante los allanamientos del caso La Línea ahora sirve para armar el golpe más reciente. #LaCooperacha involucra a los únicos tres pesos pesados del Partido Patriota que no habían sido alcanzados por la justicia: Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla y Erick Archila. Y esto es apenas el comienzo de las investigaciones en contra de ellos.

El tsunami de 2016 tuvo su epicentro en el caso La Línea de 2015. Desde aquel primer caso en contra de gobierno-cártel de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cada investigación ha terminado por develar nuevos casos de corrupción.

Fue en agosto de 2015 cuando allanando las oficinas de Salvador González, alias “Eco”. Se encontró un papel que, bajo el título “cooperacha”, daba cuentas de los aportes de cinco funcionarios para regalarle un helicóptero a Pérez Molina. En aquel momento el tándem MP-CICIG aseguró que la sola existencia del papel no era suficiente para tipificar un delito. Ahora ya existen las pruebas suficientes para armar el caso.

Celebrando a los cumpleañeros

Nadie tenía más cercanía con Otto Pérez Molina y quizás nadie lo conocía mejor que Roxana Baldetti, su mancuerna desde que a finales de los años 90 se reconciliaron después de desaveniencias en el gobierno de Jorge Serrano (1992-1993) y fundaron el partido del puño derecho en 2001. Fue ella la que, según las investigaciones de MP-CICIG, durante tres años tomó la iniciativa de decidir qué se le iba a regalar al presidente y cuánto había que poner.

El que pasaba la gorra, el que iba de despacho en despacho recogiendo los aportes era el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

Los que ponían el dinero eran los miembros del círculo más cercano al mandatario.

Un grupo era el de los amigos militares del presidente:

1. Mauricio López Bonilla, un viejo amigo, quien le coordinó la campaña de 2011 y a quien le encomendó el Ministerio de Gobernación.

2. Juan de Dios Rodríguez, subalterno de Pérez Molina en la división de inteligencia, G-2, quien lo salvó en el caso de los Q82 millones desaparecidos del Congreso, MDF, y a quien le entregó primero la Secretaria Privada y luego la presidencia del Seguro Social.

3. Completaban este círculo sus dos ministros de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrocio.


En el otro estaban dos hombres importantes para sus finanzas.

1. Alejandro Sinibaldi, el tercero al mando del partido, encargado de las finanzas de la organización. Ministro de Comunicaciones y aspirante a sucederlo en la Presidencia.

2. Erick Archila, el Ministro de Energía y Minas que llegó al cargo luego de que una de las empresas que su familia compró a Sinibaldi, Imágenes Urbanas, fuera la mayor financista de la campaña del Patriota en 2011, según lo reportado ante el TSE.

Todos eran tan cercanos que estuvieron en sus puestos hasta que el barco patriota se empezó a hundir. En enero y mayo de 2015, Archila y Sinibaldi renunciaron; a López Bonilla, Anzueto y López Ambrocio les pidieron su renuncia y Juan de Dios Rodríguez fue capturado por el caso IGSS-Pisa.

La CICIG comparó esta costumbre de “agradar al jefe”, con algunas prácticas dentro del crimen organizado donde los miembros agasajan al líder de la mafia para asegurar su permanencia y agradecer por los negocios que se les permiten hacer. Así que a OPM, el Presidente y fundador del partido, no le podían regalar cualquier cosa.

En 2012 le regalaron una lancha Yamaha de Q1 millón.

En 2013 una casa de playa y tres cuatri-motos que sumaban Q7.5 millones.

En 2014 un helicóptero Bell último modelo de Q24 millones (US$3 millones).

Hubo un cuarto regalo, fue para el cumpleaños de Baldetti en 2014. Esta vez la coooperacha fue organizada por Pérez Molina para poder juntar los Q.3.5 millones que costaba la casa en Roatán, Honduras, que regalarían a la vicemandataria.

En 2015 ya no hubo regalos. Baldetti que cumplía años el 13 de mayo, pero tuvo que dimitir cinco días antes por el escándalo de La Línea.

Pero, ¿en dónde está el delito?

Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y los seis funcionarios están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero. Como señaló la fiscal Thelma Aldana, el punto principal de las pesquisas es por qué intentaron ocultar el origen y el destino de los fondos.

Las entregas de dinero las hicieron en efectivo, incluso transportándolo en cajas o bolsas. Otras veces el dinero se movió a través de empresas de cartón de Jhonatan Chévez, “el mago”, encargado de lavar la fortuna de Baldetti.

En los caso de los ministros de Defensa y de López Bonilla, sus aportes cercanos a los Q4 millones no correspondían con la realidad financiera que presentaban en su declaración de probidad. Es decir, estaban recibiendo recursos de actividades no declaradas.

Mientras tanto aunque la realidad financiera de Sinibaldi, Archila y Juan de Dios Rodríguez sí les permitía hacer tales desembolsos. Pero lo que alertó a las autoridades fue el uso de empresas de cartón para esconder el origen y destino de los recursos. Un movimiento propio del lavado de capitales.

López Bonilla y sus comisiones pendientes

La CICIG aprovechó para vincular a López Bonilla en otro caso. Esta vez se trata del contrato para la seguridad del Registro Nacional de las Personas (RENAP), que alcanzó los Q53 millones.

Según lo denunciado, Miguel Ángel Martínez, entonces subsecretario de la seguridad presidencial (SAAS) y propietario de la empresa de seguridad Grupo Escorpión, consiguió participar en la licitación del RENAP a través de Super Control 24.

López Bonilla tenía un asiento en el directorio del RENAP y por ello Juan Carlos Monzón le pidió que votara a favor de otorgar el contrato a Super Control 24. A cambio de ello Miguel Ángel Martínez y Grupo Escorpión le pasaría cada mes una comisión de Q80 mil.

El caso deja en evidencia el origen de algunos roces dentro del gabinete. No era por la forma en que se ejecutaba tal programa sino porque las comisiones no llegaban a quien tenían que llegar. Según las declaraciones de Juan Carlos Monzón, Miguel Ángel Martínez entregaba cada mes a Baldetti su comisión y la de López Bonilla.

Baldetti nunca se las dio porque el entonces ministro le tenía pendiente su parte por “los varios proyectos que tenían juntos en el Ministerio de Gobernación”.

Y el tsunami continuará

En la conferencia de prensa del sábado 11 de junio, el comisionado Iván Velásquez dejó claro que aún está pendiente investigar a fondo de dónde provino el dinero que se usó en #LaCooperacha. El caso, como ha sucedido desde que salió a luz La Línea, podría ser el comienzo de más procesos.

El “pez gordo” parece ser López Bonilla dado que las autoridades adelantaron que se le investiga por otros casos además de la cooperacha y del contrato por la seguridad del RENAP.

Entre ellos podrían estar:

Su relación con el narcotraficante Jairo Orellana, quien habría financiado al PP y a cambio consiguió una celda lujosa en Matamoros e incluso, que le llevaran a un capo rival al que le propinó una golpiza.

Los Q10.2 millones que la PNC gastó en servicios que nunca se pudieron comprobar favoreciendo a una red de empresas vinculadas al entonces subdirector Héctor Rodríguez Heredia.

La compra sobrevalorada de cámaras a la empresa del ex vice presidenciable de la UNE, Mario Leal, concesionada a la telefónica Tigo. Según la Contraloría esta sobrevaloración alcanzó los Q.180 millones en las cámaras.

Por otra parte, se dilucidará si hubo un grado de participación de parte de Alejandro Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado. Esto, porque él era uno de los recaudadores de fondos en las campañas de 2007 y 2011 y porque gran parte de los sobornos y cobros de comisiones a cambio de facilitar pagos estaban relacionados con la cartera que él dirigió, el Ministerio de Comunicaciones.

También falta por saberse los detalles de algunas relaciones entre los miembros de este círculo.

Por ejemplo, el porqué del viaje en agosto de 2015 de los exministros López Bonilla y López Ambrocio rumbo a Punta Cana, República Dominicana, o el por qué Sinibaldi y familiares de Archila utilizaron una offshore en Panamá para la compraventa de Imágenes Urbanas.

#LaCooperacha explicada en 5 minutos (a Sinibaldi y cualquiera)