Jueza Ana Leticia Peña Liberó A Militar Acusado Del Asesinato Del Profesor Adolfo Ich Chamán

Por: Prensa Comunitaria – Abril 6 2017, Nelton Rivera.

Jueves 6 de abril 2017. Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente del departamento de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala liberó de los cargos esta mañana al Teniente Coronel Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. –CGN- acusado del asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán el 27 de septiembre de 2009.

Maynor Padilla Gonzales fue sindicado por el Ministerio Público -MP- por los delitos de: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chamán.

También son querellantes Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG dentro de este proceso penal 796-2009. Para Angélica Choc, German Chub y las mujeres de la comunidad Lote 8 ha sido sumamente peligroso impulsar este proceso penal y luchar porque se haga justicia, en un contexto de impunidad y violencia, amenazas y atentados.

El profesor Adolfo Ich Chamán es una autoridad comunitaria reconocida por el pueblo maya Q’eqchí en Izabal, como líder comunitario promovió la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos que fueron violentados por el proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Guatemala. Esto motivo la respuesta represiva de la seguridad de la empresa, al frente de esta el militar Maynor Rolando Padilla González, responsable del asesinato del profesor Adolfo Ich y del atentando en contra de los otros comunitarios.

http://www.prensacomunitaria.org/jueza-ana-leticia-pena-libero-a-militar-acusado-del-asesinato-del-profesor-adolfo-ich-chaman/

Santa Eulalia A Diez Años De La Consulta Comunitaria

Por: Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera, Prensa Comunitaria

La libertad de expresión fue una de las libertades reclamadas por la población santaeulalense maya Q´anjob´al el 29 de agosto 2006 al momento de elegir entre la vida y la muerte a través del mecanismo de la consulta comunitaria de buena fe sobre la exploración y explotación minera y de los demás bienes naturales.

Esa fecha trascendental marcó un antes y un después en la organización y movilización comunitaria del municipio de Santa Eulalia y de la región norte de Huehuetenango; apegados a los derechos que establecen instrumentos nacionales e internacionales se organizaron las consultas en los pueblos Q´anjob´alanos (Q´anjob´al, Chuj, Akateko) en los meses posteriores poniendo en el centro de elección el derecho a vivir y el derecho a defender la madre naturaleza a través  de las asambleas comunitarias como mecanismo ancestral de movilización de los pueblos convocados en nombre de la consulta comunitaria que daría viabilidad y legitimidad jurídica ante las instancias correspondientes.

El horizonte planteado a partir de la consulta es la constancia, permanencia y perseverancia en la lucha de la defensa de la madre naturaleza Ko txutx yib´an q´inal. Esta lucha iniciada hace diez años hoy está dando sus frutos en la conciencia crítica de la población respecto a proyectos que se plantean desarrollarse en la región norte de Huehuetenango.

La Consulta Comunitaria de buena fe o la consulta municipal de vecinos se convirtieron desde el año 2005 en los ejercicios plenos de la democracia representativa de los pueblos, mayas, mestizos y xincas, la consulta es el ejemplo exacto del ejercicio democrático de los pueblos en este país.

El proceso que inició en el 2004 cosechándose en el 2006, como estrategia de sensibilización e información sobre los efectos de la exploración y explotación de la minería de metales a cielo abierto, y el cuidado de los ríos sirvió para entablar otros procesos políticos como fiscalización pública en el municipio de Santa Eulalia.

El mecanismo de la consulta es una práctica democrática y ancestral de los pueblos y el que se realizó en Santa Eulalia se amarró desde el Código Municipal, la ley de Descentralización, la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT ratificado por Guatemala diez años antes del 29 de agosto 2006 y toda la normativa en materia de Derechos Humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los diez años que han pasado los podemos ahora evaluar  de manera crítica desde los errores que hubo claro, pero que se han sabido enmendar el camino. La participación y apropiación de las comunidades del proceso evidenció en la asistencia de más de 19 mil personas, marcado por un 99 por ciento de rechazo a los proyectos extractivos. Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se evidenció la libre elección de cada uno y una con información previa.

Sin embargo, el Estado guatemalteca y los gobiernos de turno se siguen resistiendo a reconocer el carácter vinculante de las consultas, irrespetando los resultados de la consulta, en el caso del municipio de Santa Eulalia se requiere pretenden imponer una hidroeléctrica vinculada un grupo empresarial de la familia Leal, por si fuera poco pretenden empresarios y funcionarios públicos imponer de forma violenta una serie de hidroeléctricas en toda la región. Desde que apareció la empresa CINCO M con el proyecto Hidro San Luis ha roto el tejido social y comunitario.

Los asesinatos de Mateo Alonzo (2007) y Daniel Pedro Mateo (2013) junto a la prisión política sufrida recientemente por Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo; autoridades ancestrales y las ordenes de aprensión aún vigentes en contra de mujeres y hombres que representan al pueblo Q’anjob’al son el claro ejemplo de la criminalización desmedida.

Por si fuera poco, las empresas lograron la cooptación de varias personas que desde el poder municipal durante el periodo 2011-2015 apoyaron y facilitaron la estrategia de las empresas, incluso el cierre ilegal y arbitrario de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ por un año fue el resultado de la criminalización y persecución de la radio como instrumento de la expresión de las comunidades.

Frente a la censura, la organización comunitaria respondió con la consolidación de varios equipos de comunicación e información que han logrado romper el cerco mediático en varios momentos importantes y finalmente la reapertura de la radio comunitaria.

No cabe duda que la movilización comunitaria ha ido madurando a lo largo de estos diez años, pero que es una lucha de muchas décadas atrás, los retos no son fáciles, defender la vida frente a la barbarie será una tarea de todos los pueblos de este país.

Santa Eulalia a diez años de la consulta comunitaria

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

El nombramiento reciente de Gladys Anabella Morfin Mansilla como Procuradora General de la Nación, trajo a colación un proyecto minero de gran envergadura que se encuentra “dormido” a la espera de millonarias inversiones. Se trata del proyecto Río Negro, con licencias mineras que abarcan los municipios de Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. Una incesante serie de transacciones ocurridas desde 2004 hasta la fecha, parece estar preparando el terreno para la explotación de uno de los proyectos mineros de níquel más grande de Guatemala.

Por Luis Solano/CMI-G 5 Jun, 2016

Captura de pantalla de 2016-06-05 10:18:50

De los orígenes recientes

En 2004 fue inscrita en el Registro Mercantil la empresa Corponíquel, S.A., por medio del Bufete Profesional, dirigido por la hoy Procuradora General de la Nación, Gladys Annabella Morfin Mansilla.

Ese mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mostró en su base de datos que Morfin Mansilla era la titular de la licencia minera LEXR-706 (exploración), denominada Río Negro II, que forma parte del proyecto minero de níquel, oro y plata conocido como Río Negro, localizado entre Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. El proyecto es explorado desde 1957, y se encuentra contiguo a los embalses del proyecto hidroeléctrico Chixoy y de las comunidades masacradas a principios de la década de 1980, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2006, el MEM otorgó esa licencia a Corponíquel, S.A.. Previamente, en 2004, Corponíquel fue adquirida por la minera canadiense Icon Industries Ltd., la cual fundó otra subsidiaria: Río Nickel, S.A., a la cual se le trasladó el proyecto de Río Negro II. En 2007, Corponíquel y sus licencias de Río Negro fueron adquiridas por la canadiense Nichromet Extraction la cual inscribió a su subsidiaria Nichromet Guatemala, S.A. y mantuvo a la vez a Río Nickel, S.A..

A partir de esos años, Nichromet Guatemala obtuvo varias licencias mineras en todo el cinturón que recorre desde Baja Verapaz hasta la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. La obtención de tantas licencias mineras sólo se explica por los antecedentes del representante legal de Nichromet Guatemala, Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi.

Gerente general de Nichromet Guatemala desde 2009, Gálvez Sinibaldi ocupó el puesto de director general de Minería entre enero de 2005 y enero de 2008, y el puesto de director general de Hidrocarburos, entre enero y marzo de 2008, como subalterno de Carlos Meany en el Ministerio de Energía y Minas de Álvaro Colom y la UNE. Durante el gobierno de Pérez Molina, ejerció el cargo de Viceministro de la cartera de Energía y Minas.

Buscando capitales

Nichromet Guatemala, como subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., nunca ha explotado los minerales de las licencias. Desde su creación ha pasado por diversas manos de mineras o fondos de inversión de Canadá, a la espera de una gran inversión para la explotación de níquel. En 2007, por ejemplo, fue adquirida por Foundation Resources de Canadá. La minera también logró un acuerdo con la brasileña Compahia Vale Do Rio Doce (CVRD), la minera más grande del mundo en producción de hierro, para operar las licencias de Nichromet Guatemala.

El principal socio de Nichromet Extraction fue la financiera canadiense Seed Capital Inc., la cual también poseyó la minera Guatemala Copper S.A. que tuvo licencias en Huehuetenango y Chiquimula, y que a la vez era subsidiaria de la minera canadiense Creso Resources. Nichromet Guatemala tiene como asesores legales al Bufete Menéndez, donde destacó el ex ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park (gobierno de Jorge Serrano Elías) y ya fallecido, integrante del bufete centroamericano Lexincorp.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper son el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén y el canadiense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso Resources y de Nichromet Guatemala. Galicia Guillén ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) durante el gobierno de Óscar Berger, y tiene una solicitud de una licencia minera en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, para cobre, níquel y otros minerales.

Los representantes legales de Guatemala Copper S.A. pertenecen al bufete de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos clientes se encuentran las mineras Aurogin Resources (Castle Gold), Intrepid Minerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miembros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente aéreo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier fue Presidente. Gauthier, además, es Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital, que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su subsidiaria Nichromet Guatemala, concentradas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz.

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en la minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Jaguar Nickel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala operó luego bajo el nombre de Mayaníquel S.A., nombre actual y con licencias de explotación de níquel en Alta Verapaz e Izabal para exploración de níquel, subsidiaria de la holandesa Cunico Resources que también posee la subsidiaria Guaxilán, S.A., que explota níquel en licencias en la zona limítrofe de Zacapa e Izabal.

Preparando el terreno

En una serie de giros inversionistas, Nichromet Extraction cambió de nombre a finales de 2013, denominándose ahora Dundee Sustainable Technologies Inc., convirtiéndose en subsidiaria de la canadiense Dundee Corporation.

En octubre de 2015, Pierre Gauthier vendió el 100% de las acciones de Nichromet Guatemala a la canadiense Central America Nickel Inc. (CAN), convirtiéndose en propietaria de Nichromet Guatemala y Río Nickel, y haciendo a Gauthier presidente de CAN.

En enero de 2016, la canadiense CVMR Corporation (CVMR) y CAN anunciaron una alianza inversionista para explorar y explotar el proyecto Río Negro. En la base de datos del MEM más reciente, ya no aparece la licencia Río Negro II, la cual cambió de nombre bajo dos licencias Los Cimientos LEXR-047-06 y Chimiagua LEXR-069-08, cuyo titular es Nichromet Guatemala. Una solicitud de licencia de exploración aparece a nombre de Río Nickel, S.A., conocida como Río Nickel SEXR-035-07, que es parte del proyecto Río Negro.

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

#LaCooperacha explicada en 5 minutos (a Sinibaldi y cualquiera)

POR / 13 junio, 2016/ NOMADA

El exministro Alejandro Sinibaldi dijo en un comunicado que no se presentará a la justicia (continuará prófugo) porque esto es un circo basado sólo en el testimonio de un colaborador eficaz. Pero no. Hay más. Como con todas las declaraciones del exsecretario privado de la Vicepresidencia y cajero del cártel del PP, el MP y la CICIG las ha sustentado con facturas, transacciones bancarias y otras evidencias. Nómada las explica (para el exministro y para los lectores).

Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla están al frente de una imagen del precandidato Alejandro Sinibaldi. Los delató quien está en segunda fila, Juan Carlos Monzón.

Un papel encontrando durante los allanamientos del caso La Línea ahora sirve para armar el golpe más reciente. #LaCooperacha involucra a los únicos tres pesos pesados del Partido Patriota que no habían sido alcanzados por la justicia: Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla y Erick Archila. Y esto es apenas el comienzo de las investigaciones en contra de ellos.

El tsunami de 2016 tuvo su epicentro en el caso La Línea de 2015. Desde aquel primer caso en contra de gobierno-cártel de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cada investigación ha terminado por develar nuevos casos de corrupción.

Fue en agosto de 2015 cuando allanando las oficinas de Salvador González, alias “Eco”. Se encontró un papel que, bajo el título “cooperacha”, daba cuentas de los aportes de cinco funcionarios para regalarle un helicóptero a Pérez Molina. En aquel momento el tándem MP-CICIG aseguró que la sola existencia del papel no era suficiente para tipificar un delito. Ahora ya existen las pruebas suficientes para armar el caso.

Celebrando a los cumpleañeros

Nadie tenía más cercanía con Otto Pérez Molina y quizás nadie lo conocía mejor que Roxana Baldetti, su mancuerna desde que a finales de los años 90 se reconciliaron después de desaveniencias en el gobierno de Jorge Serrano (1992-1993) y fundaron el partido del puño derecho en 2001. Fue ella la que, según las investigaciones de MP-CICIG, durante tres años tomó la iniciativa de decidir qué se le iba a regalar al presidente y cuánto había que poner.

El que pasaba la gorra, el que iba de despacho en despacho recogiendo los aportes era el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

Los que ponían el dinero eran los miembros del círculo más cercano al mandatario.

Un grupo era el de los amigos militares del presidente:

1. Mauricio López Bonilla, un viejo amigo, quien le coordinó la campaña de 2011 y a quien le encomendó el Ministerio de Gobernación.

2. Juan de Dios Rodríguez, subalterno de Pérez Molina en la división de inteligencia, G-2, quien lo salvó en el caso de los Q82 millones desaparecidos del Congreso, MDF, y a quien le entregó primero la Secretaria Privada y luego la presidencia del Seguro Social.

3. Completaban este círculo sus dos ministros de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrocio.


En el otro estaban dos hombres importantes para sus finanzas.

1. Alejandro Sinibaldi, el tercero al mando del partido, encargado de las finanzas de la organización. Ministro de Comunicaciones y aspirante a sucederlo en la Presidencia.

2. Erick Archila, el Ministro de Energía y Minas que llegó al cargo luego de que una de las empresas que su familia compró a Sinibaldi, Imágenes Urbanas, fuera la mayor financista de la campaña del Patriota en 2011, según lo reportado ante el TSE.

Todos eran tan cercanos que estuvieron en sus puestos hasta que el barco patriota se empezó a hundir. En enero y mayo de 2015, Archila y Sinibaldi renunciaron; a López Bonilla, Anzueto y López Ambrocio les pidieron su renuncia y Juan de Dios Rodríguez fue capturado por el caso IGSS-Pisa.

La CICIG comparó esta costumbre de “agradar al jefe”, con algunas prácticas dentro del crimen organizado donde los miembros agasajan al líder de la mafia para asegurar su permanencia y agradecer por los negocios que se les permiten hacer. Así que a OPM, el Presidente y fundador del partido, no le podían regalar cualquier cosa.

En 2012 le regalaron una lancha Yamaha de Q1 millón.

En 2013 una casa de playa y tres cuatri-motos que sumaban Q7.5 millones.

En 2014 un helicóptero Bell último modelo de Q24 millones (US$3 millones).

Hubo un cuarto regalo, fue para el cumpleaños de Baldetti en 2014. Esta vez la coooperacha fue organizada por Pérez Molina para poder juntar los Q.3.5 millones que costaba la casa en Roatán, Honduras, que regalarían a la vicemandataria.

En 2015 ya no hubo regalos. Baldetti que cumplía años el 13 de mayo, pero tuvo que dimitir cinco días antes por el escándalo de La Línea.

Pero, ¿en dónde está el delito?

Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y los seis funcionarios están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero. Como señaló la fiscal Thelma Aldana, el punto principal de las pesquisas es por qué intentaron ocultar el origen y el destino de los fondos.

Las entregas de dinero las hicieron en efectivo, incluso transportándolo en cajas o bolsas. Otras veces el dinero se movió a través de empresas de cartón de Jhonatan Chévez, “el mago”, encargado de lavar la fortuna de Baldetti.

En los caso de los ministros de Defensa y de López Bonilla, sus aportes cercanos a los Q4 millones no correspondían con la realidad financiera que presentaban en su declaración de probidad. Es decir, estaban recibiendo recursos de actividades no declaradas.

Mientras tanto aunque la realidad financiera de Sinibaldi, Archila y Juan de Dios Rodríguez sí les permitía hacer tales desembolsos. Pero lo que alertó a las autoridades fue el uso de empresas de cartón para esconder el origen y destino de los recursos. Un movimiento propio del lavado de capitales.

López Bonilla y sus comisiones pendientes

La CICIG aprovechó para vincular a López Bonilla en otro caso. Esta vez se trata del contrato para la seguridad del Registro Nacional de las Personas (RENAP), que alcanzó los Q53 millones.

Según lo denunciado, Miguel Ángel Martínez, entonces subsecretario de la seguridad presidencial (SAAS) y propietario de la empresa de seguridad Grupo Escorpión, consiguió participar en la licitación del RENAP a través de Super Control 24.

López Bonilla tenía un asiento en el directorio del RENAP y por ello Juan Carlos Monzón le pidió que votara a favor de otorgar el contrato a Super Control 24. A cambio de ello Miguel Ángel Martínez y Grupo Escorpión le pasaría cada mes una comisión de Q80 mil.

El caso deja en evidencia el origen de algunos roces dentro del gabinete. No era por la forma en que se ejecutaba tal programa sino porque las comisiones no llegaban a quien tenían que llegar. Según las declaraciones de Juan Carlos Monzón, Miguel Ángel Martínez entregaba cada mes a Baldetti su comisión y la de López Bonilla.

Baldetti nunca se las dio porque el entonces ministro le tenía pendiente su parte por “los varios proyectos que tenían juntos en el Ministerio de Gobernación”.

Y el tsunami continuará

En la conferencia de prensa del sábado 11 de junio, el comisionado Iván Velásquez dejó claro que aún está pendiente investigar a fondo de dónde provino el dinero que se usó en #LaCooperacha. El caso, como ha sucedido desde que salió a luz La Línea, podría ser el comienzo de más procesos.

El “pez gordo” parece ser López Bonilla dado que las autoridades adelantaron que se le investiga por otros casos además de la cooperacha y del contrato por la seguridad del RENAP.

Entre ellos podrían estar:

Su relación con el narcotraficante Jairo Orellana, quien habría financiado al PP y a cambio consiguió una celda lujosa en Matamoros e incluso, que le llevaran a un capo rival al que le propinó una golpiza.

Los Q10.2 millones que la PNC gastó en servicios que nunca se pudieron comprobar favoreciendo a una red de empresas vinculadas al entonces subdirector Héctor Rodríguez Heredia.

La compra sobrevalorada de cámaras a la empresa del ex vice presidenciable de la UNE, Mario Leal, concesionada a la telefónica Tigo. Según la Contraloría esta sobrevaloración alcanzó los Q.180 millones en las cámaras.

Por otra parte, se dilucidará si hubo un grado de participación de parte de Alejandro Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado. Esto, porque él era uno de los recaudadores de fondos en las campañas de 2007 y 2011 y porque gran parte de los sobornos y cobros de comisiones a cambio de facilitar pagos estaban relacionados con la cartera que él dirigió, el Ministerio de Comunicaciones.

También falta por saberse los detalles de algunas relaciones entre los miembros de este círculo.

Por ejemplo, el porqué del viaje en agosto de 2015 de los exministros López Bonilla y López Ambrocio rumbo a Punta Cana, República Dominicana, o el por qué Sinibaldi y familiares de Archila utilizaron una offshore en Panamá para la compraventa de Imágenes Urbanas.

#LaCooperacha explicada en 5 minutos (a Sinibaldi y cualquiera)

El Zapote Lote 8: personeros de compañía de níquel provocan incendios

En entrevista con los comunitarios el 30 de Mayo, miembros de la comunidad denunciaron un incendio que  afectó aproximadamente 30 manzanas y  lo realizó un grupo de personas que antes ya habían causado incendios, destruyeron siembras y  robaron bienes. Según Acta No. 06-2016 de la comunidad, estos vecinos están unidos con la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN-PRONICO. Están causando estos percances a la comunidad como una forma de desestabilización, para  que de esta manera sedan y dejen la lucha por la tierra.

La población q´eqchi´  esperaba que las lluvias apagaran el incendio, sin embargo no cayeron, lo que provocó que la temperatura se elevaran. Las causas de las altas temperaturas y el fuego provocó que se perdieran diferentes frutos como el  aguacate, mandarina, naranja y plátano.

Esta comunidad pide que se investiguen estos hechos, ya que ellos viven tranquilos y su caso lleva un proceso de regularización en las instituciones del estado de Guatemala.

https://comunitariapress.wordpress.com/2016/06/02/el-zapote-lote-8-personeros-de-compania-de-niquel-provocan-incendios/

Mynor Padilla, Hudbay Mineral’s Former Head of Security, Is Provided With Police “Security Detail” For Safety

(Mining Impunity Delegation, May 18, 2016, Alert #4)

A Guatemalan Judge ordered today (May 18, 2016) that a police security detail be provided for Mynor Padilla, Canadian-owned Hudbay Mineral’s former head of security who is on trial for the September 27, 2009 murder of Mayan Q’eqchi’ community leader Adolfo Ich and the shooting-paralyzing of German Chub, a young community member.

Yes, that is correct.

Padilla – in jail without bail because he was a fugitive from justice for three years after the crimes – and his lawyers (Carlos Rafael Pellecer Lopez, Frank Manuel Trujillo Aldana, David Antonio Barrientos) convinced Judge Ana Leticia Peña Ayala that Padilla’s personal security was at risk because he was “harassed” by people when entering the Puerto Barrios court house on May 17, 2016.

The “people” Padilla and his lawyers referred to were members of our Mining Impunity Delegation. As police escorted Padilla into the Puerto Barrios courtroom, at approximately 1:30pm on May 17, we were standing – some with cameras, some with notepads – to one side of the building’s entrance.

At a given point Padilla walked calmly away from his police escorts and directly approached members of our group filming him.

After Padilla entered the court building, we had no further interaction with him. This quiet and calm moment was the “harassment” as determined by Judge Ana Leticia Pena Ayala, which merited provided a detail of 8-9 police to provide security for Padilla.

“It makes me so angry that the Judge concludes that the man who murdered my husband is the one being threatened. His lawyers come to the trial with armed private security guards all the time; the CGN company [formerly owned by Hudbay] has had other armed men who have followed us at different times during the trial; there are police everywhere, always escorting [Padilla]; and we have no weapons at all and no security guards at all, ever … and yet she determines that it is [Padilla] who needs police protection! How can I get justice?” (Angelica Choc, widow of Adolfo Ich)

This judicial order would be amusing, if it were not indicative of how corrupted, manipulated and racist the entire trial has been, a trial which – in many ways – is characteristic of much of Guatemala’s legal system and the application of the rule of law.

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Mynor Padilla is former head of security for Hudbay Minerals [CGN]. He is on trial for the murder of well-known Indigenous rights, community and environmental defender Adolfo Ich and the shooting-paralyzing of German Chub. This repression took place took on September 27, 2009, in the community of La Union, that is next to mining company property on the edge of the town of El Estor.

Starting in 2005, right through to the killing of Adolfo Ich and shooting of German Chub, there were many case of Canadian mining company (Skye Resources, Hudbay Minerals) related repression in the El Estor region. The Mynor Padilla trial is the only case of mining repression in El Estor that is before the Guatemalan courts. Many believe this trial is advancing – stumbling, with numerous irregularities – only because there is an international spotlight on it due to the precedent setting Hudbay Minerals civil lawsuits advancing in Canadian courts (www.chocversushudbay.com).

This trial in Guatemala is completely separate from the Hudbay civil lawsuits in Canada, though some of the issues and incidents overlap. Hudbay has no direct or indirect legal liability in Guatemala for the crimes committed by Padilla and other former security guards, yet Hudbay is intervening directly in the criminal trial proceedings.

In 2015, Hudbay – which is represented by the Fasken Martineau law firm in the civil lawsuits in Canada – contracted John Terry, a senior partner with the Tory’s law firm, to appear in the criminal trial in Guatemala and provide “expert testimony” concerning the civil lawsuits in Canada. Lawyers and human rights activists following the Padilla trial found Terry’s remarks to be misleading in a number of ways. It is also widely rumoured that Hudbay is paying for Padilla’s team of three high profile defense lawyers; Hudbay has not denied this, as far as we know.

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“Wake up. Wake up, humanity. We are out of time.” – Berta Cáceres

http://us9.campaign-archive1.com/?u=ea011209a243050dfb66dff59&id=0273bd0208

Sus-pen-di-da

MARIELOS MONZÓN

El 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió las operaciones del proyecto minero “El Tambor”, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), ubicada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. La resolución se basa en la falta de consulta a las comunidades.

El 5 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) —por unanimidad— rechazó la apelación de la empresa minera y reiteró la suspensión de operaciones de la mina. El secretario general de la CC, Martín Guzmán, señaló que: “Se dejó en suspenso temporal la licencia de exploración y explotación minera y, por ende, se suspenden las operaciones” (PL, 6/5/2016). A pesar de lo anterior, la empresa continúa operando y extrayendo oro y plata, lo cual contraviene las resoluciones de las más altas cortes del país.

La palabra suspensión significa “detención o interrupción del desarrollo de una acción durante un tiempo o indefinidamente”. Comparto la definición por aquello que a los señores propietarios de la minera —y a algunos integrantes de las cámaras empresariales que les apoyan— no les quede claro y por eso sigan operando.

Prueba de lo anterior fue la captura, el 9 de mayo, de cuatro personas —supuestos trabajadores de la minera— a quienes se les decomisó 19 sacos que contenían oro y plata. De acuerdo con un comunicado del MP, las investigaciones y dictámenes técnicos realizados estiman que cada saco estaría valorado en US$100 mil y que: “Los capturados fueron aprehendidos en flagrancia en un sector de San José del Golfo, sindicados del delito de explotación ilegal de recursos naturales” (La Hora, 9/5/2016). Dos días después estas personas fueron liberadas, el juzgado dictó “falta de mérito”.

Hasta hoy, no hay autoridad alguna que haga valer las resoluciones de la CSJ y de la CC. Es más, en el mes de febrero, cuando se dictó la primera resolución, el Departamento jurídico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló que el amparo interpuesto contra la minera no procedía porque “ya se habían vencido los plazos”. Con esta lógica jurídica la minera podía seguir operando y la sentencia de la Corte no debía ser obedecida.

Pero ahora que la CC reafirma lo resuelto por la CSJ tampoco pasa nada. La minera sigue trabajando y ni el MP que está llamado a actuar cuando se está cometiendo un ilícito, ni autoridad alguna reacciona con firmeza para hacer cumplir las sentencias. Hay información que circula de manera no oficial en la que se señala que el día en que se procedería al allanamiento de la minera, la jueza a cargo del caso no quiso autorizar la diligencia y que los policías asignados al operativo fueron retirados por “órdenes superiores”. Habría que confirmar tales extremos.

Lo cierto es que, como casi siempre pasa en este país, cuando se tocan intereses de sectores poderosos, los funcionarios —para decirlo en buen chapín— “se hacen los locos” y/o no se animan a cumplir con su deber.

No hay motivo alguno —incluido el supuesto riesgo para la competitividad— que pueda esgrimirse cuando de hacer cumplir la ley se trata. Las resoluciones de un tribunal se acatan, no se discuten, y esto forma parte también de la certeza jurídica y del marco de gobernabilidad que tanto le preocupa a la Cámara de Industria.

No se vale venir ahora a asustar con el petate del muerto, nadie está hablando del “cierre de cientos de empresas”. De lo que se trata es de una minera que no cumplió con los requisitos que establece la ley para operar y por eso fue sus-pen-di-da.

http://www.prensalibre.com/guatemala/suspendida