En busca del hilo en el laberinto del genocidio

Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica

Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.

Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.

En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.

Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.

Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.

Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.

Lee también: Especial Juicio por genocidio

Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.

Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*

A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.

Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.

Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.

Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.

Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.

Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.

Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.

El hilo más corto

Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.

El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.

“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.

Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.

Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.

Lee también: Dos Erres: El largo camino a la justicia

Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.

El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.

El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.

Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.

Las tijeras sin filo

En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.

Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.

Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.


El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.

De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.

Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.

¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.

Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.

Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.

La luz al final del laberinto

Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.

Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.

Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.

El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.

Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.

https://www.plazapublica.com.gt/content/en-busca-del-hilo-en-el-laberinto-del-genocidio

Anuncios

Creompaz y la Corte Suprema de Esquizofrenia

por Daniel Butler, Plaza Pública 1. 09. 16

La corte dio un giro en u al dar trámite al antejuicio contra el diputado Édgar Ovalle. ¿Por qué?

El diputado Édgar Justino Ovalle es cofundador del partido Frente de Convergencia Nacional y aliado cercano del presidente Jimmy Morales. La Fiscalía de Derechos Humanos lo vincula a delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos entre 1981 y 1983 por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). Pese a que otros ocho exmilitares señalados en el caso Creompaz ya fueron ligados a proceso[1], al solicitársele a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite al proceso de antejuicio, este fue rechazado unánimemente e in limine el 28 de enero de 2016. A juicio de la CSJ, los señalamientos contra Ovalle eran «espurios».

El Ministerio Público impugnó la decisión en la Corte de Constitucionalidad por vía de amparo. El 18 de agosto esta ordenó que la Corte Suprema de Justicia debía fundamentar mejor su resolución[2]. En una vuelta en u, el 29 de agosto la CSJ decidió, de forma unánime, que ahora sí procede el antejuicio. Esto implica que la decisión inicial de la CSJ era insostenible, ya que no podía fundamentarla.

La pregunta es cómo puede la misma corte, con el mismo expediente, con los mismos indicios y con los mismos señalamientos, llegar a una conclusión contraria y, más aún, por unanimidad. ¿Qué cambio hubo entre enero y agosto de 2016 para explicar esta esquizofrenia jurídica?

Mencioné que fue la misma corte en enero y en agosto, pero en realidad creo que no lo era. Cuando se denegó la solicitud de antejuicio en enero de 2016, el magistrado Douglas Charchal aún no había sido señalado en el caso TCQ. En cambio, en este momento se encuentra sin inmunidad y bajo investigación por dicho caso y, pese a sus mejores esfuerzos, no integró la corte que le retiró la inmunidad al diputado Ovalle. El magistrado Charchal había pedido licencia para ausentarse de sus labores hasta el 9 de septiembre, mientras se lo investigaba por el caso TCQ. Sin embargo, días antes de que la corte retomara el caso del antejuicio de Ovalle, Charchal pidió ser reintegrado. Esta petición llegó a la magistrada Silvia Patricia Valdés, presidenta en funciones, ya que el presidente Rojas estaba fuera del país.

La solicitud de Charchal de ser reintegrado en la corte causó polémica en las redes sociales, dado que se interpretó como un intento de beneficiar a Ovalle. Tanto fue el clamor en contra de su solicitud que hizo declaraciones en la prensa a efectos de que se inhibiera de conocer antejuicios o procesos que se relacionen con política, probablemente en referencia al caso de Ovalle. De todas formas, su solicitud de regresar a la corte fue denegada.

Curioso que Charchal entregara su solicitud de ser reintegrado en la corte cuando el presidente Rafael Rojas estaba fuera del país. La presidenta en funciones, la magistrada Valdés, quien recibió su solicitud, fue señalada en marzo de este año por La Hora de estar detrás de un plan para debilitar a la fiscal general. Se la acusa de actuar en contubernio con la magistrada Blanca Stalling. Al filtrarse la noticia del complot a la prensa, se renovó la llamada para que Stalling renunciase a su cargo como magistrada de la Corte Suprema.

Stalling es otro elemento importante para entender el cambio de opinión de la corte. En enero de 2016, la magistrada era presidenta de la Cámara Penal. Sin embargo, cada vez ha sido más tachada de «no idónea» para ocupar el cargo de magistrada y señalada por varios colegas y algunos medios de ser una de las fuerzas «opacas» dentro la CSJ. Es otra magistrada cuya posición dentro de la corte ha sido debilitada escándalo tras escándalo.

Aquí cabe mencionar al honorable magistrado Vladimir, quien también, en el ínterin de las dos decisiones opuestas de la corte, sufrió por un escándalo relacionado con su posible involucramiento en el caso TCQ, que provocó su renuncia en mayo.

El cambio radical en cuanto a la inmunidad de Ovalle también es una respuesta de la corte a la coyuntura actual. Ya ha avanzado bastante el caso Creompaz y se ha vuelto más difícil negar los hechos alrededor de este. Entre enero y agosto ha habido avances importantes en los múltiples casos de corrupción promovidos por la Cicig, que cada vez más desenmascaran y deshacen las telarañas de tratos sucios que han mantenido en el poder a algunas fuerzas oscuras. También estamos viviendo un momento en el que quizá no conviene ser visto como aliado del presidente Jimmy Morales. Puede ser que la misma cercanía al presidente que amparó a Ovalle en enero sea lo que ahora lo debilite, ya que Morales es cada vez más cuestionado por la sociedad y se encuentra implacablemente ridiculizado en los medios por una metida de pata tras otra.

De todas formas, las decisiones de la CSJ no deben ni basarse en cuestiones coyunturales ni depender de la fuerza política relativa de sus integrantes. Solo debería haber un criterio para una resolución judicial: el derecho. Por supuesto aplaudo la decisión de la corte de no promover la impunidad, pero sigo a la espera de una judicatura que resuelva consistentemente conforme a la ley. La independencia judicial verdadera exige que las instituciones hagan justicia sin importar dónde sopla el viento o quién viene a tocarles la puerta.

 

***

[1] De los 11 imputados, 8 fueron ligados a proceso. El MP está impugnando la decisión de no ligar a todos los acusados al proceso por vía de amparo, ya que, según su criterio, fueron excluidos por un excesivo tecnicismo que impide el acceso a la justicia.

[2] Para evitar la duda, la Corte de Constitucionalidad no se pronunció sobre si procede o no el trámite de antejuicio, y ello no era equivalente a una orden a la Corte Suprema de Justicia de resolver de otra forma. Simplemente se le ordenó a esta que volviera a estudiar el expediente y que argumentara las causas del rechazo al requerimiento del antejuicio.

 

 

Comunitarios vuelven a Huehuetenango

por Diario La Hora – Jul 30, 2016

POR CLAUDIA PALACIOS

cpalacios@lahora.com.gt

Siete líderes comunitarios de Huehuetenango regresaron a sus hogares tras casi dos años detenidos por supuestamente incurrir en actos violentos para impedir la instalación de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz.

Hoy, acompañados de miembros de sus comunidades, partieron alrededor de las 6:00 horas de la Plaza de la Constitución, en una caravana.

Al llegar a Los Encuentros, Sololá, las autoridades fueron recibidas por un grupo de personas de dicho lugar, quienes les manifestaron su apoyo.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar, líderes de Santa Eulalia, así como Arturo Pablo Juan Sotero, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro Hernández, Bernardo Ermitaño López Reyes y Maynor Manuel López Barrios, líderes de Santa Cruz Barillas, fueron absueltos la semana pasada por el Tribunal “A” de Mayor Riesgo.

El órgano judicial concluyó que no existió violencia en los hechos indicados por el Ministerio Público, sino al contrario, se dieron procesos de manifestación, organización y diálogo por parte de los acusados.

A criterio del tribunal existió una criminalización de los líderes comunitarios y de sus acciones en la defensa del territorio.

Comunitarios vuelven a Huehuetenango

Huehuetenango: Activistas absueltos reivindican su lucha por el territorio

por Diario La Hora – Jul 28, 2016

POR VIRGINIA CONTRERAS

Los defensores en derechos humanos que estuvieron más de un año en prisión preventiva por la defensa del territorio en Huehuetenango y recientemente fueron liberados, agradecieron a las autoridades por aplicar la justicia en sus respectivos casos e indicaron que le demostraron al pueblo que están en una lucha justa.

Los líderes comunitarios Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Ermitaño López, Mynor López, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, detenidos por defender el territorio y bienes naturales en los municipios de Barillas y Santa Eulalia, en el departamento de Huehuetenango, en conferencia de prensa solicitaron a todas las comunidades a unirse en la lucha de la defensa de la vida.

Los siete presos políticos señalaron que, de acuerdo a su percepción de la justicia en el país, las cárceles están más llenas de injusticias que de justicia debido a que a su criterio los fiscales del Ministerio Público (MP) no están facultados para presentar pruebas fehacientes en casos contra autoridades ancestrales, puesto que se comprobó en el juicio que los delitos que les imputaron fueron falsos y su detención ilegal e injusta.

Los delitos iban de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal.

Detallaron que lucharon por una causa justa, defender la naturaleza y el agua, ya que a muchas personas les ha constado que hay una gran contaminación en los ríos como La Pasión, Madre Vieja y otros.

“Si en estos días las grandes guerras se dan por el petróleo, de aquí a 15 o 20 años las grandes guerras serán por el agua”, señaló Ermitaño López.

Añadió que esta fue la primera vez en que varias personas son liberadas en un Juzgado de Alto Riesgo, en donde se logró demostrar que algunas empresas los criminalizaron.

“Para nosotros es una gran satisfacción estar en libertad y poderle demostrar a nuestro pueblo, nuestras comunidades y al país entero que fuimos criminalizados, pero también demostramos que podemos seguir luchando cuando hay unidad”, dijo.

Por su parte Adalberto Villatoro hizo el llamado al Gobierno para que tome conciencia dado a que en el municipio de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, existen nueve hidroeléctricas, y a su criterio se debería de crear una sola para subsanar la escasez de energía eléctrica.

Destacó que el 70 por ciento de la energía que se produce en el país es lo aprovechable, y de un 30 por ciento no se tiene conocimiento de su uso.

Los activistas aseguraron que se tiene conocimiento que más de 60 personas de Huehuetenango tienen orden de captura por defender la vida.

 

Huehuetenango: Activistas absueltos reivindican su lucha por el territorio

Semuc Champey es retomado por autoridades

Las fuerzas de seguridad retomaron el control del sitio turístico Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz, durante la madrugada de este martes.

Por Eduardo Sam Chun / Lanquín

05 de Julio de 2016 a las 07:32h

El informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que luego de que pobladores se opusieran a ser desalojados, fueron enviados al lugar más elementos de las fuerzas policiales, y lograron cumplir con la orden emitida recientemente por un juzgado.

El operativo de desalojo fue coordinado por el Ministerio Público (MP) y apoyado por el Ejército; y aunque durante el lunes último persistió la resistencia de los pobladores, fue durante la madrugada de este martes cuando las fuerzas de seguridad lograron entrar al sitio turístico y tomar el control.

Agentes heridos

Se informó que tres agentes de la PNC resultaron heridos de bala durante el operativo efectuado, por lo que tuvieron que ser atendidos por socorristas.

  • Israel Barrios de León.
  • Jacinto Pérez
  • Walter Cuc Tut

Conflicto

El 14 de septiembre del 2015, al menos mil pobladores tomaron el sitio turístico Semuc Champey, como medida de protesta pues aseguraban que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) no les había pagado el 30 por ciento de los ingresos que pertenecen a las comunidades.

El 19 de diciembre de ese año, un grupo de al menos 300 pobladores de nuevo tomaron las instalaciones, expulsaron a la PNC y al Conap.

El 8 de febrero último, unos 150 pobladores tomaron la sede municipal de Lanquín y en su interior a la alcaldesa Irlanda Pop Coy, para exigir que se les otorgue la administración del Monumento Nacional. Desde ese día los pobladores mantienen el control total del sitio.

Además, el 11 de febrero de este año, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) advirtió a turistas nacionales y extranjeros sobre el riesgo de visitar el sitio turístico, debido a la conflictividad social en el área.

Video

El 13 de mayo último, el canal de Youtube RoofFilms publicó un video en el que se muestran las bellezas naturales del parque Semuc Champey y las aventuras que disfrutan sus visitantes.

Recomendación

El Programa de Asistencia al Turista (Proatur) del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicó el lunes último un boletín informativo dirigido a turistas que tenían previsto visitar Semuc Champey, a quienes recomendó abstenerse de hacerlo hasta nuevo aviso.

 

 

Otra brasa en manos de Yassmín Barrios

 Por Daniel Villatoro García-9 06 16-Plaza Publica

El 27 de julio iniciará el juicio en contra de ocho militares por la desaparición forzada y asesinato de 558 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en la Zona Militar 21 de Cobán. Entre ellos está el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García. Atenderá el caso un tribunal integrado por Herbie Sical, Yassmín Barrios, Patricia Bustamante, ambas participantes en el juicio por genocidio.

La voz de la jueza Claudette Domínguez se oyó contundente. Los indicios aportados por el Ministerio Público, dijo, son suficientes para presumir que el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, cometió delito de deberes contra la humanidad y desaparición forzada, entre el 16 de agosto de 1981 y el 22 de marzo de 1982, cuando se desempeñó como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. La acusación dice que los militares a su mando son responsables de las desapariciones, secuestros, asesinatos, torturas y demás vejámenes sufridos durante ese período por al menos 558 personas (entre ellas 90 niños). Por ello, expuso Domínguez, titular del Juzgado C de Mayor Riesgo, procede que Lucas García, junto a otros siete altos oficiales, enfrenten juicio oral y público por los crímenes cometidos en las instalaciones de la antigua Zona Militar 21 de la ciudad de Cobán. Allí funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas (Creompaz).

Impávidos, los ocho militares, todos canosos y de rostro cansado, escucharon atentos la resolución que la jueza Domínguez fue leyendo de manera pausada durante casi dos horas, en la que expuso los hechos, las pruebas y los delitos que la Fiscalía presentó en contra de cada uno de los señalados, y la lectura que ella hizo de éstos y de los argumentos presentados por los abogados defensores, para basar su decisión. Los ocho antiguos oficiales comparecerán dentro de un mes ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, la misma que en mayo de 2013 declaró culpable de genocidio al expresidente de facto José Efraín Ríos Montt, y lo sentenció a 80 años de prisión, para responder por los crimines de guerra de que son acusados.

Los ocho antiguos oficiales comparecerán dentro de un mes ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, la misma que en mayo de 2013 declaró culpable de genocidio al expresidente de facto José Efraín Ríos Montt, y lo sentenció a 80 años de prisión, para responder por los crimines de guerra de que son acusados.

Los únicos que sonrieron al escuchar el fallo de la jueza fueron los exoficiales de inteligencia Ismael Segura Abularach y Gustavo Alonzo Rosales García. Domínguez señaló incongruencias en las fechas y nombres del caso que la Fiscalía presentó en contra de estos militares. Junto a Lucas García, ambos fueron acusados de la desaparición forzada de Felipe Cal López, supuestamente ejecutado por militares el 4 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Sus restos fueron hallados en 2012 dentro de una fosa clandestina junto a otras 36 osamentas humanas, dentro de la Zona Militar 21. La Jueza clausuró de forma provisional la causa en contra de Segura y Rosales, y los dejó en libertad. Sobreseyó esa acusación en particular en contra de Lucas García.

Pero Manuel Benedicto —hermano y mano derecha del presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), fallecido en Venezuela en 2006 sin haber respondido ante la justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su mandato— no se libró de los otros señalamientos que pesan en su contra.

El Ministerio Público lo acusa de haber diseñado una estrategia contrainsurgente de exterminio con base en la cual los oficiales y soldados bajo su mando cometieron esos crímenes. También de haber conocido y permitido que la Zona Militar 21 “Antonio José de Irisarri”, ubicada en la aldea Chicoyogüito del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se convirtiera en un centro de detención, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y entierros clandestinos. Así como de su directa participación en la desaparición forzada de 14 personas, cuyos cadáveres fueron hallados en ese lugar. La jueza Domínguez cree que existen suficientes evidencias de su responsabilidad, y por eso ordenó juicio oral en su contra.

La jueza encontró incongruencias y contradicciones en algunos de los puntos de las acusaciones presentadas por la Unidad de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno del Ministerio Público (MP) en contra de los militares, por lo que decidió dejarlas fuera del proceso. Por ejemplo, no encontró sustento en la acusación de los 129 casos de desaparición forzada en contra del antiguo oficial de Inteligencia Militar César Augusto Cabrera Mejía, por lo que ordenó procesarlo por 22 de estos.

La fiscal Hilda Pineda, encargada de presentar las acusaciones, aseguró que en los 20.880 folios que contiene el expediente, se documentó con análisis científicos forenses la identidad de las 565 víctimas cuyos restos fueron encontrados en las fosas clandestinas de la Zona Militar 21, por lo que consideró “improcedente” la decisión de la jueza de reducir los casos de que se le señala a Cabrera Mejía. En los próximos días, anunció, impugnará esa parte del fallo del Juzgado, así como la medida que benefició a los exoficiales Segura y Rosales. Aura Elena Farfán, directiva de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), y querellante adhesiva del caso, tampoco comparte la decisión del juzgado. En esta fase procesal, indicó, la jueza no debió discernir sobre los medios de investigación. No obstante, la activista se manifestó satisfecha por el fallo de fondo.

Dieciséis años después

A partir de una denuncia recibida en Famdegua en el año 2000, Farfán empezó una larga lucha por buscar los restos de cientos de desaparecidos dentro de instalaciones militares, la cual vio luz en enero de este año, cuando 14 oficiales del Ejército en situación de retiro fueron capturados por las fuerzas de seguridad a petición de la Fiscalía. Todos los detenidos estuvieron asignados en la Zona Militar 21 entre 1981 y 1988, período durante el cual cientos de campesinos e indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados por el Ejército y sus cadáveres enterrados en fosas clandestinas en ese instalación castrense. Entre los militares retirados sospechosos de haber participado en esos hechos, también se encuentra Edgar Justino Ovalle, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La Fiscalía solicitó el retiro de su inmunidad para ser procesado junto con los otros oficiales, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición.

“Posiblemente con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas, de estas 558 osamentas humanas se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas osamentas humanas, 97 han sido identificadas por ADN. Eso significa que tenemos 97 víctimas en este caso”, dijo la fiscal general Thelma Aldana, en una conferencia de prensa el 6 de enero pasado, al informar sobre la captura de los militares.

Por errores de la Fiscalía en la imputación de los cargos, la jueza Domínguez liberó el 18 de enero a los coroneles Carlos Humberto Rodríguez, Edgar Rolando Hernández y Pablo Roberto Saucedo Mérida. Dos semanas después, fue separado provisionalmente del caso Luis Alberto Paredes Nájera, mientras el Instituto de Ciencias Forenses determina si, como argumentan sus abogados, no goza de facultades mentales para ser procesado.

El caso conocido como Creompaz recoge lo sucedido en 88 diferentes eventos de violencia ocurridos en entre 1981 y 1988 en departamento de Alta Verapaz, en el marco de la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala (1960-1996).

Tres años de excavaciones en el antiguo recinto militar por parte de expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevaron al conteo que sustenta la acusación en contra de los militares: los restos de 565 personas (504 osamentas completas y 56 restos parciales), 97 de los cuales fueron identificados por medio de pruebas de ADN. Según los informes forenses, en los cuerpos de 307 víctimas se encontraron evidencias de violencia extrema (vendas en los ojos, mordazas y lazos en las muñecas, el cuello o los tobillos).

En una de las tres fosas comunes halladas en lo que hoy es Creompaz, se encontraron los restos de 64 hombres; 31 de ellos, ya identificados, fueron detenidos el 2 de junio de 1982 en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán. Ese día, un grupo de soldados se llevó a los 75 hombres más jóvenes de la aldea para, supuestamente, obligarlos a presentar el servicio militar en la Zona Militar 21. Nunca más se supo de ellos.

Los sobrevivientes de una masacre cometida por el Ejército en el caserío Los Encuentros, cercano a la Hidroeléctrica Chixoy, el 13 de mayo de 1982, en donde fueron asesinadas unas 80 personas, fueron llevados en helicóptero a la Zona Militar 21. Entre las mujeres y niños de ese grupo iba Martina Rojas, cuyos restos fueron los primeros en ser identificados por exámenes de ADN.

El 20 de marzo de 2012, el Tribunal A de Mayor Riesgo, tras condenar a 7,710 años de prisión a cuatro expatrulleros de autodefensa civil y un excomsionado militar, por la masacre denominada Plan de Sánchez, ocurrida en julio de 1982, ordenó a la Fiscalía allanar las instalaciones de la antigua Zona Militar 21, para verificar el testimonio de varios testigos sobre la existencia de cementerios clandestinos en ese lugar. La FAFG se encargó del tratamiento científico a la evidencia y restos humanos.

El 20 de marzo de 2012, el Tribunal A de Mayor Riesgo, ordenó a la Fiscalía allanar las instalaciones de la antigua Zona Militar 21, para verificar el testimonio de varios testigos sobre la existencia de cementerios clandestinos en ese lugar. La FAFG se encargó del tratamiento científico a la evidencia y restos humanos.

La audiencia de apertura a juicio fue programada para el próximo 27 de julio. El Tribunal A de Mayor Riesgo, integrado por las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante, y el juez Herbie Sical, tendrá a su cargo valorar los medios de prueba y determinar la culpabilidad de los militares acusados. El Código Penal establece penas de hasta 40 años de cárcel por el delito de desaparición forzada y 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad.

Además de Manuel Benedicto Lucas García y César Augusto Cabrera Mejía, serán procesados los oficiales retirados Byron Humberto Barrintos Díaz, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruíz Morales, Raúl Dehesa Oliva, Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, y César Augusto Cabrera Mejía. Los ocho guardan prisión en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala.

https://www.plazapublica.com.gt/content/otra-brasa-en-manos-de-yassmin-barrios

El pasado de los tres grandes ex ministros capturados en caso La Cooperacha

por CMI-G  12 Jun, 2016

A menos de diez días de revelar el complejo caso Cooptación del Estado, donde la CICIG y el MP detallan la naturaleza criminal del Partido Patriota, un nuevo caso de lavado de activos fue presentado contra otra parte importante del Gabinete del general (r) Otto Pérez Molina. El caso, conocido como La Coperacha, detalla los regalos que recibieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de parte de al menos cinco ministros y el entonces presidente del Seguro Social. Sobre los capturados resaltamos a tres de ellos: Mauricio López Bonilla, Alejandro Sinibaldi y Erick Archila, por la importancia que tuvieron a través de los años en la construcción y financiamiento del Partido Patriota. Algo importante es que Velásquez afirmó que el militar retirado Miguel Ángel Martínez Solís, señalado en caso Cooptación del Estado, subsecretario de SAAS de OPM y dueño de empresas de seguridad, fue finalmente capturado. La información publicada es un resumen de lo trabajado por El Observador en un artículo de 2012.

Por Luis Solano

Mauricio López Bonilla

Una de las capturas que más atención llamó fue la del teniente coronel (retirado) Héctor Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación del gobierno Patriota desde enero de 2012 hasta la crisis de 2015, del que la Fiscal General dijo que se vienen más casos en su contra.

López Bonilla trabajó en la elaboración del Plan de Gobierno del PP, siendo uno de los responsables del concepto de “mano dura” que acuñó el partido desde la campaña electoral de 2007, e integrante del grupo militar que diseñó la propuesta de seguridad del PP.

Sirvió durante 18 años al Ejército y fue conocido por su efectividad en operaciones contrainsurgentes infiltrando unidades enemigas. Previo a su retiro del Ejército, fue formado en la Escuela Kaibil para luego desempeñarse como Director de la Escuela Politécnica y de la Industria Militar. En 1996 fue Subjefe de Estado Mayor del Ministro de la Defensa.

Es recordado por varios momentos que marcaron su vida en el Ejército que lo llevarían luego al plano de politólogo y a establecer enlaces con el mundo empresarial. El primero de esos momentos ocurre entre agosto y septiembre de 1981, cuando al mando de una unidad de 14 kaibiles, lanzó la “Operación Xibalbá” en una región de Chimaltenango, donde infiltró una columna de 28 guerrilleros del Frente Augusto César Sandino perteneciente al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). La columna guerrillera fue aniquilada por completo en una operación que duró 8 horas. Un mes después, el Ejército lanzó la primera de las grandes ofensivas  militares en Chimaltenango y el sur de Quiché, la que se estima dejó 35 mil muertos y decenas de aldeas arrasadas.

Esa operación es considerada como “única en el desarrollo contrainsurgente” pues se logró capturar gran cantidad de información, según destaca el académico y analista político-militar, Francisco Beltranena Falla, hasta hace poco miembro del Comité Ejecutivo del PP. Meses después, el 23 de marzo de 1982, sería un actor protagónico en el golpe de Estado contra el Presidente de la República, general Romeo Lucas García. Se convirtió en uno de los seis oficiales jóvenes, de hecho el fue el más joven de los que  comandaron la asonada militar.

Después de su retiro fue analista, consultor y columnista en temas de coyuntura política y seguridad. Realizó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y trabajó durante aproximadamente siete años con el analista y estratega político Julio  Ligorría Carballido, en las áreas de asesoría política y estratégica.

La presencia de López Bonilla en el PP, y su cargo en la cartera de Gobernación no se debió sólo a su experiencia en inteligencia militar como estratega de guerra o, incluso, como politólogo. Pesó también, de alguna manera, su primer matrimonio con Silvia Vanessa Lemus García, hija de David Humberto Lemus Pivaral. De esta manera estrechó relaciones con la familia Pivaral, una de  las más conservadoras del país. Lemus Pivaral está emparentado con el principal financista del PP y uno de sus fundadores, Mario  Roberto Leal Pivaral.

Como politólogo y mercadólogo, López Bonilla tejió otras relaciones por demás controversiales. La más importante de ellas fue la sociedad formada con el asesor y consultor en estrategia política, Julio Ligorría Carballido, quien en el pasado estuvo vinculado con  los partidos MLN, y la primera y desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN), cuyo líder era el periodista Jorge Carpio Nicolle. Con Ligorría Carballido, el militar fundó en 1988 la consultora Grupo Intermirage Latinoamericana, que ha asesorado campañas electorales en algunos países latinoamericanos. Por eso no extraña que López Bonilla haya sido jefe de la campaña electoral de Pérez Molina.

Los episodios protagonizados por estos estrategas políticos también han tenido momentos azarosos. En el año 2009, Ligorría Carballido y López Bonilla fueron acusados de intentar apropiarse ilegalmente de la empresa Diarios Modernos S.A., que publica el medio escrito Nuestro Diario, en una disputa por la dirección y propiedad de dicho medio con directivos del diario Prensa Libre que tardó varios meses. El caso fue expuesto por el medio de prensa Nuestro Diario.

Pero son dos casos ocurridos con anterioridad los que dejaron marcados a ambos consultores. Uno de ellos ocurrió en 2002, cuando los gobiernos de Guatemala y Panamá de ese entonces denunciaron a las empresas de Ligorría Carballido y López Bonilla, de asesorar campañas de desestabilización en contra de sus gobiernos. Con respecto a los hechos en Guatemala, fue ampliamente difundida la denuncia del gobierno de Alfonso Portillo contra ambos, a quienes acusó de “orquestar una campaña de  desestabilización” a través de un montaje político que destapó el escándalo financiero conocido luego como “Conexión Panamá”.

Los dos negaron los señalamientos pese a que tanto el gobierno de Guatemala como el de Panamá así como la prensa de ese país, proporcionaron suficiente información de la participación de Ligorría Carballido y López Bonilla en ese escándalo, y la campaña contra el gobierno panameño de la Presidenta Mireya Moscoso. En esos casos se señaló a las empresas Interimage Latinoamericana de la que Ligorría Carballido era Presidente y López Bonilla Vicepresidente, y McMillan Comunicaciones, de estar comprometidas  en las campañas desestabilizadoras.

La empresa McMillan Comunicaciones, según el Registro Mercantil, se dedica al negocio de la radiocomunicaciones, las operaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico, y la compra y venta de equipo de radicomunicaciones y electrónico. Hasta 2010, su Presidente fue López Bonilla. Los dos principales Representantes Legales de la empresa han sido Carlos Humberto Fabián
Castellanos y López Bonilla. Fabián Castellanos, junto con Ligorría Carballido, fundaron la empresa Prosersa Security Services Panama, S.A., inscrita en el Registro Público de Panamá. En Guatemala, la empresa está registrada con los nombres comerciales de Prosersa Security Services Guatemala, S.A. e Inversiones Verbania, S.A. Prosersa, que también recibe el nombre de Serra Estrela, S.A., desde 2005 ha prestado el servicio de Rayos X para la inspección de carga, contenedores y equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y algunos puertos marítimos.

En el caso del aeropuerto, a Prosersa no se le renovó el contrato en 2011, lo cual creó denuncias de anomalías. En 2004, Fabián Castellanos se vio involucrado en un turbio negocio de ventas de repuestos con la Fuerza Aérea de Guatemala (FAG), donde habría  ocurrido una millonaria pérdida para la institución castrense. El caso fue reportado por diario elPeriódico y se señaló el involucramiento de las siguientes empresas: Distribuidora Piper, S.A., de Gregorio “Goyo” Valdez46; Coco Business, inscrita en Panamá, de Fabián Castellanos, quien también posee la empresa de transporte aéreo de pasajeros GCC Aviation Corp, con sede en la capital de Guatemala, pero inscrita en Panamá; y Shiran Development Trade Services, S.A. (Shiran DTS), inscrita en Guatemala con ese nombre, pero basada en Miami, Florida, e inscrita en Panamá bajo el nombre de Shiran, S.A., propiedad del comerciante de armas israelí, Pessah Benor.

Alejandro Sinibaldi Aparicio

El ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, representó dentro del PP la alianza entre militares y operadores de la cúpula empresarial. Sinibaldi Aparicio, un empresario de vallas publicitarias, está emparentado con el ex candidato a Vicepresidente de la República por el PP, Ricardo Castillo Sinibaldi, quien fue nombrado Presidente honorario del partido. Previo a que estallara la crisis de 2015, Sinibaldi Aparicio fue nominado como presidenciable del Partido Patriota, hasta que el Caso La Línea lo obligó a dejar el Gabinete.

Sinibaldi fue electo diputado para el período 2008-2012, y al principio del gobierno de Berger se desempeñó como Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Jefe de campaña del PP, Sinibaldi Aparicio se vio envuelto en 2004 en las discordias políticas entre el PP y la Gran Alianza Nacional (GANA), y en medio de fuertes presiones debido al hecho de no pertenecer al partido de gobierno, renunció al cargo en el INGUAT en octubre de 2004.

La renuncia, precipitada porque meses  antes el líder del PP, Otto Pérez Molina, había dejado el cargo de Comisionado Presidencial de Seguridad en el contexto de serias  discrepancias internas dentro del gobierno –y luego de perder el pulso alrededor del control del área de seguridad con el ex Ministro  de Gobernación, Carlos Vielmann, su antiguo aliado- también supuso que Sinibaldi Aparicio salía por las fuertes presiones empresariales que hubo detrás debido a los problemas de índole financiera que enfrentaba.

La empresa más importante que posee Sinibaldi Aparicio es Grupo Arqco, S.A., en la cual también aparece Arqco Outsourcing Centro América, S.A., dedicadas a limpieza, gestión de planillas, de bodegas, de estacionamientos, mensajería, empaque, mercadeo y logística. Ha sido proveedor del Estado. Otros negocios como Medios de Inversión, S.A. (SINCORP), constituido junto a sus hermanos, Álvaro Alfonso y Luis Rodrigo, está estrechamente vinculado con la Cervecería Centroamericana, el emporio cervercero de la familia Castillo.

Otra empresa importante es Constructora del Puerto, S.A., que refleja sus intereses en inversiones marítimas desde la década de 1990. En febrero de 2004, el diario La Hora dio a conocer que un grupo de pequeños y medianos inversionistas habían sido estafados por Sinibaldi Aparicio en el proyecto turístico Amatique Bay Resort & Marina, que se construyó en Puerto Barrios, departamento de Izabal, entre 1997 y 1998. El proyecto estuvo a cargo del grupo Desarrollos Hoteleros, S.A., propietario del hotel Viva Clarion Suites, grupo en el cual Sinibaldi Aparicio es un alto directivo.

Pocos meses después, el diario Prensa Libre informó que el Banco Centroamericano de Integración Económica Centroamericana (BCIE) había demandado a DHI en 2003, por una deuda de US$ 5.1 millones que el grupo había dejado de abonar, recursos que servirían para la construcción del proyecto Turístico Amatique Bay. La deuda debía ser cancelada en un plazo de 10 años a una tasa del 10%. Los operadores del lugar turístico querían 20 años de plazo para cancelar el saldo. Para mayo de 2004, la deuda pendiente desde 1997 era de US$ 4.3 millones.

En el financiamiento también participaron el hoy fusionado Banco de Exportación (BANEX) con US$ 5.7 millones, e inversionistas privados con US$ 7.6 millones. En ese proyecto turístico se vio involucrado Gustavo Saravia, Ministro de Economía durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y Comisionado Presidencial para la Modernización del Ejecutivo del gobierno de Álvaro Arzú.

photo_2016-06-12_08-00-04

Erick Archila Dehesa

Prófugo por ahora, el empresario de la información Erick Archila Dehesa representa otra parte de la gran alianza que permitió que el Partido Patriota. Su orden de captura es otro golpe del Ministerio Público en contra de la familia Archila Dehesa: su tío, Raúl Dehesa Oliva, sentenciado en 1989 a diez años de prisión por sedición y rebelión, fue enviado a juicio por el Caso Creompaz. Y tras su salida de Energía y Minas, fue señalado de varios casos de corrupción, entre ellos el caso Xalalá, y sus bodegas en el aeropuerto están vinculadas al transporte ilegal de oro de Exmingua en La Puya.

Erick Estuardo Archila Dehesa es Gerente General y Representante Legal de Alimentos Trendy de CentroAmérica, S.A.; Representante Legal de Comercializadora Kibon, S.A., (Helados Novo), junto a su padre, el mayor retirado, Francisco Rolando Archila Marroquín; y Representante Legal de Comunicaciones Americanas, S.A.. Además, es Gerente Administrativo y Representante Legal de Comidas y Conceptos, S.A., junto a su hermano Francisco Rolando Archila Dehesa.

Destaca como administrador único de los medios de comunicación televisiva y radial Canal Antigua, S.A., y junto a su hermano Francisco, representan a Red de Estaciones Unidas, una sociedad que pertenece al grupo radial Emisoras Unidas, de la cual este último es Gerente General.

Otro hermano, Herbert Alejandro Archila Dehesa, es un ingeniero petrolero y Vicepresidente de Manejo de Portafolio y Planeación de la transnacional minera más grande del mundo, la anglo-australiana BHP Billiton. Esta minera adquirió en julio de 2011 a una de las productoras de gas y petróleo independientes más importantes del mundo, la estadounidense Petrohawk, por un monto de US$12 mil millones, en la cual Archila Dehesa tiene un papel ejecutivo. Esto explica en gran parte, la llegada de Erick Archila a la titularidad del MEM, ya que sin experiencia alguna en el ramo, una de las explicaciones posibles es que su hermano estaría operando tras bambalinas.

Hace pocos años, BHP Billiton fue accionista mayoritaria de la empresa minera  Mayaníquel, con extensas licencias mineras en municipios de Alta Verapaz e Izabal, contiguos el proyecto de níquel Fénix, en El Estor, Izabal.

Comunicado del hoy prófugo empresario Erick Archila Dehesa.