¿Cómo explicar 2,840 muertes de mujeres en 4 años y 4 meses?

¿Cómo explicar 2,840 muertes de mujeres en 4 años y 4 meses?

por Diario La Hora – May 30, 2016

¿Cómo explicar 2,840 muertes de mujeres en 4 años y 4 meses?

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastañon@lahora.com.gt

MP: Casos evidencian el menosprecio para violar y matar a una mujer

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó en todo el territorio guatemalteco 2 mil 840 necropsias a cuerpos de mujeres que murieron violentamente entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016.

En el mismo período de tiempo, el Organismo Judicial (OJ) emitió 391 sentencias por femicidio, de las cuales 98 fueron absolutorias y 293 condenatorias.

_Repo6_1bDe acuerdo con la Liga de Higiene Mental, la espiral de violencia alcanzó a las mujeres, un sector que antes no era afectado por esta situación, y los crímenes podrían estar vinculados a femicidios, a cuestiones de género e involucramiento con grupos delictivos que las colocan en mayor riesgo.

La Hora buscó a representantes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) para conocer cuál es el origen de la problemática y qué argumentos utilizan para tipificar la muerte violenta de una mujer como femicidio o asesinato.

Los datos oficiales revelan que la Fiscalía, a través de las agencias 6 y 7, que tienen competencia territorial en el departamento de Guatemala y el municipio de San Pedro Ayampuc, investiga los casos que ocurren en los referidos lugares, aunque eventualmente recibe expedientes de otros departamentos, por instrucciones de la Secretaría General o del Despacho del MP.

Entre 2012 y 2016, a través de estas agencias, se alcanzaron 125 sentencias condenatorias y absolutorias por muertes violentas de mujeres, homicidios, femicidios, asesinatos y tentativas de esos delitos.

Miriam Ambrosio, jefa de sección adjunta de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, dice que la mayoría de los casos han alcanzado sentencias condenatorias. Una de ellas es la muerte de la niña María Alejandra Oseida Vásquez, de 10 años, quien fue asesinada en 2013.

Según Erick Quintanilla, subjefe de la referida sección, por el deceso de la menor de edad fue condenado a 50 años de cárcel Rafael González Gil, tío abuelo de la niña, acusado por los delitos de violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación y femicidio.

Los casos se trabajan en conjunto con equipos de investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil (PNC), explicaron los profesionales.

Los fiscales explicaron los desafíos para investigar las muertes violentas de mujeres, la manipulación de las escenas del crimen, la violencia con que se cometen estos hechos, entre otros temas.

El MP anunció que próximamente implementará una Fiscalía de Delitos contra Femicidios, con la que se pretende fortalecer las investigaciones por las muertes violentas de mujeres.

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Diputados desechan equidad electoral

Tras semanas de discusión no hubo sorpresa en que los diputados votaran en contra —o se ausentaran— de establecer la obligación de que los partidos políticos postulen de manera más equitativa a hombres, mujeres e indígenas a cargos de elección popular.

Por Joel Suncar y Jessica Gramajo
30 de Marzo de 2016

La iniciativa estaba incluida en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se discuten en el Congreso, fue una de las más demandadas en las protestas de 2015, pero desde el principio ha generado discordia en los partidos.

El artículo logró 86 votos de los 105 que requería. En contra votaron diputados de las bancadas Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unionista, Todos, Unión del Cambio Nacional (UNE), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Movimiento Reformador (MR), Fuerza, Visión con Valores (Viva) y Libertad Democrática Renovada (Líder).

También se reportó la ausencia de 34 diputados, entre ellos cinco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a quienes se les vio abandonar el hemiciclo antes de que comenzara la votación; sin embargo, el jefe de esa bancada, Orlando Blanco, aseguró que apoyaban la paridad y dio un discurso sobre la importancia de la participación de las mujeres.

La discusión y aprobación del artículo era presenciada por representantes de varias organizaciones de féminas, quienes desde el palco exigían la participación igualitaria de hombres, mujeres e indígenas. Desde el palco de invitados les gritaban “¡machistas!” y “¡dinosaurios!” a los congresistas que se oponían a la propuesta.

Fernando Linares, jefe del bloque del PAN, insistió en rechazar la paridad, con el argumento de que se viola la libertad que garantiza la Constitución, ya que hacerlo por decreto sería una “imposición”.

Mynor Cappa, jefe de la bancada Todos, se excusó en la capacidad de los representantes y candidatos a puestos de elección popular. “Las mujeres que están en puestos clave se lo han ganado con esfuerzo”, enfatizó.

Quienes defienden la paridad señalaron que ha habido desigualdad, que los partidos políticos utilizan a las mujeres para servir el café o sacar fotocopias.

Varias diputadas presentaron argumentos legales y apelaron a la exclusión histórica de la que han sido objeto las mujeres, mientras que algunos legisladores que manifestaron su apoyo optaron por adornar sus argumentos. El jefe del MR, Boris España puso en el micrófono el estribillo de la canción Mujeres, de Ricardo Arjona, a manera de respaldo.

Sin embargo, no se pudieron lograron los votos necesarios y la paridad quedó sepultada.

Habría 160 diputados

Los diputados aprobaron otros 10 artículos. Entre ellos uno que establece en 160 el número de legisladores, que supuestamente sería el número máximo. Con este cambio, el Legislativo estará representado por 128 diputados distritales y 32 por lista nacional.

Guatemala será el departamento con más legisladores, con 19, y le siguen Huehuetenango, 10, y Alta Verapaz, nueve. En las protestas se exigió la reducción del número de diputados y el voto nominal, que también quedaron relegados.

Voto nulo disfuncional

Los diputados aprobaron la validez del voto nulo, pero Encuentro por Guatemala (EG) denunció que se eliminó el párrafo que obligaba a cambiar de candidatos. Si hay voto nulo mayoritario se elegirá entre los mismos contendientes.

“Le quitaron el espíritu al artículo porque si ganaba el voto nulo es porque la población no quería a los candidatos propuestos. Lo que harán ahora es encarecer las elecciones, pues se repetirán varios procesos ”, lamentó Nineth Montenegro, jefa de EG.

Transfuguismo

Aunque con las reformas se castiga el transfuguismo, en realidad los partidos adquieren un poder de presión sobre los diputados: si uno renuncia a la bancada por la cual fue electo y tiene un cargo, este pasará a otro diputado del mismo partido.

También queda prohibido que los alcaldes abandonen el partido por el que fueron electos en los primeros tres años de gestión.

Artículos restantes

La iniciativa consta de 85 cambios.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/diputados-rechazan-igualdad-de-participacion-en-elecciones

 

Thelma Aldana: “Ya no se propicia la desigualdad y la descomposición”

La Hora, 23 de marzo 2016 – POR KATERIN CHUMIL

Thelma Aldana: “Ya no  se propicia la desigualdad y la descomposición”

La fiscal general Thelma Aldana fue galardonada con el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos, de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en España; en su discurso abordó temas vitales como el combate a la corrupción.

El premio se otorgó en reconocimiento de los logros obtenidos por su trabajo en contra de la corrupción política y económica, así como por su labor en favor de los derechos de la Mujer y de los pueblos indígenas.

La jefa del Ministerio Público, en su discurso de agradecimiento, señaló que en Guatemala “ya no se propicia la desigualdad y la descomposición que conlleva la delincuencia organizada.”

En la entrega del galardón destacó el jurado “su trabajo incansable, desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, a favor de los Derechos Humanos en Guatemala”, así también señaló que Thelma Aldana ha tenido “un especial relieve por su lucha contra la corrupción política y económica, que tanto ha debilitado a la sociedad guatemalteca, actuando en este campo con valor y decisión en todo momento”.

Así también dijo: “Guatemala es un país pequeño donde la pobreza tiene rostro de mujer, donde el 30 % de las mujeres del interior del país tiene desnutrición, donde hay desigualdad, pero donde hemos podido dar un paso importante en la lucha contra la corrupción”.

La Fiscal General, quien fue electa en 2014 para dirigir el Ministerio Público, acotó que la mayoría de los países tienen una cultura patriarcal, y que casos como los de Guatemala, lamentablemente son más profundos, ya que es una cultura que menosprecia a la Mujer.

 

http://lahora.gt/thelma-aldana-ya-no-se-propicia-la-desigualdad-y-la-descomposicion/

Sepur Zarco: sentencia que agudiza división de posturas

27.02.2016

Diario La Hora

POR KIMBERLY LÓPEZ 
klopez@lahora.com.gt

La sentencia condenatoria emitida ayer por el Tribunal A de Mayor Riesgo contra el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, generó una serie de reacciones polarizadas entre quienes consideran la sentencia como una muestra de justicia y quienes cuestionan la veracidad del proceso judicial.

La presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, dio lectura a la sentencia en la que indicó que los jueces consideraron que las mujeres sí fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el referido destacamento. Asimismo, señaló que el daño ocasionado a las víctimas trascendió a sus cuerpos y sus mentes, y se rompió el tejido social.

Reyes Girón fue condenado a 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual y tratos inhumanos y se le sumó una pena de 90 años por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad.

Valdés Asij fue condenado a 30 años de prisión por deberes contra la humanidad y 210 años por la desaparición de cinco campesinos.

Según Barrios, todos los jueces creen firmemente en la veracidad de los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco.

POSTURAS ENCONTRADAS

La Premio Nobel Rigoberta Menchú manifestó que esta fue “una sentencia que dignifica a las mujeres, una sentencia que dignifica a la humanidad”.

Asimismo, opinó Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Julliand aseguró que de esta forma el país demuestra su compromiso con la justicia.

Por el contrario, Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo, mostró su descontento con la decisión del Tribunal.

“Sepur Zarco fue un proceso viciado desde el inicio hasta el final. Indudablemente la condena será anulada en otra instancia”, aseguró.

La victoria de las mujeres dignas y valientes del pueblo q’eqchi

POR PAULO ESTRADA VELÁZQUEZ

2 de Marzo 2016

Durante el mes de febrero se terminó de conocer, la verdad de los hechos ocurridos en la aldea de Sepur Zarco en Guatemala, durante los años de la guerra interna. En esta región, el interés de las élites terratenientes por expandir sus territorios provocó que se llevara a cabo un genocidio parcial, el Tribunal A de Mayor Riesgo tuvo la tarea de aplicar la justicia luego de las acusaciones emitidas por las 15 mujeres víctimas contra el comandante del destacamento militar y un comisionado militar.

Las audiencias del debate oral y público se desarrollaron sin contratiempos en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, los asistentes fueron escuchando, uno por uno, los testimonios que las víctimas relataron de manera continua, es decir, los delitos cometidos en su contra por soldados del ejército de Guatemala, quienes se encontraban bajo las órdenes del entonces subteniente de artillería Esteelmer Francisco Reyes Girón.

Las voces de las víctimas

Los testimonios fueron presentados en la Sala de Vistas por sobrevivientes, de igual forma, varios testimonios fueron presentados en calidad de anticipo de prueba. Esto último fue cuestionado por la defensa de los acusados, en especial la del señor Esteelmer Reyes, alegando que querían realizar un careo entre la víctima y él, demostrando una estrategia maliciosa de la defensa, en la cual se pretendía volver a victimizar a las mujeres. Dichas peticiones no fueron aceptadas por el Tribunal.

En su mayoría los testimonios coincidieron en varias partes del relato: un buen número de mujeres coinciden en la fecha en que los soldados llegaron a capturar a sus esposos y la manera en que fueron amarrados y trasladados en carretones hacia distintos destacamentos, pero en especial al de Tinajas y al de Sepur Zarco.

Los relatos por sí mismos, transmiten un evidente sentimiento de angustia y dolor, fueron comprobando poco a poco algo más macabro, la manera en cómo la violación sexual fue sistemática y dirigida hacia el cuerpo de las mujeres, quienes eran esposas de hombres que buscaban legalizar su tierra para poder cultivar, tal es el caso del testimonio de Feliciana Cuc: «Siempre éramos abusadas, no había forma de decir que no, si lo hacíamos éramos amenazadas. A veces en la fosa donde tiraban a personas ahí, ahí me violaban. Mis hijas me dijeron que si seguía ahí me iban a matar, por lo que nos fuimos. Los soldados le decían a mi hija, no te preocupes aquí le vamos a dar de comer a tu papa. Una noche estuvo ahí, al amanecer se lo llevaron, se los llevaron a Tinajas, no sabemos cuál fue su final. Mi esposo estaba buscando legalizar su tierra, de eso lo estaban acusando, por eso se lo llevaron».

Fueron varios los testimonios que identificaron como encargado de los soldados del destacamento de Sepur Zarco al subteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón. En el testimonio de un ex comisionado militar, es identificado como la persona que da la orden a 10 soldados de violar sexualmente a doña Ana Canaá a quien mantuvieron detenida por varias noches en el destacamento militar.

Asimismo varios testimonios coinciden en que el comisionado Heriberto Valdez Asij, conocido como «don Canche Asij» fue quien llevó a los soldados a capturar a los esposos de las víctimas, los cuales aún se continúa sin conocer su paradero. Es lógico que él cumpliera esa función, ya que como policía municipal debía atender a las personas que querían tramitar sus tierras, por lo que él conocía quiénes eran y dónde vivían.

Entre los testimonios que el Tribunal escuchó, se encuentra el de Santiago Itzep quien fuera esposo de Dominga Coc, así como padre de Anita y Herlinda quienes fueron asesinadas a la orilla del río Roquepur. Con llanto, él relato la manera en que fueron capturados y como lo separaron de su familia y lo trasladaron a la hacienda San Miguelito.

En su relato afirmó: «ahí me di cuenta que la estaban violando, ahí destruyeron mi matrimonio. Aproximadamente 10 soldado, yo no podía hacer nada, porque había un soldado vigilándome, las dos niñas estaban con ella, me decían ‘papa venite para acá con nosotros’. Pude hablar con ella, ella me dijo que pasaron con ella, ella trató la manera de defender a sus niñas, ellas no fueron abusadas. Al siguiente día me abrazó y me preguntó cuando íbamos a regresar, hay que cuidarnos porque saber que va a pasar. Los soldados se dieron cuenta que hablé con ella y me amarraron y a las 2 pm me llevaron a Santiaguito cerca de San Miguelito».

Los nombres de los terratenientes empezaron a salir a la luz, sus fincas y haciendas fueron prestadas al ejército, fue ahí donde los soldados mantenían prisioneros a los hombres que capturaban, las fincas Santiaguito, San Miguelito, Pataxté, Sehú entre otras fueron utilizadas como centros de capturas. Entre la información que mencionaron los testigos se encuentra el nombre de la familia Milla, así como el nombre de sus empleados quienes colaboraban dando los nombres a los comisionados militares.

Sin embargo no todas las palabras fueron tristes y sombrías, las testigos pidieron al Tribunal en varias ocasiones justicia por lo que se les había hecho, como es el caso de doña Demecia Yat quien afirmó: «Yo vine a contar lo que sufrí, para que haya justicia y que se sepa lo que sufrí y que no se vuelva a repetir».

Las voces de los expertos

Debido a la gravedad de los crímenes juzgados y aunado al tiempo transcurrido desde que se cometieron, se contó con más de 20 peritajes de expertos, quienes ampliaron temas relacionados con las hipótesis planteadas por el Ministerio Público y la querella, asimismo, aportaron al entendimiento de los fenómenos juzgados. Todos ellos demostraron al tribunal, que estos actos eran parte de una estrategia sistemática en el marco de una represión contrainsurgente, así como su impacto en toda la comunidad.

El primer peritaje fue el histórico registral, el cual demostró el origen fraudulento de la Finca Sepur Zarco durante la época Liberal (1884-1903) por parte de la familia Milla, evidenciando el despojo histórico de las tierras ancestrales del pueblo maya q’eqchi’.

Entre los peritajes se presentaron otros dos, los cuales son de suma importancia para entender los patrones de comportamiento de las fuerzas castrenses. El primero acerca del contexto sociológico militar a cargo del dr. Héctor Rosada Granados, quien confirmó la utilización de la línea de mando, la cual se encontraba bajo las órdenes del Estado, para esa época presidido por el general José Efraín Ríos Montt. Este mismo asegura que durante los años de 1982 y 1983 se desarrollaba en el país, una política contrainsurgente.

El perito Rosada Granados amplió sobre el significado para la institución, de los planes de campaña «Firmeza 83» y «Reencuentro Institucional 84». Confirma la catalogación del enemigo interno, el cual era aplicado indiscriminadamente. El perito concluye que los destacamentos fueron colocados a petición y con el apoyo de los finqueros y que las mujeres fueron un objetivo de guerra. Se utilizó la violación sexual como un arma y la esclavitud sexual fue un efecto secundario.

El segundo peritaje fue el militar, este estuvo a cargo del dr. Prudencio Martínez de Muguía quien concluyó que ningún militar está obligado a realizar ordenes criminales, mencionando que existe una moral militar, la cual se nutre con las convicciones humanas básicas, las cuales son infundidas por los líderes militares, en el caso guatemalteco éstas eran miserables. En el ejército guatemalteco se denota una obediencia ciega y robotizada por lo que se cometieron muchos excesos. Asimismo se refirió al comisionado Asij, como alguien que actuó sin orden alguna.

Fueron presentándose distintos peritos especializados, los peritos en balística lograron identificar las muestras analizadas, lográndose determinar que las evidencias localizadas en las osamentas pertenecen a un calibre grande, el cual es un calibre de uso del ejército. Asimismo se presentaron los peritos en antropología y arqueología forense, quienes fueron los encargados de realizar las exhumaciones por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

En este caso y debido a la estrategia de los abogados de la defensa del señor Reyes Girón –quienes se dedicaron a cuestionar la cadena de custodia que emplea la institución FAFG– el Ministerio Público solicito al Tribunal que fueran exhibidas las osamentas, siendo los peritos quienes explicaran evidencias de posibles traumas causados al momento de la muerte, así como de las osamentas a las que les fue tomada la muestra ósea para el análisis de ADN.

Por medio de varios peritajes antropológicos y psicológicos se expuso ante el Tribunal, los daños individuales y colectivos que causaron estos hechos. Demostrándose frente a la mirada de muchas personas que se estuvieron solidarizando con las «Abuelas de Sepur Zarco», la destrucción de su tejido social, de su dinámica y estructura familiar. Esto fue creando un ambiente de temor colectivo, fueron lastimados sentimientos, la dignidad y esperanzas propias de la cultura q’eqchi.

La perito en antropología lingüística, confirmó que la comunidad de Sepur Zarco había sufrido la profanación de sus mujeres por parte del ejército, confirmando el término muxuc como profanación del cuerpo de las mujeres; «ahora se encuentra ensuciada, traspasada» fueron las palabras de las víctimas que entrevistoó la perito. De esta manera, ella se refirió al término muxuc chaq’rab como el conjunto de hechos que ocurrieron durante la guerra interna.

En el peritaje antropológico de genero presentado por la dra. Rita Laura Cegato, se demostró que el ejército, al violar a las mujeres viudas, impuso un castigo ejemplar, porque sus esposos intentaron recuperar sus tierras, confirmándose que el cuerpo de las mujeres fue un objetivo y la profanación de estos un arma de guerra. Así mismo plantea que la comunidad de Sepur Zarco y la región alrededor de ella, sufre la muerte social siendo esto un «femigenocidio».

La dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj fue la encargada de realizar el peritaje cultural, llegando a demostrar que las mujeres son campesinas, analfabetas y de escasos recursos. Ella entrevistó a las victimas llegando a la conclusión que ellas no se sentían seres humanos con valor alguno, algunas perdieron el interés de trasladar conocimiento ancestral, tal es el caso de unas de las víctimas que, al perderlo todo, no fue capaz de enseñar a tejer a sus hijas, ya que ella perdió la ilusión de tejer. La experta considera que se efectuó un genocidio parcial sobre la región.

Entre los otros peritajes realizados, se encuentran los fotográficos que como su nombre lo dice, consiste en álbumes fotográficos del área del Sepur Zarco y el río Roquepur, así como de la Finca Tinajas. Se presentó, además, el peritaje de arquitectura forense, el cual por medio de reconstrucciones en 3D, logra explicar las dimensiones del destacamento y por medio de los testimonios de las mujeres, ubicar los lugares donde fueron violadas sexualmente, dejando claro que estas violaciones por el lugar donde fueron realizadas, fueron de conocimiento de todas las personas del destacamento.

Así fueron pasando todos los expertos propuestos por el Ministerio Público y las asociaciones querellantes, dejando claro que los acusados tienen un grado de responsabilidad en los delitos que se les imputan, aclarando que es una estrategia para mantener el despojo de territorios, llevada a cabo por el ejército en solicitud de los finqueros de la región.

Testigos de la defensa

La defensa –quien en un momento dijo que llevaría por lo menos 25 testigos– terminó llevando solamente 8 testigos, quienes fueron referenciales o en el caso de los presentados por el Sr. Reyes Girón son militares de rangos medios retirados. Efectivamente estos fueron a demostrar que conocían a los acusados, que eran personas buenas desde su punto de vista y que nunca estuvieron en esa región.

Parecía interesante que en el caso de los testigos propuestos por Reyes Girón, ninguno pudo recordar en donde estuvo asignado durante los años 1982 y 1983, parecía que tenían órdenes de los abogados de la defensa de sufrir amnesia en este tipo de preguntas. Sin embargo, en el caso de los testigos propuestos por la defensa de Heriberto Valdez Asij, posiblemente como consecuencia de las prácticas represivas generalizadas por el ejército, les fue imposible no confirmar que fueron obligados a patrullar, que fueron entrenados por las tropas para cualquier incidente con una guerrilla que nunca vieron y que todo se originó por problemas de legalizar tierra.

En varios actos a los que se les puede atribuir la desesperación e impotencia de tratar de defender lo indefendible, la defensa renunció a sus 16 testigos pendientes y como estrategia maliciosa, solicitó al Tribunal que fuesen citados como testigos nuevos, varios personajes, que según esa representación, tienen alguna relación con el debate efectuado. Estas personas que pretendían ser propuestas como testigos fueron: desde el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson hasta varios defensores de derechos humanos pertenecientes a las organizaciones que se encontraron involucradas en algún momento en el proceso.

Los actos maliciosos desesperados, eran evidencia de una estrategia de litigio inexistente por parte de la defensa de Reyes Girón, quienes simplemente se dedicaron atacar a los expertos, desvirtuar los hechos testimoniados por las víctimas y a tratar de impedir llegar a una sentencia condenatoria por parte del Tribunal, ya que parecía no se necesitaba nada más para comprobar la culpabilidad de los acusados.

La potestad de administrar justicia

En los momentos finales del debate oral y público se presentaron las conclusiones de los sujetos procesales. El Ministerio Público fue el primero en presentar sus conclusiones, quien al final de estas, solicitó al Tribunal que el acusado Esteelmer Francisco Reyes Girón fuera condenado por los crímenes de guerra, delitos contra los deberes de la humanidad, esclavitud sexual, así como el asesinato y tratos humillantes contra Dominga Coc y sus hijas Anita y Herlinda quienes fueron encontradas en la fosa común a la orilla del río Roquepur, solicitando un total de 1,290 años de prisión inconmutables.

Asimismo, en el caso del acusado Heriberto Valdez Asij, la fiscalía solicitó su condena por la desaparición de 7 comunitarios, quienes se encontraban legalizando sus tierras, por lo cual pidió una pena de 40 años por cada uno, así como que sea condenado por delitos de crímenes contra los deberes de la humanidad la cual tiene una condena de 30 años de prisión, por lo que solicitan un total de 340 años de prisión inconmutables. Las demás representaciones de la parte acusatoria se adhirieron a esta petición.

Las conclusiones de la defensa fueron enfocadas en desprestigiar a los expertos y señalar que si la sentencia era condenatoria iba a tener muchas inconsistencias, debido a muchos errores se habían cometido en el proceso y que las pruebas presentadas fueron alteradas. En una muestra de misoginia de parte del abogado defensor del ex militar Esteelmer Reyes Girón, propone que las mujeres de Sepur Zarco no fueron esclavizadas sexualmente, si no que ellas se decidieron prostituir con los soldados destacados en la comunidad.

Como parte del proceso del debate oral y público se les cedió la palabra a los acusados, notándose diferencias entre ambos, siendo estas de carácter de formación y estatus social, las cuales se reflejaron en sus argumentos presentados a los juzgadores. El primero en hablar frente al Tribunal fue Esteelmer Francisco Reyes Girón, quien evidenció su racismo y misoginia al confrontar a los juzgadores, emitió varias burlas a las víctimas y al proceso que denomino «Sepur Circo».

En sus palabras dejo evidenciado su relación con el condenado por genocidio, José Efraín Ríos Montt a quien se refirió como «mi general», asimismo acusó a la fiscal del caso, quien –supuestamente– al momento de su captura robó de su casa la suma de 14 mil quetzales, notándosele sumamente enojado al hablar.

Finalizó su intervención con palabras amenazantes y viendo al tribunal dijo: «Yo creo más mediática esta situación, que jurídica. Los jueces están haciéndole el juego al Ministerio Público y querellantes. Estamos al borde que estalle algo grande e irremediable. Yo lo que quiero indicar es lo siguiente, me encuentro aquí ante un tribunal que no tiene la solvencia moral para conocer este caso, y sobretodo usted (refiriéndose a la jueza Jazmín Barrios) no era de la competencia de conocer este juicio».

El otro acusado, Heriberto Valdez Asij, en sus palabras confirmó sus actividades en la municipalidad de Panzós como policía municipal, sin embargo continuó negando su participación en los hechos de los que se le acusan, así como de su cargo de comisionado militar.

Las mujeres dignas y valientes, tuvieron que alargar su espera por un día más, ya que fue hasta el viernes 26 de febrero, que en horas de la tarde, el tribunal dio a conocer la sentencia de forma sintética. Desde la hora que fueron citadas las partes interesadas y el público en general, se fue llenando la Sala de Vistas hasta alcanzar un lleno total. «Las abuelas de Sepur Zarco» fueron recibidas a la sala con varios minutos de aplausos en señal de admiración y respeto por su lucha.

Como palabras sanadoras, la jueza Jazmín Barrios fue dándole lectura a la sentencia, presentándola al pueblo de Guatemala, empezó dando a conocer, los argumentos que llevaron a resolver por unanimidad la sentencia condenatoria, confirmando la culpabilidad de los acusados y evidenciando que ellos tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo, sin tratar de impedirlo de alguna manera.

El veredicto final en cuanto al delito de deberes contra la humanidad fue el siguiente: «Primero que los acusados Esteelmer Francisco Reyes Girón y HeribertoValdezAsij son responsables como autores de delitos contra los deberes de la humanidad, cometido de la vida e integridad de la población de Sepur Zarco. Especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Mas Tiul, MariaBáCaal, Manuela Bá, FelisaCuc, VicentaCoc Pop, Margarita ChubChoc, CeciliaCaal, Magdalena Pop, Carmen XolIcal, DemesiaYat, DomingaCoc y sus hijas, las niñas AnitaItzepCoc y HermalindaItzepCoc. Por tal delito se debe imponérseles a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables».

En cuanto al asesinato de Dominga Coc y sus hijas, el Tribunal resolvió: «El acusado Esteelmer Francisco Reyes Giron, es responsable como autor del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus hijas, por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables por cada asesinato, haciendo un total de 90 años de prisión inconmutables».

En cuanto a la responsabilidad del acusado Heriberto Valdez Asij, el tribunal determino su «responsabilidad como autor del delito de desaparición forzada cometido del contra de la integridad física de Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bal, Pedro Cac Bal, Abelardo Coc, Heriberto Coc Tzí y Juan Choc, por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas, haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables».

La jueza Jazmín Barrios recalcó que estos actos no se deben volver a repetir, ya que el daño causado por estos hechos es irreparable en el tejido social de la comunidad de Sepur Zarco. Agregó que: «Los juzgadores expresamos que creemos firmemente que el reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el estado de derecho en nuestro país, haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas».

Al terminar de leer la sentencia un lluvia de aplausos inundo la Sala de Vistas, muchas consignas en solidaridad con las abuelas fueron exclamadas a todo pulmón por las personas presentes, las mujeres poco a poco fueron soltando sus brazos hasta alzarlos en señal de felicidad, sus rostros fueron emergiendo por debajo de sus perrajes, dejando entrever rasgos de felicidad transformada en sonrisas y sus semblantes llenos de dignidad.

Pareciera que se cierra un pasaje oscuro en la historia de estas mujeres que no callaron lo que les ocurrió y que con su valentía –la cual es digna de imitar– no permitieron que los crímenes cometidos en su contra siguieran impunes, durante 20 días estuvieron presentes bajo sus perrajes observando a sus victimarios, incluso siendo revictimizadas por los comentarios de burla de los acusados. Ahora podemos decir que gracias a su ejemplo más víctimas, empiezan a romper el silencio impuesto por el terror dejado por las dictaduras militares.

El pueblo guatemalteco espera que esta pequeña victoria histórica, se convierta en un gran avance para esclarecer los más de 1,500 casos de violencia sexual contra la mujer por parte de las fuerzas represivas del ejército, los cuales fueron recolectados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y que aún continúan en la impunidad.

Fuentes consultadas: Observatorio Internacional de Justicia. Juicio Sepur Zarco. Jo-Marie Burt y Paulo Estrada.

La victoria de las mujeres dignas y valientes del pueblo q’eqchi

 

Las pruebas de la esclavitud sexual

En 13 días, 23 peritajes y 19 testimonios han sido presentados en contra del exteniente del Ejército, Esteelmer Francisco Reyes Girón, y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij. El Ministerio Público los acusa del delito contra deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, cometidos en contra de 15 mujeres q’eqchí en el destacamento de Sepur Zarco, además de su posible responsabilidad en desapariciones forzadas y asesinatos.

POR ANGÉLICA MEDINILLA

Plaza Publica

Audiencia tras audiencia, el Tribunal A de Mayor Riesgo ha escuchado las declaraciones de los testigos, conocido las investigaciones de los peritos y ha tenido a la vista 48 osamentas encontradas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, entre los municipios de Panzós y El Estor, en el juicio que inició el pasado 1 de febrero.

En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres q’eqchíes han revivido el recuerdo de los meses que pasaron en el destacamento de Sepur Zarco. Los años que guardaron silencio, “un silencio cultural de protección”, como explicó en su peritaje la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien el miércoles 17 de febrero habló de los tejidos sociales que construyeron las mujeres al compartir su dolor de forma colectiva y ayudarse a perder el miedo, contar lo que vivieron y pedir justicia. Los testimonios de las víctimas, que fueron ofrecidos en 2012, y presentados como prueba anticipada ante el juez Miguel Ángel Gálvez, han sido reproducidos y han vuelto a narrar la forma en que los soldados –guiados por comisionados militares–desaparecieron a sus esposos en agosto de 1982. “Viudas” y “solas” las obligaron a trasladarse al destacamento militar de Sepur Zarco, donde, según sus relatos, fueron violadas en repetidas ocasiones durante seis meses y forzadas a cocinar y lavar uniformes militares. A pesar de los intentos del abogado Moisés Galindo, defensor del teniente Reyes, por excluir estos testimonios como parte del debate, el Tribunal decidió que no era posible debido a que “no se puede retrotraer el proceso y las pruebas ya fueron admitidas”, según explicó la jueza Yassmín Barrios.

“Esas diligencias están viciadas, los abogados defensores que oyeron a las mujeres no hicieron ninguna pregunta. Ahora nos tienen amarrados de las manos, solo podemos hacer una defensa técnica”, alegó Galindo.
Cada día se revela una nueva pieza del rompecabezas que construye la acusación. Un testigo protegido de la Fiscalía, presentó su declaración por medio de una video-conferencia. Relató que su reclutamiento dentro del Ejército fue forzado junto a otras 350 personas. El testigo explicó al Tribunal que llegó al destacamento de Sepur Zarco en 1983, como parte de la tropa que relevaría a la del teniente Esteelmer Reyes como responsable del lugar que servía de descanso para los soldados que patrullaban Izabal y Alta Verapaz. “La comunidad estaba asustada por las violaciones y desapariciones”, recordó. El testigo dijo que en Sepur Zarco encontró a dos hombres dentro de una fosa. “Tenían los ojos cerrados y les di de beber agua con una cuchara. Fue feo escuchar cómo les tronó la garganta”, relató.

Cuerpos con torturas

Los testimonios cuentan historias similares, personas que sobrevivieron a torturas, golpes y violaciones en los destacamentos militares alrededor de Sepur Zarco: Chaviland, San Lucas, Pueblo Viejo, Panzós, El Estor, Tinajas, Paraná Las Colinas y Pataxte; además de dos zonas militares: la número 21, Antonio José Irisarri; y la número 6. Ahí muchos de los testigos vieron cómo sus familiares fueron detenidos por soldados del Ejército de Guatemala y ya no supieron nada de ellos. Hasta años después, algunos de los testigos encontraron los restos de sus parientes. Juan Maquín Caal reconoció la camisa de su padre en las exhumaciones realizadas hace cuatro años en las fincas donde se ubicaban los destacamentos. También doña Julia, la madre de Dominga Choc –una de la víctimas de violencia sexual de Sepur Zarco-, encontró las osamentas de su hija y nietas Hermelinda y Anita, a la orilla del río Rojquipur en una exhumación de 2001.
Durante todas las audiencias, las mujeres q’eqchíes han llevado la cara cubierta por perrajes, apenas se les ven los ojos. En el momento que los peritos abrieron las cajas que contenían las 48 osamentas con señales de torturas, su mirada se fijó en los restos de las personas que no han sido identificadas y que podrían ser alguno de sus esposos o familiares de los testigos que han acudido al juicio.

El arqueólogo Óscar Ixpatá indicó que realizaron exhumaciones en la finca Tinajas, donde localizaron 13 fosas. Dentro de éstas encontraron 48 osamentas. Además de los restos humanos, había lazos, vendas, cintas de zapato y material sintético. El experto concluyó que las personas sufrieron torturas y mostró las fisuras de algunos cráneos que recibieron un disparo en la cabeza o golpes fuertes. La defensa del teniente Reyes exigía la cadena de custodia de las osamentas, argumentando que debía estar absolutamente seguro de que cada uno de los vestigios presentados fue encontrado dentro de las instalaciones del destacamento Tinajas. El Tribunal denegó la petición debido a que la cadena de custodia no constituye un medio de prueba.
Listado macabro

Los testigos presentados por la Fiscalía, hablaron de una fecha que tienen grabada: 25 de agosto de 1982. Ese día es la celebración de Santa Rosa de Lima, la fiesta patronal de Panzós, en Alta Verapaz. También fue el día de la captura de 18 hombres, entre ellos, los esposos de las 15 mujeres que hoy son querellantes adhesivas del proceso. Según declararon tres alcaldes de las comunidades, el Ejército había empezado las detenciones dos meses antes de esa fecha. Los militares sabían quiénes tramitaban la titulación de propiedades en los comités de tierra. Los comisionados militares tenían la lista de los campesinos que desde 1970 habían empezado a gestionar un título de propiedad en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y detenían a quienes aparecían en ésta.

Manuel Cuc, alcalde auxiliar de la aldea de San Miguelito en Alta Verapaz en 1982, narró al Tribunal que él fue designado para tramitar las tierras de su comunidad. El 25 de junio de ese año, los soldados lo detuvieron, le acusaban de ser un delincuente y no lo dejaron hacer su solicitud en la municipalidad. Durante 45 días permaneció detenido en una casa en los alrededores del destacamento de Sepur Zarco. Estuvo con los ojos vendados, las manos y pies atados. No le daban de comer y si pedía agua le decían que abriera la boca y tomara los orines de los militares.

Allí conocieron al comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quien, según dijeron los dos testigos, siempre llevaba un listado en su mano e identificaba a los que llegaban al edificio municipal. Si sus nombres estaban escritos en la lista, los llevaba a un calabazo ubicado a la par de la municipalidad.
Los exalcaldes, Manuel Ical de La Esperanza en Alta Verapaz, y Mateo Rax Maquín de San Lucas Tinimaj, Alta Verapaz, contaron que iban todos los viernes a la municipalidad de Panzós, donde se reunían otros alcaldes comunitarios de las aldeas de Panzós, para recibir órdenes y comunicarlas al resto de sus comunidades. Le llamaban el “Día de Viernes”. Allí conocieron al comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quien, según dijeron los dos testigos, siempre llevaba un listado en su mano e identificaba a los que llegaban al edificio municipal. Si sus nombres estaban escritos en la lista, los llevaba a un calabazo ubicado a la par de la municipalidad.

Rax Maquín, relató que fue detenido en uno de los retenes militares durante su trayecto de San Lucas Tinimaj a Panzós. Los soldados lo llamaron junto a otros tres hombres y los llevaron al destacamento de Tinajas. “Los cuatro estábamos solicitando tierra. Nos trataron como cerdos, nos amarraron a un poste y no nos daban de comer”. Fueron llevados a una casa dentro del destacamento, en la cual había cerca de 20 hombres, que eran torturados. A algunos les cortaban las orejas, la cara o la lengua. Uno a uno, los hombres desaparecían y nadie sabía dónde estaban sus restos, hasta que en una exhumación de 2012 encontraron varios cuerpos con las manos y pies atados.

Lucha por el dominio de la tierra

Las declaraciones de los sobrevivientes coinciden en que la mayoría de las víctimas de Sepur Zarco fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas cuando realizaban trámites para la titulación de la tierra de varias comunidades. El antropólogo, Juan Carlos Peláez, presentó un peritaje histórico-registral, en el cual demuestra que las siete víctimas de desaparición forzada en Sepur Zarco, aparecen en los archivos de solicitudes de tierra del INTA. Según Peláez, la violencia sexual y tratos inhumanos sufridos por mujeres y hombres del pueblo maya q’eqchi’ del área del Valle del Polochic, correspondieron a la ejecución de un plan sistemático que buscaba resguardar los intereses de propietarios de fincas con inscripciones registrales anómalas. “Las desmembraciones de algunas fincas eran más grandes que el tamaño de las fincas matriz. Con las solicitudes de los campesinos se iban a revisar las propiedades e iban a surgir todas esas incongruencias”, explica.

El investigador social, Héctor Rosada coincide con Peláez. Durante la presentación de su peritaje militar, aseguró que la violencia en el Valle de Polochic surgió por el temor de los terratenientes cuando los campesinos empezaron a organizarse en busca de legalizar la propiedad de sus tierras. En su dictamen, explica que en Sepur Zarco la denuncia de la élite que temía perder sus tierras, hizo que el Ejército implementara un operativo de control. “Los militares querían estar bien con los dueños de las haciendas, porque allí instalaban sus destacamentos. Incluso les daban carne para sus tropas”. Rosada narró cómo se desarrolla un plan táctico militar en áreas consideradas por el Ejército en conflicto interno, implementaban torturas públicas y patrullajes permanentes.

Pero, según el experto declaró, en la comunidad de Sepur Zarco, no hubo actividad guerrillera durante el conflicto armado. Su afirmación se sustenta en las consultas que hizo a “los dos bandos”. Rosada Granados tiene experiencia y antiguas relaciones con excomandantes guerrilleros y altos mandos del Ejército, debido a su trabajo como negociador de los Acuerdos de Paz y por las investigaciones que ha realizado.

En estos días, el abogado defensor Moisés Galindo presentó un amparo para detener el debate, que fue denegado por la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión que tampoco fue aceptado. El juicio sigue su curso; la Fiscalía y los querellantes terminarán de presentar sus pruebas esta semana. En total, 34 testimonios –19 testigos presenciales y 15 vídeos de anticipo de prueba– 26 peritajes y los vestigios materiales de las osamentas, ropa y objetos asociados. La próxima semana iniciaría el turno de la defensa que planea presentar 48 testigos. Entre ellos, miembros de la congregación evangélica, a la cual pertenece Heriberto Valdez Asij y compañeros exmilitares del teniente Esteelmer Reyes.

https://www.plazapublica.com.gt/content/las-pruebas-de-la-esclavitud-sexual

Fianzas ponen en riesgo vida de mujeres

Las medidas sustitutivas promovidas por la CSJ para evitar el hacinamiento en las cárceles dejan libres a hombres acusados de violencia contra mujeres, lo cual pone en riesgo la vida de las víctimas y evidencia la ineficacia de los mecanismos establecidos para proteger a ese sector de la sociedad.

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POR CAROLINA GAMAZO

“Tenemos 20 días de recibir amenazas de muerte, y vehículos desconocidos nos han seguido. Yo estoy refugiada, y mi mamá tuvo que salir a otro lugar”, cuenta una joven de 19 años, que vio cómo el individuo que amenaza a su familia quedó en libertad mediante medidas sustitutivas.

Esta historia comenzó en 2004, cuando la joven fue violada por su profesor en un municipio de la provincia. En 2006 la familia consiguió llevar al presunto violador a la justicia, pero el juez lo dejó en libertad, alegando falta de mérito.

Sin embargo, la acusación dejó al descubierto la identidad de la denunciante y, así, comenzaron amenazas contra ella y su familia. Estas llegaron al extremo de causar el asesinato de una tía de la víctima. El autor de ese crimen fue capturado y puesto en prisión, pero las intimidaciones persistieron.

Gracias a las pesquisas se logró identificar al responsable de las amenazas. Fue llevado a la justicia en octubre de 2009, acusado de detención involuntaria de una persona relacionada con el caso. Sin embargo, el juez ordenó medidas sustitutivas —arresto domiciliario sin vigilancia y fianza de Q3 mil—, con lo cual recuperó su libertad.

Libre, a pesar de reincidencia

Las intimidaciones continuaron, y un mes más tarde esta misma persona volvió a ser detenida, por amenazas de muerte. En este caso, un magistrado del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal volvió a dejarlo en libertad, también bajo fianza.

“Fue más lo que se tardó en montar los operativos, lo llegaran a capturar a su casa y lo trasladaran, que lo que el juez requirió para dejarlo libre”, explica la joven indignada.

“La fiscal que lleva el caso me contó que estaba angustiada, porque hacía una semana había sido dejado en libertad bajo fianza un hombre acusado de violencia contra su mujer, y al poco de salir, la mató”, agrega.

Norma Cruz, presidenta de la Fundación Sobrevivientes, describe así la gravedad de estos dramas: “Mujeres víctimas de violencia tienen que buscar refugio y andar como prófugas, mientras ellos, sus agresores, han sido puestos en libertad por una medida sustitutiva, e incluso están ufanándose y riéndose, por considerarse intocables”.

Angustia sin justicia

La aplicación de una fianza es también la causa de que una madre y su hija vivan escondidas. Dan su testimonio, pero prefieren mantenerse en el anonimato.

Su caso se inició en junio de 2009. “Yo llevaba dos meses con un hombre y decidí terminar la relación, porque comenzó a controlarme demasiado. Entonces él empezó a amenazarme y coaccionarme. Me decía que tenía que estar con él”, refiere la víctima.

El agresor comenzó a perseguirla, amenazarla y chantajearla con la vida de su hija. Asimismo, le fracturó los dedos y allanó su domicilio. “Me amenazaba con una navaja para que yo hiciera lo que él quería”, relata.

Estos hechos llevaron al hombre a prisión en diciembre de 2009; pero en una nueva audiencia realizada en junio, se le concedió medida sustitutiva. La jueza alegó que las pruebas eran insuficientes. “Había 30 pruebas en su contra, había radiografías de lesiones, mensajes de texto amenazantes e incluso una carta manuscrita por él, reconociendo todo lo ocurrido”, expresa la víctima, con indignación.

“Poco antes de enterarnos de que había sido puesto en libertad, había gente sospechosa delante de la casa y empezaron a entrar llamadas raras al celular de mi mamá. Al día siguiente nos enteramos de que él había salido de la cárcel”, expresa la hija.

Así, ambas tomaron la decisión de esconderse, mientras esperan una nueva audiencia que regrese al sindicado a prisión.

Transgresores libres

Las 20 cárceles del país albergan a 10 mil 133 hombres, cuando su capacidad es para seis mil 222. Tal sobrepoblación llevó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a enviar una circular a los jueces de Primera Instancia Penal y de Paz, en la que les sugerían otorgar más medidas sustitutivas en delitos considerados “leves”.

“El gran defecto radica en la calificación que el juez le dé al hecho. No se está considerando la violencia contra la mujer como un caso de gran impacto en la sociedad”, declara Carmen López de Cáceres, abogada y coordinadora de la Convergencia Cívico Política de Mujeres.

Estos casos muestran la necesidad de un mayor compromiso de los jueces del país para la protección de la mujer. A pesar de las acciones emprendidas por el Ejecutivo, como la Ley de Femicidio —mayo 2008—, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas —mayo 2009— o la Ley contra la Violencia Intrafamilar, 708 mujeres fueron asesinadas en Guatemala durante el 2009, según estadísticas del Ministerio de Gobernación, lo cual evidencia la ineficacia del sistema y el alto riesgo que estos transgresores representan para ellas.

http://www.prensalibre.com.gt/noticias/Fianzas-ponen-riesgo-vida-mujeres_0_292770735.html