Creompaz y la Corte Suprema de Esquizofrenia

por Daniel Butler, Plaza Pública 1. 09. 16

La corte dio un giro en u al dar trámite al antejuicio contra el diputado Édgar Ovalle. ¿Por qué?

El diputado Édgar Justino Ovalle es cofundador del partido Frente de Convergencia Nacional y aliado cercano del presidente Jimmy Morales. La Fiscalía de Derechos Humanos lo vincula a delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos entre 1981 y 1983 por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). Pese a que otros ocho exmilitares señalados en el caso Creompaz ya fueron ligados a proceso[1], al solicitársele a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite al proceso de antejuicio, este fue rechazado unánimemente e in limine el 28 de enero de 2016. A juicio de la CSJ, los señalamientos contra Ovalle eran «espurios».

El Ministerio Público impugnó la decisión en la Corte de Constitucionalidad por vía de amparo. El 18 de agosto esta ordenó que la Corte Suprema de Justicia debía fundamentar mejor su resolución[2]. En una vuelta en u, el 29 de agosto la CSJ decidió, de forma unánime, que ahora sí procede el antejuicio. Esto implica que la decisión inicial de la CSJ era insostenible, ya que no podía fundamentarla.

La pregunta es cómo puede la misma corte, con el mismo expediente, con los mismos indicios y con los mismos señalamientos, llegar a una conclusión contraria y, más aún, por unanimidad. ¿Qué cambio hubo entre enero y agosto de 2016 para explicar esta esquizofrenia jurídica?

Mencioné que fue la misma corte en enero y en agosto, pero en realidad creo que no lo era. Cuando se denegó la solicitud de antejuicio en enero de 2016, el magistrado Douglas Charchal aún no había sido señalado en el caso TCQ. En cambio, en este momento se encuentra sin inmunidad y bajo investigación por dicho caso y, pese a sus mejores esfuerzos, no integró la corte que le retiró la inmunidad al diputado Ovalle. El magistrado Charchal había pedido licencia para ausentarse de sus labores hasta el 9 de septiembre, mientras se lo investigaba por el caso TCQ. Sin embargo, días antes de que la corte retomara el caso del antejuicio de Ovalle, Charchal pidió ser reintegrado. Esta petición llegó a la magistrada Silvia Patricia Valdés, presidenta en funciones, ya que el presidente Rojas estaba fuera del país.

La solicitud de Charchal de ser reintegrado en la corte causó polémica en las redes sociales, dado que se interpretó como un intento de beneficiar a Ovalle. Tanto fue el clamor en contra de su solicitud que hizo declaraciones en la prensa a efectos de que se inhibiera de conocer antejuicios o procesos que se relacionen con política, probablemente en referencia al caso de Ovalle. De todas formas, su solicitud de regresar a la corte fue denegada.

Curioso que Charchal entregara su solicitud de ser reintegrado en la corte cuando el presidente Rafael Rojas estaba fuera del país. La presidenta en funciones, la magistrada Valdés, quien recibió su solicitud, fue señalada en marzo de este año por La Hora de estar detrás de un plan para debilitar a la fiscal general. Se la acusa de actuar en contubernio con la magistrada Blanca Stalling. Al filtrarse la noticia del complot a la prensa, se renovó la llamada para que Stalling renunciase a su cargo como magistrada de la Corte Suprema.

Stalling es otro elemento importante para entender el cambio de opinión de la corte. En enero de 2016, la magistrada era presidenta de la Cámara Penal. Sin embargo, cada vez ha sido más tachada de «no idónea» para ocupar el cargo de magistrada y señalada por varios colegas y algunos medios de ser una de las fuerzas «opacas» dentro la CSJ. Es otra magistrada cuya posición dentro de la corte ha sido debilitada escándalo tras escándalo.

Aquí cabe mencionar al honorable magistrado Vladimir, quien también, en el ínterin de las dos decisiones opuestas de la corte, sufrió por un escándalo relacionado con su posible involucramiento en el caso TCQ, que provocó su renuncia en mayo.

El cambio radical en cuanto a la inmunidad de Ovalle también es una respuesta de la corte a la coyuntura actual. Ya ha avanzado bastante el caso Creompaz y se ha vuelto más difícil negar los hechos alrededor de este. Entre enero y agosto ha habido avances importantes en los múltiples casos de corrupción promovidos por la Cicig, que cada vez más desenmascaran y deshacen las telarañas de tratos sucios que han mantenido en el poder a algunas fuerzas oscuras. También estamos viviendo un momento en el que quizá no conviene ser visto como aliado del presidente Jimmy Morales. Puede ser que la misma cercanía al presidente que amparó a Ovalle en enero sea lo que ahora lo debilite, ya que Morales es cada vez más cuestionado por la sociedad y se encuentra implacablemente ridiculizado en los medios por una metida de pata tras otra.

De todas formas, las decisiones de la CSJ no deben ni basarse en cuestiones coyunturales ni depender de la fuerza política relativa de sus integrantes. Solo debería haber un criterio para una resolución judicial: el derecho. Por supuesto aplaudo la decisión de la corte de no promover la impunidad, pero sigo a la espera de una judicatura que resuelva consistentemente conforme a la ley. La independencia judicial verdadera exige que las instituciones hagan justicia sin importar dónde sopla el viento o quién viene a tocarles la puerta.

 

***

[1] De los 11 imputados, 8 fueron ligados a proceso. El MP está impugnando la decisión de no ligar a todos los acusados al proceso por vía de amparo, ya que, según su criterio, fueron excluidos por un excesivo tecnicismo que impide el acceso a la justicia.

[2] Para evitar la duda, la Corte de Constitucionalidad no se pronunció sobre si procede o no el trámite de antejuicio, y ello no era equivalente a una orden a la Corte Suprema de Justicia de resolver de otra forma. Simplemente se le ordenó a esta que volviera a estudiar el expediente y que argumentara las causas del rechazo al requerimiento del antejuicio.

 

 

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La amenaza a las radios comunitarias es política

Oswaldo J. Hernández / Entrevista

El abogado, activista y experto guatemalteco en derechos humanos, explica la necesidad de continuar con el trabajo realizado para buscar un marco legal que proteja a los periodistas de Guatemala, analiza el panorama para que un proyecto de este tipo funcione de manera adecuada, desde una perspectiva democrática, donde no puede ser soslayada la realidad de la comunicación comunitaria, como tampoco la resistencia del mercado y los medios comerciales para reconocer a otros actores en el ejercicio del periodismo.

En 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina, anunció la creación de un Programa de Protección de Periodistas, e instruyó a su secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, para que se hiciera cargo del asunto. Los meses, los años pasaron, y lo que se logró fue un esbozo de un plan que nunca fue terminado. Luego de la renuncia de Pérez Molina, el diseño de un mecanismo para proteger a los comunicadores de Guatemala, a cargo de la socióloga Ana Margarita Castillo, quedó abandonado, en un impasse.

Ahora, Frank La Rue, subdirector de Comunicación e Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anuncia que esa institución retomará el Programa de Protección para Periodistas de Guatemala. Esta vez, el enfoque se centrará en seguridad, con una perspectiva más amplia en torno a prevención, protección y procuración de justicia. La propuesta de la Unesco consiste además en la inclusión, en conjunto, de periodistas de medios comunitarios, públicos y comerciales. “La información no puede ser exclusiva de un solo sector, sino debe tener una apertura democrática para otras voces. La sociedad forma un criterio propio a partir de la información que necesita”, dice La Rue, quien entre 2008 y 2014 fue Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los criterios de la Unesco para reconocer y validar el trabajo periodístico son muy amplios: cualquiera que cumpla con el servicio de informar es periodista. De esta forma, La Rue, indica que el periodismo es una profesión a la que no se le puede condicionar desde el Estado, como tampoco desde la academia. En este sentido, el representante de la Unesco ubica una pugna política por los medios de comunicación, los comerciales, los públicos y los comunitarios. “Todos importantes”, indica. En consecuencia, La Rue señala que el periodismo en Guatemala necesita establecer consensos, necesita entablar diálogos para evitar la exclusividad, promover la inclusión de todas las voces posibles, para que pueda existir un marco legal que aseguré la libertad de expresión.

¿Cómo lee el panorama actual sobre medios de comunicación y libertad de expresión en Guatemala?

La libertad de prensa, lo que necesita para el país, es un marco legal. Es decir, que se reconozca que cualquiera puede practicar el periodismo, que es considerada una profesión sin condiciones, sin requisitos ante el Estado. Lo segundo, es que el marco legal también permita la libertad de investigar, documentar, averiguar y escribir sobre cualquier tema que a uno le interese. Pero fundamentalmente se debe poner atención a la seguridad de los periodistas. Debemos empezar a usar el término seguridad y no protección, porque la seguridad es más amplia. Implica las tres “P”: prevención de actos de intimidación y agresión; protección, que debe darse cuando la agresión y la intimidación ya han ocurrido o sean inminentes; y la procuración de justicia, la plena investigación de los hechos que se han dado.

Debemos empezar a usar el término seguridad y no protección, porque la seguridad es más amplia

¿Es necesario caracterizar las distintas formas en que se puede definir la profesión de periodista?

En el marco legal, lo que a veces falla en ciertos países, es darle cabida a todas las voces. Un principio básico de la libertad de expresión es la libertad y el pluralismo. El ejercicio de la libertad de prensa no es sólo la función del periodista, sino también implica el ejercicio de la sociedad para recibir información. Estamos hablando de un interés de mayorías, de un interés común y público. Se trata de construir pensamientos propios a través de los contrastes de diversas fuentes e ideas, diversidad de medios y pluralismo de posiciones.

¿Qué significa entonces una diversidad de medios?

Que no puedo recibir información sólo de medios comerciales. Que no son malos, que también hay que protegerlos. Pero hay que entender que estos medios están configurados por el lucro a partir de la información. Entonces hay que procurar la convivencia de medios comerciales y medios públicos pero independientes, no controlados por el gobierno ni por un partido político. Debe haber una frecuencia radial y otra televisiva que sea gestionada por el Estado, pero que no sea una propuesta desde el gobierno. Dentro de nuestros contextos de países en desarrollo, tenemos los medios comunitarios. La idea es que tienes comunidades con realidades económicas distintas, bolsones de población que viven en más y menos pobreza, pero con una diversidad étnica y cultural muy grande. En el respeto a esta diversidad, se plantea el reconocimiento de otros medios que respondan a los intereses de estas comunidades. En la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, se dice que todo pueblo tiene derecho a usar los medios tradicionales o tener medios propios de comunicación. Los países con mayor población, en particular deberían tener medios comunitarios.

No obstante, el libre mercado, la propiedad privada, ha configurado el espacio de la libertad de expresión en Guatemala.

Fue una tendencia mundial. Pero especialmente de América Latina. Hubo un momento en que la tendencia era que únicamente lo privado era bueno y lo público era malo. En Europa no sucedió lo mismo, y tenemos por ejemplo que muchos olvidan: la BBC de Londres, que es de lo mejor que hay, es pública, con fondos estatales. Lo mismo con la Radio Netherlands, Francia Internacional, que son estatales pero no controlados por el gobierno. Hay una tradición de radios públicas que es importante. En Guatemala se dio la “modernización” de privatizar todas las frecuencias del Estado. Y se privatizó arbitrariamente, creando orden, como suelen argumentar desde el libre mercado, con las subasta. Lo importante es que esta dinámica es aplicable a las comerciales. Pero nunca se creó la categoría para radios comunitarias ni se guardó la reserva del espectro. Es el gran fallo de Guatemala, y aún hoy se niega el reconocimiento de una ley para este tema.

La ley de comunicación tiene muchos problemas. Por ejemplo, el órgano regulador es la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). En todos los países se ha instado a que el órgano regulador de una ley de comunicaciones sea del Estado, pero independiente, con presupuesto propio, con diversidad de participantes técnicos. Aquí la SIT tiene apariencia de algo autónomo pero no lo es, es una dirección general del Ministerio de Comunicaciones, que hasta resulta en una ficción legal dentro del marco jurídico que se intenta en Guatemala para la libertad de expresión. Las subastas son aplicables, claro, a lo comercial, pero no se puede intentar este tipo de mecanismos para radios estatales o comunitarias. No se trata de que el que tenga más recursos es el único que tiene acceso al espacio radiofónico. La idea de democracia y pluralismo implica el combate a los monopolios. Como ocurre en EE.UU. donde la Federal Comunications Commission (FCC) controla quién tiene un medio televisivo en un área no puede tener un medio de prensa escrito en la misma jurisdicción; el fin es garantizar la diversidad, que la gente no se informe sólo con un mismo discurso, sino desde distintas aproximaciones a la noticia.

¿A qué atribuye el ataque mediático de los últimos meses en contra de la legitimidad de las radios comunitarias desde la Cámara de Radiodifusión de Guatemala?

La amenaza es política. No es económica ni de discurso, sino política. Evidentemente económica no es, porque las radios comunitarias no pueden competir. Las radios comunitarias tienen que tener tres características: deben ser de la comunidad, no ser lucrativas y no pueden hacer proselitismo ni político ni religioso. Si es la radio de una iglesia no entra dentro de la lógica comunitaria. Entonces, la amenaza es política porque el gran negocio de la comunicación en Guatemala, tanto radio, prensa, televisión, se da a partir de los procesos electorales. Quien controla la publicidad política también controla las elecciones. La televisión, la radio configuran el voto. Esa es la pugna. El dilema.

La amenaza es política. No es económica ni de discurso, sino política. Evidentemente económica no es, porque las radios comunitarias no pueden competir.

¿Cómo entender las acusaciones de corrupción en torno a la Ley de Radios Comunitarias por parte del sector comercial? Por ejemplo, se ha pedido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que inicie investigaciones

Lo piden pero no dicen por qué. Tiran el comentario pero no el argumento, la lógica, la razón… Se habla de radios piratas, claro, pero se trata sobre todo de la criminalización de la comunicación comunitaria. Aun cuando se difunde sin autorización no es un delito, no está tipificado como tal. Se trata de una falta administrativa, no de otra cosa. Si se acusa de hurto, ¡hurto!, una frecuencia electromagnética no se puede robar… el hurto es para inmuebles. Por lo tanto no hay y no debería de haber tipificación de delito en estos casos. Tampoco digo que interferir la señal de una radio autorizada sea correcto, pero únicamente es una falta administrativa.

Lee también: Lanza: Reconocer los medios comunitarios sería un paso importante para la democracia

¿Cómo queda la categorización de los periodistas, es decir, el comunitario, el empleado público y el comercial?

Es válido para todos. Es periodismo. Todos hacen un servicio de informar. No es dable que se diga que sólo los medios comerciales tienen periodistas.

¿Cómo enfrenta entonces el Estado un mecanismo para brindar seguridad a todos los periodistas?

Es muy importante, el criterio, tanto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, que el periodismo es la profesión sin condiciones. No se exige título. No se exige colegiación profesional. Ni se exige registro con el gobierno. No significa, en todo caso, que estemos en contra de que se tengan estudios profesionales, como tampoco demeritamos a las asociaciones de periodismo, como mucho menos, dependiendo los distintos tipos de cobertura, se deban registrar las profesiones ante alguna autoridad. Pero lo que no debe hacerse es que existan condiciones indispensables para hacer periodismo. Sería muy fácil, en caso contrario, negarle a cualquier el oficio de informar.

¿Cómo evalúa cuando en la información no hay contrastes, y sí hay discurso y activismo?

Un activista puede ser periodista. Pasa, como pasa en todo el mundo, que los gremios suelen ser exclusivos. Es como los médicos que no quieren reconocer la medicina homeopática: “es que esos no son doctores”. Cada gremio se protege a sí mismo y es por ello la necesidad de marcos legales y mecanismos de seguridad para periodistas.

La mesa de trabajo para la protección de periodistas en Guatemala, quedó en un limbo luego del gobierno del Partido Patriota…

La idea, la misión, es retomar el tema de seguridad para la libertad de expresión. Es parte de la agenda de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Unesco. Se continuará con lo ya trabajado con la mesa. No es empezar de cero. Hasta el momento hay un plan de trabajo, una evaluación del plan de trabajo que estaba bien. El cambio, sí, es que en el gobierno anterior se planteó desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y este no es un tema que debería ser parte de sus funciones. La propuesta es que, bajo la perspectiva de Derechos Humanos, debe ser retomado ahora o con Copredeh (Comisión Presidencial de Derechos Humanos) o por el Ministerio de Gobernación desde el Viceministerio de Prevención. Ese es el planteamiento que tenemos desde la Unesco para Guatemala. Es importante que cada país cuente con un mecanismo, un protocolo de seguridad para los periodistas. Es importante además que todas las asociaciones de prensa de Guatemala se pongan de acuerdo en este tipo de temas; que no se excluyan entre ellos y reconozcan la pluralidad del periodismo. Hay 13 asociaciones de prensa en el país, más otras de periodismo comunitarios. Unesco puede acompañar pero no puede sustituir el papel de los propios periodistas para ponerse de acuerdo. No debe haber exclusividad de nadie.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-amenaza-las-radios-comunitarias-es-politica

Las lecciones de Totonicapán

Los graves disturbios ocurridos ayer en Totonicapán deben ser motivo de un cuidadoso y concienzudo análisis por las autoridades, en vista no solo de la lamentable pérdida de la vida de seis personas, sino de las consecuencias de la presencia de tropas del Ejército para disolver manifestaciones de protesta contra medidas tomadas por el Gobierno de la República.

EDITORIAL

Es imprescindible señalar que las acciones ilegales, como impedir el paso de vehículos en cualquier punto del país, son violentas de hecho, aunque se realicen sin medidas que merezcan ese calificativo. Independientemente de que sean justificadas o arbitrarias, hacerlo constituye una violación a algunos o varios de los derechos de la colectividad en los campos de la libre locomoción, la actividad comercial. En cualquier parte del mundo políticamente avanzada las autoridades actúan de manera pronta para despejar caminos e instaurar el orden.

Eso quiere decir que se justifica la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en Guatemala el asunto se complica por varias razones. Una es que las fuerzas policiales no son suficientes y en general no están entrenadas para reaccionar en la forma adecuada. La otra es que ello obliga a la presencia de soldados, pero los criterios de su enseñanza y preparación son distintos a los de las fuerzas policiales. Por ello es mucho mayor el riesgo de que todo se salga de control.

El tercer factor es que no se puede dudar de la existencia de grupos interesados en azuzar a la población. En el caso que motiva este comentario, la organización social de los cantones y sus autoridades, estos pudieron haber sido convencidos de actuar como lo hicieron. Pese a ello, el Gobierno también necesita comprender que debe analizar mejor la manera de tomar las decisiones y de comunicarlas.

Lo ocurrido ayer refleja de nuevo la complicada realidad del país. Es necesario tomar decisiones de estrategia nacional, no de interés partidista electorero o de intención ideológica de ahondar los problemas existentes. Acciones como la de ayer en Totonicapán constituyen un río revuelto que no beneficia a nadie, porque ya se están convirtiendo en una crisis que puede llegar a sumir al país en la ingobernabilidad. Esto es una realidad muy cercana y no se disminuye porque en variadas ocasiones haya sido señalado por representantes de numerosos sectores.

La política es el arte de lo posible, de la negociación. No lo es de la imposición, porque ello tarde o temprano desemboca en el totalitarismo, con sus consecuencias que, por conocidas, no es necesario repetir. Ello no implica, y esto parece paradójico, que no haya firmeza, y por eso la experiencia política se manifiesta en la capacidad de mantener a ambas, pero también de tener plena conciencia de hasta dónde pueden llegar. El primer corolario de este hecho son las contradictorias versiones de lo ocurrido, ofrecidas por las autoridades y por quienes se encuentran lesionados luego de haber participado en los disturbios.

http://www.prensalibre.com/opinion/lecciones-Totonicapan_0_786521364.html

La explotación raja

El lunes de esta semana los ministerios de Comunicaciones,  Energía y Minas y Ambiente presentaron su informe  sobre las  viviendas rajadas alrededor de la mina Marlin en la Comisión de Transparencia del Congreso. Según este, después de una investigación —que duró cinco meses—  las rajaduras “no tienen  relación con la explotación de oro en esa área”.

MAGALY REY ROSA Siempre Verde

Este “sorprendente” hallazgo contradice  un informe similar, realizado por un equipo de ingenieros profesionales que incluyó a  geólogos de la Universidad de Colorado, un ingeniero civil de la Universidad de Pensilvania y a un ingeniero experto en minería que tiene 40 años de trabajo con compañías mineras y el gobierno federal de Colorado, además de un profesional guatemalteco. Ese proceso de investigación —que duró dos años— inició con las primeras denuncias en el 2007. Observaron varias casas en aldeas alrededor de la mina, y, como control, otras en dos aldeas alejadas.

Las rajaduras fueron medidas, marcadas y fotografiadas, tomaron muestras de suelo cerca de las estructuras, las que fueron analizadas en laboratorio certificado en EUA. Ejecutaron monitoreo de vibraciones de camiones pesados y de las voladuras; observaron el terreno para identificar inestabilidad de suelos, observaron métodos de construcción y revisaron los registros científicos de geología, actividad sísmica y tipos de suelo de la región.

Sus conclusiones: las casas alrededor de la mina tienen muchas más rajaduras que las casas en las aldeas control; se elimina la inestabilidad de la tierra, la actividad sísmica y los defectos de construcción como causas probables; el tipo y el modelo de la mayoría de las rajaduras determina que fueron causadas por vibraciones. Por eliminación, “la causa más probable de los daños son las vibraciones de la tierra. No hay fuentes de vibraciones en el área, salvo las derivadas de las explosiones de la mina y el tráfico de camiones pesados”. Para ver el informe completo: http://resistencia-mineria.org/espanol/files/Informe_Casas_Rajadas.pdf     El otro informe, el oficial, no se encuentra en ninguna parte todavía. Sin pretender entrar en debate técnico, me impactó la pregunta que hizo una monjita de San Marcos: “Si no hay relación entre las rajaduras y la mina, ¿por qué antes no se rajaban las casas, y sí cuando empezaron los trabajos de explotación?”.

El informe oficial dice que  las causas son la mala calidad de la construcción y la actividad sísmica, ¿por qué no se rajan todas las casas de San Marcos, y solamente las cercanas a la mina? Según informe de  Oxfam,  en los países empobrecidos que aumentan su dependencia de la extracción de recursos (petróleo, minerales y madera) para la exportación, suben los índices de corrupción gubernamental y de violencia. La violencia y la corrupción no son fenómenos nuevos en Guatemala, pero pueden aumentar  en relación con oro, plata o petróleo.

Antier, sujetos desconocidos  balearon a una mujer que se opone a la minería en San Marcos; Sergio Véliz —ex secretario ejecutivo del Conap durante el gobierno de Óscar Berger— cometió delitos para favorecer la explotación petrolera en Laguna del Tigre. Ella está en coma; él es solo el primer funcionario corrupto al que acusan. Pero no todos los funcionarios son corruptos. Hoy reconozco y aplaudo la sólida defensa que ha hecho el Conap, y sobre todo su departamento jurídico, ante la pretensión de prorrogar ilegalmente la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Ojalá el viaje del presidente Colom a París, a inaugurar una muestra arqueológica que financia Perenco, no sea un mal augurio.

http://www.prensalibre.com/opinion/Magaly_Rey_Rosa-Siempre_Verde_0_295170594.html

Genera angustia fin de mandato

La reciente recuperación del Ministerio Público es apenas un avance coyuntural.

CARME AIDA IBARRA

La renuncia del jefe de la Cicig, el inminente fin del mandato de esa comisión y la creciente animadversión en su contra forman parte del cúmulo de señales desalentadoras en materia de lucha contra las estructuras criminales más poderosas del país. Quienes se sienten amenazados, desafiados, retados y expuestos han logrado crear escenarios antagónicos exacerbados que, por ahora, dificultan esa tarea.
La reciente recuperación del Ministerio Público es apenas un avance coyuntural, si consideramos que los operadores del crimen se multiplican profusamente por todos lados. Además, estamos ingresando en una etapa donde la elección presidencial adquiere prioridad absoluta; se celebran pactos de todo tipo, a la luz de millonarios aportes para el proselitismo, y se suscriben, incluso con sangre, compromisos para atacar y obstruir esfuerzos orientados a acabar con el estatus de inoperancia, debilidad y sometimiento institucional.
Muestra de ello es la crisis sistemática en las instituciones de justicia y seguridad, que en el último año ha alcanzado dimensiones que provocan pensamientos y análisis verdaderamente pesimistas. Muchos dirigentes partidarios y sectores sociales actúan con indiferencia, mientras que otros son partícipes de conjuras para que todo esfuerzo fracase.
La mezcla de todas esas situaciones genera angustia respecto de lo que vendrá cuando se agote el mandato de la Cicig, en un contexto difícil para negociar y aprobar su continuidad. Por eso es preciso revisar cuál debiera ser nuestro marco de referencia: Hace unos 20 años  empezaron a perfilarse corrientes sociales y políticas que entrañan una firme decisión de luchar contra la impunidad y enfrentar los fenómenos de crimen, corrupción y poder político ilícito. De ahí surgen los casos Myrna Mack y Beverly Sandoval, los juicios contra personajes como el Iboy, el Marino y los integrantes de las bandas el Canguro, Agosto Negro, entre muchos más ejemplos.
Si revisamos bien, encontraremos que ha habido personas y organizaciones que emergieron en contextos de mucha fragilidad e incertidumbre políticas, con el fin de luchar contra el poder oculto y las estructuras criminales.  Será preciso seguir ese camino con Cicig o sin ella, apostando por repetir y multiplicar los esfuerzos que se han realizado desde la prehistoria de los acuerdos de paz y mucho antes de que la instancia internacional fuera creada a  instancias de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos el deber de aprovechar la experiencia, reeditar las buenas prácticas y evitar que los aportes de la Cicig queden arrumbados en alguna esquina de la historia.
* Movimiento Pro Justicia

http://www.prensalibre.com/opinion/Genera-angustia-fin-mandato_0_283771627.html

¿Estado de Prevención o Estado de Represión?

Juan Pablo Ozaeta

La historia ha demostrado que los focos de estallido social tienen como factores núcleo, además de la pobreza, el bloqueo de las iniciativas de organización de las comunidades por mejorar sus condiciones de vida.
Juan Pablo  Ozaeta
La represión a líderes comunitarios y la pobreza en la que ha vivido la población, incidió para que muchos habitantes de zonas rurales e indígenas, se incorporaran al movimiento guerrillero. En otras palabras, es la falta de democracia lo que llevó a esa guerra.

Hoy en día hay varios focos de estallido social bien identificados, y por las causas que he mencionado. Al que me quiero referir en esta oportunidad es San Marcos.

En este departamento, se ha venido padeciendo de un estado de prevención que ya lleva más de seis meses. En esta población se han desarrollado movimientos en oposición a la minería, principalmente en los municipios del Altiplano, donde varias alcaldías han organizado consultas comunitarias, que han dejado fijada la posición de estas poblaciones, de que su opción no es la minería.

Otro movimiento que tiene su ubicación en parte del altiplano, y ahora más fuertemente en la costa de San Marcos, es la oposición a la transnacional de distribución de energía eléctrica Unión Fenosa, y la exigencia por servicios de distribución alternativos y sin costos tan excesivos, bien sea nacionales o autogestionados.

Un estado de prevención que inició desde diciembre del año pasado, significa para una población que ya vivió en un estado de guerra, una vuelta triste al pasado. ¿Y cuáles son las causas de este prologando estado de excepción?

El gobierno central ha señalado que es parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en seis meses, ¿qué resultados en la lucha contra las drogas ha dejado el estado de excepción? Solamente se reportan erradicaciones de sembradillos de amapola, y decomisos de armas sin portación de licencia.

Los sembradillos, mayormente vistos en el altiplano del departamento, son propiedad de campesinos que ante un ofrecimiento de mejores ingresos de los que tendrían con la producción de alimentos, se ven motivados a realizar este trabajo. Por esto es que con su erradicación, no se observa ninguna captura. Mientras tanto, en Ocós y otros puertos las lanchas rápidas sacan droga de nuestra frontera, y de eso no se reporta ninguna acción.

¿Cuántos capos del narcotráfico podrían encontrar en el altiplano de San Marcos? Por el contrario; para la población que se opone a la minería y a Unión Fenosa, el estado de prevención ha dejado como saldo no poder realizar manifestaciones públicas, porque ahí si dejarán caer su peso las fuerzas de seguridad. También varios líderes han sido asesinados.

Por su parte, el gobernador de San Marcos, Francisco Mérida Orozco, sí ha reconocido que el estado de excepción se ha prorrogado (casi siete veces consecutivas) por la presencia de grupos de inconformes en el departamento, que no quieren participar en diálogos.

Pero ¿Cuánto se puede creer en diálogos de gobiernos que no quieren reconocer la voz del pueblo manifestada en consultas populares?, y tampoco quieren atender recomendaciones de instancias internacionales que han comprobado que la minería afecta la salud de las personas, y debe ser detenida.

San Marcos es una olla a presión en este momento, para evitar que estalle hay que parar los proyectos mineros, atender las demandas sobre Unión Fenosa y terminar con el estado de prevención.

Se apagó la luz
Eduardo Blandón

Sólo ganas de llorar deja la salida de Castresana de la CICIG, no por él, sino por Guatemala, por el retroceso que significa su partida y por la pérdida de una ilusión.  Porque, ¿a quién no le empezaba a gustar ver en la cárcel a los hampones? ¿Quién no empezaba a degustar el nuevo y extraño sabor de la justicia?  La salida de Castresana nos despierta del sueño profundo, nos pone en nuestro lugar y nos recuerda nuestra naturaleza más íntima.
Eduardo  Blandón
Castresana era una especie de utopía a punto de realizar.  Se perseguía a tramposos y, con la seriedad de un hombre comprometido, los entregaba a la justicia, sin piedad, con pruebas, sin arbitrariedad ni tampoco violencia.  Parecía la encarnación del justiciero extraterrestre, nunca visto (al menos para nosotros) que enviado del espacio nos sedujo con el milagro del fuego.  “Nada del otro mundo”, repiten sus adversarios, pero bien que vivían su presencia con “terror y temblor”.

En Castresana no había magia ni pócimas milagrosas, sus acciones eran de lo más ordinario del planeta, pero ninguno en nuestro país (o muy pocos para ser justo) se había comprometido tanto con la justicia como él.  Pocos han experimentado la chifladura por combatir la corrupción, perseguir a los criminales y oponerse con valentía a la impunidad.  Entre nosotros el común denominador ha sido casi lo contrario, escondernos, asociarnos con nuestro silencio con los malhechores y permitir con nuestra omisión toda clase de males.

Por eso la luz de luciérnaga de Castresana (con todas las limitaciones de la CICIG) se convirtió en una antorcha en medio de nuestra oscuridad.  Y vaya el terror de los hijos de las tinieblas, les temblaba las piernas al andar y aborrecieron la luz.  Desde entonces empezaron a complotar, urdir amenazas e inventar obstáculos.  Se asociaron, como siempre, como han hecho desde toda la vida, y el viernes pasado alcanzaron su propósito.  Lograron la renuncia del hombre que adquirió la estatura de profeta en nuestro desolado mundo pagano y hoy están rebosantes de alegría.

Se sienten victoriosos porque les permite una pausa para seguir esquilmando al país, para ocultar su rostro y reacomodarse en las instituciones del Estado.  Hoy experimentan seguridad y toman aire para nuevos combates, están seguros que no darán tregua en su lucha por mantener su estatus delincuencial.  Se sienten fuertes, apagaron la luciérnaga y sienten orgasmos victoriosos como los pudo sentir un día el torpe Goliat.  Les parece que su triunfo, el de ahora, es definitivo.

Mientras nosotros, muchos de nosotros, sólo tenemos ganas de llorar: por el regreso de la impunidad, la victoria temporal de los hampones, las ilusiones perdidas y el abandono al pesimismo.  Volvemos a la idea de que en Guatemala no sólo la naturaleza nos adversa, sino la organización social, la estructura del Estado y la actividad de quienes hacen política.  Volvemos a la idea del desamparo y a pensar que lo propio en esta mala hora es la huida.

En definitiva, la renuncia de Castresana nos recuerda que el país está en alas de cucaracha o, como dijo alguien, en estado muy delicado, moribundo, en coma.