Ríos Montt es declarado incapaz de enfrentar juicio

Por Redacción de Prensa Libre, 16 de noviembre 2016

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, declaró incapacitado al general José Efraín Ríos Montt para afrontar la justicia por la masacre en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén, en 1982

Luego de escuchar los argumentos de los abogados de Ríos Montt, la jueza Domínguez declaró que el exjefe de Estado, de 90 años, debe enfrentar este proceso a través de la representación de los abogados.

Durante una audiencia celebrada en el Juzgado, la hija del general retirado, Zury Ríos, quien es su tutora, acompañada de sus abogados Jaime Hernández y Luis Rosales, pidió a la jueza que terminara la persecución penal contra su padre debido a sus padecimientos.

La jueza declaró sin lugar la petición planteada y el caso contra Ríos Montt avanza.

La jueza había ordenado que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúen cada 30 días la salud de Ríos Montt, ante esa decisión, los abogados presentaron un recurso de reposición y la jueza resolvió que médicos particulares revisen al sindicado quien fue diagnóstica con demencia.

En caso, Ríos Montt está ligado a proceso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida en el parcelamiento de Las Dos Erres, las Cruces, –desde noviembre de 2011, es municipio–, Petén; murieron 201 personas.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/decretan-incapaz-a-rios-montt-para-enfrentar-juicio

“No espero nada de la justicia de Guatemala”: Angélica Choc

Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra, CERIGUA

Angélica Choc es una líder indígena Maya Q’eqchi’ que ha sido víctima, como muchos otros miembros de su comunidad, de violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa canadiense Hunbay Minerals Inc., que opera en El Estor, departamento de Izabal; en 2010, Choc demandó en Canadá a la minera por el asesinato de su esposo, Adolfo Ich, en septiembre de 2009.

La lideresa visitó Ginebra para denunciar ante diferentes instancias de las Naciones Unidas los abusos de la empresa, el estado de los procesos judiciales que lleva en Canadá y en Guatemala y las amenazas, intimidaciones e incluso el atentado que sufrió como consecuencia de su labor como defensora de los derechos humanos y ambientales.

En entrevista exclusiva con CERIGUA, Choc aseguró que, aunque el proceso en Canadá avanza lentamente, tiene fe “en que más adelante resulte, porque todo ser humano tiene derecho a la vida y en este caso se la quitaron a un hermano nuestro, a un padre, a un esposo; vamos a ver si esa demanda prospera en Canadá, porque de la justicia de mi país no espero nada”, dijo.

Durante su visita a Ginebra, Choc se reunió con representantes de expertos de la ONU, como la relatoría sobre defensores de derechos humanos, la de libertad de reunión y la de los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, dialogó con la sección para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con la Comisión Internacional de Juristas.

Adicionalmente, Choc expuso su caso ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde también participó como panelista en un evento paralelo, y denunció, el pasado 24 de octubre, los atropellos de la empresa contra su comunidad en el marco del examen de Canadá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con respecto a sus gestiones ante las Naciones Unidas, Choc dijo a CERIGUA tener la expectativa de que su caso “sea resaltado” en Canadá “porque nos hemos dado cuenta de que sus empresas en nuestros países han incumplido los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida”, añadió la activista, quien es consciente de que la persecución de la que es víctima está motivada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres indígenas.

“Años atrás yo no les prestaba atención a esas amenazas, no las creía”, continuó Choc, “pero el pasado 17 de septiembre sí sentí miedo: eran las 12:10 de la noche y hubo una balacera en mi casa, en donde estaba con dos hijos; tiraron a donde estaban ellos, escuché todo, me tiré al piso y no me podía levantar; luego arrancaron como dos motos y oí una risa que se alejaba, pero no me podía levantar porque tenía mucho miedo”.

“Al día siguiente nos tuvimos que desplazar del lugar, que es lo más doloroso que estoy viviendo, porque tuve que salir de mi comunidad”, dijo la defensora de derechos humanos, quien además precisó haber puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y manifestó su preocupación por no contar con apoyo económico de ningún tipo.

Débora Yancoba, psicóloga de profesión y representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, quien acompaña a Angélica Choc en Ginebra, confirmó el daño psicológico que ha sufrido: “ella está pasando por una situación emocional muy difícil; su caso, en Guatemala, está en fase de debate oral y público, pero de público no tiene nada”.

Yancoba dijo a CERIGUA que no cree que vaya a haber avances en el litigio doméstico: “El Estado guatemalteco protege a las empresas por intereses económicos y políticos, y no podemos hacer más que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo; las denuncias de atropellos a defensores de los derechos humanos no tienen avance, pero cuando son las empresas las que denuncian a un líder comunitario, esos casos sí prosperan e incluso ha habido sentencias”.

Sobre el proceso contra la empresa que tiene lugar en Canadá, Yancoba se mostró más optimista: “No perdemos la esperanza, ojalá que el caso pueda avanzar, con apego a la ley, y que puedan garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación integral porque las mujeres no van tras una reparación económica: lo que desean es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de Guatemala, dignificar su lucha y garantizar que sus hijos puedan tener una vida digna, todo de una manera pertinente para ellos, en tanto pueblos indígenas”.

https://cerigua.org/article/no-espero-nada-de-la-justicia-de-guatemala-angelic/

La Masacre de las Dos Erres Nos Duele

Por: Elmer Ponce, FGER, 17 de octubre

Las cruces,  declarado como el municipio 334 de Guatemala según decreto ley 32- 2011, localizado a 71. 8 kilómetros con carretera asfaltada a una hora y media aproximadamente  de  Ciudad Flores cabecera  departamental de peten,  lugar que guarda un pasado oscuro en la historia del  país y que ha marcado la vida de muchos de sus residentes,  a unos 5 kilómetros del hoy municipio de las  cruces se encuentra una finca denominada los conacastes propiedad de los Mendoza una familia adinerada que centra sus dominios en todo el norte del país, allí, existió un parcelamiento denominado las 2 erres, misma que ahora existe en la memoria de quienes la conocieron,

El parcelamiento Las Dos Erres, en La Libertad Petén, fundada en 1978, en el contexto de la distribución gratuita de tierras fiscales por parte del Gobierno. La agencia gubernamental FYDEP (Fomento y Desarrollo Económico de Petén) autorizó en distintos sitios  lotes de tierra. En este lugar de La Libertad se  dio permiso a repartir 100 caballerías de tierras  a Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes, para cederlas en parcelas  de una, dos y cinco caballerías a quienes lo solicitaran…

A principios de 1982, varios miembros de la insurgente FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) realizaron actos de presencia en la zona. A mediados de ese año, en el mes de  septiembre se produjo una emboscada a las unidades militares, asesinando a 20  soldados del ejército de Guatemala, confiscándoles el armamento y equipo militar, lo que hizo que se intensificara la presencia militar.

Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó las dos erres el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo finalizó en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, a más 250  personas, entre niños, mujeres, hombres y ancianos, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.

Hoy familiares de las victimas lo recuerdan lo ocurrido  con gran pesar. Como Don Rodemiro Martínez vecino del hoy municipio de las cruces, quien  labora en un ministerio del Estado de Guatemala, injertando frutales en un vivero del MAGA Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación en el Subin él, es  familiar de una  de las víctimas de la masacre de las 2 Erres.

Así también es el caso doña Juana Gonzales Esposa de  don Valdomero Pineda quien perdió a más de una decena de sus familiares, doña Juana que desempeña la labor de comadrona en la comunidad sentada en su mecedora y con el acompañamiento de su pequeña nieta recuerda cuantas victimas encontraron en el pozo donde fueron arrojados  cada una de las víctimas y que aun recuerda los nombres de  cada uno de ellos…
Han transcurrido ya  casi 33 años y hoy en el cementerio de las cruces que se encuentra a unos 800 metros al noreste  del parque central, se encuentra 3 monumentos que recuerdan estos hechos,  el pozo de la vergüenza, la cruz con sus respectivas placas con los nombres de las víctimas  y el mausoleo todos ellos construidos con el apoyo de La Asociación de  Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FANDEGUA) y particularmente el mausoleo  que contiene los osarios donde descansan los restos de más 220 víctimas de aquella masacre cometida por un escuadrón de kaibiles del ejército de Guatemala, fue apoyado por la cruz Roja y COPREDE en el año 2013.

Según don  Rodemiro Martínez, existieron  dificultades para poder construir el mausoleo, con el apoyo de la cruz roja y  la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos COPREDEH.

Por su parte doña Juana Gonzales recuerda el apoyo de La Asociación de  Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FANDEGUA)  para la construcción del pozo de la vergüenza  la cruz  y las placas  con el nombre de las víctimas y ahora el mausoleo, todos  se encuentran en el mismo lugar, el cementerio de las cruces. 

La vida se desgrana  segundo a segundo,  los familiares  de las víctimas de las 2 erres  continúan luchando por el reconocimiento de la verdad de  la justicia, luchan  contra la impunidad.

El día vuelve a caer en aquel lugar lejos de la ciudad, aquel lugar que perdura muy pero muy  dentro del corazón…

La Masacre de las Dos Erres Nos Duele

Comunitarios marchan por la dignidad indígena

Prensa Libre, 12.10.2016

Organizaciones campesinas salieron en una caminata pacífica desde la Plaza Obelisco, en el día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. Piden la restitución de tierras.


Cientos de campesinos se reunieron en la Plaza Obelisco, en la zona 9, para dirigirse al Congreso, en la zona 1, como medio de expresión para exigir respeto a sus derechos y territorios.

Campesinos reunidos en la Plaza Obelisco para la marcha por la dignidad indígena. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las personas se reunieron desde las 7 horas de este miércoles, día que se conmemora por el descubrimiento de América y la intervención española por parte del conquistador Cristóbal Colón, en 1942.

La marcha estará frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en el organismo Legislativo, donde las personas permanecerán hasta el viernes.

Las actividades finalizan ese día con un informe que se entregará la comisión interparlamentaria que hizo la verificación sobre denuncias de desvíos de ríos, según Daniel Pascual, dirigente campesino.

Los amparos buscan la recuperación de tierras ancestrales como los casos Chuarrancho, de los pueblos ixil, chortí y  q´eqchi´ en El Estor, Izabal.

En el Congreso los manifestantes exigirán que se apruebe la ley de desarrollo rural, la ley de jurisdicción indígena, radios comunitarias, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma constitucional al sector justicia.

“En el Congreso nos quedamos en una vigila de dos noches donde habrá actos culturales y se finalizará con la entrega de un informe que nos dará la comisión interparlamentaria sobre los desvíos de ríos”, dijo el dirigente.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/marchan-por-la-dignidad-indigena

 

“Hay graves violaciones de derechos humanos en el país” Víctor Hugo Godoy, titular de la Copredeh

Por ENRIQUE GARCÍA, El Periodico, 16 de septiembre 2016

Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy, justifica trabajo de la institución, que maneja un presupuesto de Q141.6 millones.

¿Cómo funciona la Copredeh si los integrantes no se reúnen?

– Es una Comisión sui géneris en el sentido que no se reúne para funcionar, esta coadyuva a cada uno de sus integrantes en cada unidad administrativa para que pueda realizar tareas que le corresponde durante los procesos y diversos informes que piden los sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

¿Entonces todo el proceso y estudio de tareas, cada quien lo realiza de manera independiente?

– Le explico. Recibimos de parte de ambos sistemas las peticiones al Estado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos nos las trasladan y nosotros evacuamos los informes y requerimientos de nuevo por medio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, si hay algunos casos que no se resolvieron del todo, pasa a la Corte Interamericana, entonces pedimos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que dé un mandato para representar al Estado, si el requerimiento de las instancias internacionales es aceptado, entonces pedimos información a las entidades de seguridad y justicia.

¿Es después de todo este proceso que  los comisionados se ponen de acuerdo?

– Hay una unidad administrativa especializada en varios temas dentro de Copredeh que ve el tema de las quejas internacionales. Ellos informan al Estado por medio de una misión que nos representa ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Cancillería, a la vez nos avisan a nosotros. Como le mencioné, comenzamos a recabar más información en todas las entidades, luego se elabora un informe que se envía por medio de Relaciones Exteriores, quienes entregan la documentación oficial a la Comisión.

¿Qué sucede cuando ese informe es admitido internacionalmente?

– Aquí iniciamos la tercera fase, recabar información para defender al Estado con los argumentos ya aprobados.

Si la Comisión no acepta las pruebas estatales, ¿qué recomendaciones dan?      

– Es enviada de una vez a la Corte Interamericana y aquí solicitamos a la PGN para que otorgue un mandato para representar al Estado.

¿Por qué tiene que ser precisamente Copredeh la única entidad que lleve este tipo de casos en nombre del Estado?

– Porque es quien ha llevado todos los procesos desde el comienzo, no puede venir la Procuraduría General de la Nación a defender el caso sin conocer todo lo que ha sucedido, por ello Copredeh tiene unidades especiales.

Si es una entidad que tiene un acercamiento estrecho con instancias de derechos humanos, ¿es importante entonces el nombramiento que da el Presidente de la República?

– Cuando el Presidente nombra al titular de Copredeh da un mensaje sobre el tipo de representación que tendrá el Estado. Si nombra a un activista de derechos humanos quiere decir que el mandatario es proclive a que estos activistas sean flexibles hacia las peticiones de la Comisión y de los demandantes.

Pero, ¿si no es así?

– Ahí envía otro mensaje, como en mi caso que he sido funcionario que me he dedicado al tema de derechos humanos pero no soy un activista; esto es un punto intermedio.

Usted fue presidente de Copredeh en 2000, ¿cuáles eran las soluciones que daban?

– Eran soluciones amistosas firmadas con la Comisión Interamericana, porque antes de esa fecha la postura era negar; aquí no sucedió nada, aquí no ha pasado nada y solo era una postura jurídica.

Entre 2000 y 2012 Guatemala fue miembro de la comunidad internacional de derechos humanos, ¿cambió con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina?

– El que llegó cuestionó todo y se negó a acatar las sentencias de la Corte Interamericana y no acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana, eso hizo que nos condenaran en un informe presentado por la Corte el año pasado, en el cual nos bajan de categoría.

¿Entonces en derechos humanos no está colaborando Guatemala?

– En efecto. De acuerdo al informe, hay graves violaciones a los derechos humanos en el país y entonces nos ganamos un lugar con Venezuela y Cuba.

¿Se puede revertir dicha decisión de las cortes internacionales?

– Lo que hice es reunirme con la Corte y la Comisión para tratar de hacer un calendario de cumplimiento, porque se acumuló una presa de 21 sentencias que se deben cumplir, desde entonces he venido dialogando con los peticionarios para ver si encontramos una salida a esas sentencias.

http://elperiodico.com.gt/2016/09/16/pais/hay-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-pais-victor-hugo-godoy-titular-de-la-copredeh/

Creompaz y la Corte Suprema de Esquizofrenia

por Daniel Butler, Plaza Pública 1. 09. 16

La corte dio un giro en u al dar trámite al antejuicio contra el diputado Édgar Ovalle. ¿Por qué?

El diputado Édgar Justino Ovalle es cofundador del partido Frente de Convergencia Nacional y aliado cercano del presidente Jimmy Morales. La Fiscalía de Derechos Humanos lo vincula a delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos entre 1981 y 1983 por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). Pese a que otros ocho exmilitares señalados en el caso Creompaz ya fueron ligados a proceso[1], al solicitársele a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite al proceso de antejuicio, este fue rechazado unánimemente e in limine el 28 de enero de 2016. A juicio de la CSJ, los señalamientos contra Ovalle eran «espurios».

El Ministerio Público impugnó la decisión en la Corte de Constitucionalidad por vía de amparo. El 18 de agosto esta ordenó que la Corte Suprema de Justicia debía fundamentar mejor su resolución[2]. En una vuelta en u, el 29 de agosto la CSJ decidió, de forma unánime, que ahora sí procede el antejuicio. Esto implica que la decisión inicial de la CSJ era insostenible, ya que no podía fundamentarla.

La pregunta es cómo puede la misma corte, con el mismo expediente, con los mismos indicios y con los mismos señalamientos, llegar a una conclusión contraria y, más aún, por unanimidad. ¿Qué cambio hubo entre enero y agosto de 2016 para explicar esta esquizofrenia jurídica?

Mencioné que fue la misma corte en enero y en agosto, pero en realidad creo que no lo era. Cuando se denegó la solicitud de antejuicio en enero de 2016, el magistrado Douglas Charchal aún no había sido señalado en el caso TCQ. En cambio, en este momento se encuentra sin inmunidad y bajo investigación por dicho caso y, pese a sus mejores esfuerzos, no integró la corte que le retiró la inmunidad al diputado Ovalle. El magistrado Charchal había pedido licencia para ausentarse de sus labores hasta el 9 de septiembre, mientras se lo investigaba por el caso TCQ. Sin embargo, días antes de que la corte retomara el caso del antejuicio de Ovalle, Charchal pidió ser reintegrado. Esta petición llegó a la magistrada Silvia Patricia Valdés, presidenta en funciones, ya que el presidente Rojas estaba fuera del país.

La solicitud de Charchal de ser reintegrado en la corte causó polémica en las redes sociales, dado que se interpretó como un intento de beneficiar a Ovalle. Tanto fue el clamor en contra de su solicitud que hizo declaraciones en la prensa a efectos de que se inhibiera de conocer antejuicios o procesos que se relacionen con política, probablemente en referencia al caso de Ovalle. De todas formas, su solicitud de regresar a la corte fue denegada.

Curioso que Charchal entregara su solicitud de ser reintegrado en la corte cuando el presidente Rafael Rojas estaba fuera del país. La presidenta en funciones, la magistrada Valdés, quien recibió su solicitud, fue señalada en marzo de este año por La Hora de estar detrás de un plan para debilitar a la fiscal general. Se la acusa de actuar en contubernio con la magistrada Blanca Stalling. Al filtrarse la noticia del complot a la prensa, se renovó la llamada para que Stalling renunciase a su cargo como magistrada de la Corte Suprema.

Stalling es otro elemento importante para entender el cambio de opinión de la corte. En enero de 2016, la magistrada era presidenta de la Cámara Penal. Sin embargo, cada vez ha sido más tachada de «no idónea» para ocupar el cargo de magistrada y señalada por varios colegas y algunos medios de ser una de las fuerzas «opacas» dentro la CSJ. Es otra magistrada cuya posición dentro de la corte ha sido debilitada escándalo tras escándalo.

Aquí cabe mencionar al honorable magistrado Vladimir, quien también, en el ínterin de las dos decisiones opuestas de la corte, sufrió por un escándalo relacionado con su posible involucramiento en el caso TCQ, que provocó su renuncia en mayo.

El cambio radical en cuanto a la inmunidad de Ovalle también es una respuesta de la corte a la coyuntura actual. Ya ha avanzado bastante el caso Creompaz y se ha vuelto más difícil negar los hechos alrededor de este. Entre enero y agosto ha habido avances importantes en los múltiples casos de corrupción promovidos por la Cicig, que cada vez más desenmascaran y deshacen las telarañas de tratos sucios que han mantenido en el poder a algunas fuerzas oscuras. También estamos viviendo un momento en el que quizá no conviene ser visto como aliado del presidente Jimmy Morales. Puede ser que la misma cercanía al presidente que amparó a Ovalle en enero sea lo que ahora lo debilite, ya que Morales es cada vez más cuestionado por la sociedad y se encuentra implacablemente ridiculizado en los medios por una metida de pata tras otra.

De todas formas, las decisiones de la CSJ no deben ni basarse en cuestiones coyunturales ni depender de la fuerza política relativa de sus integrantes. Solo debería haber un criterio para una resolución judicial: el derecho. Por supuesto aplaudo la decisión de la corte de no promover la impunidad, pero sigo a la espera de una judicatura que resuelva consistentemente conforme a la ley. La independencia judicial verdadera exige que las instituciones hagan justicia sin importar dónde sopla el viento o quién viene a tocarles la puerta.

 

***

[1] De los 11 imputados, 8 fueron ligados a proceso. El MP está impugnando la decisión de no ligar a todos los acusados al proceso por vía de amparo, ya que, según su criterio, fueron excluidos por un excesivo tecnicismo que impide el acceso a la justicia.

[2] Para evitar la duda, la Corte de Constitucionalidad no se pronunció sobre si procede o no el trámite de antejuicio, y ello no era equivalente a una orden a la Corte Suprema de Justicia de resolver de otra forma. Simplemente se le ordenó a esta que volviera a estudiar el expediente y que argumentara las causas del rechazo al requerimiento del antejuicio.

 

 

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

El nombramiento reciente de Gladys Anabella Morfin Mansilla como Procuradora General de la Nación, trajo a colación un proyecto minero de gran envergadura que se encuentra “dormido” a la espera de millonarias inversiones. Se trata del proyecto Río Negro, con licencias mineras que abarcan los municipios de Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. Una incesante serie de transacciones ocurridas desde 2004 hasta la fecha, parece estar preparando el terreno para la explotación de uno de los proyectos mineros de níquel más grande de Guatemala.

Por Luis Solano/CMI-G 5 Jun, 2016

Captura de pantalla de 2016-06-05 10:18:50

De los orígenes recientes

En 2004 fue inscrita en el Registro Mercantil la empresa Corponíquel, S.A., por medio del Bufete Profesional, dirigido por la hoy Procuradora General de la Nación, Gladys Annabella Morfin Mansilla.

Ese mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mostró en su base de datos que Morfin Mansilla era la titular de la licencia minera LEXR-706 (exploración), denominada Río Negro II, que forma parte del proyecto minero de níquel, oro y plata conocido como Río Negro, localizado entre Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. El proyecto es explorado desde 1957, y se encuentra contiguo a los embalses del proyecto hidroeléctrico Chixoy y de las comunidades masacradas a principios de la década de 1980, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2006, el MEM otorgó esa licencia a Corponíquel, S.A.. Previamente, en 2004, Corponíquel fue adquirida por la minera canadiense Icon Industries Ltd., la cual fundó otra subsidiaria: Río Nickel, S.A., a la cual se le trasladó el proyecto de Río Negro II. En 2007, Corponíquel y sus licencias de Río Negro fueron adquiridas por la canadiense Nichromet Extraction la cual inscribió a su subsidiaria Nichromet Guatemala, S.A. y mantuvo a la vez a Río Nickel, S.A..

A partir de esos años, Nichromet Guatemala obtuvo varias licencias mineras en todo el cinturón que recorre desde Baja Verapaz hasta la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. La obtención de tantas licencias mineras sólo se explica por los antecedentes del representante legal de Nichromet Guatemala, Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi.

Gerente general de Nichromet Guatemala desde 2009, Gálvez Sinibaldi ocupó el puesto de director general de Minería entre enero de 2005 y enero de 2008, y el puesto de director general de Hidrocarburos, entre enero y marzo de 2008, como subalterno de Carlos Meany en el Ministerio de Energía y Minas de Álvaro Colom y la UNE. Durante el gobierno de Pérez Molina, ejerció el cargo de Viceministro de la cartera de Energía y Minas.

Buscando capitales

Nichromet Guatemala, como subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., nunca ha explotado los minerales de las licencias. Desde su creación ha pasado por diversas manos de mineras o fondos de inversión de Canadá, a la espera de una gran inversión para la explotación de níquel. En 2007, por ejemplo, fue adquirida por Foundation Resources de Canadá. La minera también logró un acuerdo con la brasileña Compahia Vale Do Rio Doce (CVRD), la minera más grande del mundo en producción de hierro, para operar las licencias de Nichromet Guatemala.

El principal socio de Nichromet Extraction fue la financiera canadiense Seed Capital Inc., la cual también poseyó la minera Guatemala Copper S.A. que tuvo licencias en Huehuetenango y Chiquimula, y que a la vez era subsidiaria de la minera canadiense Creso Resources. Nichromet Guatemala tiene como asesores legales al Bufete Menéndez, donde destacó el ex ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park (gobierno de Jorge Serrano Elías) y ya fallecido, integrante del bufete centroamericano Lexincorp.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper son el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén y el canadiense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso Resources y de Nichromet Guatemala. Galicia Guillén ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) durante el gobierno de Óscar Berger, y tiene una solicitud de una licencia minera en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, para cobre, níquel y otros minerales.

Los representantes legales de Guatemala Copper S.A. pertenecen al bufete de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos clientes se encuentran las mineras Aurogin Resources (Castle Gold), Intrepid Minerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miembros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente aéreo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier fue Presidente. Gauthier, además, es Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital, que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su subsidiaria Nichromet Guatemala, concentradas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz.

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en la minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Jaguar Nickel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala operó luego bajo el nombre de Mayaníquel S.A., nombre actual y con licencias de explotación de níquel en Alta Verapaz e Izabal para exploración de níquel, subsidiaria de la holandesa Cunico Resources que también posee la subsidiaria Guaxilán, S.A., que explota níquel en licencias en la zona limítrofe de Zacapa e Izabal.

Preparando el terreno

En una serie de giros inversionistas, Nichromet Extraction cambió de nombre a finales de 2013, denominándose ahora Dundee Sustainable Technologies Inc., convirtiéndose en subsidiaria de la canadiense Dundee Corporation.

En octubre de 2015, Pierre Gauthier vendió el 100% de las acciones de Nichromet Guatemala a la canadiense Central America Nickel Inc. (CAN), convirtiéndose en propietaria de Nichromet Guatemala y Río Nickel, y haciendo a Gauthier presidente de CAN.

En enero de 2016, la canadiense CVMR Corporation (CVMR) y CAN anunciaron una alianza inversionista para explorar y explotar el proyecto Río Negro. En la base de datos del MEM más reciente, ya no aparece la licencia Río Negro II, la cual cambió de nombre bajo dos licencias Los Cimientos LEXR-047-06 y Chimiagua LEXR-069-08, cuyo titular es Nichromet Guatemala. Una solicitud de licencia de exploración aparece a nombre de Río Nickel, S.A., conocida como Río Nickel SEXR-035-07, que es parte del proyecto Río Negro.

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel