Arzu y morales unen fuerzas o el pacto de corruptos se consolida

Texto: Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa/ Coautor: Alberto Pradilla, 14 01 18, Plaza Pública

La elección de Álvaro Arzú Escobar como presidente de la Junta Directiva del Congreso marca tendencia sobre cuál será la evolución política de Guatemala. El alcalde de la capital, Álvaro Arzú Irigoyen, señalado por la CICIG y el MP, logra colocar a su hijo como una de las principales figuras institucionales. Al mismo tiempo, el presidente, Jimmy Morales, presenta un triunfalista balance de 2017, en el que obvia todo lo relacionado a la grave crisis que sufrió el país. En la calle, en medio de medidas de seguridad extremas, decenas de personas protestan contra lo que consideran un nuevo “pacto de corruptos”.

Todo se alineó el sábado cuando el novato político Álvaro Arzú Escobar, logró que 91 diputados lo eligieran en planilla única como el nuevo presidente del Congreso. El hijo del alcalde capitalino y expresidente de la República (1996-2000), Álvaro Arzú Irigoyen, logró la más importante posición dentro de la Junta Directiva del Legislativo, a pesar de ser el único representante del Partido Unionista, dirigido y fundado por su padre. La elección ha sido bautizada desde sectores críticos como el segundo “pacto de corruptos” después del acuerdo para cambiar el Código Penal que provocó las protestas de septiembre del año pasado. Con la dirección del Congreso en el bolsillo, el presidente Jimmy Morales Cabrera se presentaba el domingo ante el pleno, confiado, para hacer un balance positivo de su gobierno durante 2017.

La elección del hijo de Arzú Irigoyen, quien en octubre pasado fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público del supuesto delito de financiamiento electoral ilícito, genera sospechas. En especial, la de que esconda una maniobra para intentar limitar el trabajo de estas instituciones y evitar que continúe la investigación penal en su contra.

Las labores para lograr los 91 votos a favor de la planilla encabezada por Arzú Escobar (92 con el suyo) fueron parecidas a las que se realizaron en septiembre del año pasado cuando se rubricó el primer “pacto de corruptos”. Según varios diputados de la oposición, fue Felipe Alejos, jefe de la bancada del partido Todos, formación aliada de FCN-Nación, quien se encargó del cabildeo. “Alejos fue el responsable de negociar con cada bancada y obtener los votos necesarios para la elección de su amigo”, aseguró una de estas fuentes. Arzú y Alejos compartieron aula en el Colegio Americano y se graduaron juntos del bachillerato en 2002. El dirigente de Todos, sin embargo, negó los señalamientos. “Fue un apoyo institucional, yo le hablé a los 14 diputados de Todos y esos son los votos que dimos”, aseguró sonriente.

Un dato inapelable: todos los integrantes de la Junta Directiva que fueron electos participaron en el pacto de corruptos de septiembre. La diferencia ahora fue que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winaq tomaron distancia y votaron en contra.

Una paradoja: en el año en el que Guatemala ha sufrido una de sus peores crisis políticas de su historia reciente, su presidente acude tranquilo ante los diputados para presentar un balance triunfalista y con inexactitudes. Además, las convocatorias de protesta, que en 2017 lograron hacer recular a los diputados, esta vez apenas pudieron reunir a unas decenas de personas.

Arzú Escobar, los valores y el relativismo

La sesión extraordinaria arrancaba con la resaca de la víspera, la elección de Arzú Escobar, y entre medidas de seguridad extremas. Participaron 89 diputados de 157. En realidad, el Congreso está compuesto por 158, pero el sábado por la mañana fue capturado Julio Juárez Ramírez, diputado del FCN-Nación a quien la CICIG y el MP vincula con el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, y todavía no ha sido sustituido.

Previo a la presentación del informe presidencial, la nueva Junta Directiva del Congreso fue juramentada para dirigir el Parlamento durante los próximos doce meses: Álvaro Enrique Arzú Escobar (Unionista) como presidente, Felipe Alejos Lorenzana (Todos) primer vicepresidente, Javier Alfonso Hernández Ovalle (FCN) segundo vicepresidente, Mayra Alejandra Carrillo de León (MR) tercer vicepresidente, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (FCN) primer secretario, Karla Andrea Martínez Hernández (AC) segundo secretario, Juan Ramón Lau Quan (Todos) tercer secretario, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez (UCN) cuarto secretario y Eliza Leonora Cu (MR) quinta secretaria.

Estuardo Ernesto Galdámez a pesar de no pertenecer al pueblo Ixil (Nebaj) lució el traje ceremonial de esta comunidad (saco rojo y sombrero). Al ser preguntado el porqué de su vestimenta, dijo que él era originario de ese departamento (Quiché) y que lo portaba para enviar un mensaje a esta comunidad. “Aunque no soy ixil, me siento como uno de ellos”, afirmó sonriente. Galdamez, quien fue parte de la Guardia Presidencial del Ejército en la época del expresidente Arzú Irigoyen, fue electo legislador de Quiché por el desaparecido Partido Patriota y en 2016 se unió a las filas del partido oficial.

El diputado Óscar Chinchilla, presidente saliente del Legislativo, en su discurso reconoció que le tocó presidir el Congreso durante una de las peores crisis de la historia del país, pero no ahondó en ello.

En su primer discurso como presidente del Legislativo, Arzú Escobar, quien a sus 32 años se convierte en el presidente más joven de la historia del Congreso, habló de valores y buenas costumbres. Sin referirse a nadie con nombre y apellido, criticó el “relativismo político” de pretender destruir los valores y las buenas costumbres. “Cuáles son los valores que ese relativismo político ha querido destruir. Nada más y nada menos  que la autoridad, responsabilidad, el respeto y las buenas costumbres. Quieren imponernos el reino de la anarquía, la irresponsabilidad, el descaro y la vulgaridad. Sin autoridad no hay justicia, sin responsabilidad no hay confianza, sin respeto no hay dignidad, y sin las buenas costumbres perdemos el sentido de lo bello, lo noble y el valor de la tradición”, dijo Arzú Escobar.

Además, frente su madre, Patricia Escobar de Arzú, quien sonriente lo escuchaba desde el palco, dejo entrever una línea contundente de lo que pretenderá sea su relación con las fuerzas sociales y diplomáticas: “Como órgano constitucional del Estado, vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a grupos organizados. Eso sí, no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión”.

El sábado, después de ser electo, Arzú Escobar se comprometió a buscar la unidad con las bancadas que no votaron por él. Además, negó que su padre haya participado en la negociación para que fuera electo presidente del Congreso. “Mi padre está demasiado ocupado siendo alcalde de la ciudad como para venir a meterse aquí.Obviamente cuento con el apoyo moral de él, pero las decisiones que yo tome en este Congreso van a ser responsabilidad absolutamente mías”, indicó.

Para Morales 2017 fue un año de éxitos

Aunque el tema principal de conversación era la elección de la Junta Directiva del Congreso, la sesión del domingo tenía como objetivo que el presidente Jimmy Morales presentase su balance de su segundo año de gobierno. Durante una hora, el mandatario aseguró que había recibido el país en condiciones deplorables; acto seguido enumeró una serie de logros y avances que, según su versión, se dieron en todas las áreas. Señaló que su gabinete había logrado “ordenar las finanzas del Estado, la recaudación fiscal y el gasto público, el sistema de salud y educación, el modelo de seguridad y los programas sociales”. En sus palabras, 2017 fue un año llenó hitos y éxitos.

Apenas se quejó del Congreso. “Aunque no nos aprobaron el presupuesto (de Gastos del Estado para 2018), vamos hacer las transferencias en educación que sean necesarias para garantizar que los niños reciban la refacción escolar y cuenten con los 180 días de clases”, indicó.

No se refirió a la crisis política, a su fallido intento por deshacerse del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a los señalamientos de financiamiento electoral ilícito que pesan en su contra por parte del MP, al sobresueldo de Q50 mil mensuales que se descubrió cobraba en el Ejército o del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que en marzo pasado cobró la vida de 42 niñas. Pero se declaró paladín de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Prueba de ello, afirmó, fue haberle trasladado “puntualmente” la totalidad de los fondos asignados a todas las entidades del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, y que estos no fueron condicionados por nada a cambio. “Una justicia, que no es imparcial, erosiona los valores democráticos de una sociedad, vulnerando la institucionalidad y el Estado de Derecho” añadió.

También señaló que hicieron los aportes a las municipalidades y consejos de desarrollo “puntuales” y sin “politización”.

En dos ocasiones de su discurso, el mandatario envió mensajes a sus opositores: “Tanto ustedes como diputados, como este servidor y presidente de la República, poseemos una gran responsabilidad con la democracia y la transparencia (…) A los diputados de la oposición, que yo sé que me están viendo en la televisión les pido que se opongan a todo, menos al desarrollo”. Además, agregó, “El mundo entero está harto de lo políticamente correcto. Simplemente hay que hacer, lo que se debe de hacer (…) Los poderes legítimos republicanos se eligen en las urnas y lo elige el pueblo, y ese poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas”. Esa última frase, y su disposición de trasladar la embajada de Guatemala en Israel del Tel Aviv a Jerusalén, le valieron vivas y aplausos por parte de una buena cantidad de diputados.

Un Congreso blindado

Mientras Jimmy Morales presentaba su informe ante un Congreso cuya dirección fue renovada con sus afines, decenas de personas protestaban en el exterior. La movilización supone la antítesis de aquellas jornadas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2017 en las que una multitud obligó a recular a los diputados y renunciar al llamado “pacto de corruptos”. En este caso, los papeles se habían invertido. En la sede parlamentaria, los electos sesionaban sin traba alguna. En el exterior los concentrados eran pocos y sus consignas ni siquiera llegaban hasta los políticos: la Policía Nacional Civil (PNC) estableció un retén de seguridad que obligó a los inconformes a permanecer a dos cuadras del Congreso. Entre la columna del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y los convocados por grupos urbanos como La Batucada del Pueblo o Justicia Ya, alrededor de 300 personas se concentraron en el cruce entre la octava avenida y la 11 calle de la zona 1.

Por la mañana, a las 10:00, a la misma hora que estaba previsto que comenzase el acto institucional, una veintena de personas se concentraba junto a la municipalidad. El lugar tiene su simbolismo, teniendo en cuenta que el presidente del Congreso es Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde y expresidente. La marcha estaba convocada por Codeca y tenía previsto llegar hasta el Parlamento. Antes de que comenzase, un detalle: un hombre a bordo de una moto negra, que no llegó a quitarse el caso, se personó ante el carro que iba a acompañar a la marcha para preguntar “contra quién iban”. Se identificó como empleado de la municipalidad. Al no obtener respuesta, marchó nuevamente en la moto, sin descubrir su rostro y haciendo con la mano la “V” de la victoria.

“Estamos en contra de la corrupción. Solo por haber elegido al hijo del alcalde, corrupto y nefasto, nos da la pauta de que se están organizando mejor. No estamos de acuerdo con este sistema ni con estos políticos corruptos”. Gilder Guzmán, de Codeca metropolitana, ponía especial atención en la impunidad que rodea al Congreso. Reconocía, no obstante, que la asistencia a la caminata no era la deseada. Esa misma sensación se extendería también en las inmediaciones del Congreso, donde en ese mismo instante, apenas unas decenas de personas lanzaban las primeras consignas ante la llegada de los diputados.

Hace apenas cuatro meses, la plaza rugió tres exigencias claras: la renuncia de Morales, la marcha de los 107 electos que trataron de aprobar los cambios en el Código Penal en septiembre y la redacción de una nueva Ley Electoral. Ninguno de los objetivos se logró. La plaza revivió tras las grandes marchas de 2015, miles de personas tomaron la calle y los diputados llegaron a pasar once horas encerrados por decenas de ciudadanos indignados. Sin embargo, los consensos de mínimos surgidos de aquellas protestas han resultado inalcanzables.

Guzmán reconoce que los movimientos sociales tienen su parte de responsabilidad. Especialmente, cuando se trata de llegar a acuerdos amplios. Además de la eterna división entre los manifestantes, el representante de Codeca apunta también otras dos razones: “el importante papel de los medios” y la falta de cultura política.

A pesar de considerar que el terreno de juego es adverso, Codeca trabaja junto a otros colectivos para poner en marcha un instrumento político, bautizado ya como Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Según Guzmán, los requisitos, que se resumen en las 22 mil firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral, podrían estar cumplimentados este mismo mes. Codeca tiene mayor presencia en el interior que en la capital. Además de la marcha del domingo, el lunes estaban convocadas protestas a nivel departamental para denunciar la corrupción.

Buscando la tecla que mueve a un ciudadano

La marcha recorrió la Sexta Avenida sin lograr que los paseantes se sumasen a la protesta. Es posible que quienes aprovechaban el domingo para caminar o hacer compras sí que hubiesen estado en la Plaza Central el 20 de septiembre, o hubiesen rodeado el Congreso el día en el que se conmemoraba la independencia nacional. El domingo, mientras Morales, Arzú y sus aliados se hacían fuertes en el Congreso, apenas 40 personas clamaban contra la corrupción a través de la principal avenida peatonal de la capital.

¿Qué lleva a la gente a movilizarse y tomar partido? es una de las grandes interrogantes que tratan de resolver disciplinas como la Ciencia Política, la Sociología o el Marketing. Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata. Hasta el momento, la lógica decía que los excesos de los gobernantes, como la declaración de “non grato” al comisionado Iván Velásquez o el “pacto de corruptos” eran los detonantes para que un acto pase de estar nutrido por los habituales a ser una demostración masiva. La víspera de la rendición de cuentas de Jimmy Morales, Álvaro Arzú Escobar, se había convertido en presidente del Congreso. Según Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, no resulta difícil pensar que uno de sus objetivos puede ser poner fin al mandato de la CICIG. A pesar de ello, el riesgo no ha sido percibido como tal por la ciudadanía. No, al menos, lo suficiente como para salir a la calle.

Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata.

“Nos conformamos fácil”, reflexiona Eva Morales, del Bloque Feminista. En su opinión, las protestas de septiembre se contentaron con el paso atrás de los diputados certificado el 15 de septiembre, cuando renunciaron a los cambios en el Código Penal que facilitaban la impunidad en los casos de financiamiento ilegal y permitían eludir la prisión pagando una multa a los condenados a menos de diez años de cárcel. “Ya no se volvió a tocar el tema”, lamenta. Además, recuerda que Álvaro Arzú, el alcalde, tiene un importante apoyo en la capital.

“Tienen miedo de que pase lo de septiembre, por eso han instalado los retenes de policía”, dice Alejandro Pineda, junto a los miembros de la batucada, mientras mantenía las consignas frente a una barrera de policías. Lo cierto es que el despliegue de seguridad fue inaudito. En ocho cuadras a la redonda del Congreso, miembros de la PNC, Guardia Presidencial del Ejército, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y del cuerpo especial de los Kaibiles no permitieron la libre locomoción de las personas ni de vehículos. Las personas acreditadas para la sesión tenían que pasar tres puntos de revisión. Al ingresar al hemiciclo se limitó la movilización en diversas áreas para garantizar que el presidente Morales y los invitados al acto no pudieran ser entrevistados por los periodistas. En el exterior, los retenes impedían el paso. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas vivió en carne propia este exceso de dispositivo. “Es una seguridad desmedida, como si estuviéramos en guerra y no en tiempos de paz. No era necesario cerrar tantas calles y encontrarse a los kaibiles en el centro de la ciudad por la presentación de un informe”, aseguró.

Afirmó que no cuentan con un protocolo escrito sobre las armas que se deben de utilizarse en una protesta, pero es “sentido común” el que no se utilizó al tener a tantos policías y miembros del Ejército resguardando a los diputados y al mandatario. El bloqueo policial se mantendría hasta pasadas las 14:00 horas, cuando los diputados habían abandonado el hemiciclo. Ya no había peligro de quedarse atrapados como ocurrió el 15 de septiembre y como los manifestantes se encargaron de recordarles mediante el cántico: “esos diputados, que ayer fueron comprados, están bien agüevados de quedarse encerrados”.

Regresando al otro lado de la barrera policial, al lugar preferente de la batucada, nos encontramos con el debate existencial sobre el porqué del éxito o el fracaso de una movilización. Alejandro Pineda recordaba que en 2015, cuando dimitieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hubo cinco meses de protestas continuadas. “Fue una seguidilla de eventos. Cuando son esporádicas es más difícil”, asumía. En su opinión, como en la de Guzmán, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la ausencia de asistentes a la protesta. Reconoce que hay asuntos, como la corrupción, que han sido asumidos dentro del sentido común de parte del establishment. Sin embargo, denuncia que otras cuestiones, como el papel de los proyectos extractivos, se sacan de la agenda o son directamente promocionados.

El representante de la batucada también hacía mención a las divisiones existentes entre los movimientos. Un ejemplo: qué posición adoptar ante la propuesta de modificar la ley electoral. Según Pineda, conviven tres planteamientos. Los partidarios de la reforma, quienes abogan por la “refundación del Estado” y aquellos que consideran que, en estas condiciones, resulta imposible presentarse a elecciones.

La movilización social no es una ciencia exacta. Una calle vacía puede ser el anticipo de grandes protestas. El ambiente en la octava avenida era, sin embargo, de decepción. “Claro que existe un sentimiento derrotista. No hubo efecto de la elección de la nueva dirección del Congreso”, se lamentaba Pamela Saravia, integrante de la Batucada del Pueblo. Junto a ella, Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, trataba de eludir el tono pesimista, aunque reconociendo que el contexto no es favorable. “Pueden iniciar una agenda regresiva. Incluso revocar el mandato de la CICIG. Esto muestra una alianza entre la muni, el Congreso y el Ejecutivo”, lamentaba. En su opinión, la próxima batalla se librará en la elección del Fiscal General que sustituya a Thelma Aldana, en caso de que esta no aspire a repetir. El proceso se alargará hasta mayo.

Tras horas de consignas y algún discurso desde la megafonía de un camión llegó el momento del cierre. La sesión había concluido y algunos de los manifestantes trataron de romper el bloqueo policial. No pasó de unos empujones y un poco de gas lacrimógeno. En ese momento, el grueso de los manifestantes abandonó el cruce que se había convertido en campo base. Entre los que se quedaron se encontraba Marta Colaj, quien instaba a los agentes a ponerse “del lado del pueblo”. “Ellos son pueblo también, mire los rostros, desnutridos, hasta asustados”, explicaba, ante una barrera formada por tres filas de agentes. “Esto es una burla”, protestaba Colaj, en referencia a la elección de Arzú Escobar. “Es el hijo del criollo, de quien privatizó tantas cosas en Guatemala”, aseguró.

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Pueblo Xinca exige respeto a su identidad y territorio

Pobladores Xincas de al menos 11 municipios participaron este martes en una manifestación en la capital para exigir respeto a su identidad y territorio, los que, según ellos, han sido violentados con la instalación de empresas mineras.

Según dirigentes, en la protesta participaron unas tres mil personas, quienes se detuvieron unos minutos frente al Congreso de la República y frente a las Corte de Constitucionalidad (CC) para que fueran escuchadas sus demandas, entre estas su rechazo a la Mina San Rafael, en Santa Rosa y que se trabaje para la conservación de los recursos naturales.

Hombres, mujeres y niños representantes de Santa Rosa y Jalapa portaban carteles en los que se leía #YoSoyXinka y con pitos y consignas gritaban que la minería ha dañado el ambiente.

Vitalino Jiménez, autoridad Xinca de San Carlos Alzatate, Jalapa, dijo que el objetivo de la protesta fue pedir respeto hacia los pueblos indígenas y que se detengan las operaciones mineras en el país, que según él, destruyen los recursos naturales.

Teodoro Pérez, uno de los manifestantes, indicó que también protestaron por el alto costo de la energía eléctrica y para que las autoridades atiendan a los agricultores.

“Han pisoteado nuestra dignidad y han robado nuestras tierras. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo diferente”, expresó uno los dirigentes frente a la CC.

Dirigentes del pueblo Xinca pidieron a los magistrados de la CC que no se quejen manipular y que se mantenga el amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la suspensión de dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Inconformidad

Agregaron que para otorgar licencias mineras no se les ha tomado cuenta, lo que según ellos, ha negado la existencia del pueblo Xinca por parte de las autoridades.

Exigieron que el Ministerio Público investigue los supuestos ataques intimidatorios de los que han sido víctimas y que el organismo Ejecutivo respete la independencia judicial.

Minera se pronuncia

Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael, indicó que la minera nunca ha dicho que no hay pueblo Xinca y que al contrario, reconocen que Guatemala es multicultural, pero según algunas autoridades, en el área de influencia de la mina, en San Rafael Las Flores, no hay presencia de Xincas.

Indicó que previo a la entrega de la licencia, el Ministerio de Energía efectuó un proceso de diálogo con las comunidades que están en el área de influencia de la operación de la mina.

Respecto del amparo, Dávila dijo esperar que la CC resuelva el caso de la minera de acuerdo a como resolvió en el caso de las hidroeléctricas Oxec, que seguirán operando por un año mientras se realizan las consultas.

Por Óscar García – Prensa Libre

19 de Julio de 2017 a las 15:10h

Naciones Unidas renueva contrato de Iván Velásquez al frente de la CICIG

Por Evelyn Boche, 29 de junio del 2017,  elPeriódico 


El Comisionado se quedará dos años más al frente de la Comisión que ha desarticulado grandes estructuras de crimen organizado infilitradas en el Estado.

Iván Velásquez Gómez continuará como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y cuenta con el apoyo de Naciones Unidas para dirigir el organismo que cumple diez años en el país.

“Esperamos seguir cooperando con la Comisión y con el comisionado Velásquez”, expresó el vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en respuesta a la consulta efectuada por este medio.

El portavoz detalló que el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, co-presidió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, la presentación de Velásquez sobre los progresos realizados y los principales logros de la comisión.

“Los Estados Miembros expresaron su pleno apoyo a la labor de la Comisión y agradecieron la labor del comisionado Velásquez al mando de la CICIG”, durante la reunión celebrada en Nueva York esta semana, declaró el vocero.

Al consultar a la CICIG, indicaron que “el secretario general de la ONU,  António Guterres, envió recientemente la renovacion del contrato del Comisionado Iván Velásquez por dos años más, extendiéndose así hasta septiembre del 2019”, con lo que se confirma la extensión.

Desde abril de 2015, la CICIG con Velásquez al mando emprendió la persecución penal contra funcionarios señalados por actos de corrupción, que tienen en prisión al exbinomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez y Roxana Baldetti.

La fiscal general Thelma Aldana manifestó que “es importante la permanencia del Comisionado para que continúe nuestro trabajo”. La jefa del ente investigador agregó: “Somos un equipo y saludamos la renovación del contrato por dos años más”.

La lucha anticorrupción que encabezó la CICIG y el MP fue apoyada por Estados Unidos, y concretamente por el embajador Todd Robinson, que finaliza su nombramiento en octubre y será sustituido por Luis Arreaga.

La dupla Velásquez-Arreaga

El excanciller Edgar Gutiérrez considera que Arreaga dará continuidad a la política que EE. UU. definió para la CICIG. “No vamos a esperar ninguna variación financiera sino política con la CICIG”, expresó.

En opinión de Gutiérrez, Velásquez y Arreaga comparten la visión de que el Estado de Derecho no es solamente juzgar y encarcelar a los corruptos, sino que esas acciones deben ir acompañadas de fortalecimiento de instituciones garantizando profesionalismo y que debe darse un esfuerzo de desarrollo económico.

El mejor de los tres

El presidente del CACIFy la activista Helen Mack coinciden en que Velásquez ha sido el comisionado que ha presentado mejores resultados al frente de la CICIG.

“Ha sido el Comisionado que ha entendido la complejidad de la corrupción en Guatemala, por eso el deseo de muchos grupos de que no se quede”, refirió la directora de la Fundación Myrna Mack.

“El apoyo siempre lo ha tenido, la lucha contra la corrupción es una lucha que todos deseamos; esperamos que termine bien y que nos deje un país que nosotros siempre hemos añorado”, refirió el presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Antonio Malouf, al consultarle sobre la disposición de brindarle apoyo político a la CICIG en los dos años próximos.

“El Comisionado es el que más resultados positivos ha tenido, por lo que estamos totalmente de acuerdo, aunque la decisión no depende de nosotros”, añadió Malouf.

Mack resaltó que en los años siguientes será determinante observar el avance de los procesos judiciales iniciados por el MP con apoyo de la CICIG. “Las redes de corrupción que funcionan en una zona gris, se prestan al litigio malicioso y también se puede ubicar en esa zona a los netcenters, pero por más lobis que hagan la agenda de los cooperantes no parece que cambiará”, indicó.

“La lucha contra la corrupción que ha venido haciendo la CICIG es importante para la estabilidad y promoción de inversión”. Antonio Malouf, CACIF.

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/06/29/naciones-unidas-renueva-contrato-de-ivan-velasquez-al-frente-de-la-cicig/

Ríos Montt es declarado incapaz de enfrentar juicio

Por Redacción de Prensa Libre, 16 de noviembre 2016

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, declaró incapacitado al general José Efraín Ríos Montt para afrontar la justicia por la masacre en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén, en 1982

Luego de escuchar los argumentos de los abogados de Ríos Montt, la jueza Domínguez declaró que el exjefe de Estado, de 90 años, debe enfrentar este proceso a través de la representación de los abogados.

Durante una audiencia celebrada en el Juzgado, la hija del general retirado, Zury Ríos, quien es su tutora, acompañada de sus abogados Jaime Hernández y Luis Rosales, pidió a la jueza que terminara la persecución penal contra su padre debido a sus padecimientos.

La jueza declaró sin lugar la petición planteada y el caso contra Ríos Montt avanza.

La jueza había ordenado que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúen cada 30 días la salud de Ríos Montt, ante esa decisión, los abogados presentaron un recurso de reposición y la jueza resolvió que médicos particulares revisen al sindicado quien fue diagnóstica con demencia.

En caso, Ríos Montt está ligado a proceso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida en el parcelamiento de Las Dos Erres, las Cruces, –desde noviembre de 2011, es municipio–, Petén; murieron 201 personas.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/decretan-incapaz-a-rios-montt-para-enfrentar-juicio

“No espero nada de la justicia de Guatemala”: Angélica Choc

Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra, CERIGUA

Angélica Choc es una líder indígena Maya Q’eqchi’ que ha sido víctima, como muchos otros miembros de su comunidad, de violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa canadiense Hunbay Minerals Inc., que opera en El Estor, departamento de Izabal; en 2010, Choc demandó en Canadá a la minera por el asesinato de su esposo, Adolfo Ich, en septiembre de 2009.

La lideresa visitó Ginebra para denunciar ante diferentes instancias de las Naciones Unidas los abusos de la empresa, el estado de los procesos judiciales que lleva en Canadá y en Guatemala y las amenazas, intimidaciones e incluso el atentado que sufrió como consecuencia de su labor como defensora de los derechos humanos y ambientales.

En entrevista exclusiva con CERIGUA, Choc aseguró que, aunque el proceso en Canadá avanza lentamente, tiene fe “en que más adelante resulte, porque todo ser humano tiene derecho a la vida y en este caso se la quitaron a un hermano nuestro, a un padre, a un esposo; vamos a ver si esa demanda prospera en Canadá, porque de la justicia de mi país no espero nada”, dijo.

Durante su visita a Ginebra, Choc se reunió con representantes de expertos de la ONU, como la relatoría sobre defensores de derechos humanos, la de libertad de reunión y la de los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, dialogó con la sección para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con la Comisión Internacional de Juristas.

Adicionalmente, Choc expuso su caso ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde también participó como panelista en un evento paralelo, y denunció, el pasado 24 de octubre, los atropellos de la empresa contra su comunidad en el marco del examen de Canadá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con respecto a sus gestiones ante las Naciones Unidas, Choc dijo a CERIGUA tener la expectativa de que su caso “sea resaltado” en Canadá “porque nos hemos dado cuenta de que sus empresas en nuestros países han incumplido los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida”, añadió la activista, quien es consciente de que la persecución de la que es víctima está motivada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres indígenas.

“Años atrás yo no les prestaba atención a esas amenazas, no las creía”, continuó Choc, “pero el pasado 17 de septiembre sí sentí miedo: eran las 12:10 de la noche y hubo una balacera en mi casa, en donde estaba con dos hijos; tiraron a donde estaban ellos, escuché todo, me tiré al piso y no me podía levantar; luego arrancaron como dos motos y oí una risa que se alejaba, pero no me podía levantar porque tenía mucho miedo”.

“Al día siguiente nos tuvimos que desplazar del lugar, que es lo más doloroso que estoy viviendo, porque tuve que salir de mi comunidad”, dijo la defensora de derechos humanos, quien además precisó haber puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y manifestó su preocupación por no contar con apoyo económico de ningún tipo.

Débora Yancoba, psicóloga de profesión y representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, quien acompaña a Angélica Choc en Ginebra, confirmó el daño psicológico que ha sufrido: “ella está pasando por una situación emocional muy difícil; su caso, en Guatemala, está en fase de debate oral y público, pero de público no tiene nada”.

Yancoba dijo a CERIGUA que no cree que vaya a haber avances en el litigio doméstico: “El Estado guatemalteco protege a las empresas por intereses económicos y políticos, y no podemos hacer más que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo; las denuncias de atropellos a defensores de los derechos humanos no tienen avance, pero cuando son las empresas las que denuncian a un líder comunitario, esos casos sí prosperan e incluso ha habido sentencias”.

Sobre el proceso contra la empresa que tiene lugar en Canadá, Yancoba se mostró más optimista: “No perdemos la esperanza, ojalá que el caso pueda avanzar, con apego a la ley, y que puedan garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación integral porque las mujeres no van tras una reparación económica: lo que desean es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de Guatemala, dignificar su lucha y garantizar que sus hijos puedan tener una vida digna, todo de una manera pertinente para ellos, en tanto pueblos indígenas”.

https://cerigua.org/article/no-espero-nada-de-la-justicia-de-guatemala-angelic/

La Masacre de las Dos Erres Nos Duele

Por: Elmer Ponce, FGER, 17 de octubre

Las cruces,  declarado como el municipio 334 de Guatemala según decreto ley 32- 2011, localizado a 71. 8 kilómetros con carretera asfaltada a una hora y media aproximadamente  de  Ciudad Flores cabecera  departamental de peten,  lugar que guarda un pasado oscuro en la historia del  país y que ha marcado la vida de muchos de sus residentes,  a unos 5 kilómetros del hoy municipio de las  cruces se encuentra una finca denominada los conacastes propiedad de los Mendoza una familia adinerada que centra sus dominios en todo el norte del país, allí, existió un parcelamiento denominado las 2 erres, misma que ahora existe en la memoria de quienes la conocieron,

El parcelamiento Las Dos Erres, en La Libertad Petén, fundada en 1978, en el contexto de la distribución gratuita de tierras fiscales por parte del Gobierno. La agencia gubernamental FYDEP (Fomento y Desarrollo Económico de Petén) autorizó en distintos sitios  lotes de tierra. En este lugar de La Libertad se  dio permiso a repartir 100 caballerías de tierras  a Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes, para cederlas en parcelas  de una, dos y cinco caballerías a quienes lo solicitaran…

A principios de 1982, varios miembros de la insurgente FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) realizaron actos de presencia en la zona. A mediados de ese año, en el mes de  septiembre se produjo una emboscada a las unidades militares, asesinando a 20  soldados del ejército de Guatemala, confiscándoles el armamento y equipo militar, lo que hizo que se intensificara la presencia militar.

Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó las dos erres el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo finalizó en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, a más 250  personas, entre niños, mujeres, hombres y ancianos, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.

Hoy familiares de las victimas lo recuerdan lo ocurrido  con gran pesar. Como Don Rodemiro Martínez vecino del hoy municipio de las cruces, quien  labora en un ministerio del Estado de Guatemala, injertando frutales en un vivero del MAGA Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación en el Subin él, es  familiar de una  de las víctimas de la masacre de las 2 Erres.

Así también es el caso doña Juana Gonzales Esposa de  don Valdomero Pineda quien perdió a más de una decena de sus familiares, doña Juana que desempeña la labor de comadrona en la comunidad sentada en su mecedora y con el acompañamiento de su pequeña nieta recuerda cuantas victimas encontraron en el pozo donde fueron arrojados  cada una de las víctimas y que aun recuerda los nombres de  cada uno de ellos…
Han transcurrido ya  casi 33 años y hoy en el cementerio de las cruces que se encuentra a unos 800 metros al noreste  del parque central, se encuentra 3 monumentos que recuerdan estos hechos,  el pozo de la vergüenza, la cruz con sus respectivas placas con los nombres de las víctimas  y el mausoleo todos ellos construidos con el apoyo de La Asociación de  Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FANDEGUA) y particularmente el mausoleo  que contiene los osarios donde descansan los restos de más 220 víctimas de aquella masacre cometida por un escuadrón de kaibiles del ejército de Guatemala, fue apoyado por la cruz Roja y COPREDE en el año 2013.

Según don  Rodemiro Martínez, existieron  dificultades para poder construir el mausoleo, con el apoyo de la cruz roja y  la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos COPREDEH.

Por su parte doña Juana Gonzales recuerda el apoyo de La Asociación de  Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FANDEGUA)  para la construcción del pozo de la vergüenza  la cruz  y las placas  con el nombre de las víctimas y ahora el mausoleo, todos  se encuentran en el mismo lugar, el cementerio de las cruces. 

La vida se desgrana  segundo a segundo,  los familiares  de las víctimas de las 2 erres  continúan luchando por el reconocimiento de la verdad de  la justicia, luchan  contra la impunidad.

El día vuelve a caer en aquel lugar lejos de la ciudad, aquel lugar que perdura muy pero muy  dentro del corazón…

La Masacre de las Dos Erres Nos Duele

Comunitarios marchan por la dignidad indígena

Prensa Libre, 12.10.2016

Organizaciones campesinas salieron en una caminata pacífica desde la Plaza Obelisco, en el día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. Piden la restitución de tierras.


Cientos de campesinos se reunieron en la Plaza Obelisco, en la zona 9, para dirigirse al Congreso, en la zona 1, como medio de expresión para exigir respeto a sus derechos y territorios.

Campesinos reunidos en la Plaza Obelisco para la marcha por la dignidad indígena. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las personas se reunieron desde las 7 horas de este miércoles, día que se conmemora por el descubrimiento de América y la intervención española por parte del conquistador Cristóbal Colón, en 1942.

La marcha estará frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en el organismo Legislativo, donde las personas permanecerán hasta el viernes.

Las actividades finalizan ese día con un informe que se entregará la comisión interparlamentaria que hizo la verificación sobre denuncias de desvíos de ríos, según Daniel Pascual, dirigente campesino.

Los amparos buscan la recuperación de tierras ancestrales como los casos Chuarrancho, de los pueblos ixil, chortí y  q´eqchi´ en El Estor, Izabal.

En el Congreso los manifestantes exigirán que se apruebe la ley de desarrollo rural, la ley de jurisdicción indígena, radios comunitarias, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma constitucional al sector justicia.

“En el Congreso nos quedamos en una vigila de dos noches donde habrá actos culturales y se finalizará con la entrega de un informe que nos dará la comisión interparlamentaria sobre los desvíos de ríos”, dijo el dirigente.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/marchan-por-la-dignidad-indigena