“No espero nada de la justicia de Guatemala”: Angélica Choc

Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra, CERIGUA

Angélica Choc es una líder indígena Maya Q’eqchi’ que ha sido víctima, como muchos otros miembros de su comunidad, de violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa canadiense Hunbay Minerals Inc., que opera en El Estor, departamento de Izabal; en 2010, Choc demandó en Canadá a la minera por el asesinato de su esposo, Adolfo Ich, en septiembre de 2009.

La lideresa visitó Ginebra para denunciar ante diferentes instancias de las Naciones Unidas los abusos de la empresa, el estado de los procesos judiciales que lleva en Canadá y en Guatemala y las amenazas, intimidaciones e incluso el atentado que sufrió como consecuencia de su labor como defensora de los derechos humanos y ambientales.

En entrevista exclusiva con CERIGUA, Choc aseguró que, aunque el proceso en Canadá avanza lentamente, tiene fe “en que más adelante resulte, porque todo ser humano tiene derecho a la vida y en este caso se la quitaron a un hermano nuestro, a un padre, a un esposo; vamos a ver si esa demanda prospera en Canadá, porque de la justicia de mi país no espero nada”, dijo.

Durante su visita a Ginebra, Choc se reunió con representantes de expertos de la ONU, como la relatoría sobre defensores de derechos humanos, la de libertad de reunión y la de los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, dialogó con la sección para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con la Comisión Internacional de Juristas.

Adicionalmente, Choc expuso su caso ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde también participó como panelista en un evento paralelo, y denunció, el pasado 24 de octubre, los atropellos de la empresa contra su comunidad en el marco del examen de Canadá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con respecto a sus gestiones ante las Naciones Unidas, Choc dijo a CERIGUA tener la expectativa de que su caso “sea resaltado” en Canadá “porque nos hemos dado cuenta de que sus empresas en nuestros países han incumplido los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida”, añadió la activista, quien es consciente de que la persecución de la que es víctima está motivada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres indígenas.

“Años atrás yo no les prestaba atención a esas amenazas, no las creía”, continuó Choc, “pero el pasado 17 de septiembre sí sentí miedo: eran las 12:10 de la noche y hubo una balacera en mi casa, en donde estaba con dos hijos; tiraron a donde estaban ellos, escuché todo, me tiré al piso y no me podía levantar; luego arrancaron como dos motos y oí una risa que se alejaba, pero no me podía levantar porque tenía mucho miedo”.

“Al día siguiente nos tuvimos que desplazar del lugar, que es lo más doloroso que estoy viviendo, porque tuve que salir de mi comunidad”, dijo la defensora de derechos humanos, quien además precisó haber puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y manifestó su preocupación por no contar con apoyo económico de ningún tipo.

Débora Yancoba, psicóloga de profesión y representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, quien acompaña a Angélica Choc en Ginebra, confirmó el daño psicológico que ha sufrido: “ella está pasando por una situación emocional muy difícil; su caso, en Guatemala, está en fase de debate oral y público, pero de público no tiene nada”.

Yancoba dijo a CERIGUA que no cree que vaya a haber avances en el litigio doméstico: “El Estado guatemalteco protege a las empresas por intereses económicos y políticos, y no podemos hacer más que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo; las denuncias de atropellos a defensores de los derechos humanos no tienen avance, pero cuando son las empresas las que denuncian a un líder comunitario, esos casos sí prosperan e incluso ha habido sentencias”.

Sobre el proceso contra la empresa que tiene lugar en Canadá, Yancoba se mostró más optimista: “No perdemos la esperanza, ojalá que el caso pueda avanzar, con apego a la ley, y que puedan garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación integral porque las mujeres no van tras una reparación económica: lo que desean es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de Guatemala, dignificar su lucha y garantizar que sus hijos puedan tener una vida digna, todo de una manera pertinente para ellos, en tanto pueblos indígenas”.

https://cerigua.org/article/no-espero-nada-de-la-justicia-de-guatemala-angelic/

“Hay graves violaciones de derechos humanos en el país” Víctor Hugo Godoy, titular de la Copredeh

Por ENRIQUE GARCÍA, El Periodico, 16 de septiembre 2016

Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy, justifica trabajo de la institución, que maneja un presupuesto de Q141.6 millones.

¿Cómo funciona la Copredeh si los integrantes no se reúnen?

– Es una Comisión sui géneris en el sentido que no se reúne para funcionar, esta coadyuva a cada uno de sus integrantes en cada unidad administrativa para que pueda realizar tareas que le corresponde durante los procesos y diversos informes que piden los sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

¿Entonces todo el proceso y estudio de tareas, cada quien lo realiza de manera independiente?

– Le explico. Recibimos de parte de ambos sistemas las peticiones al Estado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos nos las trasladan y nosotros evacuamos los informes y requerimientos de nuevo por medio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, si hay algunos casos que no se resolvieron del todo, pasa a la Corte Interamericana, entonces pedimos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que dé un mandato para representar al Estado, si el requerimiento de las instancias internacionales es aceptado, entonces pedimos información a las entidades de seguridad y justicia.

¿Es después de todo este proceso que  los comisionados se ponen de acuerdo?

– Hay una unidad administrativa especializada en varios temas dentro de Copredeh que ve el tema de las quejas internacionales. Ellos informan al Estado por medio de una misión que nos representa ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Cancillería, a la vez nos avisan a nosotros. Como le mencioné, comenzamos a recabar más información en todas las entidades, luego se elabora un informe que se envía por medio de Relaciones Exteriores, quienes entregan la documentación oficial a la Comisión.

¿Qué sucede cuando ese informe es admitido internacionalmente?

– Aquí iniciamos la tercera fase, recabar información para defender al Estado con los argumentos ya aprobados.

Si la Comisión no acepta las pruebas estatales, ¿qué recomendaciones dan?      

– Es enviada de una vez a la Corte Interamericana y aquí solicitamos a la PGN para que otorgue un mandato para representar al Estado.

¿Por qué tiene que ser precisamente Copredeh la única entidad que lleve este tipo de casos en nombre del Estado?

– Porque es quien ha llevado todos los procesos desde el comienzo, no puede venir la Procuraduría General de la Nación a defender el caso sin conocer todo lo que ha sucedido, por ello Copredeh tiene unidades especiales.

Si es una entidad que tiene un acercamiento estrecho con instancias de derechos humanos, ¿es importante entonces el nombramiento que da el Presidente de la República?

– Cuando el Presidente nombra al titular de Copredeh da un mensaje sobre el tipo de representación que tendrá el Estado. Si nombra a un activista de derechos humanos quiere decir que el mandatario es proclive a que estos activistas sean flexibles hacia las peticiones de la Comisión y de los demandantes.

Pero, ¿si no es así?

– Ahí envía otro mensaje, como en mi caso que he sido funcionario que me he dedicado al tema de derechos humanos pero no soy un activista; esto es un punto intermedio.

Usted fue presidente de Copredeh en 2000, ¿cuáles eran las soluciones que daban?

– Eran soluciones amistosas firmadas con la Comisión Interamericana, porque antes de esa fecha la postura era negar; aquí no sucedió nada, aquí no ha pasado nada y solo era una postura jurídica.

Entre 2000 y 2012 Guatemala fue miembro de la comunidad internacional de derechos humanos, ¿cambió con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina?

– El que llegó cuestionó todo y se negó a acatar las sentencias de la Corte Interamericana y no acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana, eso hizo que nos condenaran en un informe presentado por la Corte el año pasado, en el cual nos bajan de categoría.

¿Entonces en derechos humanos no está colaborando Guatemala?

– En efecto. De acuerdo al informe, hay graves violaciones a los derechos humanos en el país y entonces nos ganamos un lugar con Venezuela y Cuba.

¿Se puede revertir dicha decisión de las cortes internacionales?

– Lo que hice es reunirme con la Corte y la Comisión para tratar de hacer un calendario de cumplimiento, porque se acumuló una presa de 21 sentencias que se deben cumplir, desde entonces he venido dialogando con los peticionarios para ver si encontramos una salida a esas sentencias.

http://elperiodico.com.gt/2016/09/16/pais/hay-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-pais-victor-hugo-godoy-titular-de-la-copredeh/

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

El nombramiento reciente de Gladys Anabella Morfin Mansilla como Procuradora General de la Nación, trajo a colación un proyecto minero de gran envergadura que se encuentra “dormido” a la espera de millonarias inversiones. Se trata del proyecto Río Negro, con licencias mineras que abarcan los municipios de Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. Una incesante serie de transacciones ocurridas desde 2004 hasta la fecha, parece estar preparando el terreno para la explotación de uno de los proyectos mineros de níquel más grande de Guatemala.

Por Luis Solano/CMI-G 5 Jun, 2016

Captura de pantalla de 2016-06-05 10:18:50

De los orígenes recientes

En 2004 fue inscrita en el Registro Mercantil la empresa Corponíquel, S.A., por medio del Bufete Profesional, dirigido por la hoy Procuradora General de la Nación, Gladys Annabella Morfin Mansilla.

Ese mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mostró en su base de datos que Morfin Mansilla era la titular de la licencia minera LEXR-706 (exploración), denominada Río Negro II, que forma parte del proyecto minero de níquel, oro y plata conocido como Río Negro, localizado entre Uspantán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz. El proyecto es explorado desde 1957, y se encuentra contiguo a los embalses del proyecto hidroeléctrico Chixoy y de las comunidades masacradas a principios de la década de 1980, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2006, el MEM otorgó esa licencia a Corponíquel, S.A.. Previamente, en 2004, Corponíquel fue adquirida por la minera canadiense Icon Industries Ltd., la cual fundó otra subsidiaria: Río Nickel, S.A., a la cual se le trasladó el proyecto de Río Negro II. En 2007, Corponíquel y sus licencias de Río Negro fueron adquiridas por la canadiense Nichromet Extraction la cual inscribió a su subsidiaria Nichromet Guatemala, S.A. y mantuvo a la vez a Río Nickel, S.A..

A partir de esos años, Nichromet Guatemala obtuvo varias licencias mineras en todo el cinturón que recorre desde Baja Verapaz hasta la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. La obtención de tantas licencias mineras sólo se explica por los antecedentes del representante legal de Nichromet Guatemala, Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi.

Gerente general de Nichromet Guatemala desde 2009, Gálvez Sinibaldi ocupó el puesto de director general de Minería entre enero de 2005 y enero de 2008, y el puesto de director general de Hidrocarburos, entre enero y marzo de 2008, como subalterno de Carlos Meany en el Ministerio de Energía y Minas de Álvaro Colom y la UNE. Durante el gobierno de Pérez Molina, ejerció el cargo de Viceministro de la cartera de Energía y Minas.

Buscando capitales

Nichromet Guatemala, como subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., nunca ha explotado los minerales de las licencias. Desde su creación ha pasado por diversas manos de mineras o fondos de inversión de Canadá, a la espera de una gran inversión para la explotación de níquel. En 2007, por ejemplo, fue adquirida por Foundation Resources de Canadá. La minera también logró un acuerdo con la brasileña Compahia Vale Do Rio Doce (CVRD), la minera más grande del mundo en producción de hierro, para operar las licencias de Nichromet Guatemala.

El principal socio de Nichromet Extraction fue la financiera canadiense Seed Capital Inc., la cual también poseyó la minera Guatemala Copper S.A. que tuvo licencias en Huehuetenango y Chiquimula, y que a la vez era subsidiaria de la minera canadiense Creso Resources. Nichromet Guatemala tiene como asesores legales al Bufete Menéndez, donde destacó el ex ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park (gobierno de Jorge Serrano Elías) y ya fallecido, integrante del bufete centroamericano Lexincorp.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper son el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén y el canadiense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso Resources y de Nichromet Guatemala. Galicia Guillén ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) durante el gobierno de Óscar Berger, y tiene una solicitud de una licencia minera en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, para cobre, níquel y otros minerales.

Los representantes legales de Guatemala Copper S.A. pertenecen al bufete de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos clientes se encuentran las mineras Aurogin Resources (Castle Gold), Intrepid Minerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miembros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente aéreo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier fue Presidente. Gauthier, además, es Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital, que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su subsidiaria Nichromet Guatemala, concentradas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz.

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en la minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Jaguar Nickel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala operó luego bajo el nombre de Mayaníquel S.A., nombre actual y con licencias de explotación de níquel en Alta Verapaz e Izabal para exploración de níquel, subsidiaria de la holandesa Cunico Resources que también posee la subsidiaria Guaxilán, S.A., que explota níquel en licencias en la zona limítrofe de Zacapa e Izabal.

Preparando el terreno

En una serie de giros inversionistas, Nichromet Extraction cambió de nombre a finales de 2013, denominándose ahora Dundee Sustainable Technologies Inc., convirtiéndose en subsidiaria de la canadiense Dundee Corporation.

En octubre de 2015, Pierre Gauthier vendió el 100% de las acciones de Nichromet Guatemala a la canadiense Central America Nickel Inc. (CAN), convirtiéndose en propietaria de Nichromet Guatemala y Río Nickel, y haciendo a Gauthier presidente de CAN.

En enero de 2016, la canadiense CVMR Corporation (CVMR) y CAN anunciaron una alianza inversionista para explorar y explotar el proyecto Río Negro. En la base de datos del MEM más reciente, ya no aparece la licencia Río Negro II, la cual cambió de nombre bajo dos licencias Los Cimientos LEXR-047-06 y Chimiagua LEXR-069-08, cuyo titular es Nichromet Guatemala. Una solicitud de licencia de exploración aparece a nombre de Río Nickel, S.A., conocida como Río Nickel SEXR-035-07, que es parte del proyecto Río Negro.

La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel

Se avecina guerra de Jimmy y G-8 contra EEUU-CICIG

POR MARTÍN RODRÍGUEZ PELLECER – NOMADA

Nadie pensó que llegaran tan lejos. O que investigar y botar a un presidente y una vicepresidenta no sería el mayor terremoto que causarían en Guatemala. El MP y la CICIG, con su investigación por las masacres de Cobán y su investigación ‘a una primera empresa grande’ por corrupción en impuestos, ha tocado al centro de los asesores del gobierno de Jimmy Morales y al corazón de la élite económica. Y ambos grupos, de militares retirados y grandes empresarios, parecen estar moviendo al presidente de dos meses a enfrentarse a la dupla MP-CICIG y a su principal apoyo, el embajador de Estados Unidos. Vamos a conectar puntos y explicar estas tensiones.

El 12 de febrero de 2016 se detuvo por unos segundos el corazón de la élite económica de Guatemala. El MP y la CICIG hicieron operativos para capturar a personeros de una empresa que se llama Aceros de Guatemala, por sobornar a funcionarios de la SAT (la oficina de impuestos) para evitar pagar una deuda de Q250 millones (US$30 millones). El nombre de Aceros de Guatemala (AG) no le dice nada a muchos. Pero a la élite económica sí.
Aceros es la compañía más grande de hierro en el país. Y su fundador, José Luis Gabriel Abularach (de 94 años), es socio y desde 2007 uno de los siete integrantes del Consejo de Administración del Banco Industrial, el banco más grande y poderoso del país.
En la economía de Guatemala, a diferencia de otras más desarrolladas, los grandes bancos del sistema son propiedad de los grandes empresarios de la industria, del agro o del metal. Las familias más tradicionales, dueñas de emporios de cerveza, pollo o azúcar, tienen sillas en el Consejo de Administración del BI. El grupo de las ocho corporaciones familiares más poderosas ha sido descrito por expresidentes y exministros como el G-8.

La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.
Dentro del banco de la élite económica hay dos posturas, según ha podido recopilar Nómada después de varias entrevistas con actores económicos y políticos.
Una es que no se defenderá a Gabriel Abularach si ha cometido ilegalidades, pues un socio no debería ensuciar la trayectoria de un banco en el que hay muchos accionistas.
Y la otra postura prefiere mantener la forma de operar en el pasado en el país: convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.
Esto porque en medio de estas tensiones internas por el caso de Aceros, el 1 de marzo, el representante de Washington dio una entrevista a elPeriódico en la que dijo una frase: “Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones debajo de la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses. Voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno”.
Para Estados Unidos, el combate a la corrupción es indispensable para que el Estado y la economía de Guatemala funcionen y dejen de expulsar a niños migrantes rumbo a su país.

A los nervios por el caso de Aceros y a esta declaración de Robinson se suma otro terremoto político ocurrido en Centroamérica, provocado también desde Estados Unidos. El 6 de octubre de 2015, Estados Unidos capturó al megaempresario Yankel Rosenthal, dueño del Banco Continental (de Honduras). Lo acusa de usar su banco para permitir lavado de dinero.
Desde octubre, muchos bancos del sistema temen que pueda haber una acción de la justicia estadounidense por lavado de activos. Banco Industrial no está entre los dos bancos que se cree que están bajo investigación.
Esta ‘injerencia verbal’ en asuntos internos (aunque sea una lucha contra la corrupción guatemalteca por parte de un gobierno extranjero) les parece intolerable a muchos empresarios, militares y políticos guatemaltecos conservadores, incluido el presidente Jimmy Morales. Es considerada una afrenta al nacionalismo.
Persecución a militares de Jimmy

Al novísimo presidente Jimmy Morales, que lleva en el gobierno dos meses y dos días como su primera experiencia política, la justicia guatemalteca la aprieta en otra esquina.
El 6 de enero de 2016, una semana antes de que asumiera la jefatura del Ejecutivo, el MP realizó la captura más numerosa de militares en la historia de América Latina. Diez y seis altos mandos retirados, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en los años setenta y ochenta.
Y entre los militares capturados y demandados por el MP habían dos personajes claves para Jimmy. Uno es César Cabrera, quien era uno de sus candidatos a ministro de Gobernación y es el padre de uno de sus principales asesores, y otro es Edgar Ovalle, fundador de su partido, FCN, diputado y subjefe de bancada en el Congreso.
Estados Unidos, además, le ha dicho que otro de sus principales asesores, el militar Armando Melgar, tiene vínculos oscuros.
El combo de asesores militares de Jimmy con recelos respecto del Ministerio Público y el papel de la embajada de Estados Unidos lo completa el general Ricardo Bustamante, quien fue mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, y quien fundó el ‘doctorado en seguridad estratégica’ en la USAC, que representa la mayor parte de contactos y conocimientos en política del presidente Morales.
Uno de esos contactos del doctorado fue el alumno y canciller de Pérez Molina, Carlos Raúl Morales. El canciller –cercano a los intereses de grandes empresarios–, así como el ministro de la Defensa, fueron los dos principales funcionarios de Pérez Molina que Jimmy Morales mantuvo en su equipo de gobierno.
El contraataque diplomático y político
Ante estas acciones y expresiones de la CICIG-MP y Estados Unidos contra Aceros y contra militares, el gobierno de Jimmy Morales disimula cada vez menos su malestar.
El 24 de febrero, su partido FCN y los de los grandes empresarios (Viva y Creo) intentaron bloquear en el Congreso las reformas a la ley del MP, que acaban con el derecho presidencial para remover al jefe del MP. Es más, intentaron que se aprobara una reforma que obligara al MP a pedir una orden de juez para investigar a un funcionario. La oposición parlamentaria, encabezada por la UNE, logró que se aprobara la reforma para dar más independencia al MP.
En marzo, el gobierno de Jimmy Morales parece haber declarado una guerra contra el embajador de Estados Unidos.
La revista ContraPoder hizo públicas las declaraciones del nuncio apostólico (el representante del Vaticano) en las que pedía a los embajadores no intervenir en la política nacional. La posición del representante del Vaticano es una contradicción, pues el Papa Francisco intervino en las elecciones estadounidenses al decir en México que el candidato Donald Trump tenía propuestas tan racista que ‘no era cristiano’.
Pero todo parece parte de una movida diplomática nacional. El presidente Morales refrendó al nuncio: “Agradeceré de manera especial, que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Es necesario que a través de sus actividades, ustedes continúen apoyando a la construcción del Estado guatemalteco, y a la unión de todos los sectores que lo conforman”.
Esto sólo fue la punta del iceberg. Nómada tuvo acceso a la carta que envió el canciller Carlos Raúl Morales a todos los embajadores un día antes de la reunión con el nuncio, el 10 de marzo. A continuación, una síntesis de las palabras que parecen estar dirigidas directamente contra el embajador estadounidense por su declaración en elPeriódico, y también contra otra diplomática activa en la lucha contra la impunidad y la desigualdad, Valerie Julliand, representante del Sistema de Naciones Unidas.
Escribió el canciller de Jimmy Morales: “La lucha contra la corrupción es la piedra angular del gobierno. Esta tarea se ve acompañada por el respaldo de la cooperación internacional. Pero de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos internos del país, lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación”.
Pero no se queda ahí. Hay una amenaza.
“Esa preocupación fue compartida con algunos representantes a través de comunicaciones individuales y el pasado 12 de febrero durante la presentación de los viceministros de Relaciones Exteriores. El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable”.
Otras medidas en el lenguaje diplomático son pedir a la Casa Blanca o a Naciones Unidas el retiro de los embajadores del país.
(Aquí, la carta enviada por el canciller a todos los embajadores en el país)
El cambio de época
Esta retórica por parte del gobierno de Jimmy y (columnistas cercanos a la élite empresarial) contra EEUU, Naciones Unidas y la CICIG por apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, recuerda las posiciones del gobierno de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.
No obstante, columnistas conservadores y progresistas, como Luis Felipe Valenzuela (director de Emisoras Unidas) o Edgar Gutiérrez (excanciller), consideran sin sustento las reacciones de ‘falso nacionalismo’ de Jimmy Morales. El periodista Juan Luis Font también cuestiona ‘el temor al cambio’ por parte de la élite empresarial.
Pero más allá de esta guerra que se avecina entre actores poderosísimos, el año 2016 ha sido un parteaguas para la historia de la República de Guatemala.
La posibilidad de que se investigue a un socio del Banco Industrial por defraudación fiscal cambia todas las reglas del juego. Este se describe a sí mismo como uno “nacido del seno de la Cámara de Industria”, fundado en 1968 por un centenar de industriales, “con un capital de Q25 millones, que se recaudó por medio del aporte del 10% de las exoneraciones otorgadas a las industrias en Guatemala”.
Ahora, conspirar para no pagar impuestos, como hizo la empresa de uno de sus socios, es considerado un acto tan corrupto e impune como robar el dinero de las arcas públicas.

El 12 de febrero de 2016 se detuvo por unos segundos el corazón de la élite económica de Guatemala. El MP y la CICIG hicieron operativos para capturar a personeros de una empresa que se llama Aceros de Guatemala, por sobornar a funcionarios de la SAT (la oficina de impuestos) para evitar pagar una deuda de Q250 millones (US$30 millones). El nombre de Aceros de Guatemala (AG) no le dice nada a muchos. Pero a la élite económica sí.
Aceros es la compañía más grande de hierro en el país. Y su fundador, José Luis Gabriel Abularach (de 94 años), es socio y desde 2007 uno de los siete integrantes del Consejo de Administración del Banco Industrial, el banco más grande y poderoso del país.
En la economía de Guatemala, a diferencia de otras más desarrolladas, los grandes bancos del sistema son propiedad de los grandes empresarios de la industria, del agro o del metal. Las familias más tradicionales, dueñas de emporios de cerveza, pollo o azúcar, tienen sillas en el Consejo de Administración del BI. El grupo de las ocho corporaciones familiares más poderosas ha sido descrito por expresidentes y exministros como el G-8.

El Consejo de Administración del BI, según su propia página web.
El Consejo de Administración del BI, según su propia página web.
La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.
Dentro del banco de la élite económica hay dos posturas, según ha podido recopilar Nómada después de varias entrevistas con actores económicos y políticos.
Una es que no se defenderá a Gabriel Abularach si ha cometido ilegalidades, pues un socio no debería ensuciar la trayectoria de un banco en el que hay muchos accionistas.
Y la otra postura prefiere mantener la forma de operar en el pasado en el país: convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.
Esto porque en medio de estas tensiones internas por el caso de Aceros, el 1 de marzo, el representante de Washington dio una entrevista a elPeriódico en la que dijo una frase: “Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones debajo de la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses. Voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno”.
Para Estados Unidos, el combate a la corrupción es indispensable para que el Estado y la economía de Guatemala funcionen y dejen de expulsar a niños migrantes rumbo a su país.

A los nervios por el caso de Aceros y a esta declaración de Robinson se suma otro terremoto político ocurrido en Centroamérica, provocado también desde Estados Unidos. El 6 de octubre de 2015, Estados Unidos capturó al megaempresario Yankel Rosenthal, dueño del Banco Continental (de Honduras). Lo acusa de usar su banco para permitir lavado de dinero.
Desde octubre, muchos bancos del sistema temen que pueda haber una acción de la justicia estadounidense por lavado de activos. Banco Industrial no está entre los dos bancos que se cree que están bajo investigación.
Esta ‘injerencia verbal’ en asuntos internos (aunque sea una lucha contra la corrupción guatemalteca por parte de un gobierno extranjero) les parece intolerable a muchos empresarios, militares y políticos guatemaltecos conservadores, incluido el presidente Jimmy Morales. Es considerada una afrenta al nacionalismo.
Persecución a militares de Jimmy
Al novísimo presidente Jimmy Morales, que lleva en el gobierno dos meses y dos días como su primera experiencia política, la justicia guatemalteca la aprieta en otra esquina.
El 6 de enero de 2016, una semana antes de que asumiera la jefatura del Ejecutivo, el MP realizó la captura más numerosa de militares en la historia de América Latina. Diez y seis altos mandos retirados, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en los años setenta y ochenta.
Y entre los militares capturados y demandados por el MP habían dos personajes claves para Jimmy. Uno es César Cabrera, quien era uno de sus candidatos a ministro de Gobernación y es el padre de uno de sus principales asesores, y otro es Edgar Ovalle, fundador de su partido, FCN, diputado y subjefe de bancada en el Congreso.
Estados Unidos, además, le ha dicho que otro de sus principales asesores, el militar Armando Melgar, tiene vínculos oscuros.
El combo de asesores militares de Jimmy con recelos respecto del Ministerio Público y el papel de la embajada de Estados Unidos lo completa el general Ricardo Bustamante, quien fue mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, y quien fundó el ‘doctorado en seguridad estratégica’ en la USAC, que representa la mayor parte de contactos y conocimientos en política del presidente Morales.
Uno de esos contactos del doctorado fue el alumno y canciller de Pérez Molina, Carlos Raúl Morales. El canciller –cercano a los intereses de grandes empresarios–, así como el ministro de la Defensa, fueron los dos principales funcionarios de Pérez Molina que Jimmy Morales mantuvo en su equipo de gobierno.
El contraataque diplomático y político
Ante estas acciones y expresiones de la CICIG-MP y Estados Unidos contra Aceros y contra militares, el gobierno de Jimmy Morales disimula cada vez menos su malestar.
El 24 de febrero, su partido FCN y los de los grandes empresarios (Viva y Creo) intentaron bloquear en el Congreso las reformas a la ley del MP, que acaban con el derecho presidencial para remover al jefe del MP. Es más, intentaron que se aprobara una reforma que obligara al MP a pedir una orden de juez para investigar a un funcionario. La oposición parlamentaria, encabezada por la UNE, logró que se aprobara la reforma para dar más independencia al MP.
En marzo, el gobierno de Jimmy Morales parece haber declarado una guerra contra el embajador de Estados Unidos.
La revista ContraPoder hizo públicas las declaraciones del nuncio apostólico (el representante del Vaticano) en las que pedía a los embajadores no intervenir en la política nacional. La posición del representante del Vaticano es una contradicción, pues el Papa Francisco intervino en las elecciones estadounidenses al decir en México que el candidato Donald Trump tenía propuestas tan racista que ‘no era cristiano’.
Pero todo parece parte de una movida diplomática nacional. El presidente Morales refrendó al nuncio: “Agradeceré de manera especial, que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Es necesario que a través de sus actividades, ustedes continúen apoyando a la construcción del Estado guatemalteco, y a la unión de todos los sectores que lo conforman”.
Esto sólo fue la punta del iceberg. Nómada tuvo acceso a la carta que envió el canciller Carlos Raúl Morales a todos los embajadores un día antes de la reunión con el nuncio, el 10 de marzo. A continuación, una síntesis de las palabras que parecen estar dirigidas directamente contra el embajador estadounidense por su declaración en elPeriódico, y también contra otra diplomática activa en la lucha contra la impunidad y la desigualdad, Valerie Julliand, representante del Sistema de Naciones Unidas.
Escribió el canciller de Jimmy Morales: “La lucha contra la corrupción es la piedra angular del gobierno. Esta tarea se ve acompañada por el respaldo de la cooperación internacional. Pero de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos internos del país, lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación”.
Pero no se queda ahí. Hay una amenaza.
“Esa preocupación fue compartida con algunos representantes a través de comunicaciones individuales y el pasado 12 de febrero durante la presentación de los viceministros de Relaciones Exteriores. El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable”.
Otras medidas en el lenguaje diplomático son pedir a la Casa Blanca o a Naciones Unidas el retiro de los embajadores del país.
(Aquí, la carta enviada por el canciller a todos los embajadores en el país)
El cambio de época
Esta retórica por parte del gobierno de Jimmy y (columnistas cercanos a la élite empresarial) contra EEUU, Naciones Unidas y la CICIG por apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, recuerda las posiciones del gobierno de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.
No obstante, columnistas conservadores y progresistas, como Luis Felipe Valenzuela (director de Emisoras Unidas) o Edgar Gutiérrez (excanciller), consideran sin sustento las reacciones de ‘falso nacionalismo’ de Jimmy Morales. El periodista Juan Luis Font también cuestiona ‘el temor al cambio’ por parte de la élite empresarial.
Pero más allá de esta guerra que se avecina entre actores poderosísimos, el año 2016 ha sido un parteaguas para la historia de la República de Guatemala.
La posibilidad de que se investigue a un socio del Banco Industrial por defraudación fiscal cambia todas las reglas del juego. Este se describe a sí mismo como uno “nacido del seno de la Cámara de Industria”, fundado en 1968 por un centenar de industriales, “con un capital de Q25 millones, que se recaudó por medio del aporte del 10% de las exoneraciones otorgadas a las industrias en Guatemala”.
Ahora, conspirar para no pagar impuestos, como hizo la empresa de uno de sus socios, es considerado un acto tan corrupto e impune como robar el dinero de las arcas públicas.

https://nomada.gt/se-avecina-guerra-de-jimmy-y-g-8-contra-eeuu-cicig/

 

Autoridades de EE.UU. supervisan daños

Una delegación de Estados Unidos se encuentra en Guatemala para realizar una inspección de los daños causados por los recientes fenómenos naturales.

Kenia Reyes

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Una delegación de Estados Unidos se encuentra en Guatemala para realizar una inspección de los daños causados por los recientes fenómenos naturales. La visita es parte del tramite presentado por las autoridades de Gobierno para la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en ingés)  a los guatemaltecos en aquella nación, informó Miguel Ángel Ibarra, viceministro de Relaciones Exteriores.
Ibarra explicó que ya han entregado a Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna estadounidense, un reporte preliminar donde exponen la necesidad del TPS, así como un informe de los daños ocasionados durante la emergencia registrada hace un mes.
El vicepresidente Rafael Espada dijo que había hablado con las autoridades del área de Seguridad e Inmigración para que durante un año se les pueda dar una extensión del TPS. Dijo que les explicaron que no es política trabajar este tipo de estatus, pero tendrán en consideración la solicitud.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20100630/pais/161268/

G-8 se centraliza en problemas sociales

La cumbre del G-8 en Muskoka , Canadá, comenzó ayer con la bienvenida que el primer ministro de ese país, Stephen Harper, dio a los mandatarios de los ocho países del grupo, que durante dos días hablarán de desarrollo, paz y seguridad.

 Tegucigalpa

Además de los ocho países más ricos —EE. UU., Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Canadá y Rusia— Harper ha invitado a esta cumbre a los mandatarios de un grupo de naciones con voz propia en materia de seguridad, entre ellos el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que hablará del combate al narcotráfico.

En la cumbre de dos días, el G-8 va a concentrarse en uno de los temas de desarrollo que más preocupa a las Naciones Unidas, la falta de atención médica para las mujeres que dan a luz en los países en desarrollo, que causa al año la muerte evitable de millones de personas.

El G-8 no olvidará los asuntos que afectan a la paz y seguridad mundial, y durante la cumbre abordará los últimos acontecimientos sobre Irán, tras la aprobación de sanciones por el Consejo de Seguridad de la ONU, y sobre las tensiones con Corea del Norte.

En la cumbre, Canadá ha incluido por primera vez en la historia del grupo una sesión en la que participarán tres países del continente americano, Colombia, Haití y Jamaica, para conocer de primera mano los problemas que las organizaciones criminales suponen a las naciones en la región.

Uribe aprovechó su participación para “rendirle un homenaje a las fuerzas armadas” de su país y añadió que la comunidad internacional “debe ayudar a que Colombia finalmente no tenga terrorismo”.

http://www.prensalibre.com/internacionales/G-8-centraliza-problemas-sociales_0_287371318.html

Legisladores de Florida preparan proyecto similar a ley de Arizona

Varios congresistas del Partido Republicano de Florida preparan un proyecto de ley para frenar la inmigración ilegal similar al aprobado en Arizona que criminaliza a las personas indocumentadas en EE. UU., informó ayer el diario St. Petersburg Times en su edición digital.

 Miami, Florida

William Snyder, un legislador de Stuart, en la costa este de ese estado, explicó que bajo la propuesta ley, la Policía tendrá poder para pedir a las personas sospechosas prueba de su residencia legal.

“Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar”, declaró el congresista que presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre próximo.

La polémica ley SB1070 de Arizona, que entraría en vigor el próximo 29 de julio, sería la primera en ese país en convertir en delito menor la presencia ilegal en ese estado y otorga funciones de agentes de inmigración a la Policía local, entre otros aspectos.

Los líderes de la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Florida afirmaron que es necesario un nuevo enfoque para responder “al fracaso del Gobierno federal en el control de la inmigración ilegal”, según el periódico.

En Arizona, las autoridades tienen que pedir documentos legales durante cualquier detención si existe una “sospecha razonable”.

Otros estados han manifestado sus intenciones de seguir los pasos de Arizona como Carolina del Sur, Michigan, Minesota, Pensilvania y Rhode Island.

http://www.prensalibre.com/internacionales/Legisladores-Florida-preparan-proyecto-Arizona_0_287971242.html