Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.

Jueza Ana Leticia Peña Liberó A Militar Acusado Del Asesinato Del Profesor Adolfo Ich Chamán

Por: Prensa Comunitaria – Abril 6 2017, Nelton Rivera.

Jueves 6 de abril 2017. Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente del departamento de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala liberó de los cargos esta mañana al Teniente Coronel Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. –CGN- acusado del asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán el 27 de septiembre de 2009.

Maynor Padilla Gonzales fue sindicado por el Ministerio Público -MP- por los delitos de: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chamán.

También son querellantes Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG dentro de este proceso penal 796-2009. Para Angélica Choc, German Chub y las mujeres de la comunidad Lote 8 ha sido sumamente peligroso impulsar este proceso penal y luchar porque se haga justicia, en un contexto de impunidad y violencia, amenazas y atentados.

El profesor Adolfo Ich Chamán es una autoridad comunitaria reconocida por el pueblo maya Q’eqchí en Izabal, como líder comunitario promovió la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos que fueron violentados por el proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Guatemala. Esto motivo la respuesta represiva de la seguridad de la empresa, al frente de esta el militar Maynor Rolando Padilla González, responsable del asesinato del profesor Adolfo Ich y del atentando en contra de los otros comunitarios.

http://www.prensacomunitaria.org/jueza-ana-leticia-pena-libero-a-militar-acusado-del-asesinato-del-profesor-adolfo-ich-chaman/

CIDH condena a Guatemala por desapariciones forzadas

Prensa Libre

23 de diciembre 2016

23 de Diciembre de 2016 a las 10:35h

La condena es también por no haber investigado la masacre de pueblos indígenas mayas perpetrada por agentes estatales entre 1981 y 1986, durante la guerra civil.

Guatemala fue de nuevo condenada por la desaparición forzada de 22 personas. (Foto Prensa LIbre: Hemeroteca PL)
Guatemala fue de nuevo condenada por la desaparición forzada de 22 personas. (Foto Prensa LIbre: Hemeroteca PL)

El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió el país (1960-1996).

La sentencia, notificada a las partes, indica que el Estado guatemalteco es responsable por la desaparición forzada de 22 personas y por no haber adoptado medidas necesarias para revertir los efectos de la situación de desplazamiento.

“La falta de investigación de las ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros, ocurridos entre agosto de 1981 y agosto de 1986 en el marco del conflicto armado, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales”, concluyeron los jueces.

La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, de las 22 víctimas de desapariciones forzadas. Lo último que se supo de ellas es que se encontraban bajo custodia estatal.

También concluyó que el Estado no adoptó medidas para garantizar a las víctimas desplazadas un retorno digno y seguro a sus lugares de residencia, un nuevo asentamiento voluntario o una indemnización adecuada, por lo que, violó el derecho de circulación y residencia.

La sentencia además indica que no se cumplió con las obligaciones para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas, y por no prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“La Corte determinó que la actuación del Estado en la investigación de los hechos del caso demostró una clara voluntad por parte de las autoridades de que los mismos permanezcan en la más absoluta impunidad”, explica la sentencia.

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) indica que lo ocurrido se enmarca “dentro de una política de Estado, con fundamento en la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, destinada a eliminar la supuesta base social de grupos insurgentes de la época”.

El tribunal internacional solicitó reabrir las investigaciones para sancionar a los responsables, así como brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas.

El Estado de Guatemala también debe realizar las acciones necesarias tanto para determinar el paradero de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas desaparecidos forzadamente, así como localizar, exhumar e identificar a las personas fallecidas.

Por daños materiales e inmateriales la CorteIDH ordenó entregar US$55 mil por cada una de las 183 personas incluidas en un listado general de víctimas de desaparición forzada.

Además de US$5 mil dólares a las personas que fueron desplazadas y US$30 mil dólares para cada familia de víctimas, que deben ser divididos entre madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes.

También contempla US$10 mil dólares para los hermanos de las víctimas por daño inmaterial.

La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/corteidh-condena-guatemala-por-desapariciones-forzadas

“No espero nada de la justicia de Guatemala”: Angélica Choc

Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra, CERIGUA

Angélica Choc es una líder indígena Maya Q’eqchi’ que ha sido víctima, como muchos otros miembros de su comunidad, de violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa canadiense Hunbay Minerals Inc., que opera en El Estor, departamento de Izabal; en 2010, Choc demandó en Canadá a la minera por el asesinato de su esposo, Adolfo Ich, en septiembre de 2009.

La lideresa visitó Ginebra para denunciar ante diferentes instancias de las Naciones Unidas los abusos de la empresa, el estado de los procesos judiciales que lleva en Canadá y en Guatemala y las amenazas, intimidaciones e incluso el atentado que sufrió como consecuencia de su labor como defensora de los derechos humanos y ambientales.

En entrevista exclusiva con CERIGUA, Choc aseguró que, aunque el proceso en Canadá avanza lentamente, tiene fe “en que más adelante resulte, porque todo ser humano tiene derecho a la vida y en este caso se la quitaron a un hermano nuestro, a un padre, a un esposo; vamos a ver si esa demanda prospera en Canadá, porque de la justicia de mi país no espero nada”, dijo.

Durante su visita a Ginebra, Choc se reunió con representantes de expertos de la ONU, como la relatoría sobre defensores de derechos humanos, la de libertad de reunión y la de los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, dialogó con la sección para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con la Comisión Internacional de Juristas.

Adicionalmente, Choc expuso su caso ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde también participó como panelista en un evento paralelo, y denunció, el pasado 24 de octubre, los atropellos de la empresa contra su comunidad en el marco del examen de Canadá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con respecto a sus gestiones ante las Naciones Unidas, Choc dijo a CERIGUA tener la expectativa de que su caso “sea resaltado” en Canadá “porque nos hemos dado cuenta de que sus empresas en nuestros países han incumplido los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida”, añadió la activista, quien es consciente de que la persecución de la que es víctima está motivada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres indígenas.

“Años atrás yo no les prestaba atención a esas amenazas, no las creía”, continuó Choc, “pero el pasado 17 de septiembre sí sentí miedo: eran las 12:10 de la noche y hubo una balacera en mi casa, en donde estaba con dos hijos; tiraron a donde estaban ellos, escuché todo, me tiré al piso y no me podía levantar; luego arrancaron como dos motos y oí una risa que se alejaba, pero no me podía levantar porque tenía mucho miedo”.

“Al día siguiente nos tuvimos que desplazar del lugar, que es lo más doloroso que estoy viviendo, porque tuve que salir de mi comunidad”, dijo la defensora de derechos humanos, quien además precisó haber puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y manifestó su preocupación por no contar con apoyo económico de ningún tipo.

Débora Yancoba, psicóloga de profesión y representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, quien acompaña a Angélica Choc en Ginebra, confirmó el daño psicológico que ha sufrido: “ella está pasando por una situación emocional muy difícil; su caso, en Guatemala, está en fase de debate oral y público, pero de público no tiene nada”.

Yancoba dijo a CERIGUA que no cree que vaya a haber avances en el litigio doméstico: “El Estado guatemalteco protege a las empresas por intereses económicos y políticos, y no podemos hacer más que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo; las denuncias de atropellos a defensores de los derechos humanos no tienen avance, pero cuando son las empresas las que denuncian a un líder comunitario, esos casos sí prosperan e incluso ha habido sentencias”.

Sobre el proceso contra la empresa que tiene lugar en Canadá, Yancoba se mostró más optimista: “No perdemos la esperanza, ojalá que el caso pueda avanzar, con apego a la ley, y que puedan garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación integral porque las mujeres no van tras una reparación económica: lo que desean es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de Guatemala, dignificar su lucha y garantizar que sus hijos puedan tener una vida digna, todo de una manera pertinente para ellos, en tanto pueblos indígenas”.

https://cerigua.org/article/no-espero-nada-de-la-justicia-de-guatemala-angelic/

A la luz contrato del oscuro proyecto Xalalá

Otro viernes de CICIG trajo una exposición mayor de las redes de corrupción presentes en el gobierno del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina. Y esta vez no fue obra de la CICIG directamente. Las capturas fueron aprovechadas por cuentas en redes sociales para hacer público un contrato de $15 millones que vincula al ex ministro Erick Archila, hoy prófugo por el caso Cooptación del Estado, con una empresa brasileña. Información del caso Panama Papers lo confirman.

El contrato y la corrupción del PP

El caso de lavado de activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), que terminó con varias capturas, un fiscal y un policía heridos y la muerte por suicidio del ex ministro de Finanzas del Partido Patriota (PP), Pavel Centeno, fue aprovechado por una cuenta anónima en la red social Twitter para sacar a luz un contrato por $15 millones con ex funcionarios del gobierno de Pérez Molina. El contrato está firmado entre Ronny Patricio Aguilar Archila y la empresa Kingsfield Consulting Corp (ya disuelta), registrada en Panamá por el bufete Mossack Fonseca que forma parte del escándalo internacional conocido como Panama Papers.

El encabezado del contrato

El contrato se firma el 11 de abril de 2012 y tiene como producto final una consultoría para desarrollar una propuesta técnica y comercial para la licitación de estudios técnicos y de factibilidad de la hidroeléctrica Xalalá.

En ese momento, Aguilar Archila era asesor de despacho del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. Además era representante del INDE en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según consta en documentos de la Contraloría General de Cuentas. El contrato lo firmó como parte de su firma de abogados, Aguilar & Ancheta.

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El contrato despierta varias sospechas, no solo porque lo realiza mientras era funcionario público, sino por los grandes intereses que había detrás de la hidroeléctrica Xalalá.

Según la fiscalía de Brasil con el conocido caso Lava Jato, el brasileño Ricardo Trombeta era el propietario de Kingsfield Consulting Corp., firma creada en Panamá y cuyo representante era el bufete Mossack Fonseca (MF), según confirmó después ICIJ.

La empresa dueña de Kingsfield era la constructora OAS, también brasileña. Esa empresa fue señalada en otros casos de proyectos de carreteras en Costa Rica y Honduras, y de patrocinar con $1 millón la campaña electoral del Partido Patriota en 2011, según Diario Digital.

OAS también fue señalada por una publicación de Contrapoder de pagar a la empresa de cartón Guerrero Law Investments Corporation (cuyo principal directivo lo era también de la empresa Arqco Outsourcing, del ex ministro de Comunicaciones y también prófugo, Alejandro Sinibaldi Aparicio), justo en el momento en que se licitaba la construcción de una carretera en el oriente de Guatemala, que finalmente terminó ganando la constructora guatemalteca Sigma, cuyos ejecutivos fueron capturados por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación.

¿Competencia o alianza en la corrupción del PP?

La hidroeléctrica Xalalá está situada a 50 Km. al noroeste de Cobán, con una capacidad instalable de 181MW y una producción de energía de 886 GWh. La represa tendría acciones del Estado y el proyecto tuvo desde su inicio una fuerte pelea de intereses empresariales por apropiarse de las acciones privadas.

El contrato entre el abogado Ronny Aguilar Archila y Kingsfield logra confirmar una parte de los intereses detrás de la hidroeléctrica Xalalá, algo que solo se pudo ver de manera superficial en el 2014, cuando sospechas de corrupción se hicieron públicas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En 2014, varias comunidades del Ixcán y Cobán denunciaron la adjudicación del contrato para realizar los estudios geológicos del proyecto hidroeléctrico Xalalá a la empresa brasileña Intertechne en noviembre de 2013, un caso que CMI dio a conocer por primera vez.

El contrato que ganó Intertechne habría dejado fuera a OAS, que no le ayudó el pago de $15 millones a Aguilar Archila un año antes, ni la cercanía de éste al ministro Archila y la presencia que tenía en importantes puestos públicos. ¿Cómo pudo perder OAS frente a Intertechne?

La CGN denunció el 10 de abril de 2014, a 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, enfatizando en las irregularidades del proceso del contrato entre Intertechne y el INDE.

Una de las consecuencias derivadas de esas denuncias fue la renuncia, en abril de 2014, del entonces gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Marinus Arie Boer Johannessen, quien fue el que firmó el contrato con Intertechne. Según el ex mandatario Otto Pérez Molina, él mismo le pidió la renuncia a Boer.

Según un artículo sobre el tema, Pérez Molina indicó en conferencia de prensa que había “varios generadores” que se oponían a la hidroeléctrica, entre ellos los que se dedican a “producir energía con el bagazo de la caña”, en clara referencia a ingenios azucareros. Boer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botrán.

En ese contexto es que la lupa se enfocó en Boer Johannessen, quien tenía el cargo de gerente general en el INDE y secretario del Consejo Directivo. Boer fue quien mayor protagonismo tuvo en la firma del contrato con Intertechne, el 7 de noviembre de 2013. Como representante legal de Intertechne Consultores, fue nombrada la abogada Andrea Lucía Contreras Vidaurre. En esa dirección se encuentra el bufete Comte & Font – Legalsa.

La abogada Contreras está asociada a ese bufete. Los dos socios del bufete son Font Verdugo y Henry Comte, este último socio fundador, director, y ahora magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, el mismo que Marinus Boer representa legalmente.

La información que da el contrato hace pensar en una posible riña corrupta entre Intertechne y OAS, que en el país se tradujo en una riña entre el ex ministro Archila y Pérez Molina contra Marinus Boer.

Aunque esto no queda del todo claro: el firmante del contrato, Ronny Aguilar Archila, también es parte del bufete de Comte & Font, que representó a Intertechne. ¿Engañaron entonces Aguilar Archila y Boer a OAS? ¿Las renuncias y supuestos señalamientos cruzados fueron solo un montaje?

Los mismos intereses en el gobierno de Jimmy Morales

Más allá de los intereses en torno al caso Xalalá, es importante ver la continuidad de esos intereses en el actual gobierno. Ya está documentada la elección que realizó Jimmy Morales para magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Como se dijo en un artículo anterior, Jimmy Morales se decantó por el abogado Henry Philip Comte Velásquez como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Comte es reconocido por ser fundador del bufete Comte & Font – Legalsa, del caso Xalalá. También fue integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, de la familia Botrán. Pero lo más importante es que fue Director Ejecutivo de Blue Oil, señalada en el caso Cooptación del Estado por dar financiamiento ilegal al Partido Patriota desde 2007.

Jimmy Morales nombró como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional al empresario José Andrés Botrán Briz, quien ya fue funcionario de gobierno en un cargo similar. Botrán es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, uno de los principales ingenios azucareros, de los mayores productores de electricidad, y donde el magistrado Henry Comte es integrante. Hace una década ocupó el cargo de Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) durante el gobierno de Berger Perdomo.

Por último, el presidente Morales nombró a la abogada Ivanova María Ancheta Alvarado como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Ancheta había sido viceministra de Energía durante la administración de Erick Archila en el MEM, y es socia de Ronny Aguilar Archila, en el bufete ya mencionado, firmante del contrato mostrado en este artículo.

Comunitarios marchan por la dignidad indígena

Prensa Libre, 12.10.2016

Organizaciones campesinas salieron en una caminata pacífica desde la Plaza Obelisco, en el día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. Piden la restitución de tierras.


Cientos de campesinos se reunieron en la Plaza Obelisco, en la zona 9, para dirigirse al Congreso, en la zona 1, como medio de expresión para exigir respeto a sus derechos y territorios.

Campesinos reunidos en la Plaza Obelisco para la marcha por la dignidad indígena. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las personas se reunieron desde las 7 horas de este miércoles, día que se conmemora por el descubrimiento de América y la intervención española por parte del conquistador Cristóbal Colón, en 1942.

La marcha estará frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en el organismo Legislativo, donde las personas permanecerán hasta el viernes.

Las actividades finalizan ese día con un informe que se entregará la comisión interparlamentaria que hizo la verificación sobre denuncias de desvíos de ríos, según Daniel Pascual, dirigente campesino.

Los amparos buscan la recuperación de tierras ancestrales como los casos Chuarrancho, de los pueblos ixil, chortí y  q´eqchi´ en El Estor, Izabal.

En el Congreso los manifestantes exigirán que se apruebe la ley de desarrollo rural, la ley de jurisdicción indígena, radios comunitarias, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma constitucional al sector justicia.

“En el Congreso nos quedamos en una vigila de dos noches donde habrá actos culturales y se finalizará con la entrega de un informe que nos dará la comisión interparlamentaria sobre los desvíos de ríos”, dijo el dirigente.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/marchan-por-la-dignidad-indigena

 

Hidroeléctrica divide a vecinos

Por A. Marroquín, 30 de Septiembre de 2016, Prensa Libre

El 22 de enero del 2014 una turba quemó la casa de Maricela Niz, en Nuevo Paraíso, San Pablo, San Marcos, por apoyar el proyecto hidroeléctrico Hidrosalá, sobre el río Salá, obra que pretende generar 15 megavatios de energía limpia y renovable para el ambiente.

Los inconformes intentaron expulsar a la familia Niz, pues los consideran enemigos, porque están de acuerdo con la obra. Aducen que la hidroeléctrica causará daños al ambiente y que tendrá efectos graves en la salud de los vecinos.

Ese día, un grupo de personas llegaron con fusiles de asalto a la finca Argentina, San Pablo, a quemar maquinaria que estaba destinada para la construcción de una escuela y el mejoramiento de caminos, según publicación de Prensa Libre, del 28 de enero de ese año.

Temor

Pobladores dicen que viven con temor debido a la división que se ha generado por la obra.

Estaba previsto que la hidroeléctrica se construyera en cuatro años, a un costo de Q277 millones 870 mil, y que empezará a funcionar en el 2013, pero los conflictos la han atrasado.

Según Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá, los que se oponen al proyecto son la minoría, y señaló a la Asociación Ajchmol, integrada por líderes de Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán y Tajumulco.

“Es una obra que invertirá Q9 millones anualmente en empleos —300 empleos en la construcción y 300 en la agricultura—. Hay 32 comunidades en el área de influencia de la obra, y ayudará a evitar que los habitantes sigan migrando a México y Estados Unidos”, dijo Herrera.

Agregó que hace dos años quedó instalada la Comisión Nacional de Diálogo, integrada por 11 entidades de Gobierno, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y vecinos, para mediar en el conflicto por la obra, que cuenta con las licencias de operación, otorgadas por los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, y recientemente fue renovada la licencia de construcción otorgada por la comuna de San Pablo.

Esperan empleo

“Estaba confiada en que con la obra habría desarrollo en San Pablo. Aquí no hay trabajo para mi esposo ni mis hijos. Hemos recibido charlas en las que nos hemos dado cuenta de que la hidroeléctrica es buena”, expresó Maricela Niz.

Filiberto Pérez, otro poblador, dijo que el proyecto ofrece trabajo digno, por lo que no se opone a la hidroeléctrica y señala a Rolando López, de Ajchmol, originario de Comitancillo, de ser quien “envenena” el pensamiento de la gente contra ese proyecto.

Derecho a consulta

López expuso que se han constituido en San Pablo a petición de la población mam, y están en contra de Hidrosalá porque no hubo consulta comunitaria.

Efraín Chilel, vecino de Loma Linda, dijo que es importante que la empresa aclare el funcionamiento de la hidroeléctrica. “No nos han consultado, y eso nos tiene molestos”, resaltó.

Luis Morales, auxiliar de la PDH de San Marcos, dijo que en esa lucha puede haber intereses ocultos, pero que es difícil de establecer y lo más importante es evitar el conflicto.

http://www.prensalibre.com/guatemala/san-marcos/hidroelectrica-divide-a-vecinos