Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.

“No espero nada de la justicia de Guatemala”: Angélica Choc

Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra, CERIGUA

Angélica Choc es una líder indígena Maya Q’eqchi’ que ha sido víctima, como muchos otros miembros de su comunidad, de violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa canadiense Hunbay Minerals Inc., que opera en El Estor, departamento de Izabal; en 2010, Choc demandó en Canadá a la minera por el asesinato de su esposo, Adolfo Ich, en septiembre de 2009.

La lideresa visitó Ginebra para denunciar ante diferentes instancias de las Naciones Unidas los abusos de la empresa, el estado de los procesos judiciales que lleva en Canadá y en Guatemala y las amenazas, intimidaciones e incluso el atentado que sufrió como consecuencia de su labor como defensora de los derechos humanos y ambientales.

En entrevista exclusiva con CERIGUA, Choc aseguró que, aunque el proceso en Canadá avanza lentamente, tiene fe “en que más adelante resulte, porque todo ser humano tiene derecho a la vida y en este caso se la quitaron a un hermano nuestro, a un padre, a un esposo; vamos a ver si esa demanda prospera en Canadá, porque de la justicia de mi país no espero nada”, dijo.

Durante su visita a Ginebra, Choc se reunió con representantes de expertos de la ONU, como la relatoría sobre defensores de derechos humanos, la de libertad de reunión y la de los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, dialogó con la sección para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con la Comisión Internacional de Juristas.

Adicionalmente, Choc expuso su caso ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde también participó como panelista en un evento paralelo, y denunció, el pasado 24 de octubre, los atropellos de la empresa contra su comunidad en el marco del examen de Canadá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con respecto a sus gestiones ante las Naciones Unidas, Choc dijo a CERIGUA tener la expectativa de que su caso “sea resaltado” en Canadá “porque nos hemos dado cuenta de que sus empresas en nuestros países han incumplido los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida”, añadió la activista, quien es consciente de que la persecución de la que es víctima está motivada por su labor como defensora de los derechos de las mujeres indígenas.

“Años atrás yo no les prestaba atención a esas amenazas, no las creía”, continuó Choc, “pero el pasado 17 de septiembre sí sentí miedo: eran las 12:10 de la noche y hubo una balacera en mi casa, en donde estaba con dos hijos; tiraron a donde estaban ellos, escuché todo, me tiré al piso y no me podía levantar; luego arrancaron como dos motos y oí una risa que se alejaba, pero no me podía levantar porque tenía mucho miedo”.

“Al día siguiente nos tuvimos que desplazar del lugar, que es lo más doloroso que estoy viviendo, porque tuve que salir de mi comunidad”, dijo la defensora de derechos humanos, quien además precisó haber puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y manifestó su preocupación por no contar con apoyo económico de ningún tipo.

Débora Yancoba, psicóloga de profesión y representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, quien acompaña a Angélica Choc en Ginebra, confirmó el daño psicológico que ha sufrido: “ella está pasando por una situación emocional muy difícil; su caso, en Guatemala, está en fase de debate oral y público, pero de público no tiene nada”.

Yancoba dijo a CERIGUA que no cree que vaya a haber avances en el litigio doméstico: “El Estado guatemalteco protege a las empresas por intereses económicos y políticos, y no podemos hacer más que confiar en que la justicia va a hacer su trabajo; las denuncias de atropellos a defensores de los derechos humanos no tienen avance, pero cuando son las empresas las que denuncian a un líder comunitario, esos casos sí prosperan e incluso ha habido sentencias”.

Sobre el proceso contra la empresa que tiene lugar en Canadá, Yancoba se mostró más optimista: “No perdemos la esperanza, ojalá que el caso pueda avanzar, con apego a la ley, y que puedan garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a la reparación integral porque las mujeres no van tras una reparación económica: lo que desean es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de Guatemala, dignificar su lucha y garantizar que sus hijos puedan tener una vida digna, todo de una manera pertinente para ellos, en tanto pueblos indígenas”.

https://cerigua.org/article/no-espero-nada-de-la-justicia-de-guatemala-angelic/

A la luz contrato del oscuro proyecto Xalalá

Otro viernes de CICIG trajo una exposición mayor de las redes de corrupción presentes en el gobierno del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina. Y esta vez no fue obra de la CICIG directamente. Las capturas fueron aprovechadas por cuentas en redes sociales para hacer público un contrato de $15 millones que vincula al ex ministro Erick Archila, hoy prófugo por el caso Cooptación del Estado, con una empresa brasileña. Información del caso Panama Papers lo confirman.

El contrato y la corrupción del PP

El caso de lavado de activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), que terminó con varias capturas, un fiscal y un policía heridos y la muerte por suicidio del ex ministro de Finanzas del Partido Patriota (PP), Pavel Centeno, fue aprovechado por una cuenta anónima en la red social Twitter para sacar a luz un contrato por $15 millones con ex funcionarios del gobierno de Pérez Molina. El contrato está firmado entre Ronny Patricio Aguilar Archila y la empresa Kingsfield Consulting Corp (ya disuelta), registrada en Panamá por el bufete Mossack Fonseca que forma parte del escándalo internacional conocido como Panama Papers.

El encabezado del contrato

El contrato se firma el 11 de abril de 2012 y tiene como producto final una consultoría para desarrollar una propuesta técnica y comercial para la licitación de estudios técnicos y de factibilidad de la hidroeléctrica Xalalá.

En ese momento, Aguilar Archila era asesor de despacho del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. Además era representante del INDE en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según consta en documentos de la Contraloría General de Cuentas. El contrato lo firmó como parte de su firma de abogados, Aguilar & Ancheta.

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El contrato despierta varias sospechas, no solo porque lo realiza mientras era funcionario público, sino por los grandes intereses que había detrás de la hidroeléctrica Xalalá.

Según la fiscalía de Brasil con el conocido caso Lava Jato, el brasileño Ricardo Trombeta era el propietario de Kingsfield Consulting Corp., firma creada en Panamá y cuyo representante era el bufete Mossack Fonseca (MF), según confirmó después ICIJ.

La empresa dueña de Kingsfield era la constructora OAS, también brasileña. Esa empresa fue señalada en otros casos de proyectos de carreteras en Costa Rica y Honduras, y de patrocinar con $1 millón la campaña electoral del Partido Patriota en 2011, según Diario Digital.

OAS también fue señalada por una publicación de Contrapoder de pagar a la empresa de cartón Guerrero Law Investments Corporation (cuyo principal directivo lo era también de la empresa Arqco Outsourcing, del ex ministro de Comunicaciones y también prófugo, Alejandro Sinibaldi Aparicio), justo en el momento en que se licitaba la construcción de una carretera en el oriente de Guatemala, que finalmente terminó ganando la constructora guatemalteca Sigma, cuyos ejecutivos fueron capturados por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación.

¿Competencia o alianza en la corrupción del PP?

La hidroeléctrica Xalalá está situada a 50 Km. al noroeste de Cobán, con una capacidad instalable de 181MW y una producción de energía de 886 GWh. La represa tendría acciones del Estado y el proyecto tuvo desde su inicio una fuerte pelea de intereses empresariales por apropiarse de las acciones privadas.

El contrato entre el abogado Ronny Aguilar Archila y Kingsfield logra confirmar una parte de los intereses detrás de la hidroeléctrica Xalalá, algo que solo se pudo ver de manera superficial en el 2014, cuando sospechas de corrupción se hicieron públicas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En 2014, varias comunidades del Ixcán y Cobán denunciaron la adjudicación del contrato para realizar los estudios geológicos del proyecto hidroeléctrico Xalalá a la empresa brasileña Intertechne en noviembre de 2013, un caso que CMI dio a conocer por primera vez.

El contrato que ganó Intertechne habría dejado fuera a OAS, que no le ayudó el pago de $15 millones a Aguilar Archila un año antes, ni la cercanía de éste al ministro Archila y la presencia que tenía en importantes puestos públicos. ¿Cómo pudo perder OAS frente a Intertechne?

La CGN denunció el 10 de abril de 2014, a 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, enfatizando en las irregularidades del proceso del contrato entre Intertechne y el INDE.

Una de las consecuencias derivadas de esas denuncias fue la renuncia, en abril de 2014, del entonces gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Marinus Arie Boer Johannessen, quien fue el que firmó el contrato con Intertechne. Según el ex mandatario Otto Pérez Molina, él mismo le pidió la renuncia a Boer.

Según un artículo sobre el tema, Pérez Molina indicó en conferencia de prensa que había “varios generadores” que se oponían a la hidroeléctrica, entre ellos los que se dedican a “producir energía con el bagazo de la caña”, en clara referencia a ingenios azucareros. Boer era reconocido sobre todo por ser uno de los socios y representante legal de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., más conocida como Ingenio Santa Ana, uno de los más grandes productores de azúcar y generador de electricidad propiedad de la familia Botrán.

En ese contexto es que la lupa se enfocó en Boer Johannessen, quien tenía el cargo de gerente general en el INDE y secretario del Consejo Directivo. Boer fue quien mayor protagonismo tuvo en la firma del contrato con Intertechne, el 7 de noviembre de 2013. Como representante legal de Intertechne Consultores, fue nombrada la abogada Andrea Lucía Contreras Vidaurre. En esa dirección se encuentra el bufete Comte & Font – Legalsa.

La abogada Contreras está asociada a ese bufete. Los dos socios del bufete son Font Verdugo y Henry Comte, este último socio fundador, director, y ahora magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, el mismo que Marinus Boer representa legalmente.

La información que da el contrato hace pensar en una posible riña corrupta entre Intertechne y OAS, que en el país se tradujo en una riña entre el ex ministro Archila y Pérez Molina contra Marinus Boer.

Aunque esto no queda del todo claro: el firmante del contrato, Ronny Aguilar Archila, también es parte del bufete de Comte & Font, que representó a Intertechne. ¿Engañaron entonces Aguilar Archila y Boer a OAS? ¿Las renuncias y supuestos señalamientos cruzados fueron solo un montaje?

Los mismos intereses en el gobierno de Jimmy Morales

Más allá de los intereses en torno al caso Xalalá, es importante ver la continuidad de esos intereses en el actual gobierno. Ya está documentada la elección que realizó Jimmy Morales para magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Como se dijo en un artículo anterior, Jimmy Morales se decantó por el abogado Henry Philip Comte Velásquez como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Comte es reconocido por ser fundador del bufete Comte & Font – Legalsa, del caso Xalalá. También fue integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, de la familia Botrán. Pero lo más importante es que fue Director Ejecutivo de Blue Oil, señalada en el caso Cooptación del Estado por dar financiamiento ilegal al Partido Patriota desde 2007.

Jimmy Morales nombró como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional al empresario José Andrés Botrán Briz, quien ya fue funcionario de gobierno en un cargo similar. Botrán es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, uno de los principales ingenios azucareros, de los mayores productores de electricidad, y donde el magistrado Henry Comte es integrante. Hace una década ocupó el cargo de Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) durante el gobierno de Berger Perdomo.

Por último, el presidente Morales nombró a la abogada Ivanova María Ancheta Alvarado como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Ancheta había sido viceministra de Energía durante la administración de Erick Archila en el MEM, y es socia de Ronny Aguilar Archila, en el bufete ya mencionado, firmante del contrato mostrado en este artículo.

Comunitarios marchan por la dignidad indígena

Prensa Libre, 12.10.2016

Organizaciones campesinas salieron en una caminata pacífica desde la Plaza Obelisco, en el día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. Piden la restitución de tierras.


Cientos de campesinos se reunieron en la Plaza Obelisco, en la zona 9, para dirigirse al Congreso, en la zona 1, como medio de expresión para exigir respeto a sus derechos y territorios.

Campesinos reunidos en la Plaza Obelisco para la marcha por la dignidad indígena. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las personas se reunieron desde las 7 horas de este miércoles, día que se conmemora por el descubrimiento de América y la intervención española por parte del conquistador Cristóbal Colón, en 1942.

La marcha estará frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en el organismo Legislativo, donde las personas permanecerán hasta el viernes.

Las actividades finalizan ese día con un informe que se entregará la comisión interparlamentaria que hizo la verificación sobre denuncias de desvíos de ríos, según Daniel Pascual, dirigente campesino.

Los amparos buscan la recuperación de tierras ancestrales como los casos Chuarrancho, de los pueblos ixil, chortí y  q´eqchi´ en El Estor, Izabal.

En el Congreso los manifestantes exigirán que se apruebe la ley de desarrollo rural, la ley de jurisdicción indígena, radios comunitarias, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma constitucional al sector justicia.

“En el Congreso nos quedamos en una vigila de dos noches donde habrá actos culturales y se finalizará con la entrega de un informe que nos dará la comisión interparlamentaria sobre los desvíos de ríos”, dijo el dirigente.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/marchan-por-la-dignidad-indigena

 

Hidroeléctrica divide a vecinos

Por A. Marroquín, 30 de Septiembre de 2016, Prensa Libre

El 22 de enero del 2014 una turba quemó la casa de Maricela Niz, en Nuevo Paraíso, San Pablo, San Marcos, por apoyar el proyecto hidroeléctrico Hidrosalá, sobre el río Salá, obra que pretende generar 15 megavatios de energía limpia y renovable para el ambiente.

Los inconformes intentaron expulsar a la familia Niz, pues los consideran enemigos, porque están de acuerdo con la obra. Aducen que la hidroeléctrica causará daños al ambiente y que tendrá efectos graves en la salud de los vecinos.

Ese día, un grupo de personas llegaron con fusiles de asalto a la finca Argentina, San Pablo, a quemar maquinaria que estaba destinada para la construcción de una escuela y el mejoramiento de caminos, según publicación de Prensa Libre, del 28 de enero de ese año.

Temor

Pobladores dicen que viven con temor debido a la división que se ha generado por la obra.

Estaba previsto que la hidroeléctrica se construyera en cuatro años, a un costo de Q277 millones 870 mil, y que empezará a funcionar en el 2013, pero los conflictos la han atrasado.

Según Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá, los que se oponen al proyecto son la minoría, y señaló a la Asociación Ajchmol, integrada por líderes de Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán y Tajumulco.

“Es una obra que invertirá Q9 millones anualmente en empleos —300 empleos en la construcción y 300 en la agricultura—. Hay 32 comunidades en el área de influencia de la obra, y ayudará a evitar que los habitantes sigan migrando a México y Estados Unidos”, dijo Herrera.

Agregó que hace dos años quedó instalada la Comisión Nacional de Diálogo, integrada por 11 entidades de Gobierno, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y vecinos, para mediar en el conflicto por la obra, que cuenta con las licencias de operación, otorgadas por los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, y recientemente fue renovada la licencia de construcción otorgada por la comuna de San Pablo.

Esperan empleo

“Estaba confiada en que con la obra habría desarrollo en San Pablo. Aquí no hay trabajo para mi esposo ni mis hijos. Hemos recibido charlas en las que nos hemos dado cuenta de que la hidroeléctrica es buena”, expresó Maricela Niz.

Filiberto Pérez, otro poblador, dijo que el proyecto ofrece trabajo digno, por lo que no se opone a la hidroeléctrica y señala a Rolando López, de Ajchmol, originario de Comitancillo, de ser quien “envenena” el pensamiento de la gente contra ese proyecto.

Derecho a consulta

López expuso que se han constituido en San Pablo a petición de la población mam, y están en contra de Hidrosalá porque no hubo consulta comunitaria.

Efraín Chilel, vecino de Loma Linda, dijo que es importante que la empresa aclare el funcionamiento de la hidroeléctrica. “No nos han consultado, y eso nos tiene molestos”, resaltó.

Luis Morales, auxiliar de la PDH de San Marcos, dijo que en esa lucha puede haber intereses ocultos, pero que es difícil de establecer y lo más importante es evitar el conflicto.

http://www.prensalibre.com/guatemala/san-marcos/hidroelectrica-divide-a-vecinos

Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

Por CMI-G, Centro de Medios Independientes, 28 de Septiembre 2016

Más de 40 comunidades que habitan dentro las áreas protegidas de la Sierra del Lacandón y Laguna Del Tigre de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces en el departamento de Petén, presentaron el 28 de septiembre su PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE al Estado de Guatemala, la cual busca garantizar su “permanencia perpetua en armonía con la naturaleza en los territorios que para nosotros son fuente de vida.”

La Propuesta Alternativa fue signada y reconocida previamente por las comunidades en un acta firmada el 21 de septiembre, en la comunidad de Nuevo Paraíso, La Libertad, Petén, ante la presencia de centenas de comunitarios, observadores y acompañantes del proceso que lleva varios años gestándose.

La Propuesta Alternativa fue presentada en el Congreso de la República, ante la presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, delegados comunitarios, cuerpo diplomático, diputados, instituciones gubernamentales, los asesores legales Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Comisión Internacional de Juristas, Testigos de Honor y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con lo expresado por las comunidades: “Estamos en estos territorios como resultado de las políticas estatales de colonización, el desplazamiento por el conflicto armado interno, la falta de tierra en nuestros departamentos de origen y la pobreza.”

Los comunitarios que vienen demandando una negociación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) desde hace varios años, también vienen denunciando que la falta de reconocimiento gubernamental de esas comunidades les vela el derecho al acceso a la tierra, a los servicios públicos y a su propia sobrevivencia al vivir bajo la constante amenaza de desalojos que ya han ocurrido y varios de ellos violentos.

La Declaratoria de la Ley de Áreas Protegidas en 1989, afirman, “se hizo sin consultar a nuestras comunidades y sin tomar en cuenta nuestra vida en esos territorios. Como resultado, durante años nuestro derecho a la tierra, la salud, la educación, la justicia y la vida, han sido permanentemente violentados por parte del Estado de Guatemala a través de la PNC, el Ejército de Guatemala, CONAP, entre otras instituciones.”

Muchas de esas comunidades que llegaron a poblar esas regiones, hoy áreas protegidas, lo hicieron previo a que se reconocieran como tal. En el caso del Parque Nacional Laguna del Tigre, esas comunidades se formaron a partir de las rutas que construyeron las empresas petroleras que arribaron a finales de las décadas de 1970 y principios de 1980.

Por lo tanto, han experimentado una “política de doble rasero” debido a que esas instituciones estatales que oficialmente realizan esas acciones de desalojo las ejercen sólo contra las comunidades, mientras que las compañías petroleras nunca han enfrentado esa amenaza más bien se les ha permitido permanecer e, incluso, renovar contratos petroleros cuestionables legalmente como el caso denunciado desde hace algunos años del campo Xan, Contrato 2-85, operado por la francesa Perenco.

Por otra parte, muchas comunidades se han visto acorraladas por fincas ganaderas, narcofinqueros y la narcoganadería fenómenos que se han acrecentado en las áreas protegidas que las más de 40 comunidades se encuentran habitando. Miles de cabezas de ganado permanecen pastando para engorde para luego ser vendidas en México, sin que haya desalojos contra quienes realizan esos negocios ilícitos. Contrariamente, las comunidades que hoy han presentado esa Propuesta Alternativa son señaladas por las instituciones gubernamentales de estar ligadas a esos negocios ilícitos. Esa criminalización en su contra les hace aún más susceptibles de desalojos violentos.

Ante esas amenazas los comunitarios señalan que “Hemos construido esta propuesta desde nuestra perspectiva comunitaria porque, como ciudadanía guatemalteca merecemos una vida digna y el respeto de nuestros derechos humanos.”. Una forma de proponer justa y ecuánime, ante las propuestas gubernamentales que no incluyen la permanencia perpetua ni la dignificación de los cientos de familias que habitan el área.

La presentación de la PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE concluye un largo proceso que ha durado varios años, pero también es el arranque de otro mucho más complejo que debe conducir a negociaciones con varias instituciones del gobierno, sobre todo el CONAP, para valorarla y aceptarla si no en su totalidad sí en sus puntos vitales. Es una propuesta que va de la mano con la conservación y recuperación de las áreas protegidas de marras, y sobre todo con su conservación. Pero sobre todo, dignifica la vida humana algo que las políticas gubernamentales no han tomado en cuenta en esas localidades.

A continuación la propuesta comunitaria:

NOSOTROS, LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES, PETÉN. REUNIDAS EN ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDADES;

CONSIDERANDO:

Que según la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, además garantiza a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona y la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos; ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha declarado, que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país, de manera sostenible. Asimismo, ha declarado que la situación de los recursos naturales y el medio ambiente en Guatemala han alcanzado niveles críticos de deterioro que inciden en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para el futuro, por lo que es interés de la Nación la  conservación, la protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, la reforestación del país y la  conservación de los bosques y que debe haber protección especial en las riveras de ríos, lagunas y las cercanías de fuentes de agua.

CONSIDERANDO:

Que la mayoría de las comunidades que tradicionalmente han trabajado estas tierras, en Laguna del Tigre y Sierra de  Lacandón, se desplazaron a estas áreas por políticas estatales de colonización, la falta de acceso a la tierra en sus  lugares de origen debido a una injusta distribución de la tierra, la pobreza y el Conflicto Armado Interno. Y que  décadas después las leyes en materia de áreas protegidas se impusieron a las comunidades sin consulta libre, previa e informada y sin integrarse en el ordenamiento jurídico, normas que garantizan derechos fundamentales, desprotegiendo así, a la mayor parte de las poblaciones arraigadas en estas tierras. Lo cual profundizó la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y legitimando así las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos individuales y colectivos, de esta población.

CONSIDERANDO:

Que todos los derechos humanos son indivisibles, inalienables, irrenunciables, intransferibles, inherentes y complementarios entre sí, por lo que las normas ambientales no deberían valerse de la protección del medio ambiente para lesionar los derechos fundamentales de los habitantes tales como: el derecho a la vivienda, a la alimentación, privacidad, hogar y familia, integridad física, garantías procesales y judiciales.

CONSIDERANDO:

Que el Derecho es dinámico, siendo que las normas que regulan la protección de áreas protegidas datan desde 1989 y que ésta ya no es armónica con la realidad y evolución social, impidiendo integrar al desarrollo del país a las comunidades de estas áreas, por lo que el Estado debe cambiar su política de conservación, a una visión de desarrollo integral y sostenible del ser humano en forma amigable con la naturaleza.

CONSIDERANDO:

Que las comunidades durante varias décadas han adquirido conocimientos e impulsado buenas prácticas y capacidad para proponer soluciones de desarrollo comunitario en sus territorios compatibles con la protección y recuperación del medio ambiente, fortaleciendo la participación ciudadana en un Estado de Derecho y democrático.

CONSIDERANDO:

Que Guatemala ha ratificado diferentes herramientas internacionales – Objetivos de Desarrollo del Milenio, Metas Aichi para la Diversidad Biológica, Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)- con la finalidad de promover  un medio ambiente sano para las futuras generaciones basado en el papel proactivo de las poblaciones locales e  indígenas, por lo que el Estado debe adecuar su legislación a la luz de dichas herramientas.

CONSIDERANDO:

Que a nivel mundial como Brasil y Colombia, existen prácticas amigables de convivencia en Áreas Protegidas entre la naturaleza y seres humanos, haciendo un equilibrio entre el respeto a los derechos y dignidad del ser humano y la protección de la naturaleza. En esta línea de acción, las comunidades ya vienen realizando prácticas encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente, a la vez que cultivan la tierra para su subsistencia, siendo conscientes del cuidado que la realidad demanda, además de tener la capacidad de proteger y hacer buen uso de la naturaleza para el cuidado de la familia y la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que el cambio climático, efecto de la explotación excesiva de los bienes naturales, es una amenaza inminente al planeta y al ser humano. Por lo que es importante hacer acuerdos claros y realistas encaminados a proteger la vida humana y la protección de la Naturaleza, especialmente en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

POR LO TANTO, PROPONEMOS AL ESTADO DE GUATEMALA LA ALTERNATIVA SIGUIENTE:

“PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LAGUNA DEL TIGRE Y SIERRA DE LACANDÓN, MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA LIBERTAD Y LAS CRUCES PETÉN”.

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROPUESTA

Naturaleza
1. El desarrollo integral en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, es de orden público y los derechos y garantías mínimas que implica son irrenunciables para los habitantes de las comunidades que comprende, susceptibles de ser superados conforme las normas jurídicas nacionales e internacionales correspondientes. De consiguiente, serán nulas  pso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos inherentes contenidos en la presente propuesta, de los que este acuerdo señala y de todos los adquiridos con anterioridad.

Objeto
1. Reconocer, asegurar y garantizar la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, como Comunidades Multiculturales, incorporándolas al desarrollo de la nación, y se compromete a respetar todos sus derechos garantizados plenamente en leyes nacionales e internacionales, relacionados con la misma.

  1. Garantizar, asegurar y proteger el derecho de propiedad sobre las tierras de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  2. Garantizar, promover, y contribuir al mejoramiento y protección de la naturaleza en las áreas de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.
  3. Asegurar y garantizar la participación ciudadana a través de jóvenes, mujeres y hombres, orientada a la búsqueda del desarrollo integral y cumplimiento de todos los derechos humanos. Fundamentada específicamente en la búsqueda del Dialogo.

Capítulo II

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Desarrollo Integral y Sostenible
1. El Estado, en cumplimiento de su obligación se compromete a promover, planificar, autorizar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y sostenible en las comunidades de Sierra Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad por si misma o en alianza con otras comunidades o entidades no gubernamentales, podrá gestionar, planificar y ejecutar sus propios proyectos de desarrollo comunitario sostenible e integral, necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Educación y Capacitación

  1. El Estado, además de la educación formal que tiene como obligación, se compromete a implementar programas de educación para niños y capacitación para adultos, enfocados al uso amigable del medio ambiente, uso y disfrute de la tierra, actividades de agricultura y pecuarias, turismo y salud. Tales programas deberán ser conciliados y consensuados con las comunidades.

Capítulo III

AMBIENTE SANO Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Actividades industriales:
1. El Estado se compromete a no renovar, ni a otorgar licencias y contratos, de actividades que afectan al derecho a un medio ambiente sano. Estas actividades alteran al ecosistema causando la contaminación, degradación y la contribución al calentamiento global afectando la salud y el bienestar de los individuos.

Actividades comunitarias
1. Las comunidades se comprometen a cuidar, proteger y asegurar para las generaciones futuras los recursos naturales del área, en coordinación con otras comunidades aledañas y organizaciones ambientales interesadas.

Agua
1. El Estado se compromete a no restringir y respetar el uso de nacimientos de agua, ríos, lagos y lagunas dentro y fuera  del área de la comunidad.

  1. El Estado se compromete a impedir la contaminación, desvío de ríos o arroyos y venta o concesiones sobre el agua, dentro y en los alrededores de la comunidad.

Minerales
1. El Estado se compromete a no restringir el uso y disfrute de recursos minerales a la comunidad, para uso estrictamente comunitario.

  1. La comunidad se compromete a gestionar, planificar y ejecutar planes, programas y proyectos sobre minerales para uso estrictamente comunitario y en cumplimiento de las leyes que regulan esta materia.

Bosque
1. El Estado se compromete a permitir a las comunidades el adecuado y equilibrado uso y explotación de la naturaleza.

  1. El Estado se compromete a brindar un incentivo forestal permanente y directamente a cada familia.
  2. El Estado se compromete a incluir a las comunidades “Coadministradoras de las respectivas áreas Comunitarias en posesión”.

Incendios forestales

  1. El Estado se compromete a crear un Equipo Especial de Emergencia para casos de incendios, encargado de combatir los incendios; deberá accionar de forma rápida y sin mayores trámites, al llamado de la población. En todo caso se deberá consultar a las comunidades de conformidad al apartado sobre “la Consulta”.

Turismo comunitario
1. El Estado debe permitir, facilitar y priorizar propuestas de proyectos de turismo comunitario. Además se compromete a divulgar y promocionar las buenas iniciativas de dichos proyectos. En todo caso se consultará a las comunidades según lo establecido en apartado relacionado a la consulta.

Capítulo IV
SEGURIDAD DE LA TIERRA Y PERMANENCIA PERPETUA

Propiedad colectiva:
1. El Estado se compromete a garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, mediante la adjudicación, registro y otorgamiento de títulos de propiedad colectiva a través de las instituciones correspondientes, basado en las parcelas actuales en posesión por las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre.

  1. La comunidad se compromete a observar, respetar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación de la propiedad.

Garantía de permanencia perpetua:
1. El Estado se compromete a no recurrir a practicar, ningún tipo y en ningún momento, desalojos a las comunidades  beneficiadas por la propiedad colectiva, garantizando, asegurando y protegiendo así la Permanencia Perpetua de las presentes y futuras generaciones en estas tierras.

Capítulo V
SEGURIDAD DE LAS COMUNIDADES Y LAS PERSONAS
Presencia institucional gubernamental
1. El Estado se compromete a dotar con mayor presencia institucional a las comunidades.

  1. El Estado debe instalar Auxiliaturas del Procurador de los Derechos Humanos en Laguna del Tigre y en Sierra de Lacandón para garantizar la plena vigencia y observancia de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

Puestos de control.
1. El Estado se compromete a reducir y desmilitarizar los puestos de control en estos lugares e integrar al equipo de guarda recursos a personas de las comunidades de éstas áreas. Se rotará el personal de las comunidades como guarda  recursos de forma mensual para una mejor inclusión de las comunidades en el tema de conservación y seguridad.

  1. Las comunidades y el CONAP elaborarán las medidas de seguridad, normas y procedimientos de control que se implementaran en estas áreas.
  2. Los puestos de control no podrán limitar el derecho a la libre locomoción y circulación, así como otros derechos inherentes a la persona.
  3. El Estado se compromete a minimizar los destacamentos y puestos de control del ejército en estas áreas. El ejército no realizará tareas de registro en los caminos o patrullajes en las comunidades, salvo por fuerza mayor y siempre respetando los derechos de todas las personas, especialmente a las mujeres y menores de edad. Debe comprometerse a velar por la soberanía nacional ubicándose en las fronteras y alejados de las comunidades.

Actividades ilícitas
1. El Estado se compromete a investigar ilícitos ambientales, dentro y fuera del área de la comunidad, relacionados a la contaminación, uso inmoderado de la naturaleza, entre otras situaciones que pongan en riesgo la vida de las familias de las comunidades o de la naturaleza, por personas individuales o jurídicas.

Derechos Humanos.
1. El Estado en cumplimiento a su obligación, se compromete a proteger y defender a los campesinos contra las amenazas del crimen organizado, narcotráfico, extracciones de maderas u otros grupos ilícitos.

  1. El Estado se compromete a no recurrir por ningún medio a criminalizar a las comunidades de forma generalizada, sino enfocarse a defender y practicar investigaciones técnicas y científicas para llegar a la verdad de los hechos sobre ilícitos que se cometan en la zona 3.

Derecho a la consulta.
1. Cualquier decisión sobre el territorio de estas comunidades, el Estado se compromete a respetar preeminentemente el derecho a la consulta de buena fe a efecto de lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos interesados, tomando en cuenta el presente documento y costumbres comunitarias.

Capítulo VI
REASENTAMIENTOS DE COMUNIDADES DESALOJADAS

Comunidades desalojadas
1. El Estado se compromete a reasentar en las tierras de donde fueron desalojadas a las siguientes familias y comunidades desalojadas forzosamente:
a) En Sierra de Lacandón, municipio La Libertad:
1. Comunidad El Centro Uno
2. El Macabilero
3. Pollo Solo
4. Centro Campesino

b) En Laguna del Tigre, municipio de San Andrés:
1. El Vergelito,
2. 47 familias de la Mestiza

  1. Estas comunidades tendrán el derecho a la permanencia perpetua en la forma indicada en el presente documento. Para el efecto se deberá acordar con las familias un plan de reasentamiento.

Reparación De Daños Y Perjuicios
1. El Estado se compromete a adoptar Medidas de Reparación de los daños y perjuicios causados a las personas y las comunidades desde la declaratoria de las áreas protegidas. Para el efecto deberá establecer los daños y perjuicios causados por el Estado.

LAS COMUNIDADES QUE FORMAMOS PARTE PROPUESTA SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Peticiones a cumplirse de forma urgente
1. Que se conforme el día 28 de septiembre, una comisión encargada de organizar una mesa de dialogo, donde se discutan nuestras demandas. Esta comisión debe estar conformada por: Diputado Juracán, Comisión Presidencial  oordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos y Procuraduría de los Derechos Humanos.

  1. Que de forma inmediata se cancele la Licitación LPN No. RIC-BID 2149/BL-GU/005-2016 NOG: 5379997, con la que se pretende demarcar las áreas protegidas: “Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre Río Escondido”.
  2. Que se cancelen los procesos de desalojos forzosos de comunidades
  3. Que se suspenda la violación a derechos Humanos en nuestras comunidades.

Peticiones para cumplirse Durante el dialogo
5. Las comunidades, en forma unánime solicitamos que el Estado de Guatemala: i) reconozca a nuestras comunidades, ii) que garantice nuestra permanencia perpetua y, iii) que garantice la seguridad de nuestras tierras.

  1. De conformidad con lo anterior, el Gobierno de Guatemala, en un plazo de un mes a partir de la fecha de  presentación y entrega, instale una mesa dediálogo de buena fe y de alto nivel para atender específicamente las demandas de nuestras comunidades;
  2. Que se tome en cuenta la agenda propuesta por las comunidades para la mesa de diálogo:
    a. Desarrollo Integral y Sostenible
    b. Ambiente Sano y Diversidad Biológica
    c. Seguridad de la Tierra y Permanencia Perpetua
    d. Seguridad de las comunidades y las personas
    e. Reasentamiento de Comunidades desalojadas. Priorizando la Comunidad de Centro Uno.
  3. Que la Mesa de Diálogo que se conforme, esté integrada por las y los actores siguientes:
    a. Por parte de las comunidades:
    i. 10 delegados;
    b. Asesores de las comunidades:
    i. Bufete Jurídico de Derechos Humanos,
    ii. Comisión Internacional de Juristas
    c. Por parte del Gobierno:
    i. Presidente de la República de Guatemala
    ii. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
    Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
    iii. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
    iv. El Ministerio de Energía y Minas
    v. La Secretaria de Asuntos Agrarios
    vi. El Fondo de Tierras
    vii. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas
    d. Acompañantes
    i. ACOGUATE
    ii. PBI
    iii. CALDH
    e. Observadores del Cuerpo Diplomático
    i. Embajada de Suiza Acreditada en Guatemala
    ii. Embajada de Suecia Acreditada en Guatemala
    iii. Embajada de Alemania Acreditada en Guatemala
    f. Testigos de Honor
    i. Procuraduría de los Derechos Humanos
    ii. Madre Selva
    g. Moderador de la Mesa
    i. Instancia internacional con la debida credibilidad para las partes involucradas.

Que la eventual mesa de diálogo sea integral y no fraccionada, de buena fe, y con toda la celeridad posible.

Todo lo anterior fue aceptado y ratificado a través de actas por comunidad y de forma colectiva en Asamblea de las comunidades de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, Petén, Guatemala, el día 21 de Septiembre del dos mil
dieciséis.

Comunidades peteneras presentan propuesta de desarrollo al Estado

Las Comunidades De Sierra Del Lacandón Y Laguna Del Tigre Harán Propuesta De Desarrollo Y Denuncian Abusos

Por:  Oswaldo Franco, Prensa Comunitaria, 28 de Septiembre 2016

Los pobladores de las comunidades ubicadas en la Laguna del Tigre y en la Sierra del Lacandón, ubicados en los municipios de San Andrés y La Libertad, Petén, piden al Gobierno su apoyo para disminuir los abusos por parte de autoridades del Ejército y de miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Entre los delitos denunciados por los pobladores destacan las violaciones a sus derechos humanos ya que indican que cerca de sus comunidades hay:

  1. Cercos militares que impiden el ingreso de alimentos, herramientas de trabajo y materiales para mejorar viviendas y cultivos.
  2. A los pobladores, se les niegan proyectos para educación, salud, cultura o religión. Ellos indican que las pocas escuelas construidas fueron levantadas por ellos mismos, sin embargo en algunas ocasiones han sido incineradas por parte del Ejército de Guatemala. Además, los maestros no llegan debido al estado de las carreteras.
  3. Existe criminalización y estigmatización, ya que los comunitarios son llamados narcotraficantes o narcoganaderos, usurpadores y destructores del bosque. Ellos alegan que al ser campesinos, ellos saben cómo laborar la tierra y son ellos mismos lo que pueden cuidar de la misma.
  4. Desalojos, ya que desde 2009 han sido expulsadas varias comunidades, y se han quemado sus casas y cultivos, indicando además, que las familias despojadas de sus viviendas viven ahora en champas o bajo nylon.
  5. Detenciones ilegales, pues elementos del CONAP en compañía del Ejército detienen a pobladores que intentan hacer sus propios caminos para comunicar comunidades, son atrapados debido a que dañan las áreas protegidas.

 

Estas comunidades se asentaron en dichos municipios desde la década del cincuenta, tras haber emigrado de otros departamentos debido a la falta de oportunidades y de lugares donde vivir. Marco Ramos, representante de las comunidades de la Sierra del Lacandón, indicó que todo dio inicio tras la aprobación de la Ley de Áreas protegidas en 1989. Más de 60 mil habitantes de dichas comunidades se encuentran en el abandono por parte del Estado. A pesar de que no poseen títulos de propiedad que avalen que esas tierras son de ellos, fueron sus antepasados quienes laboraron en ese lugar en búsqueda de vivienda y de mejores condiciones de vida. Por lo que consideran que ellos deben y pueden vivir allí. Además aseguran que por sus conocimientos sobre el territorio, pueden cuidar mejor los recursos de Guatemala, con lo que no solo se beneficiarían ellos sino el país también.

El CONAP presentó un plan maestro en noviembre de 2006 para proteger el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre, el cual fue aprobado para llevarse a cabo entre 2007 y 2011[1]. En dichos documentos menciona las áreas usurpadas y el asentamiento La Mestiza, lugar del que varias familias fueron desalojadas, según algunos representantes del lugar.

Además del plan maestro presentado en diciembre de 2004 para proteger el Parque Nacional Sierra del Lacandón[2]que en el Inciso F de la descripción de aspectos sociales y económicos cita: “Comunidades con propiedad privada. Esta categoría agrupa a casi todas las comunidades que colindan con el parque que se ubican sobre la ruta a Bethel”. Durante el transcurso del Plan Maestro 99-03 se manejó la hipótesis de que la seguridad jurídica sobre la tierra coadyuvaba a que no se produjeran invasiones, sin embargo durante los últimos dos años y medio esta fue el área que más usurpaciones reportó, en su mayoría producidas por personas provenientes de otras aldeas, o bien por la población flotante que se ubica en las comunidades ya asentadas, arrendatarios y parientes de parcelarios que han visto en las áreas una posibilidad de poder colonizar.

Raúl Ruano, representante de la comunidad La Mestiza en la Laguna del Tigre, indicó que hay formas de resolver el problema y que van a presentar una propuesta al Estado de Guatemala. Esto lo harán el próximo miércoles 28 de septiembre en el Congreso de La República.

[1]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm_pnltbpltre_version_final.pdf

[2]http://www.conap.gob.gt/phocadownload/Centro_Documentacion/planes_maestros/pm%20pns%20lacandon%20%202005.pdf

Las comunidades de Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre harán propuesta de desarrollo y denuncian abusos