Minera San Rafael espera retomar operación

Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida la semana pasada, Minera San Rafael se prepara para reasumir sus operaciones. Minera asegura mantener diálogo con las comunidades para poder acatar el fallo de la CSJ.

El fallo de la CSJ, según explicó a Prensa Libre el abogado Carlos Luna, revoca el amparo que impedía que la mina continuara trabajando, por lo que San Rafael está en disposición de hacerlo.

Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.

“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.

Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.

Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.

La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.

El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.

“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.

Antecedentes

En julio pasado,  la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.

Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.

Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Por Redacción / Guatemala

http://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-podra-volver-a-operar-por-resolucion-de-la-csj

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Consulta de Oxec no fue convocada por el MEM

Por Rosa María Bolaños y Eduardo SAM, 23 de Agosto de 2017, Prensa Libre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) advirtió que surgió una consulta a pueblos indígenas paralela por el caso de las hidroeléctricas Oxec convocada para el domingo 27 de agosto.

Esta se realizaría en el municipio de Santa María Cahabon pero no ha sido convocada por el MEM, agregó ese ente.

Varios vecinos de dicho municipio anunciaron la consulta para definir si están a favor o  no de dichos proyectos y que lo que debe regir es el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo el MEM argumentó que ese ministerio tiene la obligación de efectuar la consulta en las 11 comunidades del área de influencia a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, para cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) explicó ese ente en un comunicado.

Ésta debe efectuarse según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ninguna de las partes vinculadas puede realizar este proceso de manera unilateral, se agregó, sin embargo ese ente no especifica quien o qué agrupación organizó tal consulta.

Pronunciamiento

El MEM hizo los siguientes pronunciamientos

  • La consulta paralela carece de sustento legal. De desinforma y pone en riesgo los avances en la preparación del proceso de consulta con base a la sentencia de la CC.
  • El proceso debe ser definido por los representantes titulares y suplentes de instituciones gubernamentales, comunidades y la empresa, según lo establecido en la sentencia del máximo órgano constitucional.
  • El Gobierno de Guatemala, a través del MEM es el encargado de realizar la Consulta, basado en el Convenio 169 de la OIT y lo establecido en la sentencia de la CC.
  • “El proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OIT, no es una votación de un SI o un NO, sino un diálogo de buena fe para lograr acuerdos entre todas las partes vinculadas”.
  • “En el proceso ordenado por la CC, es importante el diálogo sincero, centrándose en conocer las preocupaciones de las 11 comunidades del área de influencia de los proyectos”.

Es una “consulta de buena fe”, refieren dirigente comunitario

Bernardo Caal, dirigente campesino, confirmó que este domingo 27 de agosto, a partir de las ocho de la mañana, se realizará la consulta de “Buena Fe” en 195 comunidades de Cahabón, para que, den a conocer si están de acuerdo con la utilización del río Oxec por las Hidroeléctricas Oxec I y II.

En la consulta participarán todos los pobladores, incluyendo niños y jóvenes, que sean pobladores reconocidos por los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, dio a conocer Caal, no limitándose a los que tienen DPI, refirió.

“Esta consulta será la libre expresión de las comunidades, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, no puede impedir la libre expresión, el problema es que, como se tocan intereses personales, ya que, el MEM ha dado licencias de forma anómala a algunas empresas, salen a asustar con un comunicado que anda circulando”, explicó Caal.

Además, dijo que, quienes le van a dar validez a la consulta son las autoridades ancestrales de los pueblos originarios de Guatemala, “ya se realizaron más de 80 consultas a nivel nacional, ahora nos toca a nosotros decir si estamos de acuerdo o no que se afecten los intereses de nuestra comunidad, en los ríos Cahabón y Oxec”, indicó.

Caal también puso en duda el actuar de la Corte de Constitucionalidad con la sentencia emitida, comentado que, “da la orden de hacer una consulta pero existe duda si es solo a once comunidades o a todas las de Cahabón, de ser solo a las once agrava más la situación”, expresó.

“También, creemos que la sentencia es inconstitucional, porque menciona que si nos oponemos a la consulta del MEM perdemos el derecho de expresarnos. La CIDH que acaba de visitarnos recalcó que si no hay reglamento para realizar la consulta comunitaria no es problema de las comunidades, sino que, del gobierno”

“Y debieron de suspender las actividades a las hidroeléctricas, porque luego de reconocer que hubo violación de los derechos de las comunidades q’eqchies de Cahabón, le da a la empresa un año más para seguir violando nuestros derechos y hacer la consulta”, agregó el dirigente campesino que aseguró que el domingo se realizará una fiesta cívica.

Al tener los resultados de la consulta de “Buena Fe” se considerara que es la expresión del pueblo y los enviaran a la OIT y CIDH, aseguró

Este martes, en conferencia de prensa, las organizaciones la Asamblea Social y Popular y el Consejo de Autoridades de la Consulta de Cahabón apoyaron e invitaron a respaldar y participar activamente en la Consulta de Buena Fe de las comunidades Q’eqchi’ de Cahabón sobre los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II que se realizará el próximo domingo 27 de agosto en todas las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, se agregó.

http://www.prensalibre.com/economia/mem-advierte-que-surgio-consulta-paralela-por-el-caso-oxec-convocada-para-el-domingo

Líder comunitario Bernardo Caal queda ligado a proceso en Cobán

18 de Julio de 2017, Prensa Libre, Por Eduardo Sam

El dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, de 45 años, se presentó voluntariamente este martes al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, para resolver su situación jurídica, pues es acusado de no presentarse a trabajar como maestro durante 20 meses, en el 2012 y 2013.

Luego de escuchar a los fiscales del Ministerio Público (MP) y abogados defensores, el juez Ricardo Isaías Caal resolvió ligar a proceso al dirigente campesino con arresto domiciliar, fianza de Q25 mil y orden de arraigo.

El juez indicó que el MP tiene tres meses para realizar las investigaciones sobre las acusaciones.

Al percatarse de que Caal se presentaba al juzgado, un grupo de campesinos se conglomeró frente a los tribunales para esperar la resolución.

“Me entregué al sistema de justicia como un buen líder comunitario y del magisterio. Vine a entregar mis argumentos, porque dicen que estafé al Estado y eso no fue así, tengo pruebas”, comentó Caal.

Al detallar que tiene medidas de coerción, arraigo y debe presentarse a firmar el libro de actas en tribunales, Caal, dijo: “Es una persecución política por estar reclamando los derechos de los pueblos indígenas con base en el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucionalidad, pero seguiré en la lucha”.

Bernardo Caal Xol, líder comunitario: “Seguiré dando la cara hasta que el MP agoté las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, que estoy seguro que no fue así”.

El líder comunitario comentó que la denuncia la presentó el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy Reye.

“Consiguió la orden de captura cuando la Corte Suprema de Justicia amparó al pueblo q’eqchi’ y suspendió los proyectos hidroeléctricos que afectan el río Cahabón. Fui desprestigiado con campos pagados de varios millones de quetzales, que pretendieron deslegitimarme y hacerme pedazos ante la población”, expresó.

“Seguiré dando la cara hasta que el MP agote las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, porque estoy seguro que no fue así”, aseguró.

Caal, quien recibirá la revocación de detención en su contra luego de pagar los Q25 mil de fianza, también hizo sindicaciones contra exfuncionarios: “Los oligarcas dicen que soy un estafador, exijo que se entregue el exministro Érick Archila, quien firmó las licencias para las hidroeléctricas y que capturen a Alejandro Sinibaldi, ellos si son grandes ladrones en Guatemala”.

Antecedentes

Caal Xol era maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. La denuncia señala que él no fue a laborar entre enero del 2012 y agosto del 2013.

Pese a su ausencia durante 20 meses y sin presentar excusa, Caal Xol cobró Q104 mil 512.76. El Mineduc lo destituyó en agosto del 2013.

Caal es un dirigente sindical que ha organizado bloqueos en carreteras y manifestaciones en Alta Verapaz contra las hidroeléctricas.

También mantiene un problema con el sindicalista Joviel Acevedo por el control del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

Nueva guía de consulta se podría aplicar en ocho proyectos

31 de Julio de 201, Prensa Libre, Por Rosa María Bolaños

Ministerio de Trabajo en lista planes, pero el Ministerio de Energía indica que solo tiene presupuesto para la Vega I y II.

 

En la lista del Ministerio de Trabajo (Mintrab) se mencionan cinco proyectos de hidroeléctricas como La Vega I, La Vega II y Las Brisas, en Nebaj, Quiché, además del Proyecto Rocja Pontilá, en Cobán, Alta Verpaz. También las hidroeléctricas Oxec I y II, en Cahabón, Alta Verapaz.

El otro proyecto es el de Transmisión Eléctrica y Subestaciones Uspantán de la empresa Transnova, en San Juan Cotzal, Quiché, y el Proyecto minero Derivada VII, en San Pedro Ayampuc, Guatemala.

La ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, explicó que para los proyectos con sentencias en proceso que no establecen un procedimiento específico se usará la guía operativa. En el caso de Oxec, la guía se aplicará en forma complementaria porque la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), del 26 de mayo de este año, establece pautas consultivas.

Diferencia entre la guía y la ley

Antonio Malouf, presidente del Cacif

Para proyectos existentes es válido lo que dice el Ministerio, de aplicar la guía de consultas.Es decir, los que tienen algún tipo de conflicto generado mientras no hubo reglamento deberían usar esa guía operativa para que los proyectos no se paren, pero para los nuevos debería esperarse que se emita una ley específica.

Al respecto, Luis Chang, ministro de Energía y Minas, dijo que primero se debe cumplir con los casos que ya están en proceso. Se debe tomar en cuenta que una de las dificultades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es falta de presupuesto para más procesos. “Son montos no disponibles en el Ejecutivo porque nada de esto estaba considerado en ninguna de las carteras”, añadió el funcionario. Ese ente tiene asignados recursos para el proceso de la Vega I y II, expuso.

Sin embargo, hay otras condicionantes, ya que hay resoluciones de las cortes que fueron notificadas posteriormente del caso Oxec, pero que no necesariamente el Ministerio está vinculado, refirió Chang. Ejemplificó que hay un caso en que la corte resolvió que el MEM le tenía que informar a una municipalidad para que a su vez se le comunicara a un Cocode. Para la red de transmisión en San Juan Cotzal de la empresa Transnova también hay resoluciones que no le corresponden al MEM.

En el caso de la Vega I y II tiene una sentencia judicial, pero no un procedimiento definido para efectuar la consulta, por lo que el MEM, comunidades y la alcaldía indígena, con apoyo de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, definieron una ruta que, según el ministro, “debe prevalecer dado el acuerdo alcanzado”.

La fecha para efectuarla aún no se ha definido porque hay divergencia de opinión entre la alcaldía indígena y las comunidades afectadas.

En el caso de Minera San Rafael, depende de la resolución de la CC, ya que los empresarios apelaron contra la suspensión emitida por la Corte Suprema de Justicia. En Derivada VII está pendiente la resolución definitoria.

Debe cumplir estándares

Alfredo Gálvez, gerente de Goldcorp en el país

Desde el 2008 el Gobierno inició una moratoria para la emisión de licencias mineras. Ya han pasado 9 años y son pocas las licencias de exploración vigentes, y sin eso no hay nuevos proyectos. El documento emitido por el Gobierno es solo una guía que, al parecer, podría no cumplir con los estándares del convenio 169; sin embargo, es un comienzo.

Chang cree que la guía operativa puede ayudar a resolver procesos, pero ve importante que el Congreso legisle, lo cual “crearía amparo legal”.

Complejas decisiones

Luis Otzoy, abogado consultor en temas del convenio 169 de la OIT y el Código Municipal, refiere que la aplicación es compleja, ya que el convenio en mención fue ratificado pero no es procesal.

“Al no tener una ley procesal con los pasos se crean esas confusiones que hoy en día hay, nadie se atreve a realizar la consulta porque se preguntan cómo vamos a empezar”, expuso.

El artículo 6 establece condiciones con requisitos, como que se haga de buena fe, de forma previa e informada y menciona que se requiere que sean autoridades representativas y procedimientos apropiados con el objeto de alcanzar consentimiento.

“No se puede dialogar con mil personas a la vez” y ahí empieza la necesidad de determinar con quién se debe hablar, refiere el experto, pero advierte que lo complejo es definir ¿quiénes son representativos?, ¿a quién se le consulta?, aunque el convenio habla de flexibilidad.

Otzoy dice que en el Código Municipal ya se establecen pasos para una consulta dirigida a vecinos en general y no solo a pueblos indígenas como lo establece el 169.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/nueva-guia-se-podria-aplicar-en-8-proyectos

Pueblo Xinca exige respeto a su identidad y territorio

Pobladores Xincas de al menos 11 municipios participaron este martes en una manifestación en la capital para exigir respeto a su identidad y territorio, los que, según ellos, han sido violentados con la instalación de empresas mineras.

Según dirigentes, en la protesta participaron unas tres mil personas, quienes se detuvieron unos minutos frente al Congreso de la República y frente a las Corte de Constitucionalidad (CC) para que fueran escuchadas sus demandas, entre estas su rechazo a la Mina San Rafael, en Santa Rosa y que se trabaje para la conservación de los recursos naturales.

Hombres, mujeres y niños representantes de Santa Rosa y Jalapa portaban carteles en los que se leía #YoSoyXinka y con pitos y consignas gritaban que la minería ha dañado el ambiente.

Vitalino Jiménez, autoridad Xinca de San Carlos Alzatate, Jalapa, dijo que el objetivo de la protesta fue pedir respeto hacia los pueblos indígenas y que se detengan las operaciones mineras en el país, que según él, destruyen los recursos naturales.

Teodoro Pérez, uno de los manifestantes, indicó que también protestaron por el alto costo de la energía eléctrica y para que las autoridades atiendan a los agricultores.

“Han pisoteado nuestra dignidad y han robado nuestras tierras. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo diferente”, expresó uno los dirigentes frente a la CC.

Dirigentes del pueblo Xinca pidieron a los magistrados de la CC que no se quejen manipular y que se mantenga el amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la suspensión de dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Inconformidad

Agregaron que para otorgar licencias mineras no se les ha tomado cuenta, lo que según ellos, ha negado la existencia del pueblo Xinca por parte de las autoridades.

Exigieron que el Ministerio Público investigue los supuestos ataques intimidatorios de los que han sido víctimas y que el organismo Ejecutivo respete la independencia judicial.

Minera se pronuncia

Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael, indicó que la minera nunca ha dicho que no hay pueblo Xinca y que al contrario, reconocen que Guatemala es multicultural, pero según algunas autoridades, en el área de influencia de la mina, en San Rafael Las Flores, no hay presencia de Xincas.

Indicó que previo a la entrega de la licencia, el Ministerio de Energía efectuó un proceso de diálogo con las comunidades que están en el área de influencia de la operación de la mina.

Respecto del amparo, Dávila dijo esperar que la CC resuelva el caso de la minera de acuerdo a como resolvió en el caso de las hidroeléctricas Oxec, que seguirán operando por un año mientras se realizan las consultas.

Por Óscar García – Prensa Libre

19 de Julio de 2017 a las 15:10h

Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.