Naciones Unidas renueva contrato de Iván Velásquez al frente de la CICIG

Por Evelyn Boche, 29 de junio del 2017,  elPeriódico 


El Comisionado se quedará dos años más al frente de la Comisión que ha desarticulado grandes estructuras de crimen organizado infilitradas en el Estado.

Iván Velásquez Gómez continuará como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y cuenta con el apoyo de Naciones Unidas para dirigir el organismo que cumple diez años en el país.

“Esperamos seguir cooperando con la Comisión y con el comisionado Velásquez”, expresó el vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en respuesta a la consulta efectuada por este medio.

El portavoz detalló que el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, co-presidió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, la presentación de Velásquez sobre los progresos realizados y los principales logros de la comisión.

“Los Estados Miembros expresaron su pleno apoyo a la labor de la Comisión y agradecieron la labor del comisionado Velásquez al mando de la CICIG”, durante la reunión celebrada en Nueva York esta semana, declaró el vocero.

Al consultar a la CICIG, indicaron que “el secretario general de la ONU,  António Guterres, envió recientemente la renovacion del contrato del Comisionado Iván Velásquez por dos años más, extendiéndose así hasta septiembre del 2019”, con lo que se confirma la extensión.

Desde abril de 2015, la CICIG con Velásquez al mando emprendió la persecución penal contra funcionarios señalados por actos de corrupción, que tienen en prisión al exbinomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez y Roxana Baldetti.

La fiscal general Thelma Aldana manifestó que “es importante la permanencia del Comisionado para que continúe nuestro trabajo”. La jefa del ente investigador agregó: “Somos un equipo y saludamos la renovación del contrato por dos años más”.

La lucha anticorrupción que encabezó la CICIG y el MP fue apoyada por Estados Unidos, y concretamente por el embajador Todd Robinson, que finaliza su nombramiento en octubre y será sustituido por Luis Arreaga.

La dupla Velásquez-Arreaga

El excanciller Edgar Gutiérrez considera que Arreaga dará continuidad a la política que EE. UU. definió para la CICIG. “No vamos a esperar ninguna variación financiera sino política con la CICIG”, expresó.

En opinión de Gutiérrez, Velásquez y Arreaga comparten la visión de que el Estado de Derecho no es solamente juzgar y encarcelar a los corruptos, sino que esas acciones deben ir acompañadas de fortalecimiento de instituciones garantizando profesionalismo y que debe darse un esfuerzo de desarrollo económico.

El mejor de los tres

El presidente del CACIFy la activista Helen Mack coinciden en que Velásquez ha sido el comisionado que ha presentado mejores resultados al frente de la CICIG.

“Ha sido el Comisionado que ha entendido la complejidad de la corrupción en Guatemala, por eso el deseo de muchos grupos de que no se quede”, refirió la directora de la Fundación Myrna Mack.

“El apoyo siempre lo ha tenido, la lucha contra la corrupción es una lucha que todos deseamos; esperamos que termine bien y que nos deje un país que nosotros siempre hemos añorado”, refirió el presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Antonio Malouf, al consultarle sobre la disposición de brindarle apoyo político a la CICIG en los dos años próximos.

“El Comisionado es el que más resultados positivos ha tenido, por lo que estamos totalmente de acuerdo, aunque la decisión no depende de nosotros”, añadió Malouf.

Mack resaltó que en los años siguientes será determinante observar el avance de los procesos judiciales iniciados por el MP con apoyo de la CICIG. “Las redes de corrupción que funcionan en una zona gris, se prestan al litigio malicioso y también se puede ubicar en esa zona a los netcenters, pero por más lobis que hagan la agenda de los cooperantes no parece que cambiará”, indicó.

“La lucha contra la corrupción que ha venido haciendo la CICIG es importante para la estabilidad y promoción de inversión”. Antonio Malouf, CACIF.

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/06/29/naciones-unidas-renueva-contrato-de-ivan-velasquez-al-frente-de-la-cicig/

MP y CICIG accionan contra libertad de militar vinculado a minera en El Estor

Por Luis Solano, 6 de junio de 2017, CMI

El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la querellante adhesiva, Angélica Choc, viuda del profesor Adolfo Ich, presentaron el 1 de junio recursos de Apelación Especial contra la sentencia absolutoria que favoreció al teniente coronel (r) Mynor Padilla, acusado del asesinato de Ich, y contra la decisión de la jueza Ana Leticia Peña Ayala, (incluida en la sentencia) de criminalizar a los fiscales del MP, a las víctimas Angélica Choc y otros, y a unos peritos.

Un proceso con sus bemoles

La apelación de parte del MP y los querellantes adhesivos CICIG y Angélica Choc tendrá que ser trasladada por la hasta hace poco Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Izabal, Ana Leticia Peña Ayala, a la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. Peña Ayala fue trasladada a Ciudad de Guatemala en los días previos a darse a conocer el fallo, y hoy se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno en Ciudad de Guatemala.

La sentencia, ahora apelada, en el proceso penal identificado con el número 18002-2009-00796, fue dictada, aunque de manera resumida, el 6 de abril de 2017. El procesado fue el teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla González, sindicado de los delitos de homicidio, en agravio de Adolfo Ich Chaman, lesiones gravísimas en agravio de German Chub Choc y lesiones graves en agravio de Alejandro Acte Coc y Haroldo Cucul Cucul.

La absolución del militar no causó sorpresa, pero sí ratificó la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia. Padilla González es el ex jefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y sembró serias dudas en el ambiente. Indignación causó cuando la jueza “le pidió perdón” a Padilla González por el tiempo en que estuvo detenido. Y más aún, cuando “ordenó lo conducente” contra querellantes y fiscal del Ministerio Público (MP), por presuntamente haber inventado testigos falsos. A todo eso, se agrega que Padilla González siempre contó con un equipo de abogados defensores con nexos a la CGN y grupos de poder.

La sentencia completa, que según el artículo 390 del Código Procesal Penal debe leerse a más tardar dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento del fallo, no se dio sino hasta 19 de mayo de 2017, es decir más de un mes después de darse a conocer el fallo de la Jueza a cargo del caso.

En un comunicado emitido el 6 de abril, los abogados canadienses Klippensteins, Barristers & Solicitors, que representan a Angélica Choc en Canadá, se indica que  “en el curso de dos años el tribunal escuchó extensas pruebas sobre la participación del Sr. Padilla y el personal de seguridad de la compañía minera en el asesinato de Adolfo Ich y de dispararle a otros. Según los argumentos finales de la fiscalía, esta evidencia incluía:

• Evidencia física encontrada en la escena del crimen, demostrando que el arma de Mynor Padilla fue disparada en el lugar del crimen.

• El testimonio de ocho testigos que pusieron a Mynor Padilla en el lugar del asesinato del Sr. Ich.

• Múltiples testimonios de testigos oculares afirmando que Padilla participó en el asesinato del Sr. Ich.

• Testimonio de uno de los gerentes de seguridad en la mina que declaró que el Sr. Padilla dio la orden de disparar a los miembros de la comunidad.

• Autopsia y otras pruebas forenses que demuestran que el Sr. Ich sufrió heridas de machete en la cabeza y los brazos, y luego recibió un disparo en la cabeza a quemarropa.

• Hay información que la empresa de seguridad contratada por la empresa minera (y cuyo personal fue acusado de la violencia) no estaba autorizada para proporcionar ningún tipo de servicios de seguridad, ni para cargar armas de fuego – hechos que un abogado de la compañía minera ocultó falsificando documentos.

• Basado en esta evidencia, el fiscal argumentó durante el juicio que la muerte de Adolfo Ich no fue sólo un homicidio sino un asesinato.”

Impunidad

La resolución de la jueza Peña Ayala era prevista. El proceso judicial estuvo marcado por la suspensión de audiencias y de acciones propias del litigio malicioso que permitieron al sindicado, a sus abogados y a las empresas mineras HudBay Minerals de Canadá y a CGN, su subsidiaria en Guatemala, “utilizar maniobras de coacción, amenazas e intimidaciones contra testigos, querellantes y víctimas, para impedir que se presenten a las audiencias a declarar y exigir justicia.”, indica un comunicado de la Unidad de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

Según ese comunicado, se recuerda que el 27 de septiembre 2009, agentes de la policía y del ejército pretendieron desalojar violenta y extrajudicialmente a la comunidad Las Nubes que posesiona las tierras de Lote 16, en El Estor, Izabal. Las fuerzas de seguridad actuaron, junto con agentes de seguridad privada, bajo las órdenes del teniente coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González, entonces Jefe de seguridad de la empresa Hudbay/CGN. En su accionar, agredieron a hombres, mujeres y niños.

Pobladores de otras comunidades que se acercaron a la carretera próxima a las instalaciones de Hudbay/CGN fueron atacados con armas de fuego por la seguridad de la compañía, quienes hirieron a por lo menos 8 personas y asesinaron al profesor Adolfo Ich Chaman. Según el hijo de la víctima, el maestro fue impactado por armas de fuego a quema ropa y herido con machete por guardias privados y el propio Mynor Ronaldo Padilla González. Asimismo el joven German Chub Choc que también se acercaba a observar, fue herido por el ataque directo, con arma de fuego, por Mynor Padilla. Por dicho ataque, German Chub Choc quedó parapléjico.

En 2009, CGN era subsidiaria de la canadiense HudBay Minerals y a partir de 2011 pasó a serlo de la rusa Solway. Desde aquel año se dio orden de captura contra Padilla González, quien permaneció prófugo hasta su captura tres años después, en 2012. Tras su captura, el Ministerio Público (MP) extendió un comunicado fechado 26 de septiembre de 2012, que indicaba que “Agentes de la Sección de Capturas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), detuvieron a un presunto asesino sobre la 26 avenida y 2 calle, residenciales Cañadas del Río, zona 3 de San Miguel Petapa.” Se trataba de Padilla González, capturado en una de sus residencias.

Padilla González y su historia militar

Mynor Ronaldo Padilla González proviene de la Promoción 102. Por ahora se sabe que se cambió de nombre ya que se inscribió en la Escuela Politécnica como Jaime Rolando Padilla González, bajo el número 4502. El nombre se lo habría cambiado en 1982, uno año después de ingresar a esa institución armada. Su promoción militar pertenece al grupo de promociones de la Escuela Politécnica 99-103 (1981-1984) que se graduaron durante los años más cruentos de la guerra civil, y que se involucraron en los principales teatros de guerra en el occidente de Guatemala, donde fueron arrasadas cientos de aldeas.

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Por su historial de puestos desde que se graduó en la Escuela Politécnica hasta antes previo a la firma de los Acuerdos de Paz, Padilla González mostró evidente destreza en tiro, sobre todo en el período de guerra 1984-1988, en la zonas militares de Zacapa, Chiquimula, Quiché, Puerto Barrios y Cobán, respectivamente.

La reducción del ejército y las ejecuciones extrajudiciales

Padilla González pasó a retiro en 2004, durante el gobierno de Óscar Berger, año en que se dio una marcada reducción del Ejército, a cargo del entonces Comisionado Presidencial de Defensa y Seguridad, el general retirado Otto Pérez Molina. La reducción, más allá de lo signado en los Acuerdos de Paz de 1996, debilitó la presencia militar en amplias zonas del país, según advierte el coronel Edgar Rolando Rubio Castañeda en su libro Desde el cuartelotra visión de Guatemala. Esto le abrió espacios al narcotráfico y al crimen organizado que se posicionó en esos lugares, lo que según Rubio Castañeda contribuiría a catapultar el proyecto político de Pérez Molina como candidato presidencial y su “slogan de mano dura”, lo cual es calificado por el escritor miliar como un “golpe político-empresarial”.

Según se lee en sus páginas 293 y 294, esa reducción fue planificada por los entonces vicepresidente de la República, Eduardo Stein Barillas; el Coordinador del Plan de Gobierno, Richard Aitkenhead Castillo; y Pérez Molina.

Padilla González, junto a varios oficiales más, pasaron a retiro ese año y mucho de ellos fueron contratados en diversas instituciones del Ministerio de Gobernación, sobre todo la Policía Nacional Civil (PNC). Otros, fueron identificados de pertenecer a aparatos paramilitares dedicados a “limpieza social”, una característica que marcó al gobierno de Berger.

En su edición del 13 de noviembre de 2006, el diario elPeriódico, dio a conocer una investigación periodística al respecto. Dentro de los militares con funciones de dirección en la PNC cuando era dirigida por Erwin Sperissen, hoy condenado a cadena perpetua en Suiza, se encontraban: el capitán Guillermo Antillo Pineda Peñate y Francisco Lara Mendoza; los coroneles Hugo Rosales Martínez; Arturo Mazariegos y Mayor Manuel de Jesús Ixmay García; los capitanes Elías Molina Alvarenga, Carlos Girón García, Walter Hernández González, Marco Antonio Canté, Walter Morales, David Virula Ramírez, Oswaldo Ramos Castillo, Otto Vinicio Ríos Ralda, Manuel Molina Gutiérrez, Juan Carlos Iriarte, Francisco Sales Ortiz, Ludwin Mérida González, Manuel Barrios Menéndez, Abel Estrada, Flavio Divas Villagrán y Hermosillo Gutiérrez Chaclán; todos ellos con funciones en la Secretaría Ejecutiva y en la Inspectoría General de la PNC.

También habían sido contratados el teniente coronel Jorge Ignacio López Jiménez, coordinador de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) y encargado de ordenar el traslado de comisarios a diferentes puntos del país; el teniente coronel Víctor Rosales Chávez, inspector general de la PNC; el teniente coronel Armando Melgar Padilla, jefe de control de armamento; José Luis López Juárez, secretario ejecutivo de Sperisen, encargado de revisar las novedades, documentación y correspondencia que ingresaba al despacho. Decidía qué documentación se archivaba y cuál no; y el capitán Héctor Rodríguez Heredia, jefe de la unidad de material móvil de la Subdirección de Apoyo de la PNC.

De todos ellos, destacan el capitán Otto Vinicio Ríos Ralda, Promoción 119, retirado en 2004, quien luego de la PNC pasó a ocupar el cargo de Sub Jefe de Seguridad y Asuntos lnternos de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE, hoy SIE) a mediados de 2007, y ese mismo año será nombrado Coordinador de seguridad de la minera CGN, cargo que mantiene a la fecha y es uno a quienes más se les señala como responsable de la violencia contra comunitarios opositores del proyecto minero Fénix, en El Estor.

Por otro lado, habían sido contratados el coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez, quien fue uno de los militares desplazados de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2007, luego que cayera la estructura de Erwin Sperisen, el entonces Director de la PNC. López Jiménez estaba a cargo de la Oficina de Responsabilidad de la Policía (ORP). Pertenece a la Promoción 103 de la Escuela Politécnica, y estuvo a cargo de la SAAS con el actual gobierno. A la misma promoción pertenece Herber Armando Melgar Padilla, quien fuera considerado el principal Asesor de Seguridad del mandatario Jimmy Morales, y hoy diputado del partido gubernamental, curul lograda de manera polémica.

En 2007, Padilla González es nombrado jefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria en ese entonces de la minera canadiense HudBay Minerals.

Abogados defensores y sus conexiones

Desde el principio, el teniente coronel Mynor Padilla contó con tres reconocidos abogados defensores. En una primera fase, lo defendieron Francisco José Palomo Tejada, asesinado por sicarios en junio de 2015, y con largo historial de conexiones a grupos de poder. El segundo abogado fue Frank Manuel Trujillo Aldana, actualmente procesado judicialmente por el caso Aceros de Guatemala. Y el tercer abogado, Carlos Rafael Pellecer López, es el representante legal de la minera CGN, empresa que él ayudó a inscribir en 2005, cuando el proyecto Fénix fue reactivado por el gobierno de Berger.

Posteriormente, sus abogados serían David Antonio Barrientos Arias en forma activa y en forma pasiva el abogado Carlos Rafael Pellecer López, quienes lo defendieron hasta el final. Ambos pertenecen al bufete A.D. Sosa & Soto, presidido por Rodolfo Sosa de León, consuegro del expresidente de la República, Óscar Berger.

El bufete tuvo a su cargo la constitución de las sociedade Skye Guatemala, S.A. y CGN, S.A., subsidiarias de Skye Resources, minera canadiense que reinició el proyecto Fénix y que luego vendería, en 2008, a la canadiense HudBay Minerals. En el 2010, según un comunicado del bufete canadiense Klippensteins, Barristers & Solicitors, abogados de Angélica Choc, en un esfuerzo sin precedentes para llevar ante la justicia los agravios contra el pueblo Maya-Q’eqchi’, la defensora de derechos humanos Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, junto a otros 12 denunciantes demandaron a la compañía HudBay Minerals y su subsidiaria local, Compañía Guatemalteca del Níquel, en Canadá.

En 2013, se dejó abierto el caso en Canadá, donde se espera la apertura a juicio en cualquier momento.

La operadora del proyecto minero sería entonces CGN. En la gerencia general se nombró al capitán e ingeniero Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, quien además de ser un productor bananero, era mejor conocido por haber sido durante toda la década de 1990 como el gerente de relaciones intercomunitarias en la refinería petrolera de La Libertad, en el municipio del mismo nombre. En esos años, la refinería pertenecía a la petrolera Basic Resources International, la cual fue presidida en los años 80 y 90 por Manuel Ayau Cordón, fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y Rodolfo Sosa de León. En el caso de Ayau, se recuerda que en 1994 el periodista Carlos Rafael Soto (ya fallecido) lo vinculó directamente con el proyecto minero en El Estor (Inforpress, 10/11/1994).

La facilitadora en la aprobación de los estudios de impacto ambiental que CGN tenía que realizar para el nuevo proyecto, fue Roxana Sobenes entonces vice ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Sobenes era miembro de la junta directiva de la organización Fundación para la Selva (FUNDASELVA), que en su momento servía como la imagen verde de la petrolera Basic Resources, antecesora de Perenco. FUNDASELVA fue fundada y presidida por Rodolfo Sosa de León.

Como ya se mencionó, Sosa de León y el ex presidente Óscar Berger eran consuegros. La hija de Sosa de León, Ana Cristina Sosa Prado de Berger, es la esposa de Oscar Berger Widmann, hijo mayor de Berger Perdomo e integrante del bufete Sosa, Berger & Pemueller Asociados, en 2003, cuando comenzó el proceso de reactivación del Proyecto Fénix, y en ese bufete participaba Rodolfo Sosa de León. Ese bufete se llamará luego Berger & Pemueller Asociados, luego que en 2004 Sosa de León se separar y fundara A.D. Sosa & Soto, tras el triunfo presidencial de Berger.

Rodolfo Sosa de León casó con María Cristina Ayau Prado, hija de Cristina Ayau Cordón -hermana de Manuel Ayau-, y de Fernando Prado Rossbach, un acaudalado cafetalero. Tanto Sosa de León como Ayau presidieron por muchos años la petrolera Basic Resources. Hoy, un sobrino de Ayau, Antonio Minondo Ayau es un alto directivo de la petrolera Perenco Guatemala, la cual absorbió todos los intereses de Basic Resources en 2001.

Además de Sosa de León, el bufete A.D. Sosa & Soto lo ha presidido Manuel Arturo Soto Aguirre, ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ex ministro de Gobernación del gobierno de Berger y embajador de Guatemala en México durante el mismo gobierno.

A continuación puede leerse una parte textual de la sentencia:

En un expediente de más de 1,200 páginas, en su parte resolutiva al final, puede leerse la absolución de Padilla González y la criminalización de las víctimas y familiares:

Al resolver RESUELVE: : I) Absuelve al acusado MYNOR RONALDO PADILLA GONZALES, de la comisión del delito de HOMICIDIO que le imputó el Ministerio Público en agravio del señor ADOLFO ICH CHAMAN, por las razones anteriormente consideradas, dejándolo libre de todo cargo; II) Absuelve al acusado MYNOR RONALDO PADILLA GONZALES, de la comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS que le imputó el Ministerio Público en agravio del señor GERMAN CHUB CHOC, por las razones anteriormente consideradas, dejándolo libre de todo cargo; III) Absuelve al acusado MYNOR RONALDO PADILLA GONZALES, de la comisión del delito de LESIONES GRAVES que le imputó el Ministerio Público en agravio del señor ALEJANDRO ACTE COC, por las razones anteriormente consideradas, dejándolo libre de todo cargo; IV) Absuelve al acusado MYNOR RONALDO PADILLA GONZALES, de la comisión del delito de LESIONES GRAVES que le imputó el Ministerio Público en agravio del señor HAROLDO CUCUL CUCUL, por las razones anteriormente consideradas, dejándolo libre de todo cargo; V) En consecuencia queda libre de todo cargo, en cuanto a los delitos que le imputara y acusara el Ministerio Público; VI) No se hace pronunciamiento en cuanto a las responsabilidades civiles y reparación digna, por no haberse ejercitado acción de responsabilidades civiles y por la naturaleza absolutoria del presente fallo; VII) Se exonera al acusado del pago de las costas procesales que ha generado el presente proceso, por la naturaleza absolutoria del presente fallo, por lo que cada una de las partes deberá soportar las costas causadas en juicio; VIII) Con la facultad que otorga el artículo 391 del Código Procesal Penal, aunado al tiempo que el señor MYNOR RONALDO PADILLA GONZALES, ha permanecido privado de su libertad y en ejecución provisional del presente fallo se ordena su inmediata libertad, debiendo para el efecto librar la orden correspondiente o en su defecto librar el despacho al Juzgado respectivo, para que se dé cumplimiento a esta orden; IX) Certifíquese lo conducente al Ministerio Público, en contra de las siguientes personas EN EL CASO DE ADOLFO ICH CHAMAN: a) ANGELICA CHOC, por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, PRESENTACION DE TESTIGOS FALSOS Y COACCION; al haber impedido que realizaran sus funciones los auxiliares Fiscales, en cuanto al levantamiento del Cadáver del señor ADOLFO ICH CHAMAN; así como al realizar acciones en contra de las testigos SILVIA TOC TIUL, ANA ALICIA CHUB XOL Y SANTOS CAAL BEB, para que declararan en contra del acusado; b) EDGAR GEOVANNY ICH CHOC por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y FALSO TESTIMONIO; c) JOSE MANUEL ICH CHOC, por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y FALSO TESTIMONIO; d) HECTOR MANUEL CACAO CUCUL por la posible comisión de LOS DELITOS DE OBSTRUCCION A LA JUSTICIA Y FALSO TESTIMONIO; e) OSMAN EDIBERTO TUN CUCUL por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y FALSO TESTIMONIO; f) Certifíquese lo conducente al Juzgado de Paz de esta localidad, por el delito de DESOBEDIENCIA, que se produjera en el presente debate; esto a efecto conozca y determine la participación y responsabilidad penal de la persona o personas, que teniendo la obligación de guardar reserva de lo que acontencia en el presente debate, incumplieron con la orden judicial emanada por la juzgadora con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Circunstancia que generó diversas solicitudes por parte del Ministerio Público. POR EL CASO DE GERMAN CHUB CHOC: a) A ABRAHAN YUMAN LOPEZ, por la posible comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. POR EL CASO DE ALEJANDRO ACTE COC: a) ALEJANDRO ACTE COC, por la posible comisión del delito de FALSO TESTIMONIO; b) LUIS ARTURO PINZON AQUINO, por la posible comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y FALSO TESTIMONIO; c) RICARDO ACTE COC, por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCION A LA JUSTICIA y FALSO TESTIMONIO, d) SAMUEL COC CHUB, por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCION A LA JUSTICIA y FALSO TESTIMONIO; c) LUIS CAAL CHE, por la posible comisión de los delitos de OBSTRUCCION A LA JUSTICIA y FALSO TESTIMONIO. Además, DEBERÁ CERTIFICARSE LO CONDUCENTE al Ministerio Público a efecto investigue sobre quienes son las personas involucradas en el hecho de haber levantado el cadáver del señor ADOLFO ICH CHAMAN, del lugar donde le dieron muerte y trasladarlo a su residencia, por obstruir a la justicia y con ello contaminar la escena del crimen. Certifíquese lo conducente en contra de: a) A LUZ MARIBEL RAMOS PEÑA, por la posible comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, por la circunstancia de que tuvo conocimiento de los acontecimientos que se estaban suscitando en las instalaciones del Hospital Tz´unun Ha, sin que procediera a girar instrucciones a donde correspondía por razón de su cargo, a efecto de evitar que los acontecimientos finalizaran en forma trágica; b) A RIGOBERTO MENDEZ CAAL, por la posible comisión del delito de INSTIGACION A DELINQUIR, por las razones que fueron consideradas oportunamente y que pudieron dar lugar a que se desarrollaran los acontecimientos violentos acaecidos el día veintisiete de septiembre del año dos mil nueve. Se hace extensiva la certificación de lo conducente, a todas aquellas personas, funcionarios, jefes de la Policía Nacional Civil, que encontrándose presentes en el lugar de los hechos, omitieron en intervenir y como consecuencia evitar la comisión de los ilícitos penales que se produjeron. X) Se ordena al Ministerio Público que realice las investigaciones correspondiente y deduzca las responsabilidades que sean necesarias, a efecto de establecer que persona o personas dieron origen a los ilícitos penales que se conocieron dentro del presente debate; tomando en consideración lo ordenado por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de esta ciudad, al momento de ordenar la conexión de los procesos referidos en el desarrollo de este juicio; XI) Para la lectura íntegra de la sentencia se señala audiencia el día DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS; XII) Léase la presente sentencia en la sala de debates quedando con ello legalmente notificados los sujetos procesales y entréguese las copias respectivas a quienes las requieran.

ABOGADA ANA LETICIA PEÑA AYALA

JUEZA UNIPERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE IZABAL

GEINER JOAQUIN SANTIAGO VELA

https://cmiguate.org/mp-y-cicig-accionan-contra-libertad-de-militar-vinculado-a-minera-en-el-estor/

Una pista de aterrizaje clandestina pegada a un pozo de Perenco

Sebastián Escalón, 15 05 17, Plaza Pública
Plaza Publica descubrió que, a 25 metros del pozo petrolero Xan-30 operado por Perenco y a 6 kilómetros de un destacamento militar, corre lo que expertos consideran una pista de aviación clandestina.

El 26 de abril, Plaza Pública participó en un sobrevuelo al Parque Nacional Laguna del Tigre cuyo objetivo era monitorear los incendios que asolaban el área protegida.

Durante el vuelo, se pasó por encima del campo petrolífero Xan, operado desde 2001 por la empresa franco-británica Perenco. Se pudo contemplar la planta industrial, sus chimeneas y su inmensa pista de aterrizaje asfaltada. Después, siguiendo el vuelo hacia el Norte, apareció lo que a todas luces era una discreta pista de aviación: una simple traza de alrededor de 1 kilómetro de largo que cruzaba un potrero y un pequeño remanente de bosque. La traza iniciaba a escasos 25 metros de uno de los pozos petroleros de Perenco, el pozo Xan-30.

Al experimentado piloto que condujo del sobrevuelo, pocas dudas le quedaron sobre el hecho de que aquello fuera una pista de aterrizaje. Indicó que la orientación de la traza era ideal teniendo en cuenta los vientos dominantes.

Plaza Pública mostró las fotos al jefe de la fiscalía contra la narcoactividad, Aldo Chapas. El fiscal indicó que “la traza presenta las características de una pista de aterrizaje clandestina, pero que para confirmarlo, se necesita iniciar la investigación, y consultar a la Dirección General de Aeronáutica Civil para saber si dicha pista está autorizada”.

Se le preguntó a Carlos Velázquez Monge, director de Aeronáutica Civil, cuáles eran las pistas de aviación autorizadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre. La única es la pista asfaltada de Perenco.

La aparente pista clandestina presenta un elemento paradójico: a mitad de su recorrido, se adentra en un pequeño bosque. Se distingue claramente que hay árboles en pie sobre la pista. De las conversaciones con el piloto y el fiscal surgieron dos hipótesis: o bien la pista no está terminada, y sus dueños aún no han removido toda la vegetación, o bien el pequeño macizo de árboles serviría de escondite a las avionetas que aterricen allí. Por otra parte, las vacas que se aprecian entre los árboles demuestran que el terreno está ocupado por algún ganadero invasor del área protegida.

Dos días después del sobrevuelo, Plaza Pública recorrió el área de Xan y visitó el pozo Xan-30. Apenas unos pasos separan la pista del cerco que rodea el pozo petrolero. La pista tiene cerca de cuatro metros de ancho. La vegetación a ambos lados de la traza estaba quemada, aunque unos mínimos retoños de vegetación asomaban nuevamente. Esto permite estimar que el fuego con el cual se limpió el área de aterrizaje ocurrió entre una y dos semanas antes de la visita.

El pozo Xan-30 se encuentra a 5 km del área central de Perenco, y a 6 km de un destacamento militar de operaciones de selva. Llegar al lugar es muy fácil: la traza y el pozo colindan con la carretera principal que atraviesa el parque Laguna del Tigre. Esta carretera de terracería muy bien mantenida une la población de El Naranjo con el campo Xan y luego prosigue hacia las comunidades fronterizas de Los Cerritos y La Paz. Una vez en el área de producción petrolera, basta con seguir los carteles para llegar al pozo 30.

La carretera principal del parque Laguna del Tigre pasa a la par de la pista clandestina y del pozo Xan-30

Durante el recorrido, Plaza Pública habló con un técnico de Perenco, quien, junto a un agente de seguridad de la empresa Visersa, estaba realizando un monitoreo ordinario a otro pozo de Xan. El técnico explicó que inspeccionan los 46 pozos de Xan todos los días.

Documentos de Perencomuestran que Xan-30 es un pozo de inyección activo en donde la petrolera reintroduce en el subsuelo el agua ácida producida por la extracción de petróleo.

Se le preguntó a los directivos de Perenco si tenían conocimiento de esta pista. Por correo electrónico, Antonio Minondo Ayau, director de asuntos corporativos de la transnacional, respondió: “No tenemos conocimiento de la existencia de la pista de aterrizaje que usted menciona”.

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Se le preguntó si la empresa conoce a las personas que han invadido tierras alrededor del pozo. “No conocemos la identidad de las personas que habitan las tierras alrededor del pozo Xan-30”, fue la respuesta de Minondo Ayau, que agregó: “Perenco Guatemala ha denunciado en múltiples oportunidades ante CONAP la existencia de invasiones y quemas.”

El coronel William García, jefe de prensa del Ejército, afirma desconocer la existencia de una pista junto al pozo Xan-30. Dice que una de las labores del Ejército es efectuar patrullajes en la Laguna del Tigre para detectar y destruir pistas clandestinas. Indicó que actualmente existen 65 trazas en el parque, de las cuales 23 han sido dinamitadas.

Perenco, poder y Petén

Según el fiscal Aldo Chapas, “la colindancia de la reserva de la Laguna del Tigre con México la convierten en un lugar importante para el tráfico de drogas, ya que allí pueden aterrizar aeronaves de Suramérica, y luego pasar la droga a México”.

Durante el sobrevuelo, se observaron en efecto otras dos pistas clandestinas. Sin embargo, estas estaban trazadas en zonas remotas como el Triángulo Candelaria, y no en un área industrial de carácter estratégico para Guatemala, ni tan cerca de un destacamento militar.

“Cuando se descubre una pista clandestina, se presume que es utilizada para actividades de narcotráfico”, indicó el fiscal Aldo Chapas. Agregó que también puede ser utilizada para la comisión de otros ilícitos, como la trata de personas, transito ilegal de personas, trasiego ilegal de armas de fuego o contrabando.

El informe Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios publicado en 2011 por la organización estadounidense Insight Crime presentaba el papel de Perenco en el entramado de fuerzas y alianzas que se ciernen sobre el Petén, y sobre el parque Laguna del Tigre en particular. Según los investigadores, la transnacional petrolera, junto con Manuel Baldizón, Manuel Barquín, Julián Tesucún, Javier López, líderes locales de Partido Patriota y Unionista y la familia Mendoza, eran las fuerzas a veces en pugna, a veces aliadas, que ocupaban el territorio.

“En esta amalgama de intereses juega un papel central la compañía Perenco, cuya posibilidad de continuidad depende del apoyo del ejecutivo y el legislativo; del respaldo – real o ficticio de las comunidades que viven en la zona–, y de la convivencia con los grupos criminales que ya se han adueñado de amplios terrenos del área protegida”, indicaba el informe en aquel año.

Esta “convivencia funcional” con el crimen organizado descrita por el informe se entremezcla con relaciones de negocios con estructuras político-económicas. Ejemplo de ello, la empresa Visersa, que le brinda seguridad Perenco. En marzo 2007, Manuel Barquín, entonces gobernador de Petén, aseguró a la prensa que dicha empresa era propiedad de Otto Pérez Molina, aunque estuviera registrada a nombre de su cuñado Otto Rember Leal Flores. Plaza Pública consultó el registro mercantil, y en efecto, el cuñado del exmandatario fue presidente del consejo de administración de Visersa en dos ocasiones, en 2000 y 2003.

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“Hasta ahora, intereses de Perenco y de las principales organizaciones del narcotráfico no se han visto afectados, mientras la tenaza de la militarización y amenaza de desalojos se cierra sobre las comunidades”, publicaba en 2011 Insight Crime. Desde entonces, este aspecto de la vida en el área protegida parece no haber cambiado drásticamente. .

Frente al destacamento militar que vigila la entrada al campo Xan, hay una talanquera y un puesto de control operado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y por el Ejército. Cuando Plaza Pública pasó por allí, las autoridades le acababan de marcar el alto a un pick up cargado de campesinos. Lesobligaron a bajar y a formar una fila. Bajo la mirada atenta de los guarda-recursos de CONAP y de los soldados, tuvieron que abrir sus mochilas, vaciarlas y colocar todas sus pertenencias sobre el polvo blanco de la carretera. Por su expresión resignada, y por los testimonios de varios comunitarios de la Laguna del Tigre, este tipo de control es parte de su rutina diaria.

Soldados del destacamento militar ubicado a la entrada del campo Xan registran las pertenencias de un grupo de comunitarios

A quince minutos del retén, como si no fuera nada, hay una pista de aterrizaje clandestina pegada a un pozo petrolero.

https://www.plazapublica.com.gt/content/una-pista-de-aterrizaje-clandestina-pegada-un-pozo-de-perenco

Pescadores bloquean acceso a compañía minera en El Estor, Izabal

Por Dony Stewart, 13 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Pescadores artesanales de El Estor, Izabal, se mantienen en manifestación y bloqueos por doceavo día consecutivo, en protesta por la contaminación en el Lago de Izabal, que según ellos, es provocada por la empresa minera que opera en el lugar.

Los pescadores indican que manifiestan pacíficamente y que las autoridades han intentado a medias llegar al dialogo, pues únicamente ofrecen lo mismo de siempre y no una respuesta concreta a sus demandas.

Eduardo Bim de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) dijo que en diversas ocasiones ha denunciado la contaminación que se ha provocado en lago y se ha hecho caso omiso a sus solicitudes de investigar la procedencia de la contaminación, razón por la cual bloquean las entradas a la planta CGN- PRONICO ubicada en El Estor.

Los inconformes también bloquean el ingreso a la colonia donde residen trabajadores de esa empresa, y no permiten el paso de vehículos que transportan el material minero hacia la empresa PAHAME en Santo Tomas de Castilla.

Bim, agregó que no se ha logrado ninguna mesa de diálogo sustentable, pues las autoridades no escuchan sus demandas.

“Somos pescadores y sabemos utilizar los recurso naturales, queremos defender nuestro lago, las autoridades en lugar de apoyar al pueblo se han alejado y han huido, queremos paz pero también defender nuestros recursos naturales” agregó.

La vecina Claudia Marina Chen, asegura  que el agua que baja del cerro al lago es de color rojo.

“Ya no hay agua potable y no tenemos dinero para estar comprándola, es triste que se estén acabando nuestros recursos naturales y las autoridades no hagan nada” refirió.

Versión de empresa

Delegados de la empresa minera CGN-PRONICO indicaron que trabajan bajo el marco de la ley y respetan  todas las normativas, aseguraron que los bloqueos les ha generado grandes pérdidas, además de privar de libertad a cientos de colaboradores.

Mynor Álvarez Gerente de Relaciones Comunitarias de la minera, expresó que en reiteradas ocasiones han participado de mesas de diálogo donde han apoyado a los comunitarios y que no entiende como ahora se hace un bloqueo hacia la empresa cuando siempre se ha tenido la apertura hacia ellos.

Álvarez también aseveró que El Estor ha sido beneficiado con mil 200 empleos, mientras que otras 600 personas son beneficiadas de forma indirecta por la inversión en sus comercios.

En referencia al paso que ha sido vedado para los trabajadores mineros Álvarez explicó que le han solicitado a las autoridades el apoyo necesario, ya que familias de los colaboradores se han quedado atrapados en la colonia donde residen y los manifestantes no han permitido el abastecimiento de alimentos, lo cual es preocupante especialmente por los menores que habitan en el lugar.

“Esperamos se logre el diálogo, nosotros como empresa no tenemos ningún tipo de injerencia con el lago, hemos hecho análisis y estudios del agua del para compartirlo con las autoridades y que vean que es lo que ha producido que en ocasiones cambie de color en algunas áreas, estamos dispuestos a dialogar” acotó.

http://www.prensalibre.com/ciudades/izabal/pescadores-realizan-bloqueos-en-el-estor-izabal

1999: fracasa otra consulta popular en el país

Por Hemeroteca, 11 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Guatemala es el país de las eternas consultas, mesas de diálogo, concertaciones, negociaciones fallidas, y la lista continúa. La consulta popular de mayo de 1999 no ha sido la excepción.

 

El 16 de mayo de 1999 menos de medio millón de guatemaltecos acudió a las urnas para aprobar o rechazar las Reformas a la Constitución Política de la República, para dar cumplimiento a varios puntos pendientes de la firma de los Acuerdos de Paz.

En  1997 y 1998 el Congreso y la Sociedad Civil, luego de  discrepancias entre partidos políticos y los participantes, se logró 50 reformas constitucionales, divididas así: Nación y Derechos Sociales, Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y Administración de la Justicia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo la convocatoria el 1 de marzo de ese año, en la cual advirtió que el gobierno de turno no podía hacer campaña a favor o en contra de dichas reformas.

Sin embargo, el entonces presidente Álvaro Arzú aprovechó los medios oficiales a su disposición para inclinar al sí, con miras a promover a Óscar Berger, entonces presidenciable del Partido de Avanzada Nacional para los comicios del 2000.

Lo mismo hizo el Frente Republicano Guatemalteco, que impulsaba a  Alfonso Portillo.

Actores

Otros promotores fueron el recién creado partido de la insurgencia Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; el Frente por el Sí, Agrupaciones Mayas, Cooperativas, la Universidad de San Carlos, la Unidad de Acción Sindical y Popular y la Asamblea de la Sociedad Civil.

A pesar de la intensa campaña por el Sí, cobró fuerza la campaña por el No en las últimas semanas. El partido ARDE encabezado por su precandidato Francisco Bianchi, ligado a los sectores más conservadores, sumándosele el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, la Liga Pro Patria, el Centro para la Defensa de la Constitución, Amigos del País y sectores de la Iglesia Evangélica.

Desinformación

El temor del Tribunal Supremo Electoral era que al final el abstencionismo representara un alto porcentaje, por el escepticismo y desinformación de gran parte de la población y la polarización de los diferentes sectores por las diferencias ideológicas que arrastraron las propuestas a las reformas constitucionales.

Quienes se oponían por el No temían que el reconocimiento de los pueblos mayas fuera a dividir al país otorgándole privilegios sobre los ladinos por mencionar una de las razones a la negativa.

El TSE elaboró el padrón, que contaba con 4.8 millones de guatemaltecos aptos para votar; instaló 6,971 mesas en los 330 municipios y 1,234 juntas receptoras de votos.

Aunque ese 16 de mayo ganó el no, con más de millón y medio de votos, el verdadero campeón fue el  abstencionismo, porque de  4.8 millones  aptos para votar solo lo hicieron 757 mil 940.

Según expertos, la consulta triunfó en el norte,  arriba de la falla del Motagua, pero perdió al sur, con excepción de la capital, que ha sido siempre determinante en los resultados electorales.

Hubo conjeturas sobre el fracaso de dicha consulta, como desinformación, temor causado por el conflicto armado interno, polarización social, desconfianza en el Congreso, intereses políticos, apatía o simple  venganza política.

A casi veinte años de dicho ejercicio fallido, varios temas continúan pendientes, como el reconocimiento del derecho indígena, y otras propuestas de reforma al sector justicia han sido entrampadas o manipuladas en el Legislativo.

Experto opina en el 2017

Según el constitucionalista Alejandro Balsells Conde, consultado recientemente, la consulta de 1999 falló debido al papel nefasto de los congresos de turno.

Según él, debieron enmendarse los vacíos y errores que arrastraba la Constitución desde 1994, pero debido al papel de “pésimos congresos”, los instrumentos constitucionales fueron pervertidos y manipulados.

En 1999 triunfó la apatía y la desinformación, además de que se contaba con un padrón electoral deficiente, indica el experto.

El problema no fue el contenido de las reformas ni el momento sino el papel hegemónico de grupos de poder que querían mantener el statu quo.

Sectores de poder no oficiales se aprovecharon del momento para presionar en contra de las reformas constitucionales en 1999, por lo que el no triunfó como una especie de presión.

Balsells también indica que el entonces presidente Álvaro Arzú retrasó la consulta con fines electoreros.

Si las reformas hubieran sido aprobadas por la población, tendríamos un país más incluyente, tolerante y armónico, indicó.

Interpol tiene en lista a once guatemaltecos

Por Jerson Ramos, 15 de Mayo de 2017, Prensa Libre

Dos años y dos meses han pasado desde que funcionarios, empresarios y particulares guatemaltecos prófugos comenzaron a figurar en la lista de personas que busca la Policía Internacional (Interpol).

La búsqueda de estas 11 personas se deriva de su vinculación con investigaciones de casos de alto impacto, como corrupción y delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, todavía no se ha logrado reportes o la captura de ninguna de estas personas, pese a que 190 países están afiliados a esta entidad.

Sin rastro

Entre los buscados por la ley guatemalteca se encuentra el diputado Édgar Justino Ovalle Maldonado, ex integrante de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), buscado por cargos de desapariciones forzadas, entre otros, por supuestamente haber participado en acciones militares entre 1981 y 1983 cuando civiles no combatientes fueron detenidos por efectivos del Ejército y trasladados a la antigua Zona Militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz.

Ocho militares fueron enviados a juicio para determinar su responsabilidad.

Entre los señalados figura el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romeo Lucas García.

El 17 de marzo pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo A, por petición del Ministerio Público (MP), ordenó la captura de Ovalle. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle el derecho de inmunidad, derivado de un trámite de antejuicio en su contra, el cual finalizó con la recomendación para eliminarle el beneficio, por la posibilidad de que hubiese participado en las acciones ilícitas que investigaba el MP.

Corrupción

El diputado Luis Rabbé, de la bancada Acción Ciudadana, es señalado por supuestamente haber participado en la ampliación irregular de la planilla del Congreso cuando fue presidente de ese órgano, cuando integraba el extinto partido Líder, en el 2015, hechos por los cuales varios exdiputados y parlamentarios fueron capturados y enfrentan a la justicia por cargos penales.

Huyó del país con rumbo a Nicaragua el 6 de junio del 2016. Dos días después la CSJ le quitó el derecho de inmunidad. El Juzgado Décimo ordenó su aprehensión en territorio nacional y en el extranjero, la cual no se ha hecho efectiva.

Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de canales de televisión nacional, es buscada también por el caso Cooptación, por supuestamente haber financiado de manera ilícita al PP en el 2011.

Expatriotistas

Por los casos de corrupción gubernamental del Partido Patriota (PP) queda pendiente la detención de nueve personas, entre exfuncionarios y allegados a la desaparecida organización política.

Los exministros Alejandro Sinibaldi y Érick Archila son señalados por haber reunido dinero de origen ilícito para comprar vehículos que serían regalados al expresidente Otto Pérez Molina, hoy preso en Mariscal Zavala.

Las investigaciones en su contra refieren que habrían cometido lavado de dinero, se contienen en el caso denominado La Cooperacha, que es una fase de las pesquisas contra una red que se habría apoderado de diversas instituciones públicas para defraudar sus finanzas, conocidas como Cooptación del Estado de Guatemala.

Otro caso es el de TCQ, que refiere la concesión en usufructo un terreno a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal y el soborno de US$30 millones.

Entre los sospechosos con orden de captura están Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal; Ángel Pérez-Maura y Mauricio José Garín, trabajadores de TCQ; William Schwank, el piloto aviador Guillermo Lozano y el empresario Raúl Osoy Penados.

Cooperación

Interpol es una organización de cooperación policial fundada en 1923, que agrupa a 190 países. Los protocolos de acción indican que los miembros colaboran a localizar y detener a sospechosos.

Burlan controles migratorios

El analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que las personas con poder económico o político logran burlar los controles migratorios, derivado de las relaciones que han formado con autoridades.

Agregó que las fronteras terrestres son más porosas que las aéreas o marítimas, y que es una tarea difícil la ubicación de personas en el extranjero.

Trabajo policial en conjunto

Jorge Aguilar, de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, indicó que el trabajo de la Interpol se realiza en coordinación con 190 organizaciones policiales en el mundo, y que la información que se intercambia puede servir para capturar a criminales o buscar personas desaparecidas.

Dijo que muchas veces las personas con orden de captura internacional no aparecen en la página de internet de la entidad, porque es allí donde se determina cuáles datos se publican.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/interpol-tiene-en-lista-a-once-guatemaltecos

LA FIEBRE DEL ORO

Marlin tuvo ingresos por Q32 mil 787.6 millones durante los 11 años de operación, lo que representa casi tres veces el presupuesto aprobado en 2017 para el ministerio de Educación, o siete veces el gasto de Salud.

Para Guatemala, la fiebre del oro en San Marcos representó ingresos por Q705.29 millones, en concepto de regalías impuestas y voluntarias, casi nueve veces el presupuesto anual del Ministerio de Energía y Minas.

A través de la fundación Sierra Madre, la empresa invirtió, según sus propios registros hasta diciembre de 2016, Q426 millones 601 mil 644.25 en desarrollo sostenible para más de una decena de comunidades de los dos municipios donde comparte territorio.

Aunque se tiene planificado el cierre de operaciones de extracción en mayo, los trabajos de recuperación ambiental y el desmantelamiento de toda la infraestructura se extenderá hasta 2020.

 

El incómodo vecino
“Yo nunca ofrecí mi terreno a la empresa minera. Yo aquí nací, aquí vivo y aquí me voy a morir”, dice Gregoria Pérez. “El dinero lo puedo recibir, pero mañana ya no lo puedo tener”.

Con 46 años, Gregoria se empeñó en convivir con Marlin, en la aldea Agel, una de las tres más cercanas al proyecto. Desde su casa de adobe y lámina se ve pasar la maquinaria que trabaja en la extracción de oro y plata, 24 horas 7 días de la semana.

Gregoria,a diferencia de su padre que sí vendió su terreno por Q3 mil la cuerda, se resistió a ceder su tierra. “Cuando quisieron –sus padres— comprar en otro lugar no les alcanzó el dinero, el precio era el doble”, dice.

Gregoria para 2004 era parte de unas 150 familias que vivían en Agel que junto a San José Nueva Esperanza y San José Ixcaniche, estaban sobre una veta de oro en la que se interesó Montana Exploradora.

El área de interés de la empresa canadiense se delimitó en 20 kilómetros. Al igual que los padres de Gregoria, mucha gente vendió sus tierras y se mudaron, otro grupo, además, tocó las puertas de Marlin y consiguió un empleo.

La construcción de la mina Marlin terminó en 2005 y comenzó la extracción de oro a cielo abierto y mina subterránea. Una montaña completa cedió a la maquinaria pesada que hizo un tajo de 800 metros de longitud y 100 metros de profundidad.

Según reportes de la empresa, de 2005 al 2016 se extrajeron 2 millones 229 mil 246 onzas de oro, lo que es igual a 63.2 toneladas, que bien podrían compararse al peso de un avión Boeing 737, cargado con unos 130 pasajeros.

Entre enero y mayo de 2017, cuando se tiene planificado el cierre de operaciones, se proyecta una producción adicional de 40 mil 869 onzas de oro y 1 millón 846 mil 933 onzas de plata.

—La veta de oro y plata fue descubierta en 1998. Una importante fuente mineral entre la convergencia de las placas tectónicas Caribe y del Norte, dos de las tres que atraviesan el país—

Además de la incómoda presencia de maquinaria pesada en un lugar predominantemente rural, el temor de la contaminación ambiental y dilapidación de los pocos recursos naturales corrió como pólvora entre las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

“Se secaron los nacimientos de agua debido a la deforestación”, dice Gregoria. “Aquí había montañas, pero ahora ya no existen”.

Así como Gregoria y su familia, la mayoría de habitantes de San Miguel Ixtahuacán vivían hasta 2004 de la agricultura y durante julio y septiembre bajaban a la costa de San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango a cortar café.

 

Pueblo dividido
Unos vendieron, otros buscaron trabajo y otros se mantuvieron reacios al proyecto. Para Gregoria, 11 años después de la llegada de Marlin, no existen diferencias significativas y se aferra a su convicción, lo que hizo fue lo mejor.

“Las personas que trabajaron para la mina viven igual que nosotros”, dice Gregoria. “Algunos en lugar de estar mejor comenzaron a gastarse el dinero en licor”.

El 12 de enero de 2005 la tensión estaba en ebullición y mientras Montana Exploradora construía la planta, la resistencia se movilizó para evitar que se trasladara desde la capital hacia San Miguel Ixtahuacán un gigantesco cilindro de acero que serviría para pulverizar las rocas. Eran 314 kilómetros de tensión.

La Policía Nacional Civil organizó un convoy con vehículos blindados y un contingente antimotín que necesitó en algunos tramos accionar bombas lacrimógenas y disparos al aire para disuadir a los pobladores que pretendían evitar el paso del cilindro.

 

El precio del desarrollo
En San Miguel Ixtahuacán predominan los terrenos áridos y rocosos, con una incipiente agricultura de subsistencia y la crianza de animales de patio para el consumo.

Las dos vías principales de acceso a Ixtahuacán fueron asfaltadas por Marlin. Antes de 2004 eran carreteras rurales, de terracería.

Aunque el comercio nunca fue bastión de la economía de Ixtahuacán, sus ingresos lo posicionan como la segunda economía más fuerte del departamento, con Q1 mil 157 millones 163 mil 638 de recursos recibidos en la última década.

“Las mineras deberían pagar más” dice Ovidio Domingo, actual diputado al Congreso por San Marcos y alcalde de San Miguel Ixtahuacán entre 2007 y 2015. “Luchamos por eso pero no se logró”.

Registros del Ministerio de Finanzas dan cuenta que el municipio recibió entre 2005 y 2015 Q335.5 millones de regalías mineras, recursos que según Domingo, durante su gestión se invirtieron en proyectos de salud, educación y productividad.

“Todavía estamos investigando cuáles fueron los proyectos que se hicieron con el dinero entregado por la mina”, dice Federico Pérez, actual concejal de San Miguel Ixtahuacán.

Para vecinos como Gregoria, el dinero de la mina significó un fugaz desarrollo del municipio, inversión que caduca junto con el cierre del proyecto.

“La mina construyó un hospital pero ya no tiene medicamentos”, dice Gregoria. “La mina se va pero el problema es nuestro”.

En San Miguel Ixtahuacán el Centro de Atención Permanente (CAP) fue construido por la mina y hasta 2015 los servicios fueron subsidiados por la fundación Sierra Madre, a partir de 2016 el Ministerio de Salud se hizo cargo de los gastos y las especialidades médicas se suspendieron y se limitaron a consultas generales.

René Pérez, gerente de desarrollo sostenible de la fundación Sierra Madre, dice que la mina se va pero se trabaja en proyectos comunitarios que permitan la generación de ingresos para las comunidades, por tiempo indefinido.

Vacas lecheras, cerdos y pollos de engorde, son algunas de las actividades que se están trabajando, según Pérez para beneficio de la población de San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa y Comitancillo.

http://www.prensalibre.com/guatemala/pldatos/Mina-marlin-fiebre-del-oro