Jueza Ana Leticia Peña Liberó A Militar Acusado Del Asesinato Del Profesor Adolfo Ich Chamán

Por: Prensa Comunitaria – Abril 6 2017, Nelton Rivera.

Jueves 6 de abril 2017. Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente del departamento de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala liberó de los cargos esta mañana al Teniente Coronel Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. –CGN- acusado del asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán el 27 de septiembre de 2009.

Maynor Padilla Gonzales fue sindicado por el Ministerio Público -MP- por los delitos de: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chamán.

También son querellantes Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG dentro de este proceso penal 796-2009. Para Angélica Choc, German Chub y las mujeres de la comunidad Lote 8 ha sido sumamente peligroso impulsar este proceso penal y luchar porque se haga justicia, en un contexto de impunidad y violencia, amenazas y atentados.

El profesor Adolfo Ich Chamán es una autoridad comunitaria reconocida por el pueblo maya Q’eqchí en Izabal, como líder comunitario promovió la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos que fueron violentados por el proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Guatemala. Esto motivo la respuesta represiva de la seguridad de la empresa, al frente de esta el militar Maynor Rolando Padilla González, responsable del asesinato del profesor Adolfo Ich y del atentando en contra de los otros comunitarios.

http://www.prensacomunitaria.org/jueza-ana-leticia-pena-libero-a-militar-acusado-del-asesinato-del-profesor-adolfo-ich-chaman/

MP solicita alerta roja internacional para ubicar a diputado Ovalle

por Diario La Hora Mar 18, 2017
POR JOSÉ DEL ÁGUILA

 

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL por sus siglas en inglés) que se active una alerta roja internacional para dar con el paradero del coronel Edgar Ovalle, diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), informó Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Ovalle es requerido por la justicia guatemalteca por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad dentro del caso denominado “Creompaz”.

Según la fiscal Pineda, la Fiscalía se encuentra gestionando la activación de la alerta y se informará cuando la misma haya sido autorizada por la INTERPOL. La alerta roja internacional tiene como finalidad “buscar la detención o detención provisional de personas buscadas con miras a la extradición”.

“Es nuestra obligación activar las alertas nacionales e internacionales en este tipo de casos, son delitos de lesa humanidad y el Estado está obligado, nacional e internacionalmente, a la ubicación del sindicado”, informó Pineda.

Para girar la alerta roja internacional, la INTERPOL requiere al MP guatemalteco un formulario con los datos generales del sindicado, una copia de la orden de aprehensión y una fotografía.

Además, la fiscal informó que ya se remitió la orden de captura a la Policía Nacional Civil (PNC) para que la misma sea subida al sistema de capturas.

DIPUTADO NO REPORTA SALIDA DEL PAÍS

La titular de la Fiscalía de Derechos Humanos informó que, según se corroboró con la Dirección General de Migración, Ovalle no reporta ninguna salida aérea ni terrestre de las fronteras guatemaltecas.

De momento, la Fiscalía considera a Ovalle como un “prófugo de la justicia”, ya que él tiene conocimiento de la denuncia en su contra y aun así no se presenta al juzgado contralor del caso.

Mario Guerra, abogado defensor del parlamentario, aseguró que desconoce la ubicación de su patrocinado y dijo que desde febrero del presente año no se ha comunicado con él.

CSJ LE RETIRA INMUNIDAD

El pasado miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirar la inmunidad a Ovalle al considerar que existen suficientes indicios para que el diputado pueda enfrentar un proceso penal.

El abogado defensor presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad con lo cual se buscaba anular la resolución de la CSJ de retirarle la inmunidad a su cliente, no obstante, el mismo fue rechazado.

Ovalle también solicitó autorización a la Junta Directiva del Congreso para ausentarse de sus actividades parlamentarias durante tres semanas con goce de salario. En su solicitud, el diputado argumenta que su ausencia se deberá a “compromisos privados ineludibles”.

Por qué las autoridades indígenas perdieron (y ganaron) con las reformas

POR / 17 marzo 2017, Nomada

Aunque en primera instancia podría considerarse una derrota para las autoridades ancestrales que renunciaran a incluir el derecho indígena en las reformas constitucionales que promueven el MP y la CICIG, ellos lo ven de otra manera. Esta fue la decisión y las reflexiones que hicieron hace una semana, el 8 de marzo, que fueron opacadas por la tragedia de las niñas.

Las autoridades indígenas dijeron ese miércoles que retiraban su apoyo a la propuesta de reforma al artículo 203 de la Constitución, que reconocía el derecho indígena y su jurisprudencia. Ese artículo era la excusa de los “grupos de poder” para rechazar la totalidad de un paquete de modificaciones legales que pretenden garantizar la justicia pronta e independiente.

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral maya q’anjobal, explicó que la impartición de la justicia indígena continuará en las comunidades para resolver sus conflictos internos y se sentará jurisprudencia apegada a las costumbres de los pueblos originarios, pero sin el reconocimiento constitucional.

Este paso en su lucha no es considerado una derrota porque, según Juárez, las autoridades indígenas terminaron más fortalecidas tras el debate nacional sobre el pluralismo jurídico. Están convencidos de que pueden jugar un papel estratégico en los próximos pulsos por el poder.

En los últimos meses, la incidencia de los grupos indígenas quedó en evidencia con las marchas y campañas a favor del pluralismo jurídico, que obligaron a políticos, activistas y empresarios, principalmente del CACIF­ –el sector privado organizado–, a plantarse con declaraciones en rechazo a la propuesta de las autoridades ancestrales.

El pedido por el reconocimiento del pluralismo jurídico también desató una campaña en su contra a través de las redes sociales y radios, cuyo objetivo era desprestigiar el planteamiento de las autoridades indígenas.

Rigoberto Juárez explica que los “grupos de poder económico” utilizaron diferentes medios para atacar las reformas, pero detrás de sus estrategas de comunicación se evidenció el temor que genera la organización de los pueblos mayas y su poder de incidencia.

Edgar Gutiérrez, director del Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y columnista de elPeriódico, llamó “el despertar de un gigante dormido” al empoderamiento de las autoridades indígenas:

–Esas autoridades comenzaron a mostrar su músculo político con movilizaciones pacíficas y sin acarreos. Fueron interlocutores del poder central y presentaron su propia propuesta de reforma, en la cual, significativamente, no se autonombran. Su mensaje sereno mostró también por qué son autoridades: demandaron respeto a su sistema de costumbres-ley que evoluciona constantemente y es más antiguo que nuestra memoria. Dijeron que querían la inclusión y el reconocimiento, pero a la vez advirtieron que no los utilizaran de pretexto para polarizar y traer abajo el conjunto de reformas a la justicia.

Tomás Saloj, alcalde indígena de Sololá, cree que las estrategias articuladas por diputados, el sector militar y empresarial contra las reformas constitucionales pone en evidencia el peso que tuvo la propuesta de los líderes indígenas organizados, y confirma que la articulación de los pueblos indígenas como actor social continuará en otras batallas.

La socióloga Gladys Tzul escribió un blog para Nómada y, en la misma línea de Edgar Gutiérrez, dice que no todo está perdido, sino que por el contrario, hay cada vez más incidencia en la organización indígena, aunque las reformas al artículo 203 ahora ya no sean viables:

­–Si la ley la discuten los poderes reales, el rumbo que han marcado los hechos que sucedieron en estos días en las calles y en el Congreso, exhiben cómo las Autoridades Indígenas son un poder real en el país. Quienes buscan posponer la discusión de la propuesta de redacción del artículo 203 planteada por las Autoridades Indígenas conocen que la misma busca el bien común y por eso la obstruyen.

Las autoridades indígenas dicen que apoyarán las reformas constitucionales para garantizar la independencia judicial y la impartición de la justicia sin dilación, y continuarán vigilantes de los grupos de poder que hasta ahora han obstaculizado el proceso en el Congreso.

Mientras tanto los diputados siguen atrasando la discusión de las reformas y no se sabe con precisión que obstáculos habrá, aún sin el artículo 203, para que se aprueben los cambios a la Constitución. No obstante, los grupos indígenas dicen que ya ganaron terreno.

Al respecto, Gutiérrez es categórico: “Las autoridades indígenas están ahora allí. Hablaron, vimos sus rostros y sus símbolos de autoridad”.

https://nomada.gt/por-que-las-autoridades-indigenas-perdieron-y-ganaron-con-las-reformas/

¿Dónde está Édgar Ovalle?

por Diario La Hora Mar 18 2017, Sandra Xinico Batz

En una historia como la de Guatemala, que a un militar (veterano) le apoden “puñalito” da escalofríos. Así es conocido Edgar Ovalle Maldonado en su gremio. Coronel, kaibil, empresario, diputado y fundador del partido oficialista (FCN), formado en la Escuela de las Américas (escuela de asesinos), miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quien en campaña se mostró como la mano derecha del actual presidente Jimmy Morales.

Entre 1981 a 1982 fue Oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil (coincidiendo con el entonces encargado de la Base Militar de Nebaj, el expresidente Otto Pérez Molina), época en la que se registran más de 70 masacres en el área. En 1983 fue trasladado a la Zona Militar No. 21 de Cobán, lugar donde se han encontrado 558 osamentas (con señales de tortura) de los cuales 90 pertenecen a infantes y es por este caso (conocido como Creompaz) que Edgar Ovalle ha perdido su inmunidad como diputado del Congreso de la República y tiene una orden de captura.

Días atrás, antes de que se conociera la noticia de que Ovalle perdería la inmunidad, circulaba información de su posible fuga del país. No se ha presentado en semanas al Congreso y al parecer posee un permiso con goce de salario para ausentarse por motivos personales. Su abogado dice no saber de su paradero, pero aun así hace gestiones en su nombre para tratar de evitar las acciones recientes en su contra por su implicación en delitos de lesa humanidad. Todos dicen “no” saber dónde está.

En enero de 2016, días antes de que se dieran a conocer las capturas giradas en contra de militares implicados con las masacres en la Zona Militar No. 21 de Cobán, se difundió la noticia, en un ambiente de sospecha, de la muerte del militar Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, quien murió “repentinamente” cinco días antes de que fuese capturado por su implicación en Caso Creompaz.

No es una casualidad. Es evidente que la información sobre las capturas es conocida por quienes se va a capturar, antes de que esto sea público. Lo cual les ha dado el tiempo suficiente para prepararse, actuar y evadir la justicia. Por esto es importante mantener los vínculos con el poder o estar en el poder, porque implica privilegios como estos, de forma que aparentemente se están llevando acabo los procesos legales respectivos, pero anómalamente se buscan otras formas para que la justicia no se concretice. En este caso, que a pesar de haber logrado que un diputado perdiera su inmunidad y por ende pueda ser juzgado, “desaparezca” semanas antes de que esto sea posible, recibiendo, además, un salario por el trabajo que no realiza en el Congreso, del cual ha estado ausente.

Vaya si no han sido creativos los militares veteranos de este país al momento de tener que enfrentar la ley, la cual siguen evadiendo cobardemente, hasta el punto de fingir o provocar su propia muerte. Allí está Ríos Montt, quien con el poder que aún posee logró quitarse de encima una sentencia por genocidio.

http://lahora.gt/donde-esta-edgar-ovalle/

El día que el Inacif dejó la ciencia por salvar a un diputado

POR JODY GARCÍA, publicada en Nómada,  1 de MARZO 2017

Edgar Ovalle, militar retirado, diputado y fundador del partido FCN del presidente Jimmy Morales, tiene un as bajo la manga para frenar las investigaciones en su contra por masacres y desapariciones durante la guerra. En el proceso para evitar que le quiten la inmunidad como diputado, hizo que el CSI guatemalteco, el Inacif, cuestionara la autoridad técnica de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) para hacer investigaciones científicas. Con eso pone en duda la validez de los trabajos para reconocer el ADN de 535 osamentas humanas encontradas en la base del ejército en Cobán, en donde el ahora diputado Ovalle prestó servicio militar en los años 80.

Una semana antes de la toma de posesión de Jimmy Morales, el 6 de enero de 2016, la Policía y el Ministerio Público hicieron la mayor captura simultánea de militares en Guatemala. 16 señalados de cometer crímenes contra civiles durante el conflicto armado interno fueron puestos tras las rejas. El diputado Ovalle fue el único que no fue detenido en esa ocasión por su inmunidad como diputado y por eso el Ministerio Público (MP) empezó un trámite de antejuicio en su contra. Un año y tres meses después, a días de que la jueza pesquisidora concluya las indagaciones y le recomiende a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle o no la inmunidad, su defensa pide que el caso se cierre apoyándose en un documento firmado por la Secretaria General interina del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Antes de la curul 

Edgar Ovalle fue oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil entre 1981 y 1982, uno de los años más sangrientos de la historia del país, tiempo en el que según un documento desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ocurrieron 77 masacres contra civiles. Para ‘ganar la guerra’ contra 15 mil guerrilleros (según datos de inteligencia militar), el ejército desapareció a 45 mil personas y asesinó a otras 250 mil. La gran mayoría de las víctimas, obviamente, fueron civiles.

En el 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público le solicitó a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) que realizara excavaciones en la base militar 21 en Cobán, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Creompaz), porque las denuncias señalaban que el lugar fue un centro clandestino de detenciones ilegales, violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

FAFG investiga hechos históricos de relacionados con violaciones al derecho a la vida y casos de muerte no esclarecidos; además, conduce peritajes e investigaciones forenses y sociales. Obtuvo la acreditación de la Organización Internacional de Estandarización ISO, ha sido llamada para prestar evidencias científicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió el premio de la Academia de Ciencias de Nueva York en 2008 y en 2012 la medalla del gobernador de Canadá. Su director, Freddy Pecerelli, fue incluido en la lista de la revista Time de 1999 como uno de los 50 latinoamericanos más destacados.

En enero de 2013, la Fundación concluyó las excavaciones y descubrió 73 fosas comunes donde habían 535 osamentas humanas de 90 niños, 443 adultos y 22 restos en los que no se determinó edad o sexo. Por estos hechos, en junio de 2016 los 8 ocho militares fueron enviados a juicio. Edgar Ovalle en cambio, con inmunidad y su pin de diputado, continúa fuera de la prisión y se presentó en tribunales para dar a conocer sus pruebas de descargo en febrero de 2017.

A su declaración y los argumentos de sus abogados, adjuntó las respuestas de un cuestionario que le hizo planteó al Inacif.

Más que la respuesta a una duda

El 15 de noviembre del año pasado, el diputado Ovalle le preguntó al Inacif cuál era el objetivo del convenio de colaboración que firmó con FAFG el 11 de diciembre de 2012.

La secretaria general interina, Gabriela González Cornejo, respondió:

“… el objetivo del mismo es establecer lineamientos generales de cooperación entre el INACIF y la FAFG, manteniendo comunicación a efecto de coordinar acciones tendientes a optimizar la calidad pericial, mediante la complementariedad de conocimientos, experiencias y asesoría mutua en cuanto a nuevas tecnologías, método y estándares internacionales; así como el desarrollo de proyectos de interés común; por lo que no se faculta a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para elaborar informes forenses”.

Es decir, la última frase, en la que sostiene “por lo que no se faculta a la Fundación para elaborar informes forenses” es para Mario Guerra, el abogado del diputado Ovalle, su argumento para demostrar que los informes de exhumaciones realizados por FAFG no tienen valor probatorio y que no pueden ser utilizados usados por el MP para acusar a su cliente. El hallazgo de las osamentas y los estudios que se practicaron por la Fundación a petición del MP, “no tienen validez para el Inacif”, dice el defensor del diputado.

El abogado Guerra dice que si la FAFG no tiene esas facultades, entonces los informes forenses de las 535 osamentas encontradas en la base del ejército no pueden ser parte del caso contra el diputado Ovalle.

Cuando se le pregunta por la validez del convenio entre ambas instituciones, el abogado Guerra interpreta:

– Es solo de traslado de experiencia, capacitación y situaciones de ese tipo, no para que FAFG asuma el papel y facultad del Inacif.

Este documento de colaboración entre el MP y el Inacif se firmó en el 2012 y aunque ya pasaron cinco años, el Inacif le respondió al diputado Ovalle, que desconocen las cualidades técnicas o profesionales de Fredy Peccerelli, Marco David García King y Omar Girón de León, los peritos de FAFG. Y enfatiza que no laboran en el Inacif.

Adelante, en el documento, el Inacif agrega que los análisis de ADN que realizan en sus laboratorios se hacen con equipos especiales, y que como no conocen el instrumental que utiliza FAFG desconocen si sus protocolos se adecuan a los estándares internacionales establecidos por el FBI en sus investigaciones. El equipo de FAFG tiene los más altos estándares internacionales, al extremo de haber sido solicitados sus análisis para la Corte Interamericana.

Roberto Garza, vocero del Inacif, dice que todo es una confusión. Dijo que la respuesta del Inacif fue malinterpretada por los abogados del militar y diputado, ya que “trataban” de decir que FAFG no puede hacer informes en nombre de ellos, aunque la falta de claridad sea considerada por la defensa del diputado como una postura oficial.

– Yo no entiendo cómo le están dando validez a un documento administrativo si al final lo que se hizo fue contestarle a él (Ovalle) las preguntas. En ningún momento ese documento podría afectar el proceso penal, dijo el vocero.

Ante la pregunta de si aclararán su posición, el vocero Garza respondió que lo harán si el Ministerio Público lo requiere.

El Inacif no decide

Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Inacif, la Fundación de Antropología Forense le solicitó al abogado Miguel Ángel Urbina que la analizara, pues dudaban si sus actividades e investigaciones se verían afectadas. La conclusión fue que según la legislación procesal penal, son los jueces y el Ministerio Público los que deciden quienes serán los peritos (los expertos científicos) que recabarán este tipo de evidencias y que el Inacif no tiene el mandato de verificar a los peritos que no trabajen con ellos.

Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo que solicitaron una copia certificada de dicho documento para analizar si la institución y Gabriela González Cornejo, la persona que firmó el informe, incurrieron en algún delito, ya que no les corresponde cuestionar las facultades de FAFG para realizar investigaciones forenses. La fiscal Pineda añadió que analizan el efecto que tendrá en el caso contra el diputado Ovalle.

Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, querellante adhesivo en este caso, ve negligencia del Inacif al responder una pregunta del diputado y subjefe de bancada del FCN. Teme que se entorpezcan las investigaciones del caso de la base militar de Cobán y reconoce que desde años atrás no confía en el Inacif para casos de violaciones a los derechos humanos. Cita como ejemplo el caso por genocidio, donde dudaron de los diagnósticos médico del exdictador Efraín Ríos Montt. Lo diagnosticaron con problemas mentales, pero cuando una jueza lo iba a enviar al hospital Federico Mora, la defensa de Ríos Montt se retractó para que permaneciera en su casa.

Se espera que a finales de marzo de 2017 la jueza pesquisidora Berenice Contreras informe si recomienda o no retirarle la inmunidad al diputado Ovalle. Independientemente de su informe, la palabra final la tendrá el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En más de un año, el Ministerio Público no pudo investigarlo porque la Corte Suprema lo protegió en una primera instancia, porque después hubo un amparo, por un cambio de abogado defensor, porque la jueza que debía indagarlo se fue de vacaciones y porque la Corte de Constitucionalidad retuvo el expediente durante seis meses. Ahora que las pesquisas están en marcha, el diputado Ovalle sigue tranquilo en su curul.

https://nomada.gt/el-dia-que-nuestro-csi-dejo-la-ciencia-por-salvar-a-un-diputado/

Diputado Edgar Ovalle recusa a jueza y frena antejuicio

Por Henry Pocasangre, 17 de enero 2017, Prensa Libre

El oficialista Edgar Ovalle presentó una recusación contra la jueza pesquisidora Benicia Contreras, lo que detiene una vez más su proceso de antejuicio.

El congresista argumentó la recusación en que su abogado defensor tiene enemistad con la jueza Contreras, vocal primero de la Sala Cuarta del Ramo Penal.

El diputado y militar retirado, Edgar Faustino Ovalle Maldonado, fue denunciado por el Ministerio Público (MP), por supuestamente haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La jueza Contreras ya se había excusado de continuar el caso por vínculos o afinidad con militares. Esta situación había suspendido temporalmente el proceso.

El 1 de diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le ordenó a la togada continuar el procedimiento contra Ovalle Maldonado, pero ahora es él quien la recusa.

La Corte le indicó a Contreras que los jueces deben ser imparciales y por esa razón debía seguir el procedimiento.

Ovalle Maldonado también planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad porque la CSJ “obligó” a la jueza a continuar con el caso.

La juzgadora debía seguir las pesquisas para emitir una conclusión en donde indique si es viable o no, retirarle la inmunidad al diputado para comenzar una investigación formal.

Investigación los relaciona

Las investigaciones del MP vinculan a Ovalle Maldonado con 14 militares que ya fueron detenidos, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

Los militares son investigados por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y fungió como uno de los estrategas del partido que llevó al poder a Jimmy Morales.

Según documentos desclasificados por Estados Unidos, Ovalle Maldonado fue oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil, durante septiembre de 1981 a septiembre de 1982.

Durante este año, indican los documentos, ocurrieron 77 masacres en la región, las que contabilizaron más de mil 700 indígenas muertos y hace que se considere el año más sangriento.

Involucrado en caso Las Dos Erres fue detenido en Estados Unidos

Por Sebastian Rotella de Propublica, El Periodico, 12 de enero 2017

José Mardoqueo Ortiz Morales fue arrestado el viernes en su residencia de Hyattsville, Maryland, Estados Unidos, acusado de haber participado en la masacre de la aldea Las Dos Erres, en el municipio de La Libertad, Petén, donde una tropa militar ejecutó a 250 personas entre hombres, mujeres y niños, en diciembre de 1982.

Funcionarios de Inmigración y Aduanas informaron que Ortiz, de 54 años, era un residente permanente legal en Estados Unidos, quien por casi una década había trabajado en una sala de correo en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Ahora enfrentará cargos en la Corte de Inmigración estadounidense y una posible deportación hacia Guatemala, donde sería juzgado por su posible participación en la matanza ocurrida durante la guerra interna en el país, que duró más de tres décadas.

Por ese caso ya fueron condenados cinco veteranos de la fuerza elite del Ejército –Kaibiles– a quienes se les comprobó su participación en la incursión militar en dicha aldea. Otros seis exmilitares son prófugos, quienes lograron evadir la captura.

La historia de un sobreviviente

En 2012, fue narrado el caso de Las Dos Erres y la odisea del sobreviviente Oscar Ramírez Castañada, quien en la actualidad es un inmigrante radicado en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

En 2011 se enteró, gracias a las investigaciones del Ministerio Público en el caso en mención, que el teniente del Ejército que él creyó era su padre, en realidad fue el jefe de la patrulla que masacró a su madre y a sus ocho hermanos ese diciembre de 1982.

Ramírez, quien entonces tenía tres años, fue criado luego de la masacre por la familia del castrense que comandó la incursión violenta en Las Dos Erres.

El militar falleció poco tiempo después en un accidente automovilístico. Cuando ProPublica sacó a luz su historia en 2012, Ramírez ganó asilo político en la nación del norte. Conoció a su verdadero padre, quien radica en Guatemala, y quien habría sobrevivido gracias a que el día de la masacre no se encontraba en la aldea.

Los hechos

El 5 de diciembre de 1982, una patrulla militar, cuyos miembros fueron vestidos con ropa similar a la utilizada por la guerrilla, llegó al lugar en busca de varias armas que días atrás habían sido robadas tras el asalto a un comando militar.

 

Empezaron por sacar a las personas de sus viviendas y separaron a los hombres, y a las mujeres y niños los encerraron en la escuela de la aldea.

Luego de violar a las mujeres ejecutaron a los hombres tras violentos interrogatorios. Testigos de la masacre identificaron a José Mardoqueo Ortiz Morales como uno de los soldados que vendaron los ojos de las víctimas, los interrogaron, los golpearon con un martillo y arrojaron a un pozo en el centro de la comunidad.

De bajo perfil

> Ortiz emigró hacia Estados Unidos después del final de la guerra interna en Guatemala, logró radicarse en Estados Unidos y utilizó su primer nombre José, en lugar de Mardoqueo, con el que fue conocido por los testigos de la masacre.

Ahora se encuentra en un procedimiento destinado a remover su estatus legal de inmigrante, que permita su deportación al país.

http://elperiodico.com.gt/pais/2017/01/12/involucrado-en-caso-las-dos-erres-fue-detenido-en-estados-unidos/

véase también:

https://www.propublica.org/article/federal-agents-arrest-former-guatemalan-soldier-massacring-civilians