Habilitan circuitos de transmisión eléctrica

Por U. Gamarro y C. Paredes, Prensa Libre, 5 de Agosto de 2017

 

Entra en funcionamiento línea de electricidad Proyecto Anillo Pacífico Sur, que recibirá los despachos de energía de ingenios azucareros.
 

“Es una súper carretera de transmisión eléctrica”, afirmó Mauricio Acevedo, gerente general de Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), empresa filial del Grupo Energía de Bogotá, que desarrolla el Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión (PET) de energía en Guatemala.

Con la integración de la APS, los ingenios azucareros que generan energía cuentan con la capacidad de las líneas para hacer los despachos.

Obra

Acevedo explicó que el APS es una infraestructura que soportará la producción de energía del sector azucarero.

La infraestructura consiste en 92 kilómetros de líneas de transmisión, así como cuatro nuevas subestaciones y la ampliación de una, así como dos reconfiguraciones, todas ubicadas en Escuintla.

La APS estará formada por las subestaciones La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón.

“Son obras puestas a disposición de Guatemala fortaleciendo el Sistema Interconectado Nacional y un orgullo poner esta súper carretera por donde se transporte la energía”, afirmó el ejecutivo.

El PET es un proyecto que se hace realidad cada día con el apoyo de las autoridades y las distintas comunidades locales, agregó Acevedo.

Energización

Además de la APS, también se habilitó la energización de línea de transmisión Covadonga-Uspantán, Quiché, por lo que se logra el primer cierre hidráulico.

Esa infraestructura consiste en 43 kilómetros, 99 torres de transmisión y ampliación de dos subestaciones de 230 kilovatios.

La cobertura será para los municipios de Nebaj, Sas Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

“Son obras importantes para la modernización de la transmisión y los esfuerzos para complementar el PET”, señaló Ástrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, propietaria de sus filiales Trecsa y EEBIS.

La ejecutiva, destacó la importancia del capital colombiano, invertido en la infraestructura de transmisión en Guatemala.

Álvarez, además resaltó la importancia de que el Gobierno publicara hace algunos días una guía de consultas comunitarias, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Importancia

Melvin Quijivix, consultor independiente en temas energéticos, destacó la importancia de estas obras de infraestructura.

Subrayó que aunque hay atraso en el PET, los proyectos habilitados ayer mejorarán los sistemas de transmisión.

“Son redes que se necesitaban ponerlas a funcionar, sobre todo para concluir el circuito del sur, por el despacho que hacen los ingenios azucareros”, afirmó.

Afirmó que los ingenios aportan 12% de la producción de energía al sistema cada año.

A la actividad asistió el presidente Jimmy Morales y el ministro de Energía, Luis Chang Navarro.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/habilitan-circuitos-de-transmision-electrica

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Ramón Cadena: Se está criminalizando a defensores de derechos humanos

POR DENIS AGUILAR, La Hora, 10.08.2017

El abogado Ramón Cadena dijo que los defensores de derechos humanos en Guatemala están siendo objeto de criminalización de parte del Estado y de empresas transnacionales, cuando estos se manifiestan en defensa de la tierra y los recursos naturales.

“A los defensores de los derechos humanos se les está criminalizando por su forma de pensar, porque los defensores están defendiendo sus recursos naturales”, dijo Cadena quien agregó que son perseguidos por el Ministerio Público (MP) señalándolos de la comisión de algún delito.

Por ello Cadena, resaltó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a esa problemática, ya que considera que es una voz autorizada para denunciar esos hechos.

El abogado hizo referencia a los casos ocurridos en Huehuetenango en 2016, específicamente a la detención arbitraria de Rigoberto Juárez, líder comunitario de ese departamento.

También mencionó el caso del activista Abelino Chub Caal, quien guardaba prisión preventiva en Izabal, pero que luego fue trasladado al preventivo de la zona 18 en la capital.

¿QUÉ DICE EL MP?

La Hora se comunicó con el Ministerio Público para obtener la postura sobre lo dicho por Cadena. Julia Barrera, portavoz de esa institución, refirió la consulta de este vespertino a la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Hilda Pineda, quien aseguró que en ningún momento se ha criminalizado a los activistas, ya que la fiscalía investiga objetivamente los casos denunciados.

Además, mencionó que las detenciones de las personas mencionas y otros activistas se han realizado en el marco de la ley y que los requerimientos han sido sustentados con pruebas ante un juez competente. Sobre el caso de Chub Caal, Pineda dijo que no tenía información, ya que el caso le corresponde a la Fiscalía Distrital de Izabal.

http://lahora.gt/ramon-cadena-se-esta-criminalizando-defensores-derechos-humanos/

Luis Arreaga confirmado como embajador en Guatemala

POR KIMBERLY LÓPEZ, La Hora, 03.08.2017

Luis Arreaga será oficialmente el nuevo embajador de los Estados Unidos en Guatemala, luego de que el senado estadounidense lo confirmara como representante de ese Gobierno para el país, según la cuenta oficial de American Foreign Service Association.

Arreaga, de raíces guatemaltecas, fue nominado por el presidente Donald Trump para suceder a Todd Robinson cuando deje la misión diplomática en octubre.

El nuevo Embajador nació y se crió en Guatemala, antes de migrar a los Estados Unidos, se lee en una biografía del diplomático disponible en el sitio web del Departamento De Estado.

Según la descripción del Departamento de Estado en 2013 fue nombrado Subsecretario Adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, entidad responsable de los programas relacionados a la lucha contra las drogas y organizaciones delictivas en el hemisferio occidental.

Entre 2010 y 2013 fue embajador de los Estados Unidos en la República de Islandia, así como jefe Adjunto de la Misión de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

También ha sido Cónsul en Vancouver, Canadá, entre otras misiones diplomáticas en países como España, Perú, El Salvador y Honduras.

De forma pública, Arreaga ha manifestado su afinidad y respaldo al trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la lucha contra la corrupción en el país emprendida por esa institución y el Ministerio Público.

http://lahora.gt/luis-arreaga-confirmado-embajador-guatemala/

Líder comunitario Bernardo Caal queda ligado a proceso en Cobán

18 de Julio de 2017, Prensa Libre, Por Eduardo Sam

El dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, de 45 años, se presentó voluntariamente este martes al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, para resolver su situación jurídica, pues es acusado de no presentarse a trabajar como maestro durante 20 meses, en el 2012 y 2013.

Luego de escuchar a los fiscales del Ministerio Público (MP) y abogados defensores, el juez Ricardo Isaías Caal resolvió ligar a proceso al dirigente campesino con arresto domiciliar, fianza de Q25 mil y orden de arraigo.

El juez indicó que el MP tiene tres meses para realizar las investigaciones sobre las acusaciones.

Al percatarse de que Caal se presentaba al juzgado, un grupo de campesinos se conglomeró frente a los tribunales para esperar la resolución.

“Me entregué al sistema de justicia como un buen líder comunitario y del magisterio. Vine a entregar mis argumentos, porque dicen que estafé al Estado y eso no fue así, tengo pruebas”, comentó Caal.

Al detallar que tiene medidas de coerción, arraigo y debe presentarse a firmar el libro de actas en tribunales, Caal, dijo: “Es una persecución política por estar reclamando los derechos de los pueblos indígenas con base en el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucionalidad, pero seguiré en la lucha”.

Bernardo Caal Xol, líder comunitario: “Seguiré dando la cara hasta que el MP agoté las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, que estoy seguro que no fue así”.

El líder comunitario comentó que la denuncia la presentó el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy Reye.

“Consiguió la orden de captura cuando la Corte Suprema de Justicia amparó al pueblo q’eqchi’ y suspendió los proyectos hidroeléctricos que afectan el río Cahabón. Fui desprestigiado con campos pagados de varios millones de quetzales, que pretendieron deslegitimarme y hacerme pedazos ante la población”, expresó.

“Seguiré dando la cara hasta que el MP agote las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, porque estoy seguro que no fue así”, aseguró.

Caal, quien recibirá la revocación de detención en su contra luego de pagar los Q25 mil de fianza, también hizo sindicaciones contra exfuncionarios: “Los oligarcas dicen que soy un estafador, exijo que se entregue el exministro Érick Archila, quien firmó las licencias para las hidroeléctricas y que capturen a Alejandro Sinibaldi, ellos si son grandes ladrones en Guatemala”.

Antecedentes

Caal Xol era maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. La denuncia señala que él no fue a laborar entre enero del 2012 y agosto del 2013.

Pese a su ausencia durante 20 meses y sin presentar excusa, Caal Xol cobró Q104 mil 512.76. El Mineduc lo destituyó en agosto del 2013.

Caal es un dirigente sindical que ha organizado bloqueos en carreteras y manifestaciones en Alta Verapaz contra las hidroeléctricas.

También mantiene un problema con el sindicalista Joviel Acevedo por el control del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

CIDH conoció realidad de comunidades, hogares de protección y cárceles

1 de Agosto de 2017, Prensa Libre, Por Roni Pocón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó verificaciones en hogares de protección del Estado, comunidades rurales y cárceles.

En tercer día de actividades en Guatemala, los comisionados de la CIDH se desplazaron a diferentes departamentos para conocer diferentes denuncias sociales.

En las comunidades

Otra comitiva viajó en helicóptero a Petén para conocer la situación de una comunidad desalojada en Laguna Larga, en un punto fronterizo entre Guatemala y México.

El comisionado de migrantes y refugiados, Álvaro Botero, encabezó la misión que se desplazó a San Andrés Petén, donde permanecen 110 familias quienes permanecieron por más de cinco años en la zona de Laguna Larga, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y quienes fueron desalojados el mes pasado, por habitar en parte de la reserva de la Biosfera Maya.

La CIDH conocerá sus demandas para buscar una solución a sus requerimientos de tierra, puesto que son originarios de Quiché y Alta Verapaz, pero permanecieron por varios años en la zona limítrofe entre Guatemala y México.

Otros comisionados viajaron a Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde sostuvieron reuniones con comunidades, organizaciones de la sociedad civil y autoridades ancestrales.

Al punto de encuentro llegaron decenas de personas para respaldar las peticiones de las comunidades y pidieron las garantías de derechos naturales,  además denunciaron los supuestos daños causados por la industria extractiva.

Los líderes comunitarios denunciaron que la industria agrícola también ha causado daños contaminando el agua.

Las comunidades cuestionaron el supuesto desarrollo que llevan las industrias, una lideresa dijo: “Las comunidades que viven al margen de la hidroeléctrica no tienen servicio de energía eléctrica”.

Las mujeres denunciaron que la violencia, pobreza, discriminación y el racismo son los problemas que más los aquejan, en especial a las mujeres.

Hogares

Esmeralda Troiti, relatora de la niñez, visitó hogares de protección de niños y adolescentes, donde pudo conocer cómo son atendidos estos menores, la CIDH no especificó qué centros visitó.

En cárceles

Los comisionados Sofía Galvano y James Cavallaro realizaron un recorrido por las carceletas en la Torre de Tribunales, donde conversaron con los guardias del Organismo Judicial y del Sistema Penitenciario, además de revisar los libros de registros.

Los comisionados cuestionaron sobre las condiciones de higiene y posteriormente visitaron la cárcel para mujeres Santa Teresa, donde escucharon las quejas de las privadas de libertad, una de ellas dijo: “Podemos estar presas pero no para tanto maltrato, parecemos ganado para dormir”, denunciaron.

También visitaron la centro de cumplimiento de condena conocido como Pavón donde los reclusos se quejaron por no tener acceso a servicios médicos y medicinas.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cidh-conocio-realidad-de-comunidades-hogares-de-proteccion-y-carceles

Allanan oficinas del Registro de Información Catastral

1 de Agosto de 2017, Prensa Libre, Por Roni Pocón

El Ministerio Público allanó las oficinas del Registro de Información Catastral (RIC) como parte de la recolección de evidencias de lo que podría ser un nuevo caso de impunidad.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) coordinó los allanamientos que ejecutaron junto a la Policía Nacional Civil (PNC) en las instalaciones del RIC en la colonia La Aurora, zona 13.

Los operativos se realizaron en la dirección de Recursos Humanos de donde secuestraron evidencias e información para una investigación que realiza la Feci de un posible caso de corrupción.

Julia Barreda, portavoz del Ministerio Público informó que no existían ordenes de captura, y que no podían dar más detalles sobre el caso que investigan.

Otro caso

En junio de 2016, Juan Carlos Monzón Rojas,  exsecretario privado de Roxana Baldetti, declaró que el Registro de Información Catastral era un “nido de plazas” para todos los partidos.

“Sé decirle que allí en el RIC era el nido de plazas para todos los partidos, Líder, UNE y PP, porque yo me di cuenta ya estando de enlace y al contratar personal nuestro que nos informaron de las plazas del RIC”, contó Monzón, como colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.

Monzón habló de que se arreglaban concursos para favorecer a determinado oferente desde la elaboración de las bases, y que de dicha institución salía el dinero para “solventar los gastos” de las empresas que utilizaba con Víctor Hugo Hernández, su contador, para llevar los controles y el “manejo de dinero” de Baldetti.

“Pasamos del 2012 al 2013 con la Licenciada Ayuso allí en el RIC cuando fue la gran noticia que la Licenciada Ayuso le informó al Presidente que yo tenía 60 plazas en el RIC, y salió hasta en las noticias, se hizo un relajo y Roxana se puso furiosa. Yo creo que esa vez me iban a despedir, incluso ese día le dije ‘mire jefa disculpe’”, dijo en esa ocasión Monzón.

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