En busca del hilo en el laberinto del genocidio

Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica

Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.

Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.

En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.

Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.

Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.

Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.

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Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.

Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*

A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.

Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.

Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.

Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.

Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.

Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.

Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.

El hilo más corto

Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.

El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.

“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.

Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.

Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.

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Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.

El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.

El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.

Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.

Las tijeras sin filo

En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.

Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.

Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.


El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.

De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.

Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.

¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.

Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.

Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.

La luz al final del laberinto

Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.

Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.

Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.

El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.

Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.

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Hidroeléctrica Oxec podría recurrir a arbitraje internacional

Más de dos meses han trascurrido sin que se emita sentencia en la CC luego de la vista pública del 22 de febrero.

Por: Lorena Álvarez elPeriódico

El país ha enfrentado tres demandas internacionales enmarcadas en acuerdos comerciales y de protección a las inversiones y estaría cerca de tener que defenderse en un nuevo caso si los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Oxec recurren a un arbitraje en el extranjero.

Ayer José Quezada, asesor jurídico de las hidroeléctricas Oxec I y II, indicó que el retraso para resolver el caso que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ha causado cuantiosos daños económicos a la empresa y a las comunidades.

Consideramos que fuimos suspendidos en forma ilegal e inconstitucional y sin aplicar correctamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó el asesor jurídico del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 22 de febrero se realizó la vista pública y pese a que se establece un plazo de cinco días para que la CC emita una sentencia, se tienen 65 días de retardo, indicó.

De esa cuenta los inversionistas podrían iniciar acciones legales a nivel internacional, señaló al considerar que existe una expropiación en este caso.

Quezada dijo que la demanda se basaría en acuerdos de libre comercio suscritos por Guatemala y que incluiría el monto por daños específicos y lucro cesante. Aunque optó por no revelar el monto de la futura demanda ni especificar el tribunal donde se presentaría.

Valeria Prado, directora de sostenibilidad de Oxec, dijo que además de los daños empresariales, las comunidades han sido afectadas por los recortes en los programas de desarrollo implementados por el proyecto y la pérdida de más de 1,200 puestos de trabajo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que se trata de una actitud lamentable de la CC ante la que Oxec está en el derecho de defenderse. No se descarta que la demanda internacional tenga efectos en la calificación del país porque se erosiona la certeza jurídica para que las empresas puedan operar o realizar inversiones, indicó.

Casos complejos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instancias internacionales a las que podría acudir Oxec, además de otros tribunales establecidos en los acuerdos comerciales.

Ante el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) Guatemala aún debe resolver el caso que enfrenta con la empresa Teco, ya resolvió la denuncia de Iberdrola y de RDC.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no se pronunció al respecto de los planteamientos por la empresa que busca operar en el país.

86 Megavatios alcanzaría la generación de las dos centrales hidroeléctricas.

US$300 Millones de inversión previstos.

Jueza Ana Leticia Peña Liberó A Militar Acusado Del Asesinato Del Profesor Adolfo Ich Chamán

Por: Prensa Comunitaria – Abril 6 2017, Nelton Rivera.

Jueves 6 de abril 2017. Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente del departamento de Izabal, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala liberó de los cargos esta mañana al Teniente Coronel Maynor Ronaldo Padilla González jefe de seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. –CGN- acusado del asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán el 27 de septiembre de 2009.

Maynor Padilla Gonzales fue sindicado por el Ministerio Público -MP- por los delitos de: lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal y Samuel Coc Chub y por el asesinato de Adolfo Ich Chamán.

También son querellantes Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG dentro de este proceso penal 796-2009. Para Angélica Choc, German Chub y las mujeres de la comunidad Lote 8 ha sido sumamente peligroso impulsar este proceso penal y luchar porque se haga justicia, en un contexto de impunidad y violencia, amenazas y atentados.

El profesor Adolfo Ich Chamán es una autoridad comunitaria reconocida por el pueblo maya Q’eqchí en Izabal, como líder comunitario promovió la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos que fueron violentados por el proyecto minero Fénix de la empresa canadiense HudBay Minerals en El Estor, Guatemala. Esto motivo la respuesta represiva de la seguridad de la empresa, al frente de esta el militar Maynor Rolando Padilla González, responsable del asesinato del profesor Adolfo Ich y del atentando en contra de los otros comunitarios.

http://www.prensacomunitaria.org/jueza-ana-leticia-pena-libero-a-militar-acusado-del-asesinato-del-profesor-adolfo-ich-chaman/

MP solicita alerta roja internacional para ubicar a diputado Ovalle

por Diario La Hora Mar 18, 2017
POR JOSÉ DEL ÁGUILA

 

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL por sus siglas en inglés) que se active una alerta roja internacional para dar con el paradero del coronel Edgar Ovalle, diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), informó Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Ovalle es requerido por la justicia guatemalteca por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad dentro del caso denominado “Creompaz”.

Según la fiscal Pineda, la Fiscalía se encuentra gestionando la activación de la alerta y se informará cuando la misma haya sido autorizada por la INTERPOL. La alerta roja internacional tiene como finalidad “buscar la detención o detención provisional de personas buscadas con miras a la extradición”.

“Es nuestra obligación activar las alertas nacionales e internacionales en este tipo de casos, son delitos de lesa humanidad y el Estado está obligado, nacional e internacionalmente, a la ubicación del sindicado”, informó Pineda.

Para girar la alerta roja internacional, la INTERPOL requiere al MP guatemalteco un formulario con los datos generales del sindicado, una copia de la orden de aprehensión y una fotografía.

Además, la fiscal informó que ya se remitió la orden de captura a la Policía Nacional Civil (PNC) para que la misma sea subida al sistema de capturas.

DIPUTADO NO REPORTA SALIDA DEL PAÍS

La titular de la Fiscalía de Derechos Humanos informó que, según se corroboró con la Dirección General de Migración, Ovalle no reporta ninguna salida aérea ni terrestre de las fronteras guatemaltecas.

De momento, la Fiscalía considera a Ovalle como un “prófugo de la justicia”, ya que él tiene conocimiento de la denuncia en su contra y aun así no se presenta al juzgado contralor del caso.

Mario Guerra, abogado defensor del parlamentario, aseguró que desconoce la ubicación de su patrocinado y dijo que desde febrero del presente año no se ha comunicado con él.

CSJ LE RETIRA INMUNIDAD

El pasado miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirar la inmunidad a Ovalle al considerar que existen suficientes indicios para que el diputado pueda enfrentar un proceso penal.

El abogado defensor presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad con lo cual se buscaba anular la resolución de la CSJ de retirarle la inmunidad a su cliente, no obstante, el mismo fue rechazado.

Ovalle también solicitó autorización a la Junta Directiva del Congreso para ausentarse de sus actividades parlamentarias durante tres semanas con goce de salario. En su solicitud, el diputado argumenta que su ausencia se deberá a “compromisos privados ineludibles”.

Por qué las autoridades indígenas perdieron (y ganaron) con las reformas

POR / 17 marzo 2017, Nomada

Aunque en primera instancia podría considerarse una derrota para las autoridades ancestrales que renunciaran a incluir el derecho indígena en las reformas constitucionales que promueven el MP y la CICIG, ellos lo ven de otra manera. Esta fue la decisión y las reflexiones que hicieron hace una semana, el 8 de marzo, que fueron opacadas por la tragedia de las niñas.

Las autoridades indígenas dijeron ese miércoles que retiraban su apoyo a la propuesta de reforma al artículo 203 de la Constitución, que reconocía el derecho indígena y su jurisprudencia. Ese artículo era la excusa de los “grupos de poder” para rechazar la totalidad de un paquete de modificaciones legales que pretenden garantizar la justicia pronta e independiente.

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral maya q’anjobal, explicó que la impartición de la justicia indígena continuará en las comunidades para resolver sus conflictos internos y se sentará jurisprudencia apegada a las costumbres de los pueblos originarios, pero sin el reconocimiento constitucional.

Este paso en su lucha no es considerado una derrota porque, según Juárez, las autoridades indígenas terminaron más fortalecidas tras el debate nacional sobre el pluralismo jurídico. Están convencidos de que pueden jugar un papel estratégico en los próximos pulsos por el poder.

En los últimos meses, la incidencia de los grupos indígenas quedó en evidencia con las marchas y campañas a favor del pluralismo jurídico, que obligaron a políticos, activistas y empresarios, principalmente del CACIF­ –el sector privado organizado–, a plantarse con declaraciones en rechazo a la propuesta de las autoridades ancestrales.

El pedido por el reconocimiento del pluralismo jurídico también desató una campaña en su contra a través de las redes sociales y radios, cuyo objetivo era desprestigiar el planteamiento de las autoridades indígenas.

Rigoberto Juárez explica que los “grupos de poder económico” utilizaron diferentes medios para atacar las reformas, pero detrás de sus estrategas de comunicación se evidenció el temor que genera la organización de los pueblos mayas y su poder de incidencia.

Edgar Gutiérrez, director del Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y columnista de elPeriódico, llamó “el despertar de un gigante dormido” al empoderamiento de las autoridades indígenas:

–Esas autoridades comenzaron a mostrar su músculo político con movilizaciones pacíficas y sin acarreos. Fueron interlocutores del poder central y presentaron su propia propuesta de reforma, en la cual, significativamente, no se autonombran. Su mensaje sereno mostró también por qué son autoridades: demandaron respeto a su sistema de costumbres-ley que evoluciona constantemente y es más antiguo que nuestra memoria. Dijeron que querían la inclusión y el reconocimiento, pero a la vez advirtieron que no los utilizaran de pretexto para polarizar y traer abajo el conjunto de reformas a la justicia.

Tomás Saloj, alcalde indígena de Sololá, cree que las estrategias articuladas por diputados, el sector militar y empresarial contra las reformas constitucionales pone en evidencia el peso que tuvo la propuesta de los líderes indígenas organizados, y confirma que la articulación de los pueblos indígenas como actor social continuará en otras batallas.

La socióloga Gladys Tzul escribió un blog para Nómada y, en la misma línea de Edgar Gutiérrez, dice que no todo está perdido, sino que por el contrario, hay cada vez más incidencia en la organización indígena, aunque las reformas al artículo 203 ahora ya no sean viables:

­–Si la ley la discuten los poderes reales, el rumbo que han marcado los hechos que sucedieron en estos días en las calles y en el Congreso, exhiben cómo las Autoridades Indígenas son un poder real en el país. Quienes buscan posponer la discusión de la propuesta de redacción del artículo 203 planteada por las Autoridades Indígenas conocen que la misma busca el bien común y por eso la obstruyen.

Las autoridades indígenas dicen que apoyarán las reformas constitucionales para garantizar la independencia judicial y la impartición de la justicia sin dilación, y continuarán vigilantes de los grupos de poder que hasta ahora han obstaculizado el proceso en el Congreso.

Mientras tanto los diputados siguen atrasando la discusión de las reformas y no se sabe con precisión que obstáculos habrá, aún sin el artículo 203, para que se aprueben los cambios a la Constitución. No obstante, los grupos indígenas dicen que ya ganaron terreno.

Al respecto, Gutiérrez es categórico: “Las autoridades indígenas están ahora allí. Hablaron, vimos sus rostros y sus símbolos de autoridad”.

https://nomada.gt/por-que-las-autoridades-indigenas-perdieron-y-ganaron-con-las-reformas/

¿Dónde está Édgar Ovalle?

por Diario La Hora Mar 18 2017, Sandra Xinico Batz

En una historia como la de Guatemala, que a un militar (veterano) le apoden “puñalito” da escalofríos. Así es conocido Edgar Ovalle Maldonado en su gremio. Coronel, kaibil, empresario, diputado y fundador del partido oficialista (FCN), formado en la Escuela de las Américas (escuela de asesinos), miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quien en campaña se mostró como la mano derecha del actual presidente Jimmy Morales.

Entre 1981 a 1982 fue Oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil (coincidiendo con el entonces encargado de la Base Militar de Nebaj, el expresidente Otto Pérez Molina), época en la que se registran más de 70 masacres en el área. En 1983 fue trasladado a la Zona Militar No. 21 de Cobán, lugar donde se han encontrado 558 osamentas (con señales de tortura) de los cuales 90 pertenecen a infantes y es por este caso (conocido como Creompaz) que Edgar Ovalle ha perdido su inmunidad como diputado del Congreso de la República y tiene una orden de captura.

Días atrás, antes de que se conociera la noticia de que Ovalle perdería la inmunidad, circulaba información de su posible fuga del país. No se ha presentado en semanas al Congreso y al parecer posee un permiso con goce de salario para ausentarse por motivos personales. Su abogado dice no saber de su paradero, pero aun así hace gestiones en su nombre para tratar de evitar las acciones recientes en su contra por su implicación en delitos de lesa humanidad. Todos dicen “no” saber dónde está.

En enero de 2016, días antes de que se dieran a conocer las capturas giradas en contra de militares implicados con las masacres en la Zona Militar No. 21 de Cobán, se difundió la noticia, en un ambiente de sospecha, de la muerte del militar Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, quien murió “repentinamente” cinco días antes de que fuese capturado por su implicación en Caso Creompaz.

No es una casualidad. Es evidente que la información sobre las capturas es conocida por quienes se va a capturar, antes de que esto sea público. Lo cual les ha dado el tiempo suficiente para prepararse, actuar y evadir la justicia. Por esto es importante mantener los vínculos con el poder o estar en el poder, porque implica privilegios como estos, de forma que aparentemente se están llevando acabo los procesos legales respectivos, pero anómalamente se buscan otras formas para que la justicia no se concretice. En este caso, que a pesar de haber logrado que un diputado perdiera su inmunidad y por ende pueda ser juzgado, “desaparezca” semanas antes de que esto sea posible, recibiendo, además, un salario por el trabajo que no realiza en el Congreso, del cual ha estado ausente.

Vaya si no han sido creativos los militares veteranos de este país al momento de tener que enfrentar la ley, la cual siguen evadiendo cobardemente, hasta el punto de fingir o provocar su propia muerte. Allí está Ríos Montt, quien con el poder que aún posee logró quitarse de encima una sentencia por genocidio.

http://lahora.gt/donde-esta-edgar-ovalle/

El día que el Inacif dejó la ciencia por salvar a un diputado

POR JODY GARCÍA, publicada en Nómada,  1 de MARZO 2017

Edgar Ovalle, militar retirado, diputado y fundador del partido FCN del presidente Jimmy Morales, tiene un as bajo la manga para frenar las investigaciones en su contra por masacres y desapariciones durante la guerra. En el proceso para evitar que le quiten la inmunidad como diputado, hizo que el CSI guatemalteco, el Inacif, cuestionara la autoridad técnica de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) para hacer investigaciones científicas. Con eso pone en duda la validez de los trabajos para reconocer el ADN de 535 osamentas humanas encontradas en la base del ejército en Cobán, en donde el ahora diputado Ovalle prestó servicio militar en los años 80.

Una semana antes de la toma de posesión de Jimmy Morales, el 6 de enero de 2016, la Policía y el Ministerio Público hicieron la mayor captura simultánea de militares en Guatemala. 16 señalados de cometer crímenes contra civiles durante el conflicto armado interno fueron puestos tras las rejas. El diputado Ovalle fue el único que no fue detenido en esa ocasión por su inmunidad como diputado y por eso el Ministerio Público (MP) empezó un trámite de antejuicio en su contra. Un año y tres meses después, a días de que la jueza pesquisidora concluya las indagaciones y le recomiende a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle o no la inmunidad, su defensa pide que el caso se cierre apoyándose en un documento firmado por la Secretaria General interina del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Antes de la curul 

Edgar Ovalle fue oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil entre 1981 y 1982, uno de los años más sangrientos de la historia del país, tiempo en el que según un documento desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ocurrieron 77 masacres contra civiles. Para ‘ganar la guerra’ contra 15 mil guerrilleros (según datos de inteligencia militar), el ejército desapareció a 45 mil personas y asesinó a otras 250 mil. La gran mayoría de las víctimas, obviamente, fueron civiles.

En el 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público le solicitó a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) que realizara excavaciones en la base militar 21 en Cobán, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Creompaz), porque las denuncias señalaban que el lugar fue un centro clandestino de detenciones ilegales, violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

FAFG investiga hechos históricos de relacionados con violaciones al derecho a la vida y casos de muerte no esclarecidos; además, conduce peritajes e investigaciones forenses y sociales. Obtuvo la acreditación de la Organización Internacional de Estandarización ISO, ha sido llamada para prestar evidencias científicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió el premio de la Academia de Ciencias de Nueva York en 2008 y en 2012 la medalla del gobernador de Canadá. Su director, Freddy Pecerelli, fue incluido en la lista de la revista Time de 1999 como uno de los 50 latinoamericanos más destacados.

En enero de 2013, la Fundación concluyó las excavaciones y descubrió 73 fosas comunes donde habían 535 osamentas humanas de 90 niños, 443 adultos y 22 restos en los que no se determinó edad o sexo. Por estos hechos, en junio de 2016 los 8 ocho militares fueron enviados a juicio. Edgar Ovalle en cambio, con inmunidad y su pin de diputado, continúa fuera de la prisión y se presentó en tribunales para dar a conocer sus pruebas de descargo en febrero de 2017.

A su declaración y los argumentos de sus abogados, adjuntó las respuestas de un cuestionario que le hizo planteó al Inacif.

Más que la respuesta a una duda

El 15 de noviembre del año pasado, el diputado Ovalle le preguntó al Inacif cuál era el objetivo del convenio de colaboración que firmó con FAFG el 11 de diciembre de 2012.

La secretaria general interina, Gabriela González Cornejo, respondió:

“… el objetivo del mismo es establecer lineamientos generales de cooperación entre el INACIF y la FAFG, manteniendo comunicación a efecto de coordinar acciones tendientes a optimizar la calidad pericial, mediante la complementariedad de conocimientos, experiencias y asesoría mutua en cuanto a nuevas tecnologías, método y estándares internacionales; así como el desarrollo de proyectos de interés común; por lo que no se faculta a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para elaborar informes forenses”.

Es decir, la última frase, en la que sostiene “por lo que no se faculta a la Fundación para elaborar informes forenses” es para Mario Guerra, el abogado del diputado Ovalle, su argumento para demostrar que los informes de exhumaciones realizados por FAFG no tienen valor probatorio y que no pueden ser utilizados usados por el MP para acusar a su cliente. El hallazgo de las osamentas y los estudios que se practicaron por la Fundación a petición del MP, “no tienen validez para el Inacif”, dice el defensor del diputado.

El abogado Guerra dice que si la FAFG no tiene esas facultades, entonces los informes forenses de las 535 osamentas encontradas en la base del ejército no pueden ser parte del caso contra el diputado Ovalle.

Cuando se le pregunta por la validez del convenio entre ambas instituciones, el abogado Guerra interpreta:

– Es solo de traslado de experiencia, capacitación y situaciones de ese tipo, no para que FAFG asuma el papel y facultad del Inacif.

Este documento de colaboración entre el MP y el Inacif se firmó en el 2012 y aunque ya pasaron cinco años, el Inacif le respondió al diputado Ovalle, que desconocen las cualidades técnicas o profesionales de Fredy Peccerelli, Marco David García King y Omar Girón de León, los peritos de FAFG. Y enfatiza que no laboran en el Inacif.

Adelante, en el documento, el Inacif agrega que los análisis de ADN que realizan en sus laboratorios se hacen con equipos especiales, y que como no conocen el instrumental que utiliza FAFG desconocen si sus protocolos se adecuan a los estándares internacionales establecidos por el FBI en sus investigaciones. El equipo de FAFG tiene los más altos estándares internacionales, al extremo de haber sido solicitados sus análisis para la Corte Interamericana.

Roberto Garza, vocero del Inacif, dice que todo es una confusión. Dijo que la respuesta del Inacif fue malinterpretada por los abogados del militar y diputado, ya que “trataban” de decir que FAFG no puede hacer informes en nombre de ellos, aunque la falta de claridad sea considerada por la defensa del diputado como una postura oficial.

– Yo no entiendo cómo le están dando validez a un documento administrativo si al final lo que se hizo fue contestarle a él (Ovalle) las preguntas. En ningún momento ese documento podría afectar el proceso penal, dijo el vocero.

Ante la pregunta de si aclararán su posición, el vocero Garza respondió que lo harán si el Ministerio Público lo requiere.

El Inacif no decide

Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Inacif, la Fundación de Antropología Forense le solicitó al abogado Miguel Ángel Urbina que la analizara, pues dudaban si sus actividades e investigaciones se verían afectadas. La conclusión fue que según la legislación procesal penal, son los jueces y el Ministerio Público los que deciden quienes serán los peritos (los expertos científicos) que recabarán este tipo de evidencias y que el Inacif no tiene el mandato de verificar a los peritos que no trabajen con ellos.

Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo que solicitaron una copia certificada de dicho documento para analizar si la institución y Gabriela González Cornejo, la persona que firmó el informe, incurrieron en algún delito, ya que no les corresponde cuestionar las facultades de FAFG para realizar investigaciones forenses. La fiscal Pineda añadió que analizan el efecto que tendrá en el caso contra el diputado Ovalle.

Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, querellante adhesivo en este caso, ve negligencia del Inacif al responder una pregunta del diputado y subjefe de bancada del FCN. Teme que se entorpezcan las investigaciones del caso de la base militar de Cobán y reconoce que desde años atrás no confía en el Inacif para casos de violaciones a los derechos humanos. Cita como ejemplo el caso por genocidio, donde dudaron de los diagnósticos médico del exdictador Efraín Ríos Montt. Lo diagnosticaron con problemas mentales, pero cuando una jueza lo iba a enviar al hospital Federico Mora, la defensa de Ríos Montt se retractó para que permaneciera en su casa.

Se espera que a finales de marzo de 2017 la jueza pesquisidora Berenice Contreras informe si recomienda o no retirarle la inmunidad al diputado Ovalle. Independientemente de su informe, la palabra final la tendrá el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En más de un año, el Ministerio Público no pudo investigarlo porque la Corte Suprema lo protegió en una primera instancia, porque después hubo un amparo, por un cambio de abogado defensor, porque la jueza que debía indagarlo se fue de vacaciones y porque la Corte de Constitucionalidad retuvo el expediente durante seis meses. Ahora que las pesquisas están en marcha, el diputado Ovalle sigue tranquilo en su curul.

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