Luis Arreaga confirmado como embajador en Guatemala

POR KIMBERLY LÓPEZ, La Hora, 03.08.2017

Luis Arreaga será oficialmente el nuevo embajador de los Estados Unidos en Guatemala, luego de que el senado estadounidense lo confirmara como representante de ese Gobierno para el país, según la cuenta oficial de American Foreign Service Association.

Arreaga, de raíces guatemaltecas, fue nominado por el presidente Donald Trump para suceder a Todd Robinson cuando deje la misión diplomática en octubre.

El nuevo Embajador nació y se crió en Guatemala, antes de migrar a los Estados Unidos, se lee en una biografía del diplomático disponible en el sitio web del Departamento De Estado.

Según la descripción del Departamento de Estado en 2013 fue nombrado Subsecretario Adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, entidad responsable de los programas relacionados a la lucha contra las drogas y organizaciones delictivas en el hemisferio occidental.

Entre 2010 y 2013 fue embajador de los Estados Unidos en la República de Islandia, así como jefe Adjunto de la Misión de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

También ha sido Cónsul en Vancouver, Canadá, entre otras misiones diplomáticas en países como España, Perú, El Salvador y Honduras.

De forma pública, Arreaga ha manifestado su afinidad y respaldo al trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la lucha contra la corrupción en el país emprendida por esa institución y el Ministerio Público.

http://lahora.gt/luis-arreaga-confirmado-embajador-guatemala/

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Líder comunitario Bernardo Caal queda ligado a proceso en Cobán

18 de Julio de 2017, Prensa Libre, Por Eduardo Sam

El dirigente comunitario Bernardo Caal Xol, de 45 años, se presentó voluntariamente este martes al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, para resolver su situación jurídica, pues es acusado de no presentarse a trabajar como maestro durante 20 meses, en el 2012 y 2013.

Luego de escuchar a los fiscales del Ministerio Público (MP) y abogados defensores, el juez Ricardo Isaías Caal resolvió ligar a proceso al dirigente campesino con arresto domiciliar, fianza de Q25 mil y orden de arraigo.

El juez indicó que el MP tiene tres meses para realizar las investigaciones sobre las acusaciones.

Al percatarse de que Caal se presentaba al juzgado, un grupo de campesinos se conglomeró frente a los tribunales para esperar la resolución.

“Me entregué al sistema de justicia como un buen líder comunitario y del magisterio. Vine a entregar mis argumentos, porque dicen que estafé al Estado y eso no fue así, tengo pruebas”, comentó Caal.

Al detallar que tiene medidas de coerción, arraigo y debe presentarse a firmar el libro de actas en tribunales, Caal, dijo: “Es una persecución política por estar reclamando los derechos de los pueblos indígenas con base en el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucionalidad, pero seguiré en la lucha”.

Bernardo Caal Xol, líder comunitario: “Seguiré dando la cara hasta que el MP agoté las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, que estoy seguro que no fue así”.

El líder comunitario comentó que la denuncia la presentó el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy Reye.

“Consiguió la orden de captura cuando la Corte Suprema de Justicia amparó al pueblo q’eqchi’ y suspendió los proyectos hidroeléctricos que afectan el río Cahabón. Fui desprestigiado con campos pagados de varios millones de quetzales, que pretendieron deslegitimarme y hacerme pedazos ante la población”, expresó.

“Seguiré dando la cara hasta que el MP agote las investigaciones y demuestre que estafé al Estado, porque estoy seguro que no fue así”, aseguró.

Caal, quien recibirá la revocación de detención en su contra luego de pagar los Q25 mil de fianza, también hizo sindicaciones contra exfuncionarios: “Los oligarcas dicen que soy un estafador, exijo que se entregue el exministro Érick Archila, quien firmó las licencias para las hidroeléctricas y que capturen a Alejandro Sinibaldi, ellos si son grandes ladrones en Guatemala”.

Antecedentes

Caal Xol era maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. La denuncia señala que él no fue a laborar entre enero del 2012 y agosto del 2013.

Pese a su ausencia durante 20 meses y sin presentar excusa, Caal Xol cobró Q104 mil 512.76. El Mineduc lo destituyó en agosto del 2013.

Caal es un dirigente sindical que ha organizado bloqueos en carreteras y manifestaciones en Alta Verapaz contra las hidroeléctricas.

También mantiene un problema con el sindicalista Joviel Acevedo por el control del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

CIDH conoció realidad de comunidades, hogares de protección y cárceles

1 de Agosto de 2017, Prensa Libre, Por Roni Pocón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó verificaciones en hogares de protección del Estado, comunidades rurales y cárceles.

En tercer día de actividades en Guatemala, los comisionados de la CIDH se desplazaron a diferentes departamentos para conocer diferentes denuncias sociales.

En las comunidades

Otra comitiva viajó en helicóptero a Petén para conocer la situación de una comunidad desalojada en Laguna Larga, en un punto fronterizo entre Guatemala y México.

El comisionado de migrantes y refugiados, Álvaro Botero, encabezó la misión que se desplazó a San Andrés Petén, donde permanecen 110 familias quienes permanecieron por más de cinco años en la zona de Laguna Larga, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y quienes fueron desalojados el mes pasado, por habitar en parte de la reserva de la Biosfera Maya.

La CIDH conocerá sus demandas para buscar una solución a sus requerimientos de tierra, puesto que son originarios de Quiché y Alta Verapaz, pero permanecieron por varios años en la zona limítrofe entre Guatemala y México.

Otros comisionados viajaron a Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde sostuvieron reuniones con comunidades, organizaciones de la sociedad civil y autoridades ancestrales.

Al punto de encuentro llegaron decenas de personas para respaldar las peticiones de las comunidades y pidieron las garantías de derechos naturales,  además denunciaron los supuestos daños causados por la industria extractiva.

Los líderes comunitarios denunciaron que la industria agrícola también ha causado daños contaminando el agua.

Las comunidades cuestionaron el supuesto desarrollo que llevan las industrias, una lideresa dijo: “Las comunidades que viven al margen de la hidroeléctrica no tienen servicio de energía eléctrica”.

Las mujeres denunciaron que la violencia, pobreza, discriminación y el racismo son los problemas que más los aquejan, en especial a las mujeres.

Hogares

Esmeralda Troiti, relatora de la niñez, visitó hogares de protección de niños y adolescentes, donde pudo conocer cómo son atendidos estos menores, la CIDH no especificó qué centros visitó.

En cárceles

Los comisionados Sofía Galvano y James Cavallaro realizaron un recorrido por las carceletas en la Torre de Tribunales, donde conversaron con los guardias del Organismo Judicial y del Sistema Penitenciario, además de revisar los libros de registros.

Los comisionados cuestionaron sobre las condiciones de higiene y posteriormente visitaron la cárcel para mujeres Santa Teresa, donde escucharon las quejas de las privadas de libertad, una de ellas dijo: “Podemos estar presas pero no para tanto maltrato, parecemos ganado para dormir”, denunciaron.

También visitaron la centro de cumplimiento de condena conocido como Pavón donde los reclusos se quejaron por no tener acceso a servicios médicos y medicinas.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cidh-conocio-realidad-de-comunidades-hogares-de-proteccion-y-carceles

Allanan oficinas del Registro de Información Catastral

1 de Agosto de 2017, Prensa Libre, Por Roni Pocón

El Ministerio Público allanó las oficinas del Registro de Información Catastral (RIC) como parte de la recolección de evidencias de lo que podría ser un nuevo caso de impunidad.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) coordinó los allanamientos que ejecutaron junto a la Policía Nacional Civil (PNC) en las instalaciones del RIC en la colonia La Aurora, zona 13.

Los operativos se realizaron en la dirección de Recursos Humanos de donde secuestraron evidencias e información para una investigación que realiza la Feci de un posible caso de corrupción.

Julia Barreda, portavoz del Ministerio Público informó que no existían ordenes de captura, y que no podían dar más detalles sobre el caso que investigan.

Otro caso

En junio de 2016, Juan Carlos Monzón Rojas,  exsecretario privado de Roxana Baldetti, declaró que el Registro de Información Catastral era un “nido de plazas” para todos los partidos.

“Sé decirle que allí en el RIC era el nido de plazas para todos los partidos, Líder, UNE y PP, porque yo me di cuenta ya estando de enlace y al contratar personal nuestro que nos informaron de las plazas del RIC”, contó Monzón, como colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.

Monzón habló de que se arreglaban concursos para favorecer a determinado oferente desde la elaboración de las bases, y que de dicha institución salía el dinero para “solventar los gastos” de las empresas que utilizaba con Víctor Hugo Hernández, su contador, para llevar los controles y el “manejo de dinero” de Baldetti.

“Pasamos del 2012 al 2013 con la Licenciada Ayuso allí en el RIC cuando fue la gran noticia que la Licenciada Ayuso le informó al Presidente que yo tenía 60 plazas en el RIC, y salió hasta en las noticias, se hizo un relajo y Roxana se puso furiosa. Yo creo que esa vez me iban a despedir, incluso ese día le dije ‘mire jefa disculpe’”, dijo en esa ocasión Monzón.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/allanan-oficinas-del-registro-de-informacion-catastral

Piden rechazar amnistía

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/08/01/piden-rechazar-amnistia/

1 de agosto 2017, el Periódico

Por: rony ríos rrios@elperiodico.com.gt

Familiares de las víctimas del conflicto armado interno, solicitaron ayer a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que rechace el amparo interpuesto por César Mejía, militar retirado y acusado en ese proceso, en el cual solicitó que cesara la persecución penal en su contra, por medio de una amnistía. Este es el tercer recurso que presenta Mejía para solicitar la  amnistía, la cual fue rechazada por la jueza Claudette Domínguez, y por la Sala de Mayor Riesgo.

Según la fiscal del caso, Elena Sut, la solicitud no debería ser aceptada ya que no puede aplicarse una amnistía para los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. La Cámara de Amparos y Antejuicios deberá resolver en los próximos tres días.

El procurador bendecido

26 07 17, Plaza Publica, por Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa

Jordán Rodas Andrade logró la bendición de políticos, empresarios, religiosos, líderes sociales y de la comunidad internacional para ser elegido como nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Esta es la historia de cómo obtuvo la venia de grupos opuestos entre sí para alcanzar su objetivo.

A los cinco minutos de concluida la votación en la que fue electo con 131 votos de los 133 legisladores que participaron en la sesión plenaria del 19 de julio, el abogado quetzalteco Augusto Jordán Rodas Andrade ingresó al Palacio Legislativo de la mano de su esposa Adriana de Rodas y su hija Aroa Valeria de 4 años. Sabía que él sería el elegido como el nuevo Magistrado de Conciencia y quería que estuvieran a su lado durante su juramentación. Desde al menos 24 horas antes de la elección en el Congreso, y después de un intenso proceso de visitas, presentaciones y convencimientos, Rodas había logrado la venia de los grupos, partidos y poderes facticos del país —por otras causas, intereses y luchas enfrentados entre sí— para ser el nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Obtener la bendición de los 15 partidos políticos del Congreso y del bloque independiente para ser electo por unanimidad como el sucesor de Jorge de León Duque no ocurrió de la noche a la mañana ni por la buena voluntad de los diputados. Su elección fue el resultado de una laboriosa estrategia de cabildeo y negociación concebida por su amigo Edgar Gutiérrez Girón, el hábil excanciller de Alfonso Portillo (2000-2004) y destacado analista político, y apoyada por su también amigo, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Esta incluyó, desde su nominación como aspirante, hasta la negociación y convencimiento de actores tan disímiles en el escenario político del país como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el poderoso sector empresarial, la Iglesia Católica, la embajada de los Estados Unidos, los jefes de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), hasta el presidente Jimmy Morales.

Rodas Andrade es un tipo bonachón que a todo mundo cae bien, con poca experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero con una trayectoria política y profesional intachable. Hasta hace un par de meses, antes de iniciar la carrera por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se desempañaba en las tardes como docente de derecho en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la Universidad de San Carlos —de donde se graduó como Abogado y Notario—, y en las mañanas en su bufete privado en Quezaltenango en donde diligenciaba casos de derecho constitucional, contencioso administrativo y civil. “Nada de penal, porque eso no es mi fuerte”, aclara. En 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados de Guatemala, cargo que finalizó el pasado 20 de marzo. En la municipalidad de su natal Quetzaltenango fue elegido sindico segundo (1996-2000) y concejal noveno (2004-2008). En las elecciones de 2007 se presentó como candidato a alcalde, pero fue derrotado por Jorge Barrientos.

Su experiencia en el campo de los derechos humanos se centra en su lucha y la de su familia por buscar justicia en el caso de la desaparición de su hermano Joaquín Rodas Andrade, el 2 de marzo de 1985, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Su experiencia en el campo de los derechos humanos se centra en su lucha y la de su familia por buscar justicia en el caso de la desaparición de su hermano Joaquín Rodas Andrade, el 2 de marzo de 1985, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El nombre de su hermano apareció junto al de 182 más en el Diario Militar, el dosier que documenta el registro de las personas desaparecidas por el Ejército entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Rodas Andrade es uno de los peticionarios en el proceso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por este caso.

“Fue muy duro que en este proceso de elección me recordaran a mi hermano y que algunas personas lo quisieran usar en mí contra o a mí favor”, lamenta.

Al momento de su secuestro, Joaquín Rodas era dirigente de la Asociación de Estudiantes del CUNOC y militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, ala del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). “Esto es algo muy duro que vivimos como familia y sí, deseo que se establezca la verdad sin ánimo de venganza, solo de justicia”, señala. Su nuevo cargo no le impedirá continuar buscando justicia por este caso. Su lucha seguirá, asegura, hasta encontrar los restos de su hermano para darles sepultura. “Sería muy saludable que encararan su responsabilidad aquellos que cometieron excesos. Mi mamá sigue creyendo que él podría estar vivo”, agrega.

Rodas Andrade también fue dirigente estudiantil en el CUNOC, pero no militó en ni ninguna organización revolucionaria. En su familia, explica, hay diversidad de posiciones y pensamientos políticos e ideológicos. Con orgullo habla de sus primos Hugo Rodas Martini, director de Obras de la Municipalidad capitalina y fiel colaborador del alcalde Álvaro Arzú, y de Úrsula Roldán Andrade, académica e investigadora de la Universidad Rafael Landívar.

Fue Edgar Gutiérrez quien lo invitó a evaluar la posibilidad de participar como candidato para Procurador de los Derechos Humanos. Junto a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, organización de la cual Rodas Andrade fue miembro de la Junta Directiva desde 2007 hasta antes de postular su candidatura, lo animaron para que elaborara su expediente y lo entregara a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Rodas guarda distancia respecto al papel desempeñado por Gutiérrez y Marroquín en su carrera por la oficina del PDH. Asegura que “todo el trabajo” lo realizó solo, “sin ayudas”; atribuye a sus habilidades de ajedrecista profesional la estrategia que puso en práctica para lograr la bendición de tirios y troyanos, y repite hasta el cansancio que no ofreció “nada a nadie”, que “no hubo pactos ni acuerdos”, que “no sabía” que, por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos y la CICIG, cada cual por su lado y con sus propios métodos, presionó en el Congreso para sumar votos a su favor. Todo fue, explica, “por mi plan de trabajo”.

Al ser consultado sobre su apoyo a Rodas Andrade, Gutiérrez lo reconoce: “lo animé a trabajar su postulación”, aunque matiza que se trató solo de “un apoyo moral”. “Me parece integro, profesional y sensible de las necesidades de la población más vulnerable, en especial pueblos indígenas, niñez y mujeres” comenta.

Por su parte, Manfredo Marroquín admite que “se le ayudó al hablar bien de él”, además asegura que lo conoce desde hace más de 30 años y cree que es “un tipo limpio, que sabe escuchar y no es radical en nada”. El apoyo de ambos se mantuvo “de bajo perfil” para evitar que diputados que no simpatizan con ellos se negaran a otorgar sus votos.

Los hilos de Todd e Iván

Al menos cinco diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso admiten haber recibido “presiones” o “sugerencias” de nombres de candidatos para que fueran incluidos en la terna que presentaron al pleno para la elección definitiva del nuevo Procurador, por parte de otros diputados que no estaban en la Comisión, la embajada de los Estados Unidos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Joe Relk, hasta hace unas semanas asesor político-económico de la embajada estadounidense, fue delegado por el embajador Todd Robinson para ese fin. Durante los abrazos en las despedidas oficiales previo dejar su cargo, Relk abogó para que fueran incluidos en la terna los abogados Claudia María López David, Nery Rodenas y Rodas Andrade.

“Por supuesto que había presiones; por eso era tan complicado lograr acuerdos. Se interpusieron juicios, se amenazó con buscar a otros candidatos y repetir la terna”, dice en voz baja un integrante de la comisión. “Como hay varios diputados con la cola machucada, con información por la que se les puede presionar si no colaboran, y eso se hizo”, agrega. “Se les recordó algunas cosas para que votaran a favor de los candidatos de la embajada y la CICIG”.

El interés de la embajada estadounidense en esta elección, según diputados de diversos bloques consultados, era asegurarse que el próximo Procurador de los Derechos Humanos sea un personaje afín a la alianza MP-CICIG-Embajada-Sociedad Civil en la lucha contra la corrupción e impunidad y por las reformas a la Constitución, como lo ha sido De León Duque.

Los diputados Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, Sandra Morán de Convergencia, y Raúl Romero de Fuerza, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, aseguran que cumplieron con los requisitos que establece la Ley de Comisiones de Postulaciones y que los tres candidatos incluidos en la terna reunían todas las cualidades académicas y morales para ocupar el cargo.

Varios legisladores también admitieron haber escuchado como “sugerencias” de parte de otros diputados, miembros de la Sociedad Civil y de la CICIG, los nombres de cinco candidatos que “serían bien vistos” por esa comisión para ser incluidos en la terna. “El argumento de la CICIG era que no tenían procesos ni investigaciones”, dice un diputado que integró la comisión postuladora. Entre los cinco se encontraban López David y Rodas Andrade, los dos que junto a Ricardo Efraín Alvarado Ortigoza finalmente fueron elegidos para integrar la terna. “No es bueno pelearse con la CICIG ni con la embajada”, dijo otro legislador que reconoció su temor por perder la visa.

La presión de la Embajada y la CICIG en la comisión postuladora, según diversas fuentes, habría sido tal que incluso los diputados Patricia Sandoval de FCN, Carlos Fión de CREO, Álvaro Arzú Escobar del partido Unionista y Eduardo Zachrisson del PAN, cedieron en sus intentos de incluir en la terna a los abogados Jorge Luis Borrayo Reyes y José Alejandro Córdova, a quienes consideraban más adecuados a sus intereses políticos.

—No sé si tengo la bendición de todas las entidades. Si me ven con beneplácito, en hora buena. Una razón más para no fallarle al pueblo de Guatemala, que es al que me debo —responde el PDH electo.

—¿Cómo logró la bendición de la Embajada de EE.UU. y de la CICIG?

—No sé si tengo la bendición de todas las entidades. Si me ven con beneplácito, en hora buena. Una razón más para no fallarle al pueblo de Guatemala, que es al que me debo —responde el PDH electo.

Asegura que “nunca” ha hablado con el embajador Robinson, y que con Iván Velásquez, jefe de la CICIG, apenas ha coincidido en un par de ocasiones, pero en ninguna hablaron sobre su candidatura.

—Yo desconozco esos extremos —responde sobre el papel que Embajada y CICIG desempeñaron en la elección—. Y si fue así, si en algo ayudó, agradecido con los esfuerzos nacionales e internacionales. Al final fue el soberano Congreso quien tomó la decisión abrumadora. Eso me legitima —sonríe satisfecho.

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Reconoce, eso sí, haberse reunido “para presentarles mi plan de trabajo”, con el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vian; con los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); con líderes de los pueblos indígenas, migrantes, de mujeres y de diversos grupos de la Sociedad Civil. También lo hizo con los diferentes bloques de diputados a los que pidió su voto: “A cambio de nada”, asegura. “Si votaron por mí fue por mi plan de trabajo; por mis propuestas”.

Propuestas que se resumen en fortalecer la presencia de la institución del PDH en el interior del país, coordinar sus acciones con el Congreso —del cual el Procurador es comisionado—, fiscalizar la gestión pública, y dar apoyo a los migrantes.

Aunque asegura que ningún partido o diputado pidió nada a cambio de votarle, algunos legisladores reconocen haberle dado algunos consejos: “No me vayas a resultar comunista, es todo”, le dijo un legislador. “No vayas a meterte en las naguas de Thelma (Aldana)”, la Fiscal General; “Ni a ponerte a las órdenes de los gringos y la CICIG porque nos tienen muy jodidos”, le dijeron otros.

Rodas asegura que durante su gestión, en lo que le corresponda, apoyará el trabajo del Ministerio Público y de la CICIG. También mantendrá la participación de la PDH en el G4, la instancia de coordinación política en la que convergen con la Universidad de San Carlos, y las cúpulas de las iglesias católica y evangélica, así como en la Secretaría Técnica de las reformas constitucionales. Apoyará esta instancia, dice, “porque las reformas al sistema de justicia son importantes”, pero, aclara, “personalmente creo que las reformas a la Constitución deben ser integrales”.

Samy Morales y una reunión incómoda

La estrategia para llegar a la PDH llevó a Jordán Rodas hasta el presidente Jimmy Morales. Por su propia iniciativa, asegura él; por consejo de sus amigos y asesores, dicen otras fuentes. Hablar de cómo ocurrió el encuentro con el mandatario, quiénes fueron los enlaces para realizar el encuentro, quiénes estuvieron presentes en la reunión y qué trataron en ella, incomoda al PDH electo.

Sobre ese encuentro hay al menos dos versiones encontradas. La suya, llena de contradicciones, silencios incómodos y nerviosismo, sostiene que se trató de una reunión informal en la que no discutió nada en particular. “Solo creí necesario que me conociera. Le compartí la visión que yo tengo para la institución”, porque como parte del Estado, “el Presidente es un actor importante”. “Obviamente él me escuchó, que ya es bastante”.

La otra versión, repetida a Plaza Pública por tres fuentes diferentes, sostiene que el enlace para el encuentro fueron el asesor presidencial en temas legislativos y políticos, Giovanni Estrada Zaparolli, y el hermano del mandatario, Sammy Morales, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero en el caso Registro de la Propiedad. “El apoyo del PDH es importante para el Presidente en el caso de su hijo (José Manuel Morales) y su hermano”, explica una fuente que conoció de la reunión. “El FCN aceptó apoyar a Jordán después de la reunión con Jimmy”, asegura la otra fuente. No está claro si Estrada Zaparolli y Sammy Morales solo fueron intermediaron del encuentro o también participaron en él. Rodas Andrade lo niega todo.

—Usted reconoce al Congreso como el Soberano, pero para conseguir el apoyo para su elección se reunió con el presidente Morales. ¿No es eso contradictorio? —se le pregunta.

—El Ejecutivo hace administración pública, y el Procurador de los Derechos Humanos vela porque se cumpla ese mandato —responde nervioso—.

—¿Por qué no buscar ese acercamiento después de la elección, ya como Procurador electo? ¿Por qué ir antes?

—Yo tenía buena vibra que iba a ganar —ríe—. Sino ¿qué sentido tenía también ir hablar con el arzobispo? —concluye con carcajada—.

—Si no se hubiera reunido con el Presidente, no hubiera logrado los votos de una fracción del FCN. Había un retraso en la elección porque no se lograban acuerdos…

—Había retraso, pero no era por parte de FCN. Ellos no fueron los que se demarcaron en el pleno.

—¿No cree que fue contraproducente que Sammy Morales, el hermano del Presidente, participara en la reunión?

—Eeeehhh —su rostro amable y sonriente se transforma en seriedad y nerviosismo; suda, toma el vaso, lo pega a sus labios sin beber, piensa—. Es falso, él no estuvo en la reunión —dice evadiendo la mirada—.

—¿Pero fue a través de Sammy Morales que usted llegó al Presidente? Al menos dos fuentes así lo aseguran…

—Mmmmmmm —de nuevo silencio, nerviosismo—. No —dice como única respuesta—.

—¿Habló con el Presidente de la situación jurídica de su hijo y hermano?

—No, como yo no tengo competencia en ese proceso penal —dice recuperando el aliento—. Yo manifiesto mi intención por velar por el respeto al debido proceso y eso pasa porque yo no me inmiscuya en competencias de otra institución y eso espero que pase conmigo también.

Plaza Pública pidió la versión de la Presidencia sobre la reunión entre Jimmy Morales y Jordán Rodas, pero no obtuvo respuesta.

Cabildeo intenso

Rodas Andrade solicitó dos meses de licencia en la Universidad de San Carlos para dedicarlos a su campaña para la PDH. Y el esfuerzo le rindió frutos. De los 133 diputados que participaron en la sesión, 131 votaron a su favor. Ricardo Alvarado Ortigoza apenas obtuvo 54 y Claudia López 38. “Votamos por Jordán porque tiene una habilidad muy grande para generar puentes. Tiene buena relación con todos los sectores y estamos seguros que haber nacido en Quetzaltenango le da una mirada diferente a la realidad para que los pueblos indígenas y los más vulnerables sean su prioridad”, comentó Carlos Barreda, diputado de la UNE después de que se llevara acabo la elección en el pleno.

El Procurador electo aún no revela el nombre de sus procuradores adjuntos. Le gustaría, dice, que una profesional indígena lo acompañara en el cargo, y niega pactos o compromisos al respecto con ningún partido. “Como abogado estoy consciente que seré un comisionado del Congreso, eso no significa que voy a ser subordinado, pero no puedo olvidar vínculos. (…) Yo les propuse salir de la capital y hacer fiscalizaciones en conjunto. (…) Yo estoy libre de compromisos”, asegura. Se siente libre de presiones, insiste para contratar a recomendados de diputados de cualquiera de las bancadas que votaron por él.

Su período al frente de la oficina del PDH iniciará el próximo 20 de agosto. Hasta ese día, dice, hará públicos los nombres de los integrantes de su equipo. Las “bendiciones” obtenidas para su elección le conceden cuando menos, el beneficio de la duda.

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