Mamá Maquín

Francisca Gómez Grijalva 30 de Septiembre de 2015

Mamá Maquín

una organización comprometida con la justicia y la paz, nunca podrán silenciarla.

En Guatemala hay organizaciones de mujeres que han contribuido y contribuyen en la construcción de un mundo justo, digno y sin violencia racista, sexista y clasista. Pero las fuerzas oscurantistas pretenden intimidarlas a través de perpetuar el terror, el miedo y la represión. El ejemplo reciente es el allanamiento y saqueo de las oficinas de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín ubicadas en la comunidad Nueva Libertad, municipio Fray Bartolomé, Alta Verapaz.

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Entrega de víveres origina disturbios

Cuatro personas resultaron lesionadas ayer, entre ellas un camarógrafo de un canal de televisión por cable local, durante un enfrentamiento en la aldea Pulay, Nebaj, Quiché, entre simpatizantes de dos candidatos a la Alcaldía, por descontento porque uno de ellos entregaba bolsas con víveres.

 

Sebastián Cobo de León, camarógrafo del Canal 8 de televisión ixil, afirmó que fue agredido con piedras en el cráneo y el tórax por supuestos seguidores patriotistas, quienes se oponían a que filmara los disturbios.

El alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, del partido Todos, denunció que el candidato del Partido Patriota, Virgilio Bernal Guzmán, incumplió el pacto que firmaron para evitar enfrentamientos entres sus seguidores, puesto que entrega víveres a pobladores, supuestamente con fondos del Gobierno.

Agregó que él cumple el pacto, pues no promociona obras municipales en su campaña, y que está seguro de que los alimentos entregados por Bernal son financiados por el Gobierno.

Según el jefe edil, el enfrentamiento entre pobladores ocurrió cuando se descubrieron unos 10 camiones cargados con víveres que se distribuyen en aldeas de ese municipio.

“Pido a las instituciones de Estado que visitaron Nebaj buscando la firma del pacto de no agresión que verifiquen lo que estoy denunciando”, dijo Raymundo.

Bernal aseguró que la ayuda que entrega fue adquirida con sus ahorros, producto de su labor profesional como abogado.

Agregó que él es respetuoso de la ley y que las bolsas de alimentos que reparte entre la población es ayuda para familias necesitadas.

POR ÓSCAR FIGUEROA / Quiché

ONU denuncia impunidad

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció ayer la impunidad que, aseguró, afronta Guatemala al no investigar y condenar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que sufrió el país y no resolver casos de desaparición de miles de personas.

En su informe, de 11 páginas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que también siente “preocupación” por las amenazas y ataques contra defensores de los derechos de los indígenas y de activistas laborales y del medioambiente.

“El Comité nota con preocupación la información que da cuenta de que, entre enero y octubre del 2012, se habrían registrado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos”, consigna el documento.

El reporte también menciona el proceso judicial por genocidio contra el general retirado y expresidente guatemalteco Efraín Ríos Montt.

La Corte de Constitucionalidad del país anuló recientemente la condena de 80 años de cárcel para el militar retirado.

La ONU criticó en este tema el hecho de que, durante el proceso contra Ríos Montt, autoridades de alto nivel expresaran que no hubo genocidio.

http://www.prensalibre.com/noticias/ONU-denuncia-impunidad_0_929907031.html

Fuera de los juzgados, operadores de justicia no llevan una vida ordinaria

POR PAOLINA ALBANI 

Estar del lado de la ley como operador de justicia podría parecer favorable si se piensa que el sistema brinda seguridad en todo momento, pero ¿Qué pasa cuando este derecho no se garantiza a los jueces y magistrados? Juristas que trabajan en el Organismo Judicial accedieron a hablar sobre su situación fuera de los juzgados, cuando las luces se apagan y cambian su rol social por el familiar.


Los muros de los juzgados y del Palacio de Justicia resguardan diariamente a cientos de operadores que mantienen en pie el sistema judicial de Guatemala, pero al terminar las labores diarias se enfrentan a la violencia e inseguridad a la que están expuestos la mayoría de los guatemaltecos, con el agravante de encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad por la labor que realizan.

Óscar Sagastume, titular del Juzgado Tercero de Sentencia Penal, dice que trata de mantener los pies en la tierra al separar el trabajo de la vida personal, sin olvidar que dentro del Organismo Judicial es un juez constitucional y ese cargo implica muchas responsabilidades en todo momento.

El juzgador asegura que al salir de la corte se enfrenta a una realidad de violencia bastante cruel, ya que aun siendo funcionario público no está exento de sufrir los embates de la inseguridad.

En su papel de juez, Sagastume se toma un tiempo para explicarle a las personas que los jueces no viven dentro del juzgado o permanecen encerrados dentro de la esfera del Organismo Judicial, y al salir de su oficina cada tarde se convierten en un ciudadano más.

PRECAUCIONES

Según el Juez Tercero, nunca ha tenido necesidad de contratar seguridad para él o su familia, pues afirma que mantener un bajo perfil es suficiente para conservar su seguridad y bienestar. Aun así, dice que no está de sobra tomar precauciones adicionales para evitar complicaciones cuando se conduce por las calles.

Las precauciones son mucho más precisas al llegar a su casa, aunque sea vea obligado a priorizar la seguridad de su familia sobre su comodidad.  Estar siempre atento es parte de su rutina, señala.

Al preguntarle acerca de amenazas recibidas, aceptó ser víctima de algunas pocas, que con el tiempo se demostró que no eran serias, sino más bien producto del descontento de las resoluciones del juzgado para el que trabaja.  “No he recibido amenazas directas ni advertencias de materializarlas. He tratado de vivir una vida normal, con las precauciones normales”, dijo.

En el caso de Sagastume nunca ha interpuesto una denuncia en el Ministerio Público y esto se debe a que cree firmemente que hacer publicidad a una situación puede atraer demasiada atención y posicionarlo en un estado de vulnerabilidad.
“Se despiertan inquietudes en personas que pudieran tener algún interés en atentar en contra de mí o mi familia cuando se publica la posición como funcionario judicial”, indicó.

VIDA FAMILIAR

Con la situación de violencia que impera en el país las familias de los jueces y magistrados viven preocupadas, aunque los operadores de justicia intentan transmitir tranquilidad a sus seres queridos, así lo dijo el Juez Tercero, quien acostumbra conversar con su familia sobre su situación laboral.

“Como integrante de una familia tengo que ir al mercado, pasar a la gasolinera, colegio, reuniones sociales”, dijo.  “A veces uno siente que lo miran a uno y lo individualizan y dicen: Es el juez que lleva tal caso. Y lo estandarizan a uno como un funcionario público”, agregó.

En su caso, para nada se trata de utilizar vehículos blindados y guardaespaldas, punto que aclaró pues sabe que las personas tienden a pensar que por ser funcionario público se gana mucho dinero, pero asegura que no es así.

“Ser juez no es solo un cargo, es una responsabilidad”, asegura Sagastume, pues se asume un reto, una función. Es ahí donde siente que deja de ser un ciudadano común, pues al entrar a la corte debe tomar decisiones que permitan la buena administración de la justicia.

Miguel Gálvez, juez de Mayor Riesgo, coincide con el Juez Tercero acerca del cambio de vida que obligatoriamente ocurre al convertirse en administrador de justicia, pues desde hace 15 años que trabaja en el OJ y su estilo de vida se ha tornado más aislado.

Por su parte la jueza Elia Berdúo Samayoa, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo de Familia, con 31 años de experiencia, dice que su trabajo ha forjado en ella una disciplina que consiste en saber llevar el cargo a todo lugar sin perder de vista los roles que se juegan en cada uno.

“En la casa, es diferente. Allá yo soy madre, no llego como jueza”, explicó.
Aun así, considera que los jueces de familia también enfrentan situaciones de vulnerabilidad porque tratan con los sentimientos de las personas y la idea malentendida de que se está siempre del lado de alguien.

Berdúo también ha sufrido de intimidaciones por teléfono en más de una ocasión. Fue entonces cuando la jueza de familia decidió protegerse y pedir seguridad.

PASIÓN Y DESVELO

Berdúo asevera que trabaja en el Organismo Judicial por vocación, porque le gusta. “Me gusta ser jueza”, dijo.

“No lo veo como una forma de ganarme la vida sino de realizarme de manera personal y profesional”, afirma la profesional. Igualmente asegura que su gran satisfacción está en el rostro de las personas que complacidas llegaron a un acuerdo. A pesar de ello la jueza confesó con pesar que tanta carga laboral menoscaba su salud.

“Inevitablemente en alguna ocasión se queda mal con A o con B”, dijo Luis Fernández Molina, quien fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante 5 años.

De su experiencia como funcionario, Fernández dijo que hay intereses fuertes, que de interponerse, conllevan gran un riesgo y así surgen las amenazas por teléfono, notas o insinuaciones para tratar conseguir “el favor” de los magistrados y jueces.
El exmagistrado cuenta que en ocasiones le pedían favores que se entendía que eran parte de una manipulación. “Si resuelves en tal sentido te quedaremos agradecido…”, cuenta que leían los mensajes, pero aun así mantuvo la convicción de que es necesario resolver conforme a derecho.

De acuerdo a Iduvina Hernández, de Seguridad de Democracia, los riesgos a los que están expuestos los funcionarios son principalmente intimidación, intentos de soborno e intentos de  desprestigio y daños a la integridad física.

“Las características de los grupos que operan con impunidad en Guatemala son los causantes de los altos niveles de riesgo a los que los operadores  de justicia se ven enfrentados”, adujó Hernández.

¿FALTA DE PRESUPUESTO?

Un tema que va de la mano de estos riesgos es la capacidad del Organismo Judicial para responder ante los funcionarios en caso de amenazas. Para ello está la Dirección de Seguridad del OJ, creada mediante el decreto 44-2012.

José Quezada, encargado de la Dirección, dijo que para proveer seguridad a los trabajadores del organismo deben realizar un análisis sobre el entorno del funcionario, que da como resultado su nivel de riesgo.

El formato base consiste en un análisis de las vulnerabilidades de esa persona, que son internas y las amenazas que podría sufrir, de índole externa.

Al preguntarle qué jueces y magistrados son más propensos a sufrir amenazas y ataques, dijo que ello depende de los casos que conozcan, del cargo que ostenten y de la región en la que trabajen y aclaró que todos tienen probabilidades de sufrir de alguna amenaza o ataque.

Las probabilidades aumentan si se conocen casos de crimen organizado o temas de impunidad, opinó Hernández. Por su lado, Berdúo en este tema asegura que los jueces penales son los más vulnerables.

Lo que prosigue luego de que el análisis arroje índices de riesgo es asignar al funcionario recursos para su seguridad. Quezada dice que la dirección, que es relativamente nueva, cuenta con vehículos, agentes  capacitados y el equipo necesario, como el armamento, comunicación y otras herramientas para proteger a los funcionarios de justicia.

Asimismo se apoyan en el Ministerio de Gobernación para complementar la seguridad, contando con el apoyo y resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil de las Unidades Especiales.

Sobre la insuficiente asignación presupuestaria otorgada por el Congreso para la inversión de insumos de seguridad, algunos jueces confirmaron que el OJ no cuenta con los fondos suficientes para protegerlos, pero  Quezada dijo que se le proporciona seguridad sin límite a los funcionarios, a algunos sólo se les da guardaespaldas, a otros carro y seguridad, y solo se les retira hasta que se aseguren que el peligro ha pasado.

REPORTES EN CIFRAS
Del año 2012 se tienen registradas 643 intimidaciones, 11 asesinatos y cinco secuestros cometidos en contra de jueces y magistrados del Organismo Judicial desde hace diez años, según Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.
Estas estadísticas dieron pie a que varios funcionarios firmaran para pedir un bono al Congreso, el bono  de riesgo, el cual consta de 5 mil quetzales que se invertirían en el pago de los gastos en seguridad. A la fecha el bono aún no ha sido aprobado y muchos jueces y magistrados no cuentan con seguridad.
En todo el país trabajan 420  jueces de primera instancia, del ramo civil, penal, laboral, económico coactivo y contencioso administrativo; además 449 juzgadores de paz. Sumado a ello existen 105 magistrados entre presidentes, vocales y auxiliares de salas a los cuales se les paga cinco bonos extras al salario mensual.
Al hablar con los entrevistados, un grupo dijo no tener seguridad por parte del OJ, aludiendo a los bajos salarios que reciben en la institución y otros tantos aceptaron tener vehículo y seguridad del mismo, por lo que esta información queda en contradicción.
ASISTENCIA AYUDA DE PNUD
Al preguntar a Miguel Ángel Gálvez acerca de la intervención de la PNUD para el desarrollo de un plan profundo dirigido a la seguridad de los jueces y magistrados este dijo que al final no se había concretado nada, que el plan estaba, pero que no se había llevado a cabo.
Sobre el tema, Hernández afirma que es preocupante que un organismo de estado tenga que depender de Cooperación Internacional para proveer de seguridad a sus funcionarios. “Si la firma de un convenio es la única garantía en que los funcionarios se puedan defender eso habla del estado de indefensión en que se encuentran los operadores de justicia y la incapacidad del estado en la repartición del presupuesto, que le toca al Congreso hacer”.
“Las características de los grupos que operan con impunidad en Guatemala son los causantes de los altos niveles de riesgo a los que los operadores  de justicia se ven enfrentados”. Iduvina Hernández Analista
“Se despiertan inquietudes en personas que pudieran tener algún interés en atentar en contra de mi o mi familia cuando se publica la posición como funcionario judicial”. Óscar Sagastume Juzgado Tercero de Sentencia Penal
El cambio de vida obligatoriamente ocurre al convertirse en administrador de justicia, pues desde hace quince años que trabaja en el OJ y su estilo de vida se ha tornado más aislado. Miguel Gálvez Juzgado Primero de Mayor Riesgo

 

http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/176868-fuera-de-los-juzgados-operadores-de-justicia-no-llevan-una-vida-ordinaria

Parlamento Xinca ya había recibido amenazas

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, dijo que los miembros del Parlamento Xinca ya habían sido amenazados en ocasiones previas en el municipio de Santa María Xalapán, departamento de Jalapa.

Además, Pascual lamentó que las autoridades hubieran hecho caso omiso a las quejas de los comunitarios hasta que sucedió el secuestro de 4 personas, una de ellas resultó muerta. Según el dirigente campesino, el motivo de estas amenazas igual que el del secuestro fue la conflictividad agraria que se tiene en el área entre la comunidad ixil y terratenientes.

Esta tesis fue apoyada por Aparicio Pérez, miembro del Parlamento Ixil, quien indicó que las autoridades a pesar de haber establecido una mesa de diálogo para resolver temas agrarios no toman en consideración las palabras de los líderes comunitarios.

Pérez, quien viajó a Guatemala para representar al parlamento en una conferencia de prensa, señaló que las autoridades del Ministerio Público deben hacer la investigación que entregue a los responsables de los hechos sucedidos.

Mientras tanto, el difunto Exaltación Marcos Úcelo estaba siendo enterrado en la comunidad de la Laguna del Pino del citado municipio, acompañado de la comunidad que realizó previamente las honras fúnebres tradicionales del pueblo ixil a las once de la mañana.

Pascual señaló que hace dos días se levantó un acta para brindar seguridad a las familias de los agredidos y realizar las investigaciones pertinentes al caso. Firmaron: Mynor Melgar, secretario general del Ministerio Público; Walter Vásquez, subdirector de Investigaciones Criminales de la Policía; Edy Byron Juárez Prera, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación; y Monseñor Álvaro Ramazzini.

Por Juan Luis García

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/175205-parlamento-xinca-ya-habia-recibido-amenazas

En foro denuncian violación a derechos

Expertos participaron el fin de semana último en un foro efectuado en la cabecera de Huehuetenango, en el cual analizaron el impacto de los proyectos que empresas transnacionales impulsan en ese y otros departamentos del país.

POR MIKE CASTILLO
Huehuetenango

Según los exponentes, el enriquecimiento de las transnacionales generado por la explotación de los recursos naturales ha causado una serie de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas.

El analista de empresas transnacionales Andrés Cavanas dijo que después de haber entrevistado a distintos actores de la sociedad determinó que se ha violentado el derecho de las poblaciones al construir hidroeléctricas sin importar el rechazo de estas a través de las consultas comunitarias.

Señaló que para intimidar a los pobladores se han empleado mecanismos de amenazas violentas y provocación, valiéndose de actores políticos

“Hemos tenido denuncias de vecinos que han recibido llamadas a su teléfono celular donde los amenazan, y también de forma directa, pues agentes de seguridad han disparado al aire, hay una obstaculización a los derechos de las personas y solo predominan los intereses económicos de las empresas”, enfatizó Cavanas.

Juan Zubizarreta, expositor del encuentro, afirmó: “Son mucho más los daños que generan que los beneficios, y ahí hay complicidad entre empresas y Gobierno”.

Expresó que estas compañías actúan con total libertad porque el Estado no ejerce control jurídico eficaz que beneficie a los pobladores.

http://www.prensalibre.com/huehuetenango/foro-denuncian-violacion-derechos_0_814718565.html

Denuncian amenazas

Pobladores de San Juan Sacatepéquez denunciaron supuestos abusos y amenazas de parte de elementos del Ejército y agentes de la Policía. Los inconformes indicaron que desde que se abrió el destacamento militar en aquel lugar, al menos 40 personas han sufrido vejámenes por las fuerzas de seguridad. También piden que se investigue el caso.

elPeriodico