Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene audiencia con el presidente Jimmy Morales

31 julio 2017, El Periodico, Por Tulio Juárez

Programa de la CIDH incluye citas a altos niveles como las cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia, Fiscalía General, el PDH, activistas sociales y reos entre otros sectores, con la finalidad de examinar la situación de los principios fundamentales.

Encabezada por Francisco Eguiguren y las vicepresidentas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena de Troitiño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado esta mañana su visita de inspección a Guatemala. La segunda cita de la agenda de una semana ha sido con el presidente Jimmy Morales Cabrera en su despacho del Palacio Nacional de la Cultura.

La primera actividad de los comisionados regionales fue ayer mismo poco después de su arribo al país con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge Eduardo De León Duque, quien hoy temprano ha indicado en Emisoras Unidas que pasaron revista a la situación durante una hora. “La CIDH quiere ahondar en la problemática de la prisión preventiva y el hacinamiento en las cárceles”, citó.

El programa de contactos de los visitantes incluye, además, sostener encuentros con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, los magistrados de las cortes de Constitucionalidad (CC) y Suprema de Justicia (CSJ), integrantes de grupos sociales, defensores de los principios fundamentales, así como privados de libertad, entre otros sectores.

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/07/31/comision-interamericana-de-derechos-humanos-sostiene-audiencia-con-el-presidente-jimmy-morales/

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Derechos humanos aún son vulnerables en el país

31 de Julio de 2017, Prensa Libre, Por Urias Gamarro

Guatemala está en los ojos de la CIDH esta semana, por el caso Hogar Seguro y la situación de los derechos humanos.

 

Vargas Silva afirmó que vienen a Guatemala a hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos; sin embargo, hizo énfasis en la situación de la niñez y juventud, sobre todo por el incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde, el 8 de marzo último, murieron 41 menores y otras 15 resultaron con quemaduras.

La misión de la CIDH efectuará un despliegue en campo con siete comisionados y el viernes presentará sus recomendaciones.

¿Cuál es el propósito de la relatoría que empieza hoy?

La visita obedece a una invitación de Estado que nos hizo el Gobierno en el 2016.

Antes de que terminara este año la idea era venir a Guatemala para tratar de examinar la situación de derechos humanos.

¿Qué temas abordarán?

La protección de los derechos humanos, como económicos, sociales, culturales y ambientales.

Perfil

• Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Libre de Colombia.

• Fue elegido Comisionado el 10 de mayo del 2017 por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

• Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia.

Los avances y retos en la administración de justicia, la situación de los defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Los temas de desplazamientos forzados y situación de los migrantes. Además, la inseguridad ciudadana y violencia; la discapacidad, mujeres y personas de los colectivos LGBT, situación de las personas indígenas y afrodescendientes.

Este último tema es muy importante, porque tiene ver con memoria, libertad y justicia.

¿Cuáles son las expectativas?

Hay trabajo de campo y visitas que tienen que ver los temas mencionados. El viernes tendremos el panorama de la situación de derechos humanos.

¿Por qué esta nutrida misión?

Guatemala ha sido un país con conflicto interno y hay que examinar temas posconflicto, por lo que es objeto de esta clase de visitas de la CIDH, que denota el interés del sistema de mantener los ojos puestos en el país.

Muy cercano ahora va a ser Colombia, por ser un país que tuvo conflicto interno por más de 52 años y entrará en posconflicto por haberse logrado la firma de la paz.

¿Cómo ve la CIDH a Guatemala?

Esa respuesta la podemos decir después de que terminemos la visita in loco.

Hasta ahora solo hay expectativas, pero para el viernes ya tendremos la visión general de todos los temas que desarrollarán los siete comisionados y sus equipos de trabajo.

¿Cuál es la observación de la CIDH por los acontecimientos del Hogar Seguro?

El Hogar Seguro que fue tan inseguro. Realmente esa es otra advertencia que tendrá que hacer la CIDH, de que exista no solamente la verdad, justicia y reparación digna, sino sobre todo, la no repetición.

Tendremos que expresarlo y sobre esto existe una comisión específica por una comisionada que está a cargo —Esmeralda Arosemena de Troitiño— que va a trabajar visitando el lugar del incendio, donde lamentablemente ocurrieron los trágicos acontecimientos.

“La corrupción lo primero que afecta es a los grupos vulnerables y a las personas en pobreza”.

Luis Ernesto Vargas Silva, relator para Guatemala

¿Qué resultado se espera?

Emitir recomendaciones para procurar que esto —incendio— nunca vuelva a ocurrir.

Este es un caso, como muchos preocupantes de la CIDH, donde se realizará una visita in loco y se entregarán resultados el viernes.

Es una garantía de lo que la sociedad civil reclama a través de las solicitudes que se le hacen a la Comisión, por lo que se tendrá respuesta lo antes posible.

¿Hay condiciones para que el país pueda salir de la lista negra?

Esto lo sabremos luego de finalizar la relatoría, lo que observamos en el campo y los análisis del diagnóstico de lo que está ocurriendo. Además del pronóstico y los retos a futuro, y si hay o no recomendaciones de cómo queda con el capítulo cuarto.

¿Qué temas abordó con el comisionado Velásquez?

La perspectiva de un diagnóstico general de lo que él ha observado. Hicimos intercambio de información y realizamos un reconocimiento sobre el espectacular trabajo que ha desarrollado en el combate a la corrupción.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/derechos-humanos-aun-son-vulnerables-en-el-pais

CIDH recuerda vicios en elección de Cortes en 2014

por Diario La Hora mar 14, 2016

En la presentación del informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que en el proceso de selección y nombramiento de magistrados para la Corte Suprema de Justicia en 2014, “existieron afectaciones a la independencia judicial, por la presunta falta de idoneidad durante los procesos de selección y nombramiento”.

Según el informe, existe una preocupación sobre el riesgo de que se hayan elegido a los magistrados por medio de listas consensuadas, a través de cuotas políticas, entre los bloques, sin que se hubiera realizado una discusión formal sobre los méritos de cada uno.

En el informe mencionado, la CIDH resaltó la necesidad de agudizar los esfuerzos para mejorar la condición de los pueblos indígenas en el país y esquivar las prácticas exclusivas.

CONSULTAS COMUNITARIAS

El presidente Jimmy Morales, en su discurso, informó que se implementarán las consultas comunitarias a nivel nacional, en vías de fortalecer el derecho de los pueblos indígenas sobre sus recursos y territorio.

“Para aquellas comunidades que se han acercado a pedir justicia, quiero decirles que he girado instrucción para que procedan a implementar las consultas comunitarias que la Corte de Constitucionalidad solicitó que se realizaran”, aseguró el presidente.

La CIDH resaltó a las autoridades, la necesidad de considerar las consultas comunitarias “como expresión de los pueblos y comunidades indígenas del ejercicio de sus derechos”.

En esta línea, la nueva medida del presidente respondió a la sugerencia realizada dentro del informe, de “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales”.

Según la Comisión, estas consultas deben realizarse de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, cuando se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras y territorios, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio.

La CIDH también pidió al presidente que hiciera una “revisión” al tema de la implementación de la pena de muerte y manifestaron su rechazo a la medida, pues no concuerda con las garantías de derechos humanos.

También se abordaron diversos desafíos estructurales en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, marginación y discriminación que afectan gravemente los derechos humanos de sus habitantes.

“Para aquellas comunidades que se han acercado a pedir justicia, quiero decirles que he girado instrucción para que procedan a implementar las consultas comunitarias que la Corte de Constitucionalidad solicitó que se realizaran”.
Jimmy Morales Presidente

http://lahora.gt/cidh-recuerda-vicios-en-eleccion-de-cortes-en-2014/

 

CIDH acepta petición de vecinos de San Marcos sobre minería

Organizaciones de la sociedad civil organizada informaron que el pasado 3 abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia presentada por comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, que consideran que se violentaron varias de sus garantías por la instalación de una empresa minera.

CIUDAD DE GUATEMALA – Carlos Loarca, de la Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Plurijur), detalló que la CIDH consideró que posiblemente “las garantías judiciales, derecho a la propiedad colectiva, igualdad ante la ley, todas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, posiblemente fueron violentadas en la aprobación de la Mina Marlín”.

Alfredo Jacinto, del Consejo Maya Sipakapense, explicó que consideran como un logro que la Corte haya aceptado su solicitud e indicó que lamenta que “el Gobierno criminalice la lucha comunitaria por defender su territorio”.

Salomón Bamaca, del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), opinó que es “lamentable que las autoridades consideren que no hay otras alternativas para generar riquezas en el país que no sean la explotación de los recursos naturales”.

Los comunitarios indicaron que tienen cuatro meses para presentar todas las pruebas que indiquen, por qué el proyecto de aprobación del proyecto minero violento sus derechos. Además, el Estado también tendrá cuatro meses para presentar sus descargos de los señalamientos.

Con información de Carlos Álvarez

Prensa Libre

CIDH: 50.3% de reos no están condenados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela en su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas 2013, que será presentado públicamente el próximo miércoles en Washington DC, Estados Unidos, que el 50.3% de los privados de libertad en Guatemala se encuentran en prisión preventiva.

 

 

El estudio fue recogido en 16 países del continente americano y arroja que existe abuso excesivo en el uso de la cárcel como medida cautelar.

Las cifras de Guatemala a octubre del 2012 se ubicaron en 50.3%, equivalente a siete mil 357 presos, por debajo de las de Bolivia, que tiene 84%; Paraguay, 73.1%; Panamá y Uruguay, 65%; Perú, 58%; y Venezuela con el 52%.

Pena anticipada

En el documento, al que tuvo acceso Prensa Libre, se advierte de que un 40% de los reclusos en América están en prisión preventiva, lo cual es considerado como un “uso arbitrario y excesivo” de esa medida y que “resulta ser una pena anticipada”, afirma el estudio.

La CIDH indica que “en el presente informe encuentra que el incremento del uso de la prisión preventiva y de las penas privativas de la libertad en general no son la vía idónea para el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana”.

Subraya que en la Convención Americana se establece un orden jurídico según el cual “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario” —artículo 7.3—, y toda persona “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio —artículo 7.5—”.

Añade que, entre otros factores, inciden en los altos índices de detenidos preventivamente la mora judicial, así como la falta de capacidad operativa y técnica de los cuerpos policiales y de investigación; la falta de capacidad operativa, de independencia y recursos de las defensorías públicas.

El caso guatemala

En cuanto al país, la cifras no son del todo halagadoras, pues el informe revela que entre 1999 y el 2000 constató que dos tercios de las personas privadas de libertad, que en ese entonces eran ocho mil 200, se encontraban en espera de ser juzgadas.

“El alto índice de personas en prisión preventiva exacerba la grave situación de hacinamiento del Sistema Penitenciario, lo que incluso ha llevado a las autoridades a habilitar instalaciones carcelarias en cuarteles militares, lo que se cuestiona como contrario a la Constitución”, se lee en un documento que le entregó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a la Comisión.

El estudio también detalla que, según la información proporcionada por la PDH, el 56% de los reclusos están en prisión preventiva, y de estos, un 7% son mujeres.

“Esta institución atribuye este alto porcentaje de personas en espera de juicio a la falta de infraestructura adecuada, al uso irracional de la prisión preventiva y a las capturas masivas de personas”, se afirma en el informe.

Costo financiero

El documento da a conocer que la prisión preventiva tiene un costo alto para los Estados, y cita como ejemplos Perú, Chile Argentina y México. Este último país tenía en el 2006 una población reclusa de 92 mil, y su costo fue de US$446 millones, y un gasto total de US$750 millones.

Medidas judiciales

La CIDH recomienda a los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se implementen medidas judiciales, legislativas y administrativas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva.

También pide a los países “intensificar los esfuerzos y asumir la voluntad política necesaria para erradicar el uso de la prisión preventiva como herramienta de control social o como forma de pena anticipada, y para asegurar que su uso sea realmente excepcional”.

Además, en el documento se exhorta a los Estados “a elaborar planes estratégicos de capacitación y sensibilización de las autoridades judiciales y de aquellas encargadas de las investigaciones penales acerca de la excepcionalidad de prisión preventiva, el uso de medidas cautelares no privativas de la libertad, y otros estándares internacionales y constitucionales aplicables a la materia”.

 

Por Baron Rolando Vásquez

 

Una revisión a la esencia del derecho a manifestar

INCAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN GENERA MÁS PROTESTAS

En los últimos años los conflictos y demandas de diferentes sectores de la sociedad se han agudizado ante la falta de respuesta y consensos con el Gobierno, lo cual ha desencadenado una serie de protestas sociales que van desde la manifestación pacífica hasta el bloqueo de carreteras a nivel nacional, aunque la esencia de esencia ahora está siendo cuestionada.

Temas relacionados con la exploración y explotación de los recursos naturales, la demanda de tierras, los cambios generados por la reforma magisterial, el alto precio de la energía eléctrica en comunidades del interior, el irrespeto al derecho indígena, el descontento por el pago del subsidio de transporte y el clamor por el cese a la violencia que azota al país, son algunos de los tópicos que han predominado en el ambiente nacional.

En todos estos conflictos sociales, la población indica no haber hallado solución mediante el diálogo, al cual califican como un sistema carente de resultados.

De acuerdo al Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), en la actualidad se discuten 31 conflictos sociales. Es por ello que en algunas ocasiones, las manifestaciones han motivado incluso al uso de la fuerza con la excusa de recuperar la gobernabilidad en el país, aunque realmente ha agravado más los problemas.

PMT: 350 MANIFESTACIONES

Es un hecho que al menos en la ciudad de Guatemala, el tránsito llegó a un punto en el que se ha triplicado la circulación de vehículos, pues cuando deberían estar circulando 350 mil automóviles diariamente, actualmente circula un millón de automotores en el casco urbano.

En ese contexto, según el Intendente Administrativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, se tiene registro dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, de 350 manifestaciones cada año desde inicios de la actual gestión de Gobierno, es decir, un promedio de una diaria, aunque algunas son más notorias que otras, lo cual repercute en las condiciones del tránsito que ya de por sí son lentas.

“Sucede que los organizadores de las protestas encuentran en el tránsito el punto álgido y crítico para llamar la atención de las autoridades a las cuales les pretenden plantear sus necesidades. ¿Por qué si el magisterio tiene un problema con el Ministerio de Educación, bloquean El Trébol o El Obelisco en lugar de hacer la concentración en el lugar correspondiente?”, cuestiona Montejo.

A decir del jefe de la PMT, el horario preferido para los manifestantes es entre las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde y los puntos regulares de concentración, independientemente del grupo o demanda, son el Molino de las Flores, Anillo Periférico y Puente El Incienso en las zonas 11 y 7; El Obelisco en la zona 10, la Plaza de la Constitución, Casa Presidencial, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad en la zona 1; y finalmente la ruta al Atlántico y al Pacífico.

“Su derecho de manifestar está afectando el derecho de manifestación de otros y el llamado es que si van a realizar una manifestación que se va a desplazar, se utilice un solo carril. No estamos en contra de que planteen sus necesidades, pero hay que reconocer que no son solidarios en la utilización de la vía”, agrega.

Amílcar Montejo recomienda que antes de las medidas de hecho se agoten todas las instancias legales para evitar inconvenientes a las personas que son ajenas a estos eventos; además señala que si se van a realizar, se hagan de manera directa en los lugares específicos e instó a la Gobernación Departamental de Guatemala, a velar por el correcto desarrollo de las mimas.

“No es posible que si se tiene un problema con los buses de una comunidad, se vengan a protestar a la ciudad. Nuestro punto de vista es que no obstruyan el tráfico, no importa quienes son. Nosotros no damos un apoyo directo a las manifestaciones, sino damos el apoyo a los automovilistas que resultan afectados”, puntualiza el entrevistado.

MARCO LEGAL EXISTENTE

El artículo 33 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de reunión y manifestación pública indicando que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y solo la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Asimismo, obliga la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

De igual forma, el artículo 5 de la Carta Magna establece la libertad de acción, donde toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

A decir de la profesional del Derecho, Gladys Monterroso, aunque el derecho a la manifestación se encuentre consagrado en la Constitución, el mismo ha perdido su esencia desde que se han entremezclado las causas consideradas por algunos grupos como justas, con manifestaciones que son señaladas de ser objeto de manipulación incluso por miembros de la comunidad internacional como supuestos agitadores.

Asimismo, no exime de responsabilidad al actual Gobierno no solo por no garantizar las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población más pobre, sino porque tácitamente, autoriza las movilizaciones para alcanzar ciertos objetivos, convirtiendo a las autoridades, cómplices en la transgresión de otro derecho fundamental como lo es la libre locomoción de las personas.

“A los maestros, por ejemplo, se les dejó a salir a manifestar y bloquear carreteras a nivel nacional mientras a los estudiantes de la carrera docente que manifestaron públicamente su rechazo a la Reforma Magisterial en 2012, la actitud gubernamental fue distinta hasta el punto que los elementos de las fuerzas policiales accionaron violentamente contra este último grupo y reportando varias capturas”, opina.

Y aunque se supone que las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de ambas garantías, para la también docente de la Usac, eso parece más una utopía para la sociedad guatemalteca que por un lado se ve más molesta, frustrada y cansada al no llegar a tiempo, a sus lugares de trabajo y estudio; y por el otro a una población que ve insatisfechas sus necesidades y a través de estas actividades hacen escuchar sus demandas, se presume, a las altas esferas del Gobierno.

“Y es que cuando un grupo de personas se manifiesta en contra de algo como lo hizo hace un par de semanas el Magisterio Nacional, comandado por Joviel Acevedo, se afectó el derecho a la libre locomoción en claro contubernio con el Gobierno, pues el fin último era ejercer presión al Congreso de la República para que aprobara implícitamente la ampliación presupuestaria por Q1 mil 500 millones para los ministerios de Salud y Educación, es decir más endeudamiento”, agrega.

CÁMARAS ACCIONAN LEGALMENTE

Precisamente en el caso de bloqueos por parte de supuestos maestros así como de transportistas extraurbanos en al menos 12 puntos a nivel nacional en el primer mes del año, la Cámara de Comercio de Guatemala presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra del presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, a efecto de que movilizarán a las fuerzas de seguridad a los puntos bloqueados y se tomarán las acciones correspondientes en contra de estos grupos, a fin de garantizar el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos.

Al respecto, desde el sector empresarial, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, subraya que aunque el sector empresarial organizado respeta el derecho a la manifestación de la opinión de los guatemaltecos, esta debe estar enmarcada en lo que la ley permite, sin incurrir en el bloqueo de las vías.

“En lo que no coincidimos es que las manifestaciones conlleven el bloqueo de carreteras porque ponen en riesgo no solo la libre locomoción de las personas sino el acceso a servicios básicos como hospitales o escuelas. Esto no solo repercute en las pérdidas económicas, sino en la pérdida de negocios que los guatemaltecos tienen, así como para el clima de competitividad del país”, argumenta Zepeda.

Al consultársele al directivo sobre las movilizaciones de personas motivadas por los empresarios en años anteriores, el mismo responde que dichas manifestaciones también se han dado, pero en escenarios positivos y sin afectar la movilización de las personas ajenas al evento; y no con el ánimo de seguir confrontando al país.

Zepeda recalca: “Nuestro ánimo no ha sido en ningún momento bloquear el paso de las personas. Esa manifestación se dio un día domingo que en ningún momento afectó la actividad económica o laboral de nadie. Es necesario acatar lo que dice la ley y lo que hay que hacer es actuar para velar por el cumplimiento y para eso están las autoridades”.

POCA REGULACIÓN

Para los afectados de estas muestras públicas, nace el cuestionamiento del rol y el verdadero sentido de las protestas sociales pues en su mayoría, transgreden otras garantías fundamentales y en anotados casos, le ha restado legitimidad a estos movimientos sociales por conseguir objetivos cortoplacistas; así como la necesidad de una mayor regulación por parte de la Gobernación de cada departamento.

Al respecto, Luis Palma, titular de la Gobernación Departamental de Guatemala, asegura que para autorizar una manifestación es necesario que la organización involucrada haga una solicitud y brinde los pormenores de la actividad como horario o puntos en donde tendrán presencia, para notificarle a la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Tránsito, a fin de coordinar la seguridad de los manifestantes.

Asimismo, se brindan las recomendaciones necesarias como no consumir bebidas alcohólicas durante el trayecto, no alterar el orden público y no dañar el patrimonio nacional ni privado.

Palma reconoce que la Gobernación, después de autorizada la protesta, solo verifica el cumplimiento del horario, el lugar y el motivo, más no el desarrollo de la misma, aunque hace notar que si hubiera daños a terceros, cada institución, empresa privada o persona que se sienta agraviada, está en la libertad de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“Todas las manifestaciones deberían ser pacíficas. Pero no podemos coartar la libertad a manifestar. Con relación a muchas manifestaciones que no hacen esta notificación, simplemente no nos damos por enterados del proceso y la situación es diferente. De alguna manera se trata de tener control del tránsito y la seguridad”.

CRIMINALIZACIÓN

El 4 de octubre de 2012 los indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento en protesta por el alto precio de la energía eléctrica, las propuestas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo, y las reformas a la carrera magisterial.

Los pobladores se enfrentaron a los militares que fueron desplegados en el lugar y a quienes se señala de causar la muerte de al menos seis comunitarios.

Durante 2013, la mayoría de los conflictos sociales se registraron en Santa Rosa y Jalapa, donde las protestas en rechazo a la minera San Rafael, motivaron al presidente Otto Pérez a decretar estado de sitio en cuatro municipios y que generó la captura de 16 personas señaladas de hechos ilícitos.

También se cuenta la conflictividad en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en contra de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, así como la resistencia en La Puya y contra la planta cementera en San Juan Sacatepéquez.

En ese marco, diversas organizaciones sociales y pro derechos humanos expusieron en octubre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de presuntas violaciones que padecen cientos de comunitarios al ser objeto de amenazas y criminalización por oponerse a proyectos tanto mineros como hidroeléctricos en el país, así como de la protesta social.

De esa cuenta, recientemente el Ministro de Gobernación anunció que los extranjeros con visa de turista y que sean sorprendidos participando en manifestaciones, serán expulsados del territorio nacional. El anuncio causó serias críticas en su momento, por parte de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, expone que con el actual Gobierno todo tipo de protesta está siendo estigmatizada y penalmente perseguida, pero enfatiza en que el problema radica en el obsoleto Sistema Nacional de Diálogo y en los Organismos de Estado como el Legislativo, que no cumplen con legislar a favor de las minorías.

El líder del CUC acotó que el abuso de las manifestaciones se da en todos los niveles de la sociedad y recordó los hechos suscitados el 24 de julio de 2003, cuando correligionarios del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), tomaron las calles de la ciudad de Guatemala para manifestar violentamente, luego de que le negaran la inscripción para ser candidato presidencial al general Efraín Ríos Montt, lo cual ocasionó daños a la propiedad privada, decenas de heridos y la muerte de Héctor Ramírez, mejor conocido como el Reportero X.

“Aquí no podemos alegar que unos si y otros no. Igualmente este Gobierno ha traído gente para manifestar a favor de la vicepresidenta Baldetti por el supuesto atentado que sufrió. Aquí o se respeta la libertad de manifestación, que son derechos universales, o no. Salvo que se cambie la Constitución y mencione que Guatemala tiene un gobierno dictatorial, en ese momento se termina la democracia”, refiere.

Pareciera que en un país como Guatemala, en donde el abuso del poder, las brechas sociales, las desigualdades, los monopolios, la marginación y la miseria, la violencia y el saqueo del erario público, el enriquecimiento ilícito, y las tensiones sociopolíticas, son más evidentes, ponen en riesgo la convivencia social, la única salida es la desobediencia civil y el derecho a la protesta social, al ser los gobernantes incapaces de proveer servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

MANUEL RODRÍGUEZ
http:/www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/191535-una-revision-a-la-esencia-del-derecho-a-manifestar-

López Bonilla arremete contra agrupaciones de derechos humanos

Las denuncias que agrupaciones de derechos humanos han interpuesto ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh) por la criminalización de las protestas sociales en el país fueron criticadas por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante una reunión que sostuvo esta mañana con empresarios.


López Bonilla presenta informe de seguridad en la Cámara de la Industria. (Foto Prensa Libre: Mingob)

CIUDAD DE GUATEMALA – El funcionario señaló que lo que los grupos de derechos humanos hacen en el extranjero “no es más que un chantaje y una extorsión como la de los pandilleros”.Dicha denuncia fue interpuesta en octubre pasado, los activistas también solicitaron la reivindicación del derecho a la consulta previa de las minorías.

Ante ello, López Bonilla reiteró: “debe mantenerse la gobernabilidad para evitar los problemas sociales”.

En septiembre pasado, el jefe de la cartera del interior anunció que los extranjeros que ingresaron al país con visa de turismo pero que participen en una protesta social serán declarados “non gratos” y expulsados del país.

Presenta informe

El ministro presentó a los integrantes de la Cámara de la Industria un informe de la situación de seguridad en el país, en el cual reprochó que los guatemaltecos comparen a Guatemala con Afganistán en materia de seguridad.

Afirmó que este año cerrará con al menos 200 homicidios más que los registrados en el 2012. Hasta el 31 de octubre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registraba la muerte de 4 mil 445 personas, 533 de ellas mujeres.

En el mismo período del 2012 se registraban 4 mil 230 muertes, de las cuales 446 víctimas eran mujeres.

El ministro dijo que entre mil 500 y dos mil personas son detenidas anualmente por portación ilegal de armas y que se incautan al menos tres mil armas al año.

En octubre pasado el Congreso aprobó la modificación al Código Procesal Penal que elimina la medida sustitutiva para quienes sean detenidos en forma reincidente por portación ilegal de armas de fuego.

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/lopez_bonilla-activistas-derechos_humanos-protestas-informe-camara_de_la_industria_0_1036696428.html