TSE anula inscripción de 11 alcades y un concejal por ser contratistas

Por El Periódico,  16 de marzo.

http://elperiodico.com.gt/2016/03/16/pais/tse-anula-inscripcion-de-11-alcaldes-y-un-concejal-por-ser-contratistas/

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TSE excluye a 12 ediles por ser contratistas

Por Manuel Hernández

15 de Marzo de 2016 a las 21:12h

De manera unánime, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declararon la nulidad de la inscripción de 11 alcaldes y un concejal por fraude de  ley. La decisión conlleva revocar   las adjudicaciones que los declararon ganadores de la contienda eleccionaria del 2015.

La resolución se da dos meses después de que los jefes ediles tomaron posesión.El magistrado Mario Aguilar informó que los acuerdos están estructurados de manera que se estimó que al anular la inscripción de las candidaturas, el Tribunal tenía la facultad de hacer los corrimientos del caso.

Por Manuel Hernández
Magistrados del TSE anuncian la revocación de 11 alcaldes y un concejal, por fraude de ley. (Foto Prensa Libre: Manuel Hernández)

Se estableció quiénes deben ocupar los cargos, se notificó a las corporaciones municipales para que ejecuten el fallo y que informen en un plazo de cinco días si cumplieron con la resolución.

“Hay una disposición genérica en todos los casos, y lo que se usó fue la figura del fraude de ley. Hubo candidatos que al momento de inscribirse, bajo juramento, declararon que no estaban dentro de las prohibiciones que señala la ley para optar al cargo. Ese estatus de no contratistas lo tuvieron durante cierto tiempo, pero luego, al ser electos otra vez, adquirieron esa calidad al hacer contratos con el Estado”, explicó Aguilar.

El artículo 45, inciso b, del Código Municipal establece que no puede ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal  el que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio.

Anam los defiende

El presidente de la Asociación Nacional Municipalidades (Anam) y alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, defendió a los jefes ediles que fueron excluidos y exigió que se respete el debido proceso, ya que no tuvieron derecho de defensa, con lo que, afirmó, se violentó el artículo 12 constitucional.Escobar aclaró que no defenderá a quienes sean contratistas del Estado.

Rechazan resolución

Los alcaldes  Édgar Mauricio Ovalle, de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez;  Edwin  Méndez, de San Pedro La Laguna, Sololá; Rafael Hernández, de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango; Gerónimo Martínez, de Huehuetenango; Ramiro Soto Mejía, de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; y el concejal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Elías Godínez Pérez, rechazaron la decisión de los magistrados del TSE y negaron ser contratistas del Estado, al tiempo que advirtieron de que accionarán para que la resolución quede sin efecto.El resto de jefes ediles no respondió las llamadas a sus celulares y otros no quisieron opinar.

Los excluidos pueden apelar la resolución.

Alcaldías revocadas:

  1. Luis Alfredo Ramírez Lorenzo, UNE, Cabañas Zacapa, tenía adjudicados Q597 mil 633.25.
  2. Edwin Mauricio Méndez Puac, Líder, San Pedro La Laguna, Sololá, tenía adjudicados Q64 mil.
  3. Édgar Mauricio Ovalle Siguan, Líder, San Antonio Suchitepéquez, Q137 mil 400.
  4. Gerónimo Martínez, Líder, Huehuetenango, Huehuetenango, Q99 millones 350 mil 829.61.
  5. Julio Amilcar Ambrocio Ramírez, Líder, San Pedro Necta, Huehuetenango, Q951 mil 180.
  6. Gregorio López Joaquín, Líder, Soloma, Huehuetenango, Q219 mil 274.20.
  7. Carlos Francisco Córdoba Garza, Líder, Chahal, Alta Verapaz, Q7 millones 290.87.
  8. Luis Alfredo Ortega Tobar, Todos, Gualán Zacapa, Q1 millón 207 mil 650.03
  9. Ramiro Bruno Soto Mejía, Creo-Unionista, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Q39 millones 612 mil 713.30
  10. Sergio Ademar Ávila Molina, URNG, Malacatancito, Huehuetenango, Q2 millones 2 mil 756.
  11. Rafael Martín Hernández Cardona, PP, Chiquirichapa, Quetzaltenango, Q359 mil 200.55.
  12. Elías Rolando Godínez Pérez, PP, Concejal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Q30.1 millones.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-revoca-nombramiento-de-11-alcaldes-por-fraude-de-ley

Desarrollo del país continúa limitado

Por Glenda Sánchez y Geovanni Contreras

14 de Marzo de 2016 a las 23:24h.

La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la exclusión social de diversos sectores, la intolerancia y la violencia política han imposibilitado el desarrollo de la población guatemalteca, lo que representa un peligro de retroceso en la vigencia del estado de Derecho y  alerta del peligro del goce de los derechos humanos que la Convención Americana reconoce a toda persona, reza el informe de la CIDH presentado en el Palacio Nacional de la Cultura.

Por Glenda Sánchez y Geovanni Contreras
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, durante la presentación del informe. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)

En su informe de país, Guatemala reconoció “haber desarrollado esfuerzos para superar los retos que persisten originados en las manifestaciones de violencia, discriminación y exclusión, así como la  implementación de medidas indispensables que ayuden a erradicar la pobreza crítica, prevenir y combatir el delito, ya que imposibilitan el pleno desarrollo de sus habitantes”.

Los resultados del informe de la CIDH, Situación de los Derechos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, entregado ayer al mandatario Jimmy Morales y presentado ante funcionarios y activistas de derechos humanos, revela que persisten los problemas que limitan el desarrollo del país.

El documento se centra en tres ejes: seguridad ciudadana, la administración de justicia y la situación de desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas. Asimismo cita una serie de conclusiones y recomendaciones.

Violencia criminal

En seguridad ciudadana, el reporte establece que en Guatemala el alto índice de homicidios se relaciona con crimen organizado y delincuencia común. La mayoría de los delitos son atribuidos a la violencia generada por organizaciones criminales, tales como carteles de narcotraficantes y pandillas.

Además, señala que la  violencia en el transporte público se ha incrementado, especialmente en ataques con arma de fuego. Entre 2013 y 2014 fueron ultimadas 737 personas y 640  resultaron heridas.

James Cavallaro, presidente de la CIDH, dijo durante su discurso  que según declaraciones del mandatario se redujo la cifra de homicidios en el último mes.

“Esperamos que siga así, porque es uno de los más altos del continente”, aseveró, y mencionó que a pesar de esa reducción hay situaciones que agravan la inseguridad: el resurgimiento de las desapariciones asociadas actualmente al actuar del crimen organizado y la respuesta de la comunidad a  la violencia, como los linchamientos o el uso desmesurado de la seguridad privada.

También hizo referencia a los ataques contra   defensores de los derechos humanos, entre ellos  defensores de pueblos indígenas, periodistas y  representantes de las víctimas del conflicto armado interno, entre otros.

Cavallaro señaló que en el 2014 se habrían registrado 814 ataques contra defensores, y en el 2013 se habrían documentado 657 hechos de violencia.

Operadores de Justicia

Los esfuerzos hechos en Guatemala para obtener independencia y eficacia de la administración de justicia no han sido suficientes.

“Se ha constatado, a través de  diversos informes, grandes violaciones de derechos por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de administración de justicia adecuada y eficiente”, declaró el presidente de la CIDH, quien señaló que acceder a la justicia es un obstáculo para la mayoría de los guatemaltecos y obtener una respuesta efectiva está restringido a unos “pocos”.

Agregó que la impunidad ha sido medida, en los últimos años, con los informes de la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los cuales han revelado que de 28.4 hasta 29.1 por ciento de los casos denunciados quedan impunes.

El funcionario reconoció los avances en las sentencias de alto impacto relacionadas con el crimen organizado, que incluyen casos de corrupción, secuestros, violación y asesinato. Además  resaltó el avance en las investigaciones relacionadas con violaciones de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Destacó el incremento de las solicitudes de prueba científica por parte del Ministerio Público.

Discriminación

La CIDH observó que continúa la falta de regulación y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales, que también provocaría daños sociales y ambientales en los territorios indígenas, como el despojo de tierras y la contaminación de sus aguas.

“Guatemala es el segundo país con poca distribución de tierras”, expresó Enrique Gil Botero, comisionado relator para Guatemala de la CIDH.

Cavallaro recomendó que es importante retomar los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso.

El experto cuestionó la creciente militarización de la seguridad pública, la cual contraviene precisamente el espíritu de los acuerdos de paz firmados en 1996.

Al final de su discurso, Cavallaro instó a Morales a que se discuta la derogación   de la pena capital, un compromiso adquirido por el país, pues sabe por publicaciones de prensa que se presentó una iniciativa para implementarla.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cidh-urge-a-guatemala-a-intensificar-lucha-contra-corrupcion-tras-crisis-de-2015

 

Alcaldes y contratistas en la mira del TSE

por Diario La Hora feb 20, 2016

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizan todas las pruebas presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en contra de 21 alcaldes señalados de ser contratistas del Estado, según la información del pleno del ente electoral.

Este tema es uno de los prioritarios para los togados electorales, ya que de no actuar incurrirían en violación a la Carta Magna que refiere que todo candidato a un cargo de elección popular debe reunir méritos y evitar ser contratista gubernamental.

En el informe de la CGC señala que los jefes ediles y contratistas son: Bernabé Ajin de Yepocapa, Chimaltenango; Luis Ramírez de Cabañas, Zacapa; Edwin Méndez, San Pedro La Laguna, Sololá y Édgar Ovalle Siguán de San Antonio Suchitepéquez.

Además, Alonzo Pascual de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Gerónimo Martínez de Huehuetenango, Julio Amílcar Ambrocio y Gregorio López Joaquín de San Pedro Nécta y Soloma de Huehuetenango y Carlos Aguirre de La Libertad, Huehuetenango.

Así como Carlos Pablo de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, Carlos Córdova de Chachal, Alta Verapaz, Eleazar Edelman de Zunilito, Suchitepéquez; Javier Santizo de Zaragoza, Chimaltenango y Enry Ortega de Santa Bárbara, Suchitepéquez.

También Magno Robledo de San José Ojetenan, San Marcos, René Reynosa de las Cruces, Petén, Mario Dionisio de Santa María Visitación, Sololá, Luis Ortega de Gualán, Zacapa, y Ramiro Soto Mejía de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

El informe de la CGC enviado al TSE detalla que Sergio Ávila de Malacatancillo, San Marcos y Rafael Hernández de Concepción Chiquirichapa, son alcaldes y contratistas del Estado.

http://lahora.gt/alcaldes-y-contratistas-en-la-mira-del-tse/

¿La “Línea 2” al destape? CICIG y MP asestan golpe a grandes empresarios

Las capturas del MP en conjunto con la CICIG quizá sea el inicio del destape de la denominada “Línea 2”, que supone lo que es vox populi: la participación de grandes empresarios en estructuras criminales relacionadas con defraudación, corrupción y crimen organizado. Esta vez, fue el turno de una de las empresas más importantes del país: Aceros de Guatemala.

Aceros de Guatemala en el ojo del huracán

De acuerdo con las investigaciones reportadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa Aceros de Guatemala logró por medio de otra empresa la desestimación de tres querellas que estaban planteadas en su contra por un valor que asciende a más de Q255.6 millones. La historia de Aceros de Guatemala se remonta a la década de 1960, cuando fue fundada por José Luis Gabriel Abularach, quien ha sido el presidente de la empresa, que en la actualidad es una de las principales productoras de acero del país. De la familia Gabriel Abularach también es la empresa Distribuidora Universal (Distun) y Minas de Guatemala, S.A., con inversiones en Huehuetenango.

El comunicado de prensa indica “que la misma empresa -favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones- se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de una promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.”

La empresa que sirvió para que Aceros de Guatemala obtuviera esos beneficios fue Tres Puertos, que se encargó de alterar las auditorías que vinculaban a Aceros. Para eso se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria, y Geovani Marroquín Navas -integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”-. Ambos guardan prisión junto a otros ex funcionarios. A ellos se sumarán los funcionarios aprehendidos el día de hoy.

Continuación del Caso La Línea

De acuerdo con el comunicado del MP y CICIG emitido el 12 de febrero se capturó a varios miembros de una red de funcionarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), “producto de actividades complementarias de investigación adelantadas por la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del MP y la CICIG”. La investigación es resultado de las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso “La Línea”, el cual es llevado por la Fiscalía contra la Corrupción. Los lazos de cooperación entre las fiscalías es un detalle importante.

En el comunicado, la CICIG informó que entre los capturados se encuentran dos representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos (José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc).

Otros capturados son los funcionarios de la SAT Alfonso Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.

Aceros de Guatemala y el ex presidente del CACIF

Gabriel Abularach son los apellidos de una familia de comerciantes que cobró notoriedad como importadores y comerciantes, desde la década de 1950, cuando fundaron la Distribuidora El Tirador, una cadena de comercios que hoy día es de las más grandes de Guatemala.

Esta familia también es recordada por la propiedad de Minas de Guatemala, S.A., dueña de las “Minas de Ixtahuacán”, famosas por la explotación de plomo y antimonio, localizadas en San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetanango. En ellas se desarrolló un movimiento sindical fuertemente reprimido durante la década de 1970. A raíz de ello los trabajadores mineros organizaron una larga caminata, conocida como la “marcha de los mineros”, en 1977, para denunciar a sus propietarios por la violencia que se ejercía y la explotación de los obreros que allí operaban. (Solano, Luis. Guatemala. Petróleo y minería: en las entrañas del poder. Páginas 40-42).

En el caso de José Luis Gabriel Abularach, previo a fundar Aceros de Guatemala, fundó otra reconocida empresa: Distribuidora Universal (Distun), que importa y vende materiales para la construcción. Actualmente, la razón social de la empresa es Aceros de Guatemala y el nombre comercial es Distun.

La empresa ha sido presidida por uno de los hijos de Gabriel Abularach, Luis Nelson Gabriel Girón (ya fallecido), y el actual vicepresidente es Boris Rodolfo Gabriel Girón, otro de los hijos.

Uno de los mandatarios de Aceros de Guatemala, según el Registro Mercantil, es Marco Augusto García Noriega, quien ha sido Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) durante varias ocasiones. García Noriega fue uno de los socios en el Banco Reformador (BANCOR) y también fue Presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). Es también directivo de Luma Holdings, un grupo de empresas que se dedica al cultivo de la palma africana en la Franja Transversal del Norte (FTN).

La demanda de Ferrovías y la chatarra de Maya Quetzal

El nombre de Aceros de Guatemala también ha sonado en el contexto del caso de Ferrovías y el negocio de infraestructura de Ferrocarriles de Guatemala. El caso fue ventilado internacionalmente en una demanda que realizó la Railroad Development Corporation en contra del Estado de Guatemala, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (Cafta, por siglas en inglé). En ella se involucraron empresas de poderosos azucareros y la empresa Maya Quetzal, del ingeniero industrial Inngmar Walterio Iten Rodríguez, a quien el diario elPeriódico insistentemente lo vincula con el narcotráfico*.

En las instalaciones de Ferrovías también tiene su sede la empresa Maya Quetzal, S.A., vinculada en el negocio de venta de chatarra a Ferrovías y a Aceros de Guatemala, según el juicio comercial que vino de esa demanda. Las familias dueñas de esas empresas son la Campollo Coodina, Gabriel Abularach, y Gabriel Girón.  A Iten Rodríguez se le ha señalado de ser uno de los principales financistas de los partidos políticos ganadores de las elecciones presidenciales desde el gobierno de Alfonso Portillo hasta el de Otto Pérez Molina.

Con la apertura de este caso, surge la pregunta de si la investigación profundiza hasta una posible participación y responsabilidad de los principales socios de Aceros de Guatemala. Las ramificaciones de este caso abren las puertas para que se convierta en uno paradigmático que explica la formas de operar de grandes empresarios en la defraudación fiscal. ¿A dónde llegarán las siguientes investigaciones?

*Editor: en los comentarios a este artículo el ingeniero Iten Rodríguez y su hermano, Alejandro Berganza Rodríguez, intentan ampliar y aclarar su papel en el juicio comercial y los señalamientos de elPeriódico. Sirva eso de respuesta. Y sirvan los documentos citados para que el lector aclare por su cuenta el rol de Maya Quetzal y Aceros de Guatemala en el caso Ferrovías.

https://cmiguate.org/la-linea-2-al-destape-cicig-y-mp-asestan-golpe-a-grandes-empresarios/

Demandas ciudadanas siguen sin ser escuchadas, pese a manifestaciones

por Diario La Hora oct 13, 2015

POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt

Seis meses han transcurrido desde que las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) evidenciaran la participación de altos funcionarios de gobierno en una red de defraudación aduanera, situación que desató una ola de indignación en la ciudadanía y motivó a que se pronunciara en contra de los actos de corrupción mediante un sinnúmero de manifestaciones que buscaban justicia. La población despertó, pidió castigos para los corruptos y exigió modificaciones en el sistema, para que la historia no se repita una vez más.

El 16 de abril salieron a luz los actos de corrupción que se venían dando entre trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y altos funcionarios de gobierno, junto a particulares y empresarios, acontecimientos que llevaron al pueblo a pedir la renuncia de ambos gobernantes, logrando en primera instancia, que la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, dimitiera de su cargo. Las protestas continuaron para exigir la destitución del mandatario Otto Pérez Molina y cada vez con más fuerza, luego de que las investigaciones que realizara el MP lo vincularan al caso.

Estos sucesos sumergieron al país en una crisis política que lo impulsó a exigir reformas en las leyes de Servicio Civil, de la Carrera Judicial, Contrataciones del Estado y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual entre otros aspectos fundamentales requiere que el voto nulo sea vinculante, la reelección acotada, la supresión del transfuguismo, restricciones en la manera de hacer proselitismo y mejor control para evitar la propaganda anticipada.

Sin embargo, pese a las demandas del clamor popular, distintos procesos han frenado la oportunidad de que estos cambios se den. Por ejemplo, el aplazamiento por parte del Congreso para que la LEPP fuera aprobada y trasladada a la Corte de Constitucionalidad (CC) y recibiera el visto bueno.

Según señaló la CC, el Legislativo obvió el requisito de que para aprobar las reformas a dicha ley se requería alcanzar la mayoría calificada, o sea 105 votos a favor o en contra, tanto en la primera como en la segunda lectura. Pero resultó que durante la primera lectura realizada el 23 de julio fueron aprobadas dichas reformas con 86 votos, y en segunda lectura, el 31 del mismo mes, se aprobó con 84 votos a favor.

El pasado 1 de octubre, con el aval de 124 diputados, el Congreso aprobó el acuerdo con el que se envió a la Corte de Constitucionalidad (CC), el proyecto con el que se busca reformar la Ley Electoral, y se espera la respuesta de esa entidad.

APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES

Desde el inicio de este contexto, un grupo de la población que participó en las manifestaciones contra la corrupción, también solicitó el aplazamiento de las elecciones previstas para el 6 de septiembre, lo que finalmente no ocurrió, y dio lugar a una segunda vuelta en la que se definirá la Presidencia entre Jimmy Morales y Sandra Torres.

A criterio de Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la no postergación de las elecciones podría sumir al país en una crisis aún más profunda, pues las causas que propician la corrupción siguen vigentes.

Además, considera que el partido político y demás miembros de Gabinete que sean elegidos en ellas, pueden ser cuestionados desde el momento en que tomen posesión, ya que fueron electos y nombrados en el marco de un sistema corrupto.

Santos refirió que la ciudadanía requiere que exista una sanción judicial frente a los hechos de corrupción para poder sentar un precedente de justicia alrededor de los casos y que sirva de ejemplo a quienes en un futuro pretendan realizar algo similar.

Añadió que la demanda ciudadana contra la corrupción deberá ir acompañada de una transformación profunda del modelo del Estado guatemalteco y del marco normativo que le da vida al mismo.

El Director señaló que derivado de todos los acontecimientos por los que ha pasado la ciudadanía se ha vuelto impaciente y por lo tanto, de ahora en adelante, habrá más nivel de observación, vigilancia y auditoría social por parte de ésta.

FIN DE LA TOLERANCIA

Renzo Rosal, analista y director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, explicó que la impaciencia con la cual cuenta ahora la población terminó siendo un valor fundamental de la democracia, ya que durante mucho tiempo fueron muy permisivos, por lo que en el marco del sistema político actual “el que se haya podido recortar esa paciencia que se tradujo en tolerancia, es un elemento fundamental”.

Rosal destacó que se aprendió que ejercer ciudadanía significa ejercer presión, poner límites, tiempo, regulaciones y auditoría social, palabras que antes solo se escuchaban y que hoy son aprovechadas para demandar acciones concretas y son elementos indispensables en el proceso de cambio social que el país está requiriendo.

El politólogo aseguró que los casos de corrupción como La Línea o IGSS-Pisa no serán los últimos que puedan ser hallados, puesto que indicó no hay país en el mundo que no tenga procesos de corrupción. No obstante, resaltó que en el caso específico de Guatemala esta situación trascendió fuera de control.

CRECIMIENTO DEL EJERCICIO CIUDADANO

Para Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, las experiencias por las que han atravesado los guatemaltecos devino en el crecimiento en el tema del ejercicio ciudadano, ya que aquellos que antes eran alejados o apáticos, ahora se han vuelto participativos, un cambio positivo.

Según Garavito, las protestas se fueron radicalizando debido a que no se logró la propuesta inicial, en donde se exigía la renuncia de los gobernantes, en donde de haber sucedido desde el momento en que se solicitó, el furor se hubiera apaciguado al ver en la práctica que esa exigencia tenía un eco.

El psicólogo refirió que el panorama es difuso en cuanto a que no se tiene la certeza sobre lo que sucederá con los señalamientos y procesos en los que se encuentran las personas que han sido investigadas, si terminarán en una sentencia justa y adecuada conforme a los hechos, así como si el tema del proceso electoral finalizará con alguien idóneo, y no con los mismos políticos que poseen historial, lo que dependerá del futuro inmediato del país.

REPUDIO A LA CORRUPCIÓN

De acuerdo con la socióloga, Margarita Castillo, el futuro del país estará plagiado de un profundo descontento ciudadano, ya que las manifestaciones y las distintas muestras de repudio de la ciudadanía tienen que ver con el hartazgo no solo a la corrupción, sino al abuso, a los excesos de la institucionalidad de los funcionarios públicos, lo que a su criterio pone en grave riesgo la situación de los nuevos gobernantes si no de la propia gobernabilidad.

Castillo declaró que los recientes acontecimientos han servido a los guatemaltecos no solo para tomar acciones sino para tener un posicionamiento político, en donde la ciudadanía es el actor principal de todo este proceso, la cual tiene desconfianza, incluso, del sector empresarial.

La socióloga expresó que a la mínima señal de corrupción en el porvenir, el pueblo estaría dispuesto a seguir pronunciándose en contra, ya que la ciudadanía que ha manifestado en diversas ocasiones en la Plaza de La Constitución, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, no es aquella que ha sido acarreada o ha estado allí bajo alguna condición sino más bien, por convicción.

¿QUÉ DEBE CAMBIAR?

De acuerdo con Santos, los últimos eventos demuestran que la crisis no solo se encuentra en el sistema de partidos políticos, sino más bien está alojada en los tres poderes del Estado, en donde se ha evidenciado que puede generar privilegios, abuso de poder, vacíos para cometer actos delictivos, arbitrariedad y niveles de impunidad muy altos.

En tal sentido, el activista en derechos humanos precisó que debe transformarse de raíz el Estado para que estos fenómenos y estos problemas ya no se sigan dando y para ello, explicó, se debe reconsiderar la profundización de la democracia, la cual tendría que atravesar por un nuevo pacto social que tendría que ser expresado en una nueva Constitución.

En tanto, el Director de Incidencia Política manifestó que aparte de las aprobaciones de las reformas de las leyes anteriormente mencionadas, se necesita implementar la formación de ciudadanía que represente los nuevos valores, tales como reconocer que se debe ser más respetuoso de la ley y no tan tolerantes en los actos fuera de ella.

A decir de Garavito, la actitud ciudadana es algo que debe continuar cambiando, ya que en la medida que ellos se sigan empoderando y exigiendo sus derechos, los cuales indica están claramente establecidos en la Constitución, es como se lleva a cabo el Estado de Derecho, para que de esta manera funcione para todos y no solo para quienes han tenido el poder.

Por otro lado, ante la interrogante, Castillo opinó que para cambiar el sistema, los diputados que aún se encuentran dentro del gobierno deben renunciar como lo hicieran en su momento los ministros “que aunque sea muy tarde, ya no le siguieron haciendo la comparsa a este gobierno”, pese a que según ella, los funcionarios no tenían ninguna decisión sustantiva en modificar la situación del Presidente.

Renzo Rosal destacó que se aprendió que ejercer ciudadanía significa ejercer presión, poner límites, tiempo, regulaciones y auditoría social, palabras que antes solo se escuchaban y que hoy son aprovechadas para demandar acciones concretas y son elementos indispensables en el proceso de cambio social que el país está requiriendo.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, refirió que el panorama es difuso en cuanto a que no se tiene la certeza sobre lo que sucederá con los señalamientos y procesos en los que se encuentran las personas que han sido investigadas, si terminarán en una sentencia justa y adecuada conforme a los hechos, así como si el tema del proceso electoral finalizará con alguien idóneo y no con los mismos políticos que poseen historial, lo que dependerá del futuro inmediato del país.

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Ban Ki-Moon elogia la lucha contra la corrupción en Guatemala

el Periodico, 27. septiembre 2015

El secretario general de la ONU reiteró en una reunión con el vicepresidente su apoyo al nuevo Gobierno

Tras su discurso del viernes ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria continuó con su agenda y ayer se reunió con el secretario general de la institución internacional Ban Ki-Moon. Sigue leyendo