CIDH recuerda vicios en elección de Cortes en 2014

por Diario La Hora mar 14, 2016

En la presentación del informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que en el proceso de selección y nombramiento de magistrados para la Corte Suprema de Justicia en 2014, “existieron afectaciones a la independencia judicial, por la presunta falta de idoneidad durante los procesos de selección y nombramiento”.

Según el informe, existe una preocupación sobre el riesgo de que se hayan elegido a los magistrados por medio de listas consensuadas, a través de cuotas políticas, entre los bloques, sin que se hubiera realizado una discusión formal sobre los méritos de cada uno.

En el informe mencionado, la CIDH resaltó la necesidad de agudizar los esfuerzos para mejorar la condición de los pueblos indígenas en el país y esquivar las prácticas exclusivas.

CONSULTAS COMUNITARIAS

El presidente Jimmy Morales, en su discurso, informó que se implementarán las consultas comunitarias a nivel nacional, en vías de fortalecer el derecho de los pueblos indígenas sobre sus recursos y territorio.

“Para aquellas comunidades que se han acercado a pedir justicia, quiero decirles que he girado instrucción para que procedan a implementar las consultas comunitarias que la Corte de Constitucionalidad solicitó que se realizaran”, aseguró el presidente.

La CIDH resaltó a las autoridades, la necesidad de considerar las consultas comunitarias “como expresión de los pueblos y comunidades indígenas del ejercicio de sus derechos”.

En esta línea, la nueva medida del presidente respondió a la sugerencia realizada dentro del informe, de “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales”.

Según la Comisión, estas consultas deben realizarse de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, cuando se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras y territorios, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio.

La CIDH también pidió al presidente que hiciera una “revisión” al tema de la implementación de la pena de muerte y manifestaron su rechazo a la medida, pues no concuerda con las garantías de derechos humanos.

También se abordaron diversos desafíos estructurales en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, marginación y discriminación que afectan gravemente los derechos humanos de sus habitantes.

“Para aquellas comunidades que se han acercado a pedir justicia, quiero decirles que he girado instrucción para que procedan a implementar las consultas comunitarias que la Corte de Constitucionalidad solicitó que se realizaran”.
Jimmy Morales Presidente

http://lahora.gt/cidh-recuerda-vicios-en-eleccion-de-cortes-en-2014/

 

CCDA acciona contra el Ejecutivo

por Diario La Hora mar 4, 2016

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA), presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Ejecutivo por silencio administrativo al no resolver un problema de tierras en la comunidad keqchi que se acordó en 2015.

El anuncio lo hizo el diputado Leocadio Juracán de Convergencia, quien acompañó a líderes de CCDA que exigieron al Gobierno resolver los más de 150 casos de conflictividad agraria, y la aprobación de la iniciativa 4084, ley de desarrollo rural.

Además, la 4087, ley de radios comunitarias y ley de juventud, en el marco del 34 aniversario de resistencia campesina, donde se pidió la refundación del Estado.

http://lahora.gt/ccda-acciona-contra-el-ejecutivo/

Por qué es menos descarada la compra de voluntades en la Corte Suprema (y los 5 candidatos para la CC)

Nómada

POR / 2 marzo, 2016

El 20% del destino de la lucha contra la impunidad en Guatemala está en las manos de 13 jueces, que eligirán a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Son 13 jueces que llegaron a su cargo a finales de 2014 electos en una alianza oscura del PP y Líder, pero que respondieron en 2015 al MP y a la CICIG y ahora se debaten entre si buscar a alguien independiente o tener una cuota de poder en la Corte más fuerte del país.

La fecha fue la primera señal. Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron que la fecha para elegir magistrado titular y suplente para la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad sería el 2 de marzo de 2016, el mismo día de la elección del clientelar Colegio de Abogados (CANG). La USAC, el Congreso y el Presidente de la República eligirán en distintas fechas. Pero la Corte Suprema decidió hacerlo el mismo día del Colegio de Abogados para mostrar que no influirá en su decisión.

El proceso de selección fue la segunda señal. En la página web de la Corte por primera vez en este tipo de proceso se ha publicado la información de los candidatos. Primero, los currículums de los postulantes; después los resultados de las pruebas psicométricas y finalmente los resultados de las entrevistas el día antes de la elección. Y además, cada parte de este proceso ha sido pública y retransmitida en directo. Aún falta saber si los votos serán públicos.

El peso de su historia reciente los marca. Los 13 magistrados llegaron señaladísimos a su cargo, acusados de tráfico de influencias en su selección. Es parte de la historia la grabación en la que el ahora exdiputado del PP Gudy Rivera le pide a la jueza Claudia Escobar proteger a la vicepresidente Roxana Baldetti a cambio de garantizar su reelección como jueza.

Y esa marca de nacimiento provocó un retraso de 43 días antes de que pudieran asumir como nuevos jueces. 43 días que no se les olvidan para esta elección ante la Corte de Constitucionalidad. Magistrados y candidatos mencionan reiteradamente el mes y medio que transcurrió hasta que se resolvió el amparo que impedía su nombramiento.

A esos 43 días se suma la crisis institucional de 140 días entre abril y agosto de 2015. La investigación del MP y la CICIG contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina por el caso de la defraudación aduanera, pusieron a los 13 jueces de la Corte Suprema en el ojo público.

Decidieron traicionar a Baldetti y Pérez Molina y al partido Líder y retiraron inmunidades. Y en 2016 deberán decidir si rompen definitivamente con el sistema que los eligió.

Con 17 postulantes, el panorama es menos claro hoy que hace un mes cuando solo un nombre sonaba: el del juez Sergio Pineda, magistrado de la cámara civil de la Corte Suprema. Ahora, a falta de la mitad de los expedientes por revisar, hay otros nombres que suenan junto a Pineda. Todo a través de las puntuaciones dentro del proceso abierto de selección.

Puntuaciones que en el pasado han servido sólo de fachada cuando hay una decisión tomada. En 2014, la candidata para fiscal de Pérez Molina era Thelma Aldana. Y a pesar de las críticas y la oposición, fue la que mejor punteó en una Comisión de Postulación dominada por el oficialismo, abogados clientelares y los grandes empresarios.

Este 2 de marzo, el día en que han ofrecido elegir, se conocerán las puntuaciones de Sergio Pineda o de otros candidatos fuertes, como Giovanni Orellana, magistrado de apelaciones. Los nombres de algunas candidatas, como el de Consuelo Porras, empiezan a última hora a sonar con fuerza. Pero los apoyos, dentro y fuera, son menos obvios.

La explicación a estas negociaciones menos obvias la da un candidato minutos antes de su entrevista: “Hay más presión pública, más fiscalización; el escenario actual no permite una compra de voluntades evidente”.

1. Consuelo Porras, la amiga de Gloria Porras

Consuelo Porras, actual supervisora de tribunales del Organismo Judicial (OJ), es amiga de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad que busca su reelección en el Congreso y en la Usac, desde la época en que ambas trabajaron en el Ministerio Público. Consuelo Porras trabajó ocho años en el MP y fue fiscal de asuntos constitucionales y amparos y fue en esos años (1996-2004) en que hicieron migas.

Antes del MP, trabajó nueve años en el Ministerio de Gobernación y otros tantos en la Secretaria de Bienestar Social previamente. En 2004, arrancó su carrera en el Organismo Judicial cuando fue elegida magistrada de apelaciones en La Antigua. En 2009, esta ex magistrada de apelaciones de niñez y adolescencia, se postuló a magistrada de la CSJ, pero no fue incluida entre los 26 elegidos para que el Congreso eligiera a los 13 magistrados finales. En 2010, fue presidenta de la junta de disciplina del OJ.

Porras es esposa del fiscal Gilberto Porres, que fue general de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su nombre saltó a los medios cuando en 2014 se postuló como candidata a fiscal general, en una elección que ganó Thelma Aldana, pese a que Porras obtuvo, con 62 puntos, la tercera puntuación más alta. En la actual elección, Consuelo Porras ha obtenido 78 puntos, una de las gradaciones más altas.

2. Sergio Pineda, el magistrado de la casa

Titubeó frente a los suyos. El 29 de febrero, el magistrado vocal VI de la cámara civil se puso nervioso en su entrevista. Aunque los que le puntuaban eran sus compañeros. Y pese a que su fuerte es el derecho constitucional, tal como él mismo afirma, sólo empleó cinco de los diez minutos que le correspondían para responder al tema que le tocó explicar: la interpretación constitucional. Su puntaje fue bajo: seis puntos.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

El nombre de Secaira suena como el de la candidata de la cámara penal y ella admite que espera apoyos de su cámara y de otras por el largo tiempo que lleva vinculada al Organismo Judicial (OJ), aunque hay disparidad de opiniones sobre sus posibilidades como titular, según distintas fuentes consultadas en la Corte.

Si bien entre 2009 y 2014 fue asesora de la Municipalidad de Guatemala, Secaira ha desarrollado su trayectoria en el OJ desde que se licenció en la Usac en 1981. Ha estado en las Corte de Apelaciones desde 1999 hasta 2009.

 

 

 

 

https://nomada.gt/por-que-es-menos-descarada-la-compra-de-voluntades-en-la-corte-suprema-y-los-5-candidatos-para-la-cc/

MEM no suspenderá proyecto minero en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc

Por Rosa María Bolaños

El proyecto minero Progreso VII, Derivada —ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo—, se mantiene vigente y puede seguir operando, según el criterio jurídico del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La opinión se da a pesar del amparo provisional otorgado por la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas).

Según Rogelio Zarceño, director de la unidad de asesoría jurídica del MEM, en ese ministerio hay 14 casos con recursos constitucionales en diferentes fases —12 son proyectos mineros y dos son de hidroeléctricas—.

El más reciente es de Progreso VII, Derivada, Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., caso en el cual, según Calas, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les otorgó un amparo en forma provisional que suspendió la licencia otorgada al proyecto, por lo que sostienen que las operaciones deben ser suspendidas.

611

  • solicitudes para autorización de licencias tiene MEM.

Zarceño indicó que la semana pasada fue notificado; sin embargo, explicó que ese amparo quedó sin materia, porque se presentó en el 2014 y se pidió que suspendiera el otorgamiento de la licencia, pero esta ya se había otorgado desde el 2011.

El directivo del MEM explicó que, en el amparo, “no ordena ni autoriza a ese ministerio suspender esas operaciones u ordenarle que lo haga”.

“La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”, insistió.

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  • licencias mineras vigentes al 1 de febrero del 2016.

Zarceño expuso que la ley da 30 días para cuando haya un agravio, o 30 días cuando el supuesto agraviado se hubiera enterado, para poder presentar un amparo.

Añadió que ese caso fue dejado en suspenso en forma definitiva por la CSJ, porque se consideró que era extemporáneo, pero que los demandantes acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) en apelación y decidió dejar sin efecto la resolución la CSJ, por lo que ahora se reactivó de nuevo el expediente.

El asesor indicó que el MEM cumplió con evacuar las audiencias y enviar el original del expediente, tal como lo ordenó la CSJ, y espera que se desestime.

Difieren por resolución

  • Según la notificación de la CJS divulgada por Rafael Maldonado, asesor jurídico de Calas, dicha corte refiere: “Se decreta el amparo provisional en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, del departamento de Guatemala, denominada “Progreso VII, Derivada”.
  • Con base en esta resolución, Calas es del criterio que se deben suspender la licencia y el proyecto. Rafel Maldonado, asesor de Calas, opinó que de no cumplirse la resolución procede la destitución inmediata del ministro de Energía por desacato, aunque otros expertos indicaron en su cuenta de Twitter que si no se cumple, se puede entablar un proceso por desacato e incumplimiento de deberes.
  • Zarceño, asesor jurídico del MEM, afirma que no procede y que se opera en el marco de la ley y del amparo.

 

Otros casos

En la actualidad, en el ministerio hay 18 casos notificados por la CC, por diferentes proyectos.

La secretaria general del MEM, Dulce María Leal, dijo que en varios de estos casos no le ordenan a ese ministerio suspender las licencias u operaciones, sino regresar el proceso a una fase de documentación, es decir, darle trámite a unas oposiciones presentadas en su oportunidad.

En otros, como en el proyecto de San José 3 y Centauro 2, de la firma Montana Exploradora, además del proyecto Eluvia, de Entre Mares, y los Cimientos, de Nichromet Guatemala, S.A., en la sentencia, indica el informe del MEM, se debe implementar la consulta del Convenio 169 de la OIT.

En el caso de las consultas populares, el MEM sostiene que estas no son vinculantes y una vez los proyectos cumplan con los requisitos técnicos, ambientales y legales, aunque haya ganado el “no” en una comunidad, el ministerio puede otorgar las licencias. Los funcionarios agregaron que el MEM no puede establecer dicho procedimiento de consulta, porque el convenio refiere que son los gobiernos los que deben establecerlo.

El caso de la hidroeléctrica La Vega 1 y 2, ubicadas en Quiché, hay una sentencia de la CC que se debe cumplir a más tardar en mayo e implementar una consulta, pero explica que se evalúan que gestiones.

“Es un fallo de mucha interpretación”, aseguró Zarceño, quien cree que este le otorga que el MEM se convierta en intermediario entre las empresas y las comunidades, pero se pregunta: “¿Qué debemos entender nosotros como organizaciones representativas?”.

http://www.prensalibre.com/economia/mem-no-suspendera-proyecto

Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos

POR / 15 febrero, 2016

Hay una Corte, con cinco jueces, que decide el futuro de Guatemala. Va a decidir si todos los juicios y las reformas del MP y la CICIG son legales o no lo son. Y uno de los cinco puestos lo decidirán unos 5 mil abogados de su colegio profesional. Pero hay un candidato que cuenta con ventaja. Un puesto público, con fondos públicos, en el que se cruzan con facilidad las líneas de la academia y el proselitismo. Se llama Bonerge Mejía.

Para ganar una elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) hay que ser popular. No bastan las propuestas y los planes de trabajo. Hay que recorrer el país y agradar al menos al 30 por ciento del los colegiados que votan. Cada cinco años, los abogados eligen a uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a un suplente. Esta vez, seis aspirantes y sus grupos se disputan el puesto. Pero hay uno con ventaja sobre todos: Bonerge Mejía, que desde un puesto público ha hecho campaña para llegar a la Corte más poderosa del país.

No existe línea divisoria entre la política gremial y la academia en el Colegio de Abogados, y en esa entidad, de la academia, a la cacería política y el clientelismo, hay un puesto: la dirección de la Unidad Académica.

“La Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis) tiene el gusto de invitarlo a celebrar el día del cariño. Asimismo, a la conferencia El Valor de la Amistad. Tendremos música, regalos, concursos juegos y algo más”. Es una invitación del grupo dirigido por Luis Reyes, ex presidente del Colegio e impulsor de Bonerge Mejía como candidato a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Esa actividad sería normal y pasaría desapercibida si no fuera por la relación que existe entre Luis Reyes y Bonerge Mejía y el interés de ambos para que el último ocupe un puesto en la CC.

Bonerge Mejía lleva años haciendo campaña para ese puesto. En el año 2013, Luis Reyes, siendo presidente del Colegio de Abogados gracias al apoyo del gobierno del Partido Patriota, lo nombró director de la codiciada Unidad Académica del Colegio, una oficina que tiene un presupuesto aproximado de Q1 millón anual para desarrollar actividades de actualización y tecnificación profesional para sus agremiados y que permite acercamiento con asociaciones y redes de abogados en todos los departamentos del país. Un presupuesto ideal para convencer a unos 3 mil abogados que se necesita para ganar una elección dentro del Colegio.

La ventaja del candidato Bonerge Mejía sobre el resto de aspirantes viene de su paso por Unidad Académica. Allí se hizo de una plataforma para recorrer el país coordinando conferencias académicas, promoviendo acercamientos con quienes busca sean sus futuros votantes. La fórmula, que no es nueva, ya ha resultado antes.

Cuando Fredy Cabrera presidía la Junta Directiva del CANG nombró a Luis Reyes en la Unidad Académica. Como representante de una universidad privada, Fredy Cabrera fue denunciado en 2014 por ser uno de los operadores de PP-Líder para la elección de jueces, con mensajes de texto en coordinación con el subsecretario general de Pérez Molina, Marvin Lau. En el 2012 Reyes heredó el puesto de Cabrera y dejó su cargo en dicha unidad a Bonerge Mejía. Mejía estuvo allí dos años (2013-2014) para hacer campaña.

De hecho, Bonerge Mejía intentó llegar a la presidencia del CANG en 2015, pero sus planes se truncaron cuando Marco Sagastume Gemmel ganó y lo despidió de la Unidad Académica.

“Nada más llegué y lo cambié. Él me dijo ‘Maco seguimos’, yo le dije: no porque vos vas de candidato para la CC, entonces no es ético que te aproveches de los recursos del Colegio para que impulses tu candidatura”, explica el presidente Sagastume en una entrevista.

En lugar de Mejía nombró como director académico a su aliado Estuardo Gálvez, ex rector de la Usac, dónde el ahora presidente Sagastume trabajó varios años en el departamento jurídico. “Le pregunté a Estuardo Gálvez si iba de candidato a algo y me dio su palabra de honor de que no”, añade.

Gálvez no es candidato, pero tiene un candidato.

Gálvez apoya públicamente la reelección de Héctor Hugo Pérez Aguilera, uno de 5 los magistrados actuales, uno de los 3 actuales que trabajó y votó para que a Pérez Molina no se le quitara la inmunidad, validó la elección de jueces de Líder y PP, anuló el juicio por genocidio y permanentemente falló a favor de militares en sus cinco años en el cargo. El presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, asegura que están vigilando que la estructura de la Unidad Académica no sea utilizada para impulsar a Hugo Pérez Aguilera.

De regreso al candidato Bonerge Mejía, éste tiene a su favor el voto de los estudiantes beneficiados mientras él pasó por la USAC. Una investigación de Nómada evidencia que durante la decanatura de Bonerge Mejía, el número de graduaciones aumentó a un ritmo fuera de lo normal. Del 2001 al 2010 las graduaciones se quintuplicaron, aunque cada año se inscribió la misma cantidad, de 18 mil estudiantes. De 241 graduandos en en 2001 pasaron a ser 1,019 en 2010. Se intentó contactarlo para una entrevista, pero no fue posible durante varios días de la semana pasada.

Los recursos públicos

Como sucede con ministerios como el de Comunicaciones antes de las elecciones presidenciales o legislativas, en el Colegio de Abogados todos tienen claro que la Unidad Académica se usa con fines electorales.

Pero en sus fiscalizaciones, todavía no todos tienen claro que usa fondos públicos.

El Estado obliga a cada abogado a pagar su colegiación y el artículo 28 de la Ley de Impuestos de Timbres Fiscales y de Papel Sellado, el Ministerio de Finanzas mensualmente paga al Colegio de Abogados un 4 por ciento de comisión por la adquisición de timbres y papel para protocolos que hagan los notarios. Los tribunales, además, han reconocido en sentencias que los directivos de los colegios profesionales se equiparan a los funcionarios públicos.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, lo denuncia. Con Bonerge Mejía se detectó que se hizo de una red de asociaciones de abogados –el Colegio le da fondos a cada asociación que se crea–, y aunque Sagastume Gemmel lo detuvo, ya llevaba dos años en el puesto. A finales de enero, organizaciones de la sociedad civil le plantearon su preocupación al Colegio de Abogados porque parte de sus fondos se utilizan para llevar a la Corte más importante del país a una persona clientelar.

“Bonerge Mejía fue el operador de las hermanas Torres de la UNE en el año 2009. Ese mismo año fue operador del Rey del Tenis (el abogado Roberto López Villatoro). Cinco años más tarde, él y el actual decano de Derecho, Avidán Ortiz, fueron los operadores en 2014 de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y de Juan de Dios Rodríguez (expresidente del IGSS). Estuvieron en el grupo de operadores”, dijo la activista Ibarra.

Bonerge recorrió el país y usó a la institución para darse a conocer, y todo lo hizo con el presupuesto del Colegio de Abogados. Más que un delito, es un problema de orden ético, considera Carmen Aída Ibarra.

No es complicado hacer proselitismo disfrazado de eventos académicos. Eventos con mucha mayor convocatoria que los de los demás aspirantes, que llaman a sus colegas para presentar su plan de trabajo y logran convocar a 30 abogados si les va bien, cómo denuncia una integrante de Alternativa Independiente.

Luis Reyes, que antes de ser presidente del Colegio de Abogados también fue director de la Unidad Académia, lo reconoce. Las campañas son caras. Transmitir el mensaje no es barato. “Todos tiene que invitar a los colegas. En Petén, por ejemplo, tiene que invitar a comer a todos para que lleguen, porque el agremiado no va a dar un centavo para ir a escuchar a un candidato. Es difícil. A veces se cree que es onerosa la elección, pero si uno no motiva la participación del agremiado que vaya a un desayuno, a una conferencia o a un evento, no asiste”, añadió el expresidente del CANG.

En Guatemala hay 23 mil abogados colegiados y en promedio votan 6 mil.

Bonerge Mejía y Luis Reyes van más allá de un desayuno en Petén. Al estilo de la vieja política, en su convivio navideño del año 2015 rifaron una motocicleta, regalaron canastas navideñas e invitaron a decenas de abogados y sus familias a un almuerzo en Hacienda San Isidro, ruta al Pacífico.

No hay quien fiscalice las campañas de los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad porque el reglamento del Colegio no plantea nada al respecto. Ni techos, ni nombres de financistas. El actual presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, se justifica: “No puedo detener las campañas millonarias de los candidatos porque no hay ningún candidato inscrito. El último día para inscribirse es el 22 de febrero”. No puede investigar la campaña anticipada porque ‘la campaña legal dura sólo dos semanas’. La votaciones son el 2 de marzo.

Dice que algo que puede hacer diferente el proceso es la participación de todos los colegas que pertenecen al gremio. De 23 mil colegiados, sólo votan 6 mil. La mayoría del 30 por ciento define a sus representantes. Cuando Sagastume Gemmel ganó la presidencia de la entidad obtuvo 3 mil 400 votos, el 15 por ciento de los abogados de Guatemala lo llevó a ese cargo. Tres mil ciudadanos guatemaltecos serán entonces los que eligan a uno de los cinco jueces constitucionales de la República.

Las elecciones del CANG son el próximo 2 de marzo. De los cinco que aspiran a ocupar un puesto en el máximo tribunal constitucional, hay dos que tienen ventaja. Bonerge Mejía, exdirector de la Unidad Académica; y Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado de la CC, que cuenta con el apoyo de Estuardo Gálvez, el exrector y actual director de la Unidad.

También buscan llegar Óscar Cruz, el candidato con el apoyo de Roberto López; Ricardo Alvarado, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del CANG; y Marco Antonio Villeda, el reconocido juez de extinción de dominio.

 

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¿El candidato de Jimmy? González Dubón y la magistratura de la CC

 

Dentro de los malabares que está haciendo Jimmy Morales en los primeros meses de su gestión, ahora tendrá que elegir a un magistrado titular de la poderosa Corte de Constitucionalidad. Dentro de un sospechoso hermetismo, el nombre de José Luis González Dubón se filtró como el candidato estrella de Jimmy. Su pasado lo relaciona con adopciones ilegales, organizaciones de extrema derecha y una parte de la cúpula empresarial.

La primera gran decisión de Jimmy Morales

La crisis política del 2015 afectó como nunca se pensó el comportamiento de los políticos. Cada palabra es pensada más de lo normal, y se realizan acciones que hagan ver que las cosas intentan cambiarse. La plazocracia, como la llamó el nuevo presidente del Congreso, se hace presente en la mente de los funcionarios públicos.

Para la elección de la Corte de Constitucionalidad, que se llevará a cabo en la primera quincena de marzo de 2016 por cinco órganos electores, la cosa es muy parecida. El presidente del Colegio de Abogados, Marco Sagastume Gemmel, ofreció total transparencia para la elección. Y tanto el Consejo Superior Universitario de Usac, la Corte Suprema de Justicia, y el Congreso han hecho lo posible para transparentar la elección, ofreciendo sesiones públicas e información disponible para toda persona que busque acercarse.

Sólo un órgano elector no está siguiendo esta tendencia: la Presidencia de la República, a cargo de Jimmy Morales. En los malabares de discursos sobre temas básicos como salud, nombramientos del Gabinete, y el tema de los tránsfugas a su bancada, se ha notado improvisación y una presión muy fuerte de los grupos que lo rodean. Morales no ha tenido otra opción más que ceder; cambiar su discurso y adoptar las prácticas que criticó en sus lemas de campaña.

Con la elección de un magistrado titular y suplente para la Corte Constitucionalidad está pasando lo mismo. Se ha negado a hacer transparente la elección a magistrado, pese a que ha dicho que ya está en proceso de revisión de expedientes. Será un secreto que no revelará, como no lo hizo con su Gabinete hasta horas antes de su presentación.

Pero varios nombres se han filtrado del Gabinete, y uno de los que mayor fuerza está tomando es el abogado constitucionalista José Luis González Dubón. El nombramiento no sería casual, según los perfiles de los principales funcionarios de Morales esto sólo confirmaría que miembros de la cúpula empresarial y la “línea dura” de civiles que apoyaba las dictaduras militares está asesorándolo en la materia. El pasado de González Dubón aclara estas relaciones y perfila lo que sería un choque directo con la CICIG y los procesos de cambio que vive el país.

Un candidato anti-CICIG

«Al ver quiénes apoyan a la CICIG, encontramos que son personas vinculadas a la ex guerrilla, que como tales, formaron parte del crimen organizado (terroristas) y hoy ejercen cargos públicos y forman parte del gobierno, por lo que resulta evidente que la propuesta de su creación encaja dentro de sus propósitos de lucha política», dijo en una entrevista González Dubón con el semanario Inforpress en 2007. Su oposición no era la única. Varios empresarios, políticos y militares estuvieron desde las primeras conversaciones entre el Estado de Guatemala y la ONU en contra de la creación de la CICIG. Otro abogado, ahora diputado por el PAN, Fernando Linares Beltranena, dijo al semanario: «El problema fundamental de la CICIG es que sus autores no han definido los grupos específicos que quieren investigar».

La oposición siguió por años. Al punto que en 2009, según se recoge en una nota de La Hora, González Dubón pidió a la CC que anulara el decreto 35-2007, que dio vida a la CICIG por parte del Congreso. Según dijo en ese momento, el objetivo era que el Congreso pasara a discutir nuevamente la validez de la misión de la ONU en el país. La meta final era que se retiraran del país.

Aún en el gobierno Patriota, antes de que la crisis comenzara, González Dubón, en representación de la Liga Pro-Patria, se presentó ante Otto Pérez Molina pidiéndole no prorrogar el mandato de la CICIG porque «en los últimos años la CICIG no ha dado los resultados que se esperaban». Lo que siguió es por todos conocidos: Pérez Molina se negó a prorrogar hasta que tuvo encima el caso SAT. Meses después estaba en una prisión.

Pero, ¿a qué se debe tanta oposición a la CICIG? En una entrevista con La Hora en 2009, Helen Mack dijo: «La oposición es que a ellos les pueda caer, porque hay muchos miembros de la liga Pro Patria que están involucrados en actividades ilícitas, muchas de ellas conocidas. A (José Luis) González Dubón se le vincula al tema de las adopciones ilegales, y por eso a él no le interesaría, ni a otros miembros de la Liga, una Comisión como de este estilo, que es objetiva y está haciendo la lucha que deberíamos estar haciendo nosotros, y que no las van a poder sobornar, entonces prefieren rechazarlo».

Esa es la primera clave de su pasado.

El negocio de las adopciones

La relación de González Dubón con estructuras de adopción ilegal, que abundaron en los ochenta según quedó claro en un reportaje de Plaza Pública, vienen a través de su bufete legal, Nexum. Ese bufete lo creó con su hermano, Aníbal González Dubón, y tiene una línea de adopciones que es llevada por la hija de José Luis, Indira González Castro.

La Liga Pro Patria, que tiene entre sus fundadores a José Luis González Dubón, promovió en 1999 la candidatura de Efraín Ríos Montt

La abogada y dueña de la Asociación Primavera, Susana Luarca, fue perseguida por la CICIG por ser parte de una red de adopciones ilegales en el caso Muyus y el caso Primavera. Luarca dio a conocer en 2003 una lista bastante larga de abogados que habían sido amparados luego de ser señalados de realizar adopciones ilegales. Los amparos fueron una afrenta para la PGN, que buscaba en ese año frenar con las adopciones ilegales. Entre los nombres aparecía Indira y Aníbal González. El bufete de los González Dubón ha apoyado judicialmente a miembros de la Universidad Francisco Marroquín en varias demandas. Indira González es también representante de OI Telecom, una de las empresas en pugna por la Banda 4G. Aníbal González Dubón es a su vez catedrático del Doctorado en Seguridad Estratégica de reciente creación en la USAC (Acta 05-2012), donde Jimmy Morales estudió.

Además de este caso, las relaciones con adopciones se dan por los vínculos de González Dubón y los espacios que comparte con otros personajes señalados.

Por ejemplo, las declaraciones en contra de la CICIG por el diputado Linares Beltranena tenían el mismo fondo. Según una investigación de El Observador, Linares Beltranena participó en la defensa legal en el “Caso Tío Juan”. El caso se presentó en 1991 y en él se acusó al estadounidense John Hugh Watterer (Tío Juan), en ese momento Director del “Hogar Mi Casa”, de abusos sexuales contra niños de la calle a quienes la organización, fundada por él en 1976, atendía. El Hogar Mi Casa fue una organización respaldada y financiada por familiares de la cúpula empresarial, lo que se dedujo de la presión que hicieron para que no fuera extraditado a Estados Unidos, y de la Junta Directiva de Hogar Mi Casa. Entre ellos estaba el Vicepresidente, Arne Sapper (cafetalero de Cobán), y Gonzálo Menéndez Park (ex canciller de Guatemala).

Arne Rainer Sapper Cordua es descendiente de alemanes que se asentaron en Alta Verapaz en el siglo XIX, y es conocido por ser el distribuidor en Guatemala de la marca automovílística europea BMW. Pero hay otro nexo: conjuntamente con José Luis González Dubón, son los representantes legales de la Liga Pro Patria.

Esa relación de Pro Patria con miembros de la cúpula empresarial abre vínculos que ayudan a entender su posible nombramiento por parte de Jimmy Morales.

La “línea dura” civil

La Liga Pro Patria se define, según su sitio web, como una «una organización libertaria que busca el Estado de Derecho en Guatemala». Lo libertario no solo está definido en su ideario, sino en los vínculos que han manejado sus miembros con distintos partidos políticos, y el apoyo que dio a la iniciativa Pro Reforma de reforma a la Constitución, un proyecto surgido de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). En todas ellas se ve un reciclaje de ex miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, extrema derecha).

La Liga Pro Patria, que tiene entre sus fundadores y actual representante legal a José Luis González Dubón, promovió para el proceso electoral de 1999 la candidatura de Efraín Ríos Montt a través del abogado Fernando Linares Beltranena, hoy diputado. Este grupo estuvo ligado al ala más dura del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Y la relación no es nueva, y tiene nuevamente vínculos con la UFM. Se recuerda que Manuel Ayau Cordón fue el principal asesor económico en los inicios del régimen de Ríos Montt. Manuel Ayau fue uno de los fundadores de la UFM, y alto dirigente del MLN.

Manuel Ayau Cordón fue miembro de la Junta Directiva de la desaparecida empresa petrolera Basic Resources, hoy transformada en la petrolera Perenco, y su familia, entre otras empresas, posee la fábrica de cerámicas Samboro. Uno de los miembros de esta familia es el conocido columnista pro-militar del diario elPeriódico, Raúl Minondo Ayau.

Ayau fue también creador de la Asociación Pro-Reforma, en la cual entre otros fundadores estuvo Aníbal González Dubón, y en la primera junta directiva, José Luis González Dubón como vicepresidente.

A mediados de la década pasada, durante presentaciones, Ayau dijo que entre los integrantes están miembros de la Asociación Amigos del País, dentro de los que está precisamente el abogado José Luis González Dubón, y el economista Juan Carlos Simmons, quien fue en el pasado diputado por el desaparecido MLN.

A Simons se le recuerda como Constituyente por el MLN en 1984, y después como diputado al Congreso de la República por el mismo partido durante el período 1986-1990 cuando el MLN hizo alianza con el también desaparecido Partido Institucional Democrático (PID). Junto con Ayau y otros políticos como Danilo Roca, quien también perteneció al MLN, Simons emigró a la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN). Manuel Ayau fue el candidato a vice de la UCN en 1990, cuando Carpio era el candidato presidencial, aunque meses antes Ayau era el candidato presidencial del MLN, partido del que se retiró luego que su esposa, Olga García, sufriera un atentado con granadas.

Un último dato es importante de resaltar para terminar de tejer estas relaciones históricas entre el Gabinete de Jimmy Morales con sectores vinculados a partidos de extrema derecha, empresarios, y bufetes de adopciones ilegales. Durante su paso por la rectoría de la USAC, Jafeth Cabrera ha comentado que tejió una amistad con el general retirado Juan José Marroquín Siliézar, del alto mando militar de los 80 y 90.

Marroquín Siliézar fue uno de los fundadores de la Liga Pro Patria, la cual presidió a principios de la década pasada. Marroquín Siliézar fue dado de baja durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990), cuando ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Su salida se dio supuestamente por fraguar una intentona golpista, y por estar respaldando a la entonces opositora Unión del Centro Nacional (UCN) –ya desaparecido-, partido en el que cohabitaban importantes directivos de la Universidad Francisco Marroquín y que a la postre fundarían la Liga Pro Patria y la Asociación Pro Reforma.

Quedará por ver si este abanico de intereses puede presionar a Jimmy Morales para nombrar a uno de sus insignes representantes en la máxima corte del país

La Junta Directiva que fundó la Asociación Pro Reforma estuvo integrada por las siguientes personas:

Presidente Manuel Ayau Cordón
Vicepresidente José Luis González Dubón
Secretario Juan Carlos Simmons Solís
Tesorero Jorge Armando Carrillo Gudie
Vocal I Guillermo Waldemar Méndez
Vocal II Ramiro Alfaro Arellano
Vocal III José Francisco Alonzo Morales

Fundadores ProReforma

 

 

 

https://cmiguate.org/el-candidato-de-jimmy-gonzalez-dubon-y-la-magistratura-de-la-cc/

La pírrica manifestación de Méndez-Ruíz en Huehuetenango

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— 30 Ene, 2016

En la mañana del sábado 30 de enero, Ricardo Méndez-Ruíz, presidente de la Fundación Contra

el Terrorismo (FCT), se presentó en Huehuetenango para dar un discurso en defensa de los militares acusados por crímenes de guerra

Al acto asistieron no más de 30 Ex Patrulleros de Autodefensa Civil (EX-PAC) de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán. Méndez-Ruíz aprovechó para azuzar a los EX-PAC afirmando que “la guerrilla, los marxistas y los terroristas quieren meterlos a todos ustedes a la cárcel por haber defendido a la patria”. Asimismo se realizaron acusaciones contra los presos políticos del norte de Huehuetenango y contra líderes de la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH) y del Gobierno Plurinacional.

Acompañando a Méndez-Ruíz se encontraba la familia del coronel (r) Francisco Luis Gordillo Martínez, quien fuera parte del triunvirato de Ríos Montt en 1982, y compañero de promoción (53) en la Escuela Politecnica de Carlos Archila Marroquín (hermano del presidente de Emisoras Unidas) y Edgar Augusto Ríos Montt (hermano de Efraín Ríos Montt), ambos fallecidos.

La hermana de Gordillo Martínez expresó que desde los 17 años se fue a “luchar por la patria” y que estaban orgullosos de su hermano porque “los liberó del marxismo”. Gordillo fue detenido el pasado 06 de enero de 2016 por la desaparación forzada del menor de edad Marco Antonio Molina Thiessen. En este caso también se encuentra ligado a proceso el general (r) Manuel Antonio Callejas y Callejas, considerado el capo de capos del crimen organizado en Guatemala.

En el acto realizado en el parque central de la cabecera departamental de Huehuetenango, Méndez-Ruíz también se refirió al Caso Sepur Zarco, que iniciará debate oral y público el próximo lunes 01 de febrero de 2016. Al respecto, señaló que los EX-PAC  son héroes y los verdaderos dueños de Q 33 millones que supuestamente recibirán las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente y sometidas a trabajos forzados en el destacamento de Sepur Zarco en 1982.

Méndez-Ruíz continúa lanzando discursos confrontativos y promoviendo la polarización, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) le notificó el 26 de enero de 2016 el rechazó en definitiva un amparo que había interpuesto como presidente de la FCT. El amparo era en contra de la resolución emita por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en agosto de 2013, luego que en el marco del juicio por genocidio, fuera condenado moralmente por incitar el odio -en sus discursos y publicaciones- en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.

https://cmiguate.org/la-pirrica-manifestacion-de-mendez-ruiz-en-huehuetenango/