Diputado presenta denuncia contra empresa minera de La Puya

por Diario La Hora May 30, 2016

Juan Ramón Lau, diputado de TODOS, presentó una denuncia contra la Empresa Exploraciones Mineras de Guatemala S. A., que opera la mina Progreso VII Derivada “El Tambor”, de donde se han continuado extrayendo minerales, pese a una orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender los trabajos.

Lau, presidente de la comisión de Energía y Minas del Congreso, indicó que, con dicha acción legal pretende que la empresa sea intervenida y cese el saqueo de los minerales.

En el documento presentado también se solicita que se decrete arraigo contra Daniel Williams Keips y Héctor Jacinto Vaidez Medina, representantes legales de dicha compañía.

Maribel Diéguez, asesora legal de Exploraciones Mineras, calificó la denuncia del congresista como “un show” para influir en el amparo, cuya decisión final aún se encuentra en manos de la CSJ.

En fecha reciente, el MP informó que inició investigaciones contra la empresa y que accionará, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, para la debida ejecución de la sentencia de la CSJ.

Diéguez indicó que ya se pusieron a disposición del ente investigador y que se encuentran a la espera de una resolución definitiva.

 

http://lahora.gt/diputado-presenta-denuncia-empresa-minera-la-puya/

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Caso La Puya: MP inicia persecución penal contra minera

por Diario La Hora May 27, 2016

 

El Ministerio Público (MP) inició una persecución penal de oficio contra la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala S.A, que explota oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, a la vez que planteó una acción que busca determinar si el Ministerio de Energía y Minas (MEM) o cualquier otra entidad involucrada ha cumplido con la orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de cesar la actividad.

En un comunicado el MP informó que derivado del amparo provisional decretado por la CSJ, que ordenó suspender el otorgamiento de la licencia minera para explotar oro y plata en el lugar, también conocido como La Puya, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal planteó una Asistencia para la Debida Ejecución de lo resuelto.

Esto con la finalidad de que el tribunal de amparo determine si el MEM o cualquier otra persona o entidad involucrada han cumplido con el amparo provisional decretado, para que en caso contrario cesen las actividades de explotación minera de esa entidad y que se proceda a ordenar el encausamiento de los responsables, indicó la Fiscalía.

Por otro lado, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente inició una persecución penal de oficio contra esa entidad, que se encuentra en curso, informó.

http://lahora.gt/caso-la-puya-mp-inicia-persecucion-penal-contra-minera/

Por qué es menos descarada la compra de voluntades en la Corte Suprema (y los 5 candidatos para la CC)

Nómada

POR / 2 marzo, 2016

El 20% del destino de la lucha contra la impunidad en Guatemala está en las manos de 13 jueces, que eligirán a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Son 13 jueces que llegaron a su cargo a finales de 2014 electos en una alianza oscura del PP y Líder, pero que respondieron en 2015 al MP y a la CICIG y ahora se debaten entre si buscar a alguien independiente o tener una cuota de poder en la Corte más fuerte del país.

La fecha fue la primera señal. Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron que la fecha para elegir magistrado titular y suplente para la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad sería el 2 de marzo de 2016, el mismo día de la elección del clientelar Colegio de Abogados (CANG). La USAC, el Congreso y el Presidente de la República eligirán en distintas fechas. Pero la Corte Suprema decidió hacerlo el mismo día del Colegio de Abogados para mostrar que no influirá en su decisión.

El proceso de selección fue la segunda señal. En la página web de la Corte por primera vez en este tipo de proceso se ha publicado la información de los candidatos. Primero, los currículums de los postulantes; después los resultados de las pruebas psicométricas y finalmente los resultados de las entrevistas el día antes de la elección. Y además, cada parte de este proceso ha sido pública y retransmitida en directo. Aún falta saber si los votos serán públicos.

El peso de su historia reciente los marca. Los 13 magistrados llegaron señaladísimos a su cargo, acusados de tráfico de influencias en su selección. Es parte de la historia la grabación en la que el ahora exdiputado del PP Gudy Rivera le pide a la jueza Claudia Escobar proteger a la vicepresidente Roxana Baldetti a cambio de garantizar su reelección como jueza.

Y esa marca de nacimiento provocó un retraso de 43 días antes de que pudieran asumir como nuevos jueces. 43 días que no se les olvidan para esta elección ante la Corte de Constitucionalidad. Magistrados y candidatos mencionan reiteradamente el mes y medio que transcurrió hasta que se resolvió el amparo que impedía su nombramiento.

A esos 43 días se suma la crisis institucional de 140 días entre abril y agosto de 2015. La investigación del MP y la CICIG contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina por el caso de la defraudación aduanera, pusieron a los 13 jueces de la Corte Suprema en el ojo público.

Decidieron traicionar a Baldetti y Pérez Molina y al partido Líder y retiraron inmunidades. Y en 2016 deberán decidir si rompen definitivamente con el sistema que los eligió.

Con 17 postulantes, el panorama es menos claro hoy que hace un mes cuando solo un nombre sonaba: el del juez Sergio Pineda, magistrado de la cámara civil de la Corte Suprema. Ahora, a falta de la mitad de los expedientes por revisar, hay otros nombres que suenan junto a Pineda. Todo a través de las puntuaciones dentro del proceso abierto de selección.

Puntuaciones que en el pasado han servido sólo de fachada cuando hay una decisión tomada. En 2014, la candidata para fiscal de Pérez Molina era Thelma Aldana. Y a pesar de las críticas y la oposición, fue la que mejor punteó en una Comisión de Postulación dominada por el oficialismo, abogados clientelares y los grandes empresarios.

Este 2 de marzo, el día en que han ofrecido elegir, se conocerán las puntuaciones de Sergio Pineda o de otros candidatos fuertes, como Giovanni Orellana, magistrado de apelaciones. Los nombres de algunas candidatas, como el de Consuelo Porras, empiezan a última hora a sonar con fuerza. Pero los apoyos, dentro y fuera, son menos obvios.

La explicación a estas negociaciones menos obvias la da un candidato minutos antes de su entrevista: “Hay más presión pública, más fiscalización; el escenario actual no permite una compra de voluntades evidente”.

1. Consuelo Porras, la amiga de Gloria Porras

Consuelo Porras, actual supervisora de tribunales del Organismo Judicial (OJ), es amiga de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad que busca su reelección en el Congreso y en la Usac, desde la época en que ambas trabajaron en el Ministerio Público. Consuelo Porras trabajó ocho años en el MP y fue fiscal de asuntos constitucionales y amparos y fue en esos años (1996-2004) en que hicieron migas.

Antes del MP, trabajó nueve años en el Ministerio de Gobernación y otros tantos en la Secretaria de Bienestar Social previamente. En 2004, arrancó su carrera en el Organismo Judicial cuando fue elegida magistrada de apelaciones en La Antigua. En 2009, esta ex magistrada de apelaciones de niñez y adolescencia, se postuló a magistrada de la CSJ, pero no fue incluida entre los 26 elegidos para que el Congreso eligiera a los 13 magistrados finales. En 2010, fue presidenta de la junta de disciplina del OJ.

Porras es esposa del fiscal Gilberto Porres, que fue general de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su nombre saltó a los medios cuando en 2014 se postuló como candidata a fiscal general, en una elección que ganó Thelma Aldana, pese a que Porras obtuvo, con 62 puntos, la tercera puntuación más alta. En la actual elección, Consuelo Porras ha obtenido 78 puntos, una de las gradaciones más altas.

2. Sergio Pineda, el magistrado de la casa

Titubeó frente a los suyos. El 29 de febrero, el magistrado vocal VI de la cámara civil se puso nervioso en su entrevista. Aunque los que le puntuaban eran sus compañeros. Y pese a que su fuerte es el derecho constitucional, tal como él mismo afirma, sólo empleó cinco de los diez minutos que le correspondían para responder al tema que le tocó explicar: la interpretación constitucional. Su puntaje fue bajo: seis puntos.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

Sergio Pineda es el nombre del candidato que más ha sonado por representar un futurible músculo de la Corte Suprema como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. Él niega tal intención y reivindica un tecnicismo: el deber de ingratitud. “Uno debe de romper los vínculos con el ente del que proviene, no es como que yo vaya a avalar todo lo que ellos –los miembros de la CSJ- hagan”.

Pero otro compañero magistrado, bajo anonimato, ofrece otra visión: “Pineda tiene pertenencia porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestra visión, porque no va a llegar y nos va a pegar una puñalada”.

Integrante del Instituto de Jueces y Magistrados, Pineda ha desarrollado una carrera como magistrado de cortes de apelaciones en Cobán y La Antigua y es profesor por oposición en la facultad de Derecho de la Usac. Dos fuentes le atribuyen cercanía al ex rector Estuardo Gálvez, pero dentro o fuera, Pineda niega influencias o cabildeos.

Su corto periodo como magistrado (menos de año y medio) y su pertenencia a la magistratura es cuestionado por oponentes en el proceso y por colectivos de sociedad civil. Ven conflicto de interés en su caso por haber participado en el diseño del perfil de idoneidad y por ser miembro de la Corte.

3. Giovanni Orellana, el posible suplente

El presidente de la sala segunda de apelaciones civiles y mercantiles llegó al cargo en las cuestionadas comisiones de postulación del PP y Líder en 2014. Su interés, según fuentes del Organismo Judicial, es ser suplente, lo que le permitiría seguir trabajando como abogado. Tiene larga experiencia en apelaciones: el periodo previo se desempeñó como vocal I. Profesor titular de la facultad de Derecho de la USAC desde 1995, ha impartido clases de todas las ramas del derecho. Fue vicedecano de la junta directiva de la facultad entre 2001 y 2005, coincidiendo también durante la larga decanatura de Estuardo Gálvez (2000-2008) y de la Facultad que hizo que Derecho en la USAC perdiera prestigio.

El nombre de Secaira suena como el de la candidata de la cámara penal y ella admite que espera apoyos de su cámara y de otras por el largo tiempo que lleva vinculada al Organismo Judicial (OJ), aunque hay disparidad de opiniones sobre sus posibilidades como titular, según distintas fuentes consultadas en la Corte.

Si bien entre 2009 y 2014 fue asesora de la Municipalidad de Guatemala, Secaira ha desarrollado su trayectoria en el OJ desde que se licenció en la Usac en 1981. Ha estado en las Corte de Apelaciones desde 1999 hasta 2009.

 

 

 

 

https://nomada.gt/por-que-es-menos-descarada-la-compra-de-voluntades-en-la-corte-suprema-y-los-5-candidatos-para-la-cc/

MEM no suspenderá proyecto minero en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc

Por Rosa María Bolaños

El proyecto minero Progreso VII, Derivada —ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo—, se mantiene vigente y puede seguir operando, según el criterio jurídico del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La opinión se da a pesar del amparo provisional otorgado por la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas).

Según Rogelio Zarceño, director de la unidad de asesoría jurídica del MEM, en ese ministerio hay 14 casos con recursos constitucionales en diferentes fases —12 son proyectos mineros y dos son de hidroeléctricas—.

El más reciente es de Progreso VII, Derivada, Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., caso en el cual, según Calas, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les otorgó un amparo en forma provisional que suspendió la licencia otorgada al proyecto, por lo que sostienen que las operaciones deben ser suspendidas.

611

  • solicitudes para autorización de licencias tiene MEM.

Zarceño indicó que la semana pasada fue notificado; sin embargo, explicó que ese amparo quedó sin materia, porque se presentó en el 2014 y se pidió que suspendiera el otorgamiento de la licencia, pero esta ya se había otorgado desde el 2011.

El directivo del MEM explicó que, en el amparo, “no ordena ni autoriza a ese ministerio suspender esas operaciones u ordenarle que lo haga”.

“La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”, insistió.

343

  • licencias mineras vigentes al 1 de febrero del 2016.

Zarceño expuso que la ley da 30 días para cuando haya un agravio, o 30 días cuando el supuesto agraviado se hubiera enterado, para poder presentar un amparo.

Añadió que ese caso fue dejado en suspenso en forma definitiva por la CSJ, porque se consideró que era extemporáneo, pero que los demandantes acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) en apelación y decidió dejar sin efecto la resolución la CSJ, por lo que ahora se reactivó de nuevo el expediente.

El asesor indicó que el MEM cumplió con evacuar las audiencias y enviar el original del expediente, tal como lo ordenó la CSJ, y espera que se desestime.

Difieren por resolución

  • Según la notificación de la CJS divulgada por Rafael Maldonado, asesor jurídico de Calas, dicha corte refiere: “Se decreta el amparo provisional en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, del departamento de Guatemala, denominada “Progreso VII, Derivada”.
  • Con base en esta resolución, Calas es del criterio que se deben suspender la licencia y el proyecto. Rafel Maldonado, asesor de Calas, opinó que de no cumplirse la resolución procede la destitución inmediata del ministro de Energía por desacato, aunque otros expertos indicaron en su cuenta de Twitter que si no se cumple, se puede entablar un proceso por desacato e incumplimiento de deberes.
  • Zarceño, asesor jurídico del MEM, afirma que no procede y que se opera en el marco de la ley y del amparo.

 

Otros casos

En la actualidad, en el ministerio hay 18 casos notificados por la CC, por diferentes proyectos.

La secretaria general del MEM, Dulce María Leal, dijo que en varios de estos casos no le ordenan a ese ministerio suspender las licencias u operaciones, sino regresar el proceso a una fase de documentación, es decir, darle trámite a unas oposiciones presentadas en su oportunidad.

En otros, como en el proyecto de San José 3 y Centauro 2, de la firma Montana Exploradora, además del proyecto Eluvia, de Entre Mares, y los Cimientos, de Nichromet Guatemala, S.A., en la sentencia, indica el informe del MEM, se debe implementar la consulta del Convenio 169 de la OIT.

En el caso de las consultas populares, el MEM sostiene que estas no son vinculantes y una vez los proyectos cumplan con los requisitos técnicos, ambientales y legales, aunque haya ganado el “no” en una comunidad, el ministerio puede otorgar las licencias. Los funcionarios agregaron que el MEM no puede establecer dicho procedimiento de consulta, porque el convenio refiere que son los gobiernos los que deben establecerlo.

El caso de la hidroeléctrica La Vega 1 y 2, ubicadas en Quiché, hay una sentencia de la CC que se debe cumplir a más tardar en mayo e implementar una consulta, pero explica que se evalúan que gestiones.

“Es un fallo de mucha interpretación”, aseguró Zarceño, quien cree que este le otorga que el MEM se convierta en intermediario entre las empresas y las comunidades, pero se pregunta: “¿Qué debemos entender nosotros como organizaciones representativas?”.

http://www.prensalibre.com/economia/mem-no-suspendera-proyecto

MEM analiza amparo que suspendió operaciones de mina

Por Carlos Álvarez

29 de Febrero de 2016 a las 08:12h

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) analizará la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió de forma provisional la licencia de explotación de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo.
El pasado 22 de febrero la CSJ suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones.

El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), se ubica La Puya, San José del Golfo, donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.

La resolución de la Corte Suprema, notificada el lunes, responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011, no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley.

“Para el efecto, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM realiza el análisis  de los aspectos jurídicos expuestos en la resolución”, indica la cartera en un comunicado donde afirma que “se rige por leyes y normas aplicables al caso concreto, para determinar lo procedente”.

Urgen cambio

Representantes de varios sectores concuerdan en que la Ley de Minería, vigente en el país desde hace 18 años, ya no responde a las necesidades y condiciones actuales, por lo que están de acuerdo en una reforma que supere las falencias que la actual presenta.Juan Ramón Lau, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, afirmó que la Ley de Minería “es obsoleta a las necesidades y las condiciones naturales del país”.

El legislador indicó que para él será prioridad trabajar en una iniciativa para reformar esa ley.

Posturas

Óscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria, afirmó que para ellos la minería es “sumamente importante”, pues ayuda a generar empleo.

“Hay que tener cuidado con qué es lo que se va a dictaminar. Nosotros apoyamos la minería que se hace bien y con todos los estándares”, afirmó el empresario.

Agregó que estarían dispuestos a reunirse con los legisladores para exponer su punto de vista y aportar para la creación de una iniciativa.

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), indicó que debería ser prioridad reformar la Ley de Minería, pero debido a que está desactualizada, lo mejor sería crear una nueva, en la que se haga énfasis en temas centrales.

El activista señaló que los puntos claves que deben discutirse en la ley es reconocer los derechos de consulta de los pueblos originarios, controles ambientales para evitar impactos negativos en la naturaleza, prohibir cualquier tipo de exoneración tributaria y discutir el aumento a las regalías.

Magaly Arrecis, del Área Socioambiental del Instituto de Problemas de la Universidad de San Carlos, puntualizó que ese es un tema crítico y que “no se visualiza una agenda ambiental impulsada desde el Ejecutivo”.

“Faltaría ver si el Legislativo también apoya la iniciativa. Será complicado, debido a los intereses que puede haber de por medio. Habrá una serie de objeciones por parte de la sociedad campesina e indígena que se sienta afectada”, agregó la experta.

Se intentó obtener la versión del presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Orellana, pero no respondió a las llamadas a su teléfono celular.

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Impulsar iniciativa

Los expertos reconocieron que actualmente la extracción de recursos naturales crea conflictividad en muchos lugares.

Lau comentó que sería bueno impulsar una moratoria antes de dictaminar y reformar la normativa. Agregó que el próximo miércoles invitará a los distintos sectores a discutirla.

Se buscó la opinión del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Sección de Comunicación Social, pero no fue posible obtener respuesta.

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/urgen-cambio-en-ley-minera

Sepur Zarco: Condenan a 240 y 120 años de prisión a los acusados

por Diario La Hora feb 26, 2016

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó el viernes al coronel retirado Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdés Asij a 120 y 240 años de prisión respectivamente, por los delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada contra 15 mujeres q’eqchi’ en el destacamento Sepur Zarco, durante el conflicto armado interno.

La presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, leyó la sentencia en la que indicó que los jueces consideraron que las mujeres sí fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el referido destacamento. Asimismo señaló que el daño ocasionado a las víctimas trascendió sus cuerpos y sus mentes y se rompió el tejido social.

El jefe del destacamento, el coronel retirado Esteelmer Reyes Girón, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual y tratos inhumanos. El Tribunal también sumo una pena de 90 años de prisión por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad.

Mientras que el excomisionado militar Heriberto Valdés Asij fue condenado a 30 años de prisión por deberes contra la humanidad y 210 años por la desaparición de cinco campesinos.

De acuerdo con la jueza, el Tribunal A de Mayor Riesgo estableció que los condenados primero mataron a los hombres y luego satisfacieron sus necesidades sexuales con ellas, tratándolas peor que animales.

Los jueces creemos firmemente en los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco, indicó Barrios. “Delitos de esta naturaleza no deben volver a repetirse nunca más”, agregó.

Este es el primer caso de esclavitud sexual juzgado en un Tribunal tras una denuncia presentada por mujeres víctimas de violaciones masivas durante el conflicto armado interno.

Tras conocerse la sentencia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI) valoraron la sentencia en contra de los acusados

La condena en contra de militares retirados por abusos sexuales es una victoria para la justicia en el país, señaló AI en un comunicado.

Luego de conocerse el dictamen, las sobrevivientes de abuso sexual saludaron a las personas que se reunieron afuera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para celebrar la sentencia.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983, en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal.

Según la acusación de la fiscalía, Reyes Girón en su calidad de subteniente del ejército y comandante de pelotón “autorizó y consintió” los vejámenes a las que fueron expuestas las mujeres durante al menos seis meses.

Indicó que las sometieron a esclavitud sexual y doméstica, pues además de ser violadas debían lavar la ropa y cocinar para los soldados.

“Fuimos violadas… todo eso pasó…si no fue así ¿dónde están nuestros esposos, que no sabemos dónde están”, dijo Demesia Yac, de 70 años, una mujer indígena q’eqchí, que habló en representación de 11 mujeres. Denunció haber sido violada y su esposo hecho desaparecer durante la guerra civil.

En la audiencia número 19, Paula Barrios, representante de la organización Mujeres Transformando el Mundo dijo que el sistema “patriarcal, clasista, machista” contribuyó a utilizar los ataques contra las mujeres como armas de guerra, lo que produjo violaciones masivas a mujeres que tuvieron como consecuencias enfermedades físicas y psicológicas.

Durante 20 días de debate, fiscales del Ministerio Público (MP) presentaron pruebas periciales, documentales, testimoniales y científicas que permitieron la sentencia condenatoria.

La audiencia de reparación de las víctimas será el 2 de marzo y el 4 de ese mismo mes será la lectura íntegra de esa sentencia.
*Con información de Associated Press

http://lahora.gt/sepur-zarco-condenan-a-240-y-120-anos-de-prision-a-los-acusados/

Conmemoran el Día de la Dignidad de las Víctimas

Por Jerson Ramos

25 de Febrero de 2016 a las 09:40h

Representantes de varias comunidades, la mayoría indígenas del altiplano, conmemoran frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Día de la Dignidad de las Víctimas del conflicto armado, con una ceremonia maya.
Mujeres con cruces de madera y afiches con el nombre de sus familiares desaparecidos, participan de la ceremonia, presidida por un sacerdote indígena frente a la CSJ, en el Centro Cívico de la capital.
El grupo está integrado por familiares y víctimas del conflicto armado, representantes de ocho delegaciones de los 22 departamentos del país.

El ritual también incluye una rogativa por el caso Sepur Zarco, que se desarrolla en la Sala de Vistas de la Corte en su fase conclusiva y se espera que la próxima semana se pueda conocer la sentencia.

Se prevé que el grupo realice una caminata pacífica por el Centro Histórico, pasando por el Congreso para entregar al presidente Mario Taracena una propuesta que sirva para garantizar el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno.

Los pobladores también esperan elevar un mensaje similar al Ejecutivo y se pueda incrementar los fondos para el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que cada año en los últimos cinco se ha visto mermado.

Critican manejo del PNR

Este miércoles el Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit en conferencia de prensa advirtió que el PNR está en riesgo por la baja asignación presupuestaria; además en los últimos 12 años ha incumplido con sus obligaciones.

De los 54 mil 952 reclamos que se han presentado, solo han sido atendidos 16 mil 440, según un comunicado divulgado por la organización.

Miguel Itzep en representación de la organización, aseguró que durante los 12 años de vida del PNR se ha observado su “inoperancia”  porque “se ha negado la asistencia a las víctimas” , sobre todo durante los últimos cuatro años.

De acuerdo con Q’anil Tinamit, la reparación digna a las víctimas del conflicto armado interno sólo se podrá lograr con “el conocimiento de la verdad y la justicia”.

Recordó que en julio de 2015 las autoridades del PNR se comprometieron a resarcir a 12 mil víctimas de 550 comunidades de 10 departamentos de Guatemala bajo una estrategia anual que concluirá en el 2020, pero el acuerdo “está archivado”  por falta de recursos.

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/conmemoran-el-dia-de-la-dignidad-de-las-victimas