El tardío juicio contra las autoridades comunitarias de Huehuetenango

Siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango han guardado prisión preventiva por más de un año. Cambios en los delitos de la acusación, audiencias suspendidas y reprogramadas enmarcan su proceso judicial. Hace dos semanas inició el debate oral en el Tribunal A de Mayor Riesgo. Durante las audiencias, la defensa de los acusados ha presentado fotografías, videos y audios para confrontar las declaraciones de los 42 testigos de la Fiscalía. Las pruebas materiales coinciden con la hora de las supuestas retenciones narradas por los agraviados.

 

Los líderes comunitarios procesados, que llevan más de un año en prisión preventiva, son los representantes de comunidades que se oponen a la instalación de megaproyectos en Huehuetenango, por considerar que los recursos naturales son un bien social que debe ser preservado para toda la humanidad.

El Ministerio Público (MP) acusa a Sotero Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro, Mynor López, Ermitaño López Reyes, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez.  Un líder religioso, un maestro, un pastor,  un miembro del Consejo de Pueblos Mayas (CPO)  y dos representantes del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango (GP). La Fiscalía les sindica los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal.

Miembros de sus comunidades, esposas, hijos y amigos, acompañan a los líderes en las audiencias del juicio iniciado hace dos semanas, y que está a punto de concluir. Rigoberto Juárez, representante del Gobierno Plurinacional (GP) –una organización que agrupa a miembros de cuatro pueblos mayas, Q’anjob’al, Chuj, Acateca y Poptí–, centro de atención de los periodistas, sereno, sonríe a sus conocidos y trata de confortarlos y animarlos.

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La Fiscalía tardó dos semanas en presentar a sus testigos. Había días en que no tenía personas para rendir su declaración ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. La jueza Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal, tuvo que fijarle un plazo para pronunciarse sobre los testigos que no acudieron a declarar. Los abogados defensores señalaron esta actitud del Ministerio Público como una forma de retrasar el proceso. Este martes 19 de julio, el Ministerio Público renunció al resto de sus testigos. En total tenían programados 60.

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La tarde del 22 de abril de 2013, según testimonios de 10 empleados de la empresa Hidro Santa Cruz, fueron detenidos por un grupo de personas que bloqueaba la carretera de la aldea El Recreo C, en el municipio de Barillas, Huehuetenango. Los agraviados narraron que los condujeron al área conocida como “La Resistencia”, donde pobladores manifestaban en oposición a la hidroeléctrica. En sus declaraciones ante el tribunal, los supuestos agraviados aseguraron que el profesor Arturo Pablo Juan, Mynor López, y los líderes religiosos Francisco Juan Pedro y Sotero Adalberto Villatoro, Cruz  dirigían a las personas que los detuvieron y amenazaron con quemarlos vivos.  Ese día, relataron que los obligaron a firmar un documento en el cual se comprometían a no seguir trabajando en la empresa Hidro Santa Cruz.

El norte de Huehuetenango es una zona apetecida de inversión para las empresas generadoras de energía eléctrica por sus ríos caudalosos. Algunos pobladores están a favor y otros en contra de la implementación de megaproyectos. Las consultas populares no han sido respetadas, y según las autoridades comunitarias no han obtenido la respuesta  y el diálogo que esperaban del Estado. El antropólogo, Santiago Bastos, presentó durante el juicio un peritaje sobre el contexto socio-histórico  de la conflictividad en el departamento.  En su informe explica que la criminalización es usada para impedir la movilización de los opositores. Según Bastos, hay una estrategia entre las empresas y operadores de justicia. En su peritaje evidencia que desde 2009 se dio un auge en la persecución penal contra opositores a megaproyectos.

El exabogado de los empleados de la hidroeléctrica, Victor Hugo Ma Villatoro, reconoció ante el Tribunal que parte de sus honorarios fueron pagados por medio de un convenio con la empresa Hidro Santa Cruz. Ese extremo lo había negado en otras ocasiones.

Los empleados de la hidroeléctrica —que en la primera audiencia renunciaron a ser querellantes adhesivos en el proceso—, declararon en su calidad de agraviados ante el Tribunal. Dijeron que siguieron trabajando para la empresa hasta junio de 2016. Mynor Ernestino López explicó que desde abril de 2013 ya no acudieron a las instalaciones de la hidroeléctrica a limpiar el terreno, pero la empresa les “reconoció” el tiempo invertido en este proceso. “Nos dijeron que nos ayudarían con un abogado, que teníamos que seguir trabajando porque venían audiencias y debíamos ir a declarar”.  Hace un mes, relató López, representantes de Hidro Santa Cruz convocaron a los 10 empleados de la hidroeléctrica a un almuerzo y les dijeron que esa era la última vez que iban a convivir. “Firmamos un documento donde decía que la empresa ya no nos iban a ayudar y allí se acabó todo”, agregó.

El exabogado de los empleados de la hidroeléctrica, Victor Hugo Ma Villatoro, reconoció ante el Tribunal que parte de sus honorarios fueron pagados por medio de un convenio con la empresa Hidro Santa Cruz. Ese extremo lo había negado en otras ocasiones.

Cambio de los delitos

La mañana del 23 de enero de 2014, se celebró la audiencia de primera declaración para Sotero Villatoro, Arturo Pablo y Francisco Juan en el juzgado de Santa Eulalia, se les investigaba por los delitos de amenazas y detenciones ilegales por supuestas retenciones a empleados de Hidro Santa Cruz, en abril de 2013. Sin embargo, el juez Luis Felipe Zamora los ligó a proceso por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción, amenazas y plagio o secuestro.

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El miércoles 20 de julio, el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro asistió a rendir su declaración, tras la conducción dictada por el Tribunal. El abogado fue representante de los empleados de la hidroeléctrica durante este proceso judicial, hasta que  el mes pasado desistieron como querellantes adhesivos. Ma Villatoro negó haber pactado el cambio de los delitos con la fiscal a cargo del expediente, como había declarado el auxiliar fiscal René Maldonado y Maldonado. “Sugerí a la fiscal Adelina Juárez que había suficientes elementos para calificar el delito de plagio o secuestro. Ella me decía que entendía, pero que el caso estaba difícil”, explicó Ma.

Después de emitida la resolución del juez Zamora, en 2014, empleados del CAJ aseguran que el personal fue retenido y personas coaccionaron al juez para cambiar la decisión. El juez accedió a celebrar la audiencia de revisión a las 15:45 horas. En el audio se escucha al fiscal del Ministerio Público, Gildardo Chúa Martínez  decir: “Tenemos conocimiento de que el Juez de Paz, al parecer, fue agredido físicamente al salir de acá. No tenemos una versión oficial. Insto a los líderes que podrían salir beneficiados para que pidan a las personas que están afuera del CAJ que no atenten contra la integridad del personal”. Al finalizar la audiencia, el juez cambió la resolución de plagio o secuestro  emitida en la mañana, por el delito de detenciones ilegales.

Fotografías presentadas como prueba por la defensa de Ermitaño López Reyes, muestran a un grupo de 15 a 20 personas dentro del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Según las fotos, l puerta principal de la entrada al CAJ estaba cerrada con candado a las 12 del mediodía, cuando todavía no había gente en las afueras. Después de finalizada la segunda audiencia, hay imágenes de varios niños, mujeres, jóvenes y adultos afuera del CAJ. Se mostraban felices porque sus líderes habían sido liberados.

Según testimonios de los empleados del CAJ, estuvieron retenidos y no pudieron salir de las instalaciones hasta las once de la noche. “Creímos que con la liberación de sus líderes se terminaba el problema. Pero la gente siguió su manifestación en las calles. Tiraban piedras al Ministerio Público, me tuve que refugiar en el baño porque quebraron vidrios”, dijo el oficial e intérprete del juzgado, José Sebastián Mateo. Se sindica a Ermitaño López Reyes de dirigir las retenciones y convocar las manifestaciones de ese día. De estos hechos, no hay fotografías que comprueben lo relatado por los agraviados.

Las peticiones

El 19 de enero de 2015, autoridades comunitarias de los municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, Soloma, en Huehuetenango se dirigieron al Centro de Administración de Justicia (CAJ). Llevaban consigo las peticiones de sus comunidades. A las dos de la tarde se reunieron con el coordinador del CAJ, Pascual Tiu Zapeta, para plantear la problemática de cada comunidad.

Durante las audiencias de este proceso en la capital, varios testigos hablaron de esa reunión. Empleados del CAJ recuerdan que los líderes comunitarios mostraban una actitud violenta, pero un vídeo grabado por un colaborador de radio Snuq’ Jolom Konob’ muestra que el diálogo entre las autoridades comunitarias y el coordinador Tiu Zapeta fue pacífico. En las imágenes se veía a los líderes sentados en una banca dentro de los pasillos del CAJ. Ninguno se mostraba exaltado ni gritando.

En las imágenes se veía a los líderes sentados en una banca dentro de los pasillos del CAJ. Ninguno se mostraba exaltado ni gritando.

Uno de los líderes comunitarios grabó con su teléfono la conversación. Se escucha a uno de los líderes decir que la población veía que los problemas se agudizaron con la llegada de megaproyectos, sentían que la Policía Nacional Civil (PNC) estaba al servicio de los empresarios de las hidroeléctricas. “Hemos agotado los mecanismos de diálogo y no se nos ha escuchado. Como líderes estamos mediando para que no suba la tensión, sólo estamos defendiendo nuestros derechos”, se oye decir a otro de los representantes comunitarios.

Eduardo Gaspar Pablo Tercero, alcalde comunitario de Santa Eulalia, leyó las cinco peticiones de las comunidades: la principal era la libertad de Jesús y Casimiro Mateo Mateo,  capturados esa mañana. Se les acusaba por los asesinatos de Mateo Alonzo Mateo y de Nicolás Francisco Francisco en 2014, durante un enfrentamiento entre los vecinos de San Mateo Ixtatán y la aldea de Ixquisís que estaban a favor y en contra de la hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. También solicitaban dejan sin efecto otras 12 órdenes de captura de pobladores de Ixquisís, así como la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras; una mesa de diálogo de alto nivel con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); eliminar presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y destacamentos militares dentro del territorio.

La respuesta del Tiu Zapeta fue que no podía hacer nada, excepto informar a sus jefes y empezar las gestiones para coordinar una mesa de diálogo.

La audiencia extraordinaria

Luego de casi dos horas de diálogo, según se escuchó en la grabación, y al ver que las peticiones no iban a ser cumplidas, se escucha la tensión de los presentes en la reunión, querían respuestas. Las comunidades que representan les pedían explicaciones. En medio de las voces, resalta la voz de una mujer: “Les vamos a dar tiempo que hablen, que llamen, y después de eso vamos a cerrar”.  Tras lo que Tiu Zapeta responde: “Usted, la señora que habló, espero que me entienda que nada se puede hacer de la noche a la mañana. Yo no puedo llegar a pedir que dejen libre a X o Y persona”.

El auxiliar fiscal, René Maldonado y Maldonado, declaró durante el juicio que vivía en el tercer nivel de un edificio frente a las instalaciones del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Durante la tarde observó a la gente aglomerarse frente al CAJ, cada vez eran más y ocupaban toda la calle. Calcula que eran unas 400 personas. Oyó que algunos  hablaban por altoparlantes para convocar a la gente a manifestar. A las 9 de la noche, una compañera del juzgado lo llamó para avisarle que iban a atentar contra el personal del CAJ. Los abogados defensores le preguntaron por qué no tomó alguna fotografía que ahora podría ser usada como medio de prueba, pero argumentó que su celular no tenía cámara.

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) testificaron que a las 7 de la noche del 19 de enero, un grupo de personas los sacó de la subestación policial. Les pidieron acompañarlos en comitivas formadas por los manifestantes, querían  encontrar al juez Mario Ernesto Olivares Interiano, y a fiscales del Ministerio Público para celebrar una audiencia que ordenara la liberación de los hermanos Jesús y Casimiro Mateo Mateo.  Los encontraron en sus viviendas y los llevaron al CAJ cerca de las 2 de la madrugada.

El juez Olivares Interiano asistió el lunes 18 de julio a la audiencia, pero no quiso declarar. La jueza Yassmín Barrios aceptó su decisión de acogerse al derecho que gozan los jueces en funciones de abstenerse a declarar. El juez Alberto Calvo Ramírez también se acogió al derecho de no testificar.

Los testimonios de empleados del CAJ y de otros testigos sobre lo que sucedió en enero son inciertos. Lo único probado es que se celebró una audiencia de primera declaración extraordinaria a las 2:30 de la madrugada. En la audiencia no estuvieron los sindicados, a pesar de ser un procedimiento  ilegal. A pesar de las irregularidades, el juez Olivares Interiano ordenó la libertad condicional a Jesús y Casimiro Mateo Mateo. Por los hechos ocurridos el 19 y 20 de enero 2015, se sindica a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.

Ahora, el juicio está llegando a su fin. El jueves 21 de julio, fueron escuchados los últimos testigos de la defensa. El Ministerio Público pidió al tribunal  condenas de nueve y 12 años de prisión en contra de los procesados, por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal. Los abogados defensores, durante 30 minutos cada uno, expusieron los argumentos en los que justifican la inocencia de sus patrocinados, y pidieron la absolución. El Tribunal A de Mayor Riesgo, emitirá su sentencia en los próximos días.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-tardio-juicio-contra-las-autoridades-comunitarias-de-huehuetenango

 

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Opositores a hidroeléctricas enfrentan segundo proceso

POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes de la oposición a las hidroeléctricas en Huehuetenango, enfrentan su segundo proceso, luego que el Juez de Primera Instancia de ese departamento los ligara a proceso y los enviara a prisión preventiva por el delito de detenciones ilegales.
El Ministerio Público los acusa de supuestamente liderar el bloqueo de la ruta hacia Santa Eulalia el 23 de enero de 2014, para manifestar su rechazo por la detención de tres líderes comunitarios.

http://lahora.gt/opositores-a-hidroelectricas-enfrentan-segundo-proceso/

Una estrategia de deslegitimación de la protesta se esconde tras acciones legales

En los últimos 7 años, la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) ha registrado más de 400 denuncias judiciales contra activistas, periodistas y líderes comunitarios. De acuerdo con la organización, la criminalización es una estrategia de deslegitimación de la protesta social, cuyo uso por parte de las autoridades se ha incrementado en los últimos años.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar pasaron cinco días en las carceletas de Torre de Tribunales antes de ser liberados por el juez de instancia penal de Santa Eulalia, Otto Felipe Vásquez, quien decidió ligarlos a proceso por el delito de detenciones ilegales.

Los sindicados fueron señalados por el Ministerio Público (MP) por presuntamente participar, junto a otros pobladores, en la destrucción de las instalaciones de la finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia, Huehuetenango, donde supuestamente también fueron retenidos trabajadores de dicho lugar.

Pese a que fueron beneficiados con arresto domiciliario, ni Juárez y Baltazar lograron poner un pie fuera de la Torre de Tribunales. A minutos de finalizada la audiencia en su contra, el mismo juez que decidió liberarlos en el primer caso, giró otra orden de captura en su contra, esta vez por los delitos de plagio, secuestro, coacción e instigación a delinquir. El ente investigador también los señala como líderes del bloqueo de la ruta hacia Santa Eulalia en enero de 2014, donde pobladores manifestaron su rechazo por la detención de tres líderes comunitarios.

Juárez y Baltazar pertenecen al gobierno plurinacional, un grupo organizado de pobladores que se opone a los proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango. Juan Castro, abogado defensor de ambos sindicados, indicó que hasta ese día tuvieron conocimiento de que existen 11 denuncias penales contra Rigoberto Juárez.

PERSECUCIÓN PENAL EN MEDIO DE LA CONFLICTIVIDAD
El norte de Huehuetenango, al igual que otros 81 puntos en Guatemala, según la cartografía realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, es foco de conflictividad social, provocada por la falta de acuerdos en los diálogos por la instalación de megaproyectos privados en territorios poblados.

Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), explicó que la conflictividad social surge por la falta de comunicación y consulta con las comunidades, por parte de las empresas y el Estado de Guatemala. “Diferentes comunidades ya han manifestado a través de consultas comunitarias su rechazo al modelo extractivo que se quiere imponer en las territorialidades y sin embargo, las licencias para su funcionamiento siguen siendo otorgadas. Realmente consideramos que es un problema que debería solucionarse en mesas de diálogo, pero un dialogo transparente, un diálogo donde todas las partes puedan verse favorecidas, que el Estado de Guatemala juegue un papel que beneficie a la población en general, no solo hacia un sector”, señala.

En ese marco, señala Vivar, se han iniciado persecuciones penales contra líderes y lideresas comunitarios, periodistas de medios alternativos y
defensores de derechos humanos que han dado como resultado la captura de varios de ellos y que están basadas en hechos construidos e improbables.

Los datos más recientes de Udefegua, señalan que de enero del 2009 a septiembre de 2014, se registraron 344 denuncias judiciales contra defensores de derechos humanos. La tendencia es el incremento, de 2009 a 2012, el número de denuncias se triplicó, pasando de 23 a 86. En 2013 hubo una reducción, con 67 casos, pero en 2014 la tendencia se mantuvo con 72 denuncias registradas.

Claudia Samayoa, de Udefegua, señaló que actualmente solo una quinta parte de dichos expedientes permanece en proceso, ya que la mayoría fueron cerrados por los juzgados y tribunales, luego de comprobarse que los señalamientos eran espurios.

LA COMPLICIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Periodistas arrestados por grabar un video, activistas señalados de coacción, líderes de movimientos encarcelados, los contextos de cada caso de criminalización son variados, señala Samayoa, pero tienen un elemento en común, se utiliza la persecución penal como un mecanismo para deslegitimar los movimientos sociales.

“Es criminalización porque todos estos casos, son cargos falsos, por diversa razón, ya sea porque el defensor no estaba en el lugar de los hechos cuando se cometieron, porque se tipifican delitos que no pasaron o son hechos que se le achacan al liderazgo, cuando fueron los subalternos quienes participaron”, señala la activista.

De acuerdo con Samayoa, el proceso de criminalización comienza con una acusación falsa o mal investigada por un fiscal. “La gran mayoría de fiscales toman una denuncia levantada por escrito a un gerente o dueño de una empresa y abren a proceso sin mediar una investigación previa”, explica.

A esto se sigue el rol del juez contralor, que acepta una orden de captura sin que existan medios de prueba suficientes. “Hemos visto que cuando avanzan los procesos y se levanta la voz contra las irregularidades, el juez cambia su actitud contra acusados o la fiscalía cambia de fiscal”, asegura Samayoa.

En la mayoría de ocasiones, atrás de la denuncia, hay un particular, indica la entrevistada. “En la mayor parte de casos hablamos de gerentes que presentan a trabajadores como testigos, o personas que representan intereses políticos o finqueros”, dice.

Dentro los delitos usualmente imputados a los defensores y defensoras están asociación ilícita, conspiración, terrorismo, instigación a delinquir, actividades contra la seguridad interior de la nación, delitos contra la vida, integridad y libertad de la personas como asesinato, plagio o secuestro, detención ilegal, etc. La mayoría de ellos no cuenta con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Sobre estas aseveraciones, Josué Baquiax, presidente del Organismo Judicial, indicó que las resoluciones de jueces y magistrados se basan en el marco legal existente y las pruebas presentadas por las partes involucradas. “Si existen dudas sobre una resolución, el marco legal permite las herramientas para impugnar dicho fallo y revisar la actuación del juez”, dijo.

Julia Barrera, vocera del MP, aseguró que la reciente creación de una Fiscalía de Asuntos Internos obedece a la necesidad de investigar con mayor profundidad este tipo de denuncias contra fiscales. “La Fiscal es consciente de la necesidad de investigar la corrupción dentro de la institución”, indicó.

DEFENSA DEL TERRITORIO
Todos los entrevistados coinciden en que los defensores y defensoras más afectados por la criminalización, son aquellos que se posicionan en contra de proyectos extractivos.

Rafael Maldonado, del Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social en Guatemala (CALAS), señaló que existen más de 110 defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados por su oposición a empresas extractivas.

De acuerdo con el abogado, el gobierno del Partido Patriota ha mantenido una estrategia de constante criminalización de las luchas sociales y detención de líderes sociales que se oponen a la instalación de proyectos de empresas extractivas en sus comunidades. “Esta situación ha provocado una ruptura del tejido social en algunas localidades y toda una serie de arbitrariedades en el sector justicia contra estas personas”, señaló.

Maldonado destacó como ejemplo el reciente proceso contra cuatro líderes comunitarios de la resistencia pacífica La Puya, en el municipio de San Pedro Ayampuc, quienes fueron absueltos en abril de este año por el Tribunal Octavo de Sentencia. En la sentencia, el juez a cargo dejó establecido que elementos del Ministerio Público de la fiscalía municipal de Palencia habrían inventado evidencias para inculpar a los pobladores.

La sentencia absolutoria emitida por el tribunal el pasado 27 de febrero, ordena al MP investigar la probable falsificación de dos actas presentadas por los fiscales del caso, como evidencia de que los cuatro sindicados eran responsables de amenazar y retener ilegalmente a tres trabajadores del proyecto minero El Tambor.

Maldonado aseguró que la sentencia y orden del juez serán utilizados como un antecedente para la presentación de una denuncia contra la fiscalía municipal de Palencia, encargada de la investigación del caso. CALAS también presentará dos acciones legales en contra de operadores de justicia y fiscales del Ministerio Público que supuestamente han participado en esta práctica contra dirigentes y pobladores.

“Tenemos 110 casos documentados, empezando con aquellos que desde 2012 llevó a cabo Minera San Rafael y el MP hasta el último presentado en contra de defensores de La Puya. Los otros dos casos son de San Rafael Las Flores y Mataquescuintla donde los denunciados son agentes de la Policía Nacional Civil por la criminalización y fabricación de casos en contra de defensores”, afirmó el letrado.

Maldonado denunció que dentro del fenómeno de la criminalización, se aprecia también que existe un cuadro persistente de denegación de justicia para las y los defensores de derechos humanos, en el que destaca la celeridad con que algunos de los procesos penales iniciados en contra de dichas personas son gestionados por un lado; y por el otro, la falta de respuesta efectiva ante las quejas presentadas por comunidades, pueblos indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y en relación con actos atentatorios de sus derechos.

La Sala Mixta de Apelaciones de Santa Rosa decidió resolver a favor de Minera San Rafael la apelación que la empresa presentó en contra del fallo del Juez de Primera Instancia el 13 de abril, al considerar que la decisión de enviar a prisión preventiva a un colaborador de la compañía era improcedente. El fallo de la Sala revirtió la decisión del juez y ordenó la libertad del colaborador de Minera San Rafael, quien salió hoy de prisión.

“La Sala de Apelaciones revirtió un fallo que nunca se tuvo que haber dado porque no se ha probado que la compañía haya incurrido en algún delito”, dijo Tom Fudge, Gerente de País de la empresa minera. En el año 2012, antes que Minera San Rafael iniciara operaciones, se presentó una denuncia en contra de la empresa.

Sin embargo, estas acusaciones no han sido probadas por el Ministerio Público. La empresa minera, por su parte, ha presentado todas las pruebas respaldas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Laboratorio Nacional de Salud, quienes han reconocido que Minera San Rafael ha cumplido con el 100% de las muestras que se han hecho de sus descargas de agua.

CASOS DE IMPACTO

XALALÁ
El proyecto hidroeléctrico Xalalá ha generado conflictividad en varias comunidades de Cobán, Alta Verapaz; Ixcán y la Zona Reina del Quiché, donde la población ha tomado acciones en defensa del territorio y los recursos naturales. En agosto de 2014, durante un desalojo ejecutado en contra de los pobladores de la comunidad 9 de Febrero, en oposición al proyecto Santa Rita, tres pobladores resultaron muertos, hubo decenas de heridos y se capturó de forma irregular a 47 personas.

LA PUYA
La Puya está situada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Ahí, el gobierno concedió en noviembre de 2011 un permiso para la explotación de oro y plata, contra los deseos de la población. Por ello, las comunidades afectadas han montado una resistencia pacífica que mantiene en suspenso la explotación de la mina, a través del bloqueo de su entrada. En 2012, Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes, fueron condenados a nueve años de prisión conmutables a razón de Q10.00 diarios por la comisión de detenciones ilegales, en concurso real con coacciones y amenazas. En enero del 2014, cinco líderes comunitarios fueron detenidos y privados de libertad por presuntamente retener ilegalmente a trabajadores de la empresa minera en 2013. Un año después, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal absolvió a los sindicados por falta de evidencias y ordenó investigar a fiscales del Ministerio Público por presuntamente fabricar evidencias en el caso.

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
Desde noviembre de 2007, los pobladores de San Juan Sacatepéquez iniciaron acciones de protesta en contra de la instalación de una empresa cementera, como producto de las cuales el gobierno decretó, en junio de 2008, de un Estado de Prevención. Durante este periodo se detuvo y envió a prisión preventiva a 43 personas del municipio por reuniones, manifestaciones ilícitas, resistencia con agravación específica y desorden público. Además, se privó de libertad a ocho alcaldes indígenas, se registraron más de 75 comunitarios detenidos y procesados y se condenó a uno de ellos a 150 años de prisión.

SANTA CRUZ BARILLAS
En julio del 2009 la empresa Hidro Santa Cruz interpuso varias denuncias penales contra siete líderes de la oposición al proyecto hidroeléctrico. El 1 de mayo de 2012, tras un enfrentamiento, un líder comunitario fue asesinado y otros dos resultaron heridos. Días después se detuvo a 12 comunitarios, a quienes además se acusó de estar vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Después de la declaración del Estado de sitio en mayo de 2012, se realizaron alrededor de 20 allanamientos a casas, se detuvo a 15 personas y se emitieron 33 órdenes de captura. En abril de 2012, y tras el cese del estado de sitio, 23 personas fueron señaladas de incendio, actividad contra la seguridad de la nación, terrorismo, secuestro, detenciones ilegales y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Pese a la posterior liberación de muchas personas y el cierre de otros procesos, para marzo de 2014 más de 20 órdenes de captura permanecían vigentes.
*Con información de Oxfam

http://lahora.gt/una-estrategia-de-deslegitimacion-de-la-protesta-se-esconde-tras-acciones-legales/

Anuncian acciones por robo de energía

El presidente Otto Pérez Molina dijo esta mañana que prepara una reunión para el próximo miércoles con diferentes autoridades, para tratar el tema de robo de energía eléctrica, porque asegura que con este ilícito se comete lavado de dinero.

El mandatario acusó esta mañana a la Coordinadora de Desarrollo Campesino (Codeca) de incitar a la población a cometer hechos ilícitos, como el robo de energía eléctrica, y los señaló de lavado de dinero.

El mandatario expresó que no son Q100 ni Q200 sino es una cantidad millonaria lo que se pierde, y se preguntó: “¿A dónde está yendo a parar ese dinero?, ¿Quién se está quedado con ese dinero? Y  ¿qué están haciendo con ese dinero?”.

El mandatario dijo que ha pedido a la Superintendencia de Bancos dar un seguimiento al caso “porque nosotros estamos seguros de que allí hay lavado de dinero”.

Además manifestó que ha pedido al Ministerio Público que en coordinación con autoridades del Ministerio de Gobernación tramiten las órdenes de captura que se estimen convenientes, esto con el objetivo de poner el respeto y que se cumpla con la ley.

Pérez Molina dijo que en cuanto a este problema “no debería de haber conflictividad social a través de esto, porque si es una orden de captura todos la debemos de atender, y además está respaldado por un hecho ilícito como el robo de energía. Son Q250 millones que se están robando al año”.

“No podemos ver que se comenten hechos ilícitos y además llaman a la población para que también sean parte de un hecho ilícito, eso es parte de lo que el Estado no debe permitir” dijo Pérez Molina.

Con anterioridad, tanto el Ministro de Gobernación como el de Energía y Minas acusaron a los organizadores y dirigentes de Codeca de ser los responsables del robo de energía eléctrica, lo que ocasionaría pérdidas de hasta Q250 millones anules.

DEFIENDE A EMPRESAS

Por su lado Mauro Valle, coordinador general del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), señala que el Gobierno está argumentando “cualquier cosa para defender los intereses de las empresas transnacionales y por esa razón criminalizan al movimiento social. Esto por las acusaciones que realizaron los Ministros de Gobernación y Energía acerca del robo de energía eléctrica.

El dirigente dice que los acusan de robo de energía cuando únicamente buscan la nacionalización de la energía eléctrica, algo que no le conviene al Gobierno porque mantienen una “sucia” negociación en medio y si nacionaliza les afectaría esos negocios.

POR EDER JUÁREZ

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/192909-anuncian-acciones-por-robo-de-energia

Ejecutarán 40 órdenes de capturas por los conflictos

BARILLAS: Ministro advierte con expulsar a extranjeros

El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla dijo esta mañana que en las próximas horas hará público un listado de 40 personas con orden de captura pendiente de ejecución, por su presunta implicación en los disturbios suscitados en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.


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Las órdenes de captura que se encuentran vigentes hasta hoy fueron giradas por los delitos de coacción, amenazas, destrucción y por portación ilegal de arma, entre otros, indicó López Bonilla, quien dejó ver que los supuestos actos delictivos se han suscitado desde hace un año en la localidad.

Las declaraciones se ofrecieron luego de un Gabinete de Gobierno celebrado en la Capital, pero contextualizado en los conflictos ocurridos en Santa Cruz Barillas por la oposición de la comunidad a la instalación de una hidroeléctrica sin respetar la autodeterminación del pueblo.

“Mi consejo es cuando se publique la lista a las personas que están señaladas se presenten ante los jueces para dilucidar su situación legal. Nosotros estamos en la obligación de ejecutar esas órdenes de aprehensión que han sido giradas por juez competente”, dijo el funcionario a los periodistas, en una rueda de prensa.

El Ministro de la cartera del Interior indicó que harán público este listado “para que la población en el área sepa que el problema no es con la población, no es con los alcaldes, no es con los líderes; es con las personas que están involucradas en acciones delictivas, la lista no pasa de 40 personas”.

Además expuso que hay manipulación de información en el área diciendo que ya hay listado de personas en todas las áreas y municipios y “eso es mentira, es algo falso”.

López Bonilla dijo que la presencia de las fuerzas de seguridad obedece nada más a preservar el orden público, la tranquilidad social, la vigencia de la ley y el respeto a la autoridad.

ADVIERTE A EXTRANJEROS

El Ministro de Gobernación también lanzó una advertencia para los extranjeros no importando a qué organización pertenecen o trabajan en el país.

El funcionario dijo que los foráneos que se encuentren con visa de turista y estén en las áreas de conflictividad serán “expulsados del país”. “No vamos a permitir a nadie bajo ninguna sombría que venga a alterar el orden y la paz social en Guatemala”, indicó.

“Hemos tenido a extranjeros participando con megáfonos en algunas protestas sociales. Guatemala es un país que merece respeto, y mi advertencia es, si encontramos en las escenas de protesta o de conflictividad social participando a extranjeros, serán declarados no gratos o expulsados”, informó López Bonilla.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/184573-ejecutaran-40-ordenes-de-capturas-por-los-conflictos

Opositores de mina denuncian presión de fuerzas de seguridad

POR MARIELA CASTAÑÓN 

Yolanda Oquelí, lideresa de la comunidad La Puya, denunció el incremento de fuerzas de seguridad en el área, lo que genera preocupación para los vecinos que mantienen resistencia pacífica, pues creen que próximamente podría registrarse un desalojo que califican de “ilegal”, porque no obstaculizan la libre locomoción.


Oquelí considera que las 25 autopatrullas de las Comisarías 14, 16 y 13 desplegadas en la comunidad, buscan reprimir e intimidar a la población, que presume podría registrarse un desalojo en los próximos días.

De acuerdo con la entrevistada, no existe justificación para enviar a los elementos policíacos, y a pesar de que se ha buscado una explicación con los entes pertinentes nadie les aclara las razones del incremento de seguridad.

“Hemos solicitado al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la subestación de la comunidad, pero no han indicado las razones de por qué hay tanta policía, incluso hay un vehículo de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP)”, explicó.

La activista dijo que si la intención fuera desalojar, esto no podría ser, pues es “ilegal”, ya que no obstaculizan la libre locomoción y tienen autorización para manifestar.

Según Oquelí, hay información que indica que supuestamente los vecinos quieren tomar la municipalidad de la localidad, pero no es cierto, es un rumor que pretende criminalizar la manifestación pacífica.

“Nosotros no queremos tomar la Municipalidad, eso no es cierto, nosotros somos totalmente pacíficos y con esto vemos que pretenden criminalizarnos”.
La representante de La Puya dijo que han buscado comunicación con las autoridades de diferentes instituciones de Estado; el 2 de julio enviaron una carta al Mingob para solicitar el compromiso de no enviar más policías.

Por otro lado, insisten para que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, les informe sobre los niveles de arsénico y el estudio de impacto ambiental.

SIN INSTRUCCIONES DE DESALOJO Telémaco Pérez, director de la institución policial, fue consultado para determinar si se planifica un desalojo en La Puya, pero indicó que no ha recibido y no ha dado instrucciones para desalojar a nadie, por lo que descarta esta posibilidad.

“No hay ninguna instrucción y yo tampoco he dado ninguna orden para desalojar a los vecinos.  Hay una mesa de diálogo.  Voy a averiguar qué cantidad de policías están en el lugar”, refirió.

Según el funcionario, hay una mesa de diálogo entre vecinos y autoridades; esa comunicación continúa.

Pérez se comprometió a confirmar qué cantidad de policías hay en el lugar, pues considera que 25 autopatrullas son “demasiadas” para permanecer en el área, a menos que se trate de un allanamiento o una diligencia importante.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/181993-opositores-de-mina-denuncian-presion-de-fuerzas-de-seguridad

Cierra caso contra líder

Cierra caso contra líder

31/05/13 – 00:00 Justicia

Cierra caso contra líder

Artemio Rubén Herrera Herrera, líder comunitario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, fue beneficiado por Miguel Ángel Gálvez, juez primero B de Mayor Riesgo, al aceptar la petición del Ministerio Público de cerrar el caso penal en su contra en forma provisional.

El ente investigador asegura que no tiene pruebas contra Herrera Herrera.

El dirigente comunitario fue sindicado por los disturbios en Santa Cruz Barillas, en el 2012, por coacción, atentado contra la seguridad del Estado, terrorismo y plagio o secuestro.

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Cierra-caso-lider_0_929307085.html